Escribe José Castillo

Se viene la reglamentación de la reforma laboral que fue votada en la Ley Bases. Se trata de una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora. Su intencionalidad es clara: barrer con la legislación laboral que se ganó con décadas de lucha.

Todo, absolutamente todo, es a favor de las patronales y contra las y los asalariados. Veamos:

Se extiende el período de prueba a 6 meses (y a 8 para empresas de 6 a 100 trabajadores, e incluso hasta un año para patronales con entre uno y 5). Toda una invitación a emplear y despedir a los pocos meses sin pagarles un peso, como material descartable.  

Se eliminan las sanciones de todo tipo (infracciones, multas, acciones penales, intereses punitorios por sanciones anteriores no pagadas) a las patronales que violaron la ley teniendo trabajadores en negro.
A las y los trabajadores que estaban contratados en negro por sus patronales y ahora sean blanqueados, sólo se le considerarán hasta cinco años de aportes (si venían trabajando en esas condiciones desde más tiempo, pierden todo ese período). Peor aún, esos cinco años no se considerarán para el cálculo del haber inicial jubilatorio.

Se les da más herramientas a las patronales para desconocer la relación de dependencia y de esa manera evitar pagar indemnización por despidos. Así, quedan expresamente fuera de la ley de Contrato de Trabajo, los contratos de obra, de servicios y de agencias. Además, si el empresario está inscripto como monotributista, podrá contratar hasta tres empleados como “colaboradores”, sin que eso se considere relación de dependencia (y, obviamente, podrá despedirlos gratis cuando lo desee).

Se habilita además a que, en acuerdo con la burocracia sindical, se pueda cambiar el régimen de despidos de la ley de Contrato de Trabajo por el “fondo de cese laboral”, similar al que tiene la Uocra actualmente.

Se facilita despedir a trabajadoras y trabajadores por discriminación. Bastará pagar unos centavos más de indemnización, pero se deroga la legislación actual, donde en esas situaciones la justicia podía declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación del trabajador en su puesto.

Se avanza con toda una legislación antisindical y de recorte del derecho a huelga, ya que se considerará justa causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos.

En síntesis, el gobierno ultraderechista de Milei muestra, con esta reglamentación, su peor cara pro-patronal y a favor de la superexplotación. Habrá que salir a dar pelea para impedir que esto se ponga en marcha.

Escribe Juliana García, hija de desaparecidos, quien buscó y encontró a su hermana nacida en un centro clandestino de detención y tortura.
 
El cierre de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) mediante la firma del decreto presidencial 727/2024 tiene como objetivo terminar con la búsqueda de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Esta política, sumada al vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos en los Sitios de la Memoria y la visita de diputados del bloque de La Libertad Avanza a genocidas, muestra la intención negacionista del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, que buscan la impunidad para quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad.

Con la firma de este decreto, la CoNaDI no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda de las niñas y niños apropiados que las Abuelas de Plaza de Mayo vienen llevando adelante hace cuarenta y siete años. Desde hace meses, el gobierno de Milei viene urdiendo una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la CoNaDI. En mayo de este año, la ministra Patricia Bullrich se sumó a la maniobra vil descalificó la labor de la CoNaDI argumentando que se trataba de un organismo ideologizado. En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto para sacarle a la CoNaDI las facultades que tenía desde hace veinte años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. El decreto 727/2024 viene a coronar una continuidad de políticas que primero se concibieron como negacionistas de la última dictadura militar, luego colaboracionistas de la impunidad y hoy pueden ser consideradas como reivindicatorias de los crímenes de Lesa Humanidad.

Nos sumamos a la denuncia de estas políticas crueles y revanchistas que lleva adelante el gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villaruel. Exigimos la reapertura de la UEI de la CoNaDI y reclamamos que se abran los archivos para saber qué hicieron con los cientos de niñas y niños a quienes se les sigue negando su derecho a la identidad.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El miércoles pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley hipócritamente llamado “esencialidad de la educación”. El proyecto presentado por los radicales de la UCR, fue apoyado por Milei y La Libertad Avanza, el PRO, Pichetto y, una vez más, por diputados peronistas de Unión por la Patria. Rechazado por el Frente de Izquierda y sectores del peronismo. Ctera debe romper la tregua y llamar al paro y plan de lucha para frenarlo.

Esta Ley busca liquidar el derecho constitucional de huelga de la docencia. A los gobiernos ya no les alcanza con descontar los días de paro, poner bonificaciones que sólo se cobran si la docencia no falta ni un solo día, amenazar con declarar faltas injustificadas los días de paro. Ahora directamente los quiere prohibir: si hay paro, la mitad de la docencia debe asistir igual a la escuela. ¡Y quien determina quiénes hacen el paro y quiénes deben carnerear, es el equipo directivo!

Si a algún gobierno le importara la educación, lo que debería hacer es aumentar el presupuesto educativo para garantizar escuelas en condiciones de infraestructura (lo opuesto que hoy ocurre), para el nombramiento de docentes y auxiliares faltantes (hoy hay decenas de miles de estudiantes sin docentes), para que la docencia cobre salarios dignos en un turno y así pueda capacitarse en contra turno. Y eso se puede hacer si se lleva el presupuesto al 10% del PBI nacional, si se deja de pagar al FMI, si se suspenden los subsidios a las escuelas privadas. Pero sólo el Frente de Izquierda tiene esta propuesta y realizó una audiencia en contra la esencialidad en la Cámara de Diputados. Los demás partidos patronales, el gobierno nacional y todos los gobernadores, usan a la educación como prenda del ajuste y por eso atacan el derecho de huelga, para tratar de evitar que la docencia luche.

La conducción peronista kirchnerista de Ctera y demás sindicatos que conduce la burocracia Celeste, capitularon vergonzosamente al ajuste de Milei y ni siquiera llamaron a un paro con movilización. Sí, lo impulsamos sectores combativos y por eso Ademys CABA, ATEN Neuquén, Adosac Santa Cruz, entre otros, paramos y movilizamos. En provincia de Buenos Aires, a pesar que Kicillof dijo estar en contra de esa Ley, la burocracia de Baradel de Suteba se negó a parar y apenas llamó a un acto en Congreso “sólo para delegados”. Desde Docentes en Marcha impulsamos y logramos que la Multicolor finalmente llamara a parar provincialmente, con una alta adhesión.

Ante el repudio general de la docencia por la inacción de Ctera, es posible que llamen a alguna medida de fuerza cuando se trate en el Senado. Es necesario que Ctera llame ya a un paro y plan de lucha, con una fuerte campaña de esclarecimiento del desastre de esta Ley de Esencialidad y en apoyo a las provincias que reclaman un inmediato aumento salarial.

Escribe Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital

Continúa el plan de lucha de ATEN en respuesta al ataque del gobernador Rolando Figueroa que provocó el conflicto, porque junto con la mayoría de los diputados de los partidos patronales promulgaron una Ley de Incentivo al Presentismo, que destruye el régimen de licencias que tienen los docentes.

El plan de lucha está en su sexta semana en defensa de las condiciones de trabajo y de las partidas de refrigerio para las escuelas.

El sábado 17 se dio la primera mesa de negociación convocada por el gobierno. En la misma, la conducción provincial del TEP, que ingresó sola sin permitir que lo hicieran las seccionales opositoras Multicolor, firmó un acta que no contemplaba uno de los reclamos centrales que llevaron a la huelga, como lo es el artículo 8º de la Ley, que es justamente el que elimina el régimen de licencias. Por ejemplo, una docente embarazada, o con tratamiento de largo tiempo por una enfermedad grave como el cáncer, o protegida por hechos de violencia de género que la lleven a no poder asistir a su trabajo,; puede quedarse sin sueldo. Cualquier docente afectada por esta situación y que esté cumpliendo una suplencia, si la titular del cargo regresó al mismo, esa docente se queda sin sueldo porque no se le reconoce la continuidad de su licencia. O sea, la Ley es un castigo a la que se enferma o se embaraza.

Al haber aceptado el acta y haberla llevado como moción a las asambleas, la conducción provincial perdió a lo largo de la provincia. Por ejemplo, esta moción, en la seccional Capital, donde el propio Marcelo Guagliardo defendió su acuerdo con el gobierno, solo cosechó 268 votos, contra la moción de la conducción Multicolor, que logró 2215 votos en rechazo. Luego se definió, en el Plenario de Secretarios Generales, una nueva semana con paro de 48 horas este miércoles y jueves con marcha a los puentes carreteros. La lucha continúa exigiendo al gobierno que se reabra la mesa de negociación.

El gobierno provincial día a día genera políticas acordes con la motosierra de Milei. Recordemos que su diputado votó la Ley Bases y apoyó enfervorizado el RIGI, que le permite dar un salto en la entrega y el saqueo del gas y el petróleo. También impulsó la Ley contra el régimen de licencias, y ahora impulsa una Ley para que quede legislado el descuento de los días de paro a las y los trabajadores de la educación que realicen medidas de fuerza. O sea, profundiza el ataque coordinado con el presidente Milei contra el derecho a huelga.

Por estas razones, es fundamental redoblar la campaña de apoyo a la huelga docente neuquina, sobre todo exigiendo un plan de lucha nacional de Ctera para que todas las provincias en lucha se fortalezcan. Y aportando al fondo de huelga de las seccionales Multicolor de ATEN, que son las que están sosteniendo con fuerza, masividad y mucha democracia sindical la continuidad de la lucha. En su visita a Neuquén, los diputados nacionales del Frente de Izquierda, trajeron su aporte al fondo de huelga. Así lo hizo nuestra compañera de Izquierda Socialista la diputada Mónica Schlotthauer, que además del aporte acompañó las marchas docentes y se acercó a la asamblea de los trabajadores de Cerámica Neuquén a respaldar el reclamo que hacían sobre la reconexión del servicio de luz.

Escribe Federico Wagner, secretario gremial Media de UEPC Capital

Después de dos meses y medio de conflicto con paros y movilizaciones, el gobernador Martín Llaryora logró que la burocracia provincial Celeste de UEPC impusiera una tramposa “aceptación” a su cuarta propuesta. Con pequeños retoques a las propuestas rechazadas (un sector de jubilados cobrarán con “sólo” un mes de atraso, 10 mil pesos más a sumas no remunerativas), el problema de fondo no se resuelve: los salarios docentes siguen debajo de la línea de pobreza, un inicial de miserables 630 mil pesos.

El acuerdo se firma aunque la mayoría de la docencia lo rechazó, por el mecanismo burocrático de la Celeste provincial. Se hace la “democrática”, con asambleas en las escuelas, para luego filtrar la opinión docente en las departamentales burocráticas controladas por ellos (sobre todo en el interior de la provincia, donde muchas veces ni siquiera las cita) y así llegar con decisiones maniatadas a la provincial, que no reflejan la opinión de la base docente. En Capital, donde hay cerca de 20.000 docentes, fue casi unánime el rechazo. Pero, por el sistema de delegados departamentales sin proporcionalidad directa, una minoría decide por la mayoría.

El debate que se abre entre los luchadores es cómo podemos hacer para que toda la fuerza de la lucha no sea dilapidada por la burocracia Celeste provincial y poder ganar. Desde Docentes en Marcha Bordó venimos insistiendo que es necesario exigir que se llame a asambleas generales en todos los departamentos, para que sea la base docente de manera directa la que debata y decida todo.
La convocatoria a asamblea general debe partir de la combativa directiva de UEPC Capital, para imponer esa mayoría docente a la burocracia y dar el gran ejemplo de la máxima democracia sindical. ¿Imaginan asambleas en la Capital con miles de docentes mostrando el rechazo a las propuestas del gobierno, denunciando a la burocracia de Roberto Cristalli y marchando por el centro de la ciudad? Es así como hacemos en ATEN Neuquén Capital, con asambleas de más de 2 mil docentes desbordando a la burocracia provincial. O en Ademys CABA o en la Multicolor de Suteba. Ese método debe ser el del sindicalismo combativo.

Llaryora y la burocracia tienen un tremendo problema, porque a la UEPC Capital la conduce una directiva combativa y allí es el centro de la lucha, con un cuerpo de delegados que defiende a la docencia y no capitula a las presiones del gobierno. Aunque, lamentablemente, la mayoría de las agrupaciones de la directiva (Tribuna Docente-PO, Construcción, Alternativa Docente-MST, Fuentealba-NMAS) no acuerdan con nuestra política de llamar a una asamblea general para desbordar a la burocracia Celeste. Para poder terminar de una vez con las maniobras de Cristalli y poder seguir la lucha y ganar, llamamos a la docencia a que exija a la burocracia Celeste de UEPC provincial que convoque a asambleas generales por departamento, para debatir cómo seguir. ¡Basta de entregar la lucha de la docencia por migajas!