el 11, 12 y 13 de Octubre.
Vamos con Isadora y Disidencias en Lucha a organizarnos contra el ultraderechista, misógino y negacionista de Milei. Vamos por un plan de lucha para defender nuestros derechos de los ataques de los gobiernos y las iglesias.

Escribe Adolfo Santos

Después de una intensa campaña con la participación de partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la jueza federal María Servini firmó la excarcelación de Daniela Calarco, integrante del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, detenida durante la cacería policial del 12 de junio en las manifestaciones contra la Ley Bases. Después de casi tres meses de detención, donde sufrió todo tipo de maltratos e incluso ser considerada “terrorista” por Javier Milei, Patricia Bullrich y el propio fiscal Carlos Stornelli, la jueza acabó firmando su libertad.

Sin dudas la excarcelación de Daniela, detenida en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza, es un triunfo de la movilización y de la amplia solidaridad que rodeó esta causa por la que aún continúa detenido el compañero Roberto de la Cruz Gómez. “No planeen todavía ninguna fiesta porque mañana tengo que estar temprano en el juzgado”, dijo Daniela al recuperar su libertad, indicando que el proceso continúa abierto. Es la dura pelea abierta entre un gobierno de ultraderecha y represivo contra los que luchan. Apalean a las y los jubilados, encarcelan activistas, retiran derechos y atacan el nivel de vida de la clase trabajadora, por eso no vamos a bajar los brazos.

Daniel Vázquez, defensor de Calarco e integrante del Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos decía: “Cambió el contexto político desde que la Justicia resolvió que el Senado quede afuera de la querella, la interna del Gobierno, el escándalo de Lourdes Arrieta, los fondos reservados de inteligencia, todo eso que les salió mal y abrió una brecha a nuestro favor. Pero todavía queda un detenido de la represión del 12 de junio, el compañero Gómez y tenemos que sumar todas las fuerzas para conseguir su libertad”.

Hay una campaña orquestada por el gobierno, las fuerzas represivas al mando de Bullrich, los servicios de inteligencia y una justicia al servicio de los ricos que se propone desmoralizar a los que luchan para vulnerar el derecho a la protesta y a las libertades democráticas. Protestar no es un delito, por eso continuaremos manifestando contra el brutal ajuste perpetrado por este gobierno ultraderechista. Ellos necesitan de la represión para pasar sus planes, nosotros de la más amplia unidad de acción contra la criminalización de la protesta social.

Escribe Federico Novo Foti

El 20 de septiembre de 1984, la Conadep presentó al entonces presidente Raúl Alfonsín (UCR) su informe relativo a la desaparición de personas bajo la dictadura. Publicado como libro con el título “Nunca Más”, fue uno de los primeros logros de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, ya que reconoció la existencia del “terrorismo de Estado” y aportó pruebas en el juicio a las Juntas Militares. Hoy el gobierno negacionista de Milei busca salvar a los genocidas, pero la lucha continúa.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada  por el presidente Raúl Alfonsín (UCR) el 15 de diciembre de 1983. Respondía así al reclamo del movimiento popular y las organizaciones de derechos humanos, especialmente las Madres de Plaza de Mayo, que en 1977 habían comenzado sus rondas en busca de sus hijos. El decreto de constitución de la comisión establecía que su objetivo sería “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país”.¹ Fue presidida por el escritor Ernesto Sábato.

El 20 de septiembre de 1984, la “Comisión Sábato” presentó su informe final al presidente, cuya síntesis sería publicada en forma de libro bajo el título “Nunca Más”.² El informe aportó pruebas utilizadas en el juicio a las Juntas Militares, realizado en 1985. Expuso el “terrorismo de Estado”, la existencia de un plan sistemático perpetrado por la dictadura para perseguir, torturar, asesinar y desaparecer a activistas y disidentes políticos. Sin embargo, la tarea de la Conadep y los alcances de su informe fueron limitados por la política de impunidad del gobierno de Alfonsín.
 
Alfonsín y la “teoría de los dos demonios”

La caída de la dictadura, tras la derrota en la Guerra de Malvinas, fue un colosal triunfo revolucionario de la movilización obrera y popular, que conquistó amplias libertades democráticas y abrió una nueva etapa en el país. El 16 de junio de 1982, el general Leopoldo Fortunato Galtieri debió renunciar, y durante cinco días no hubo gobierno. Luego, los militares, con el aval del PJ, la UCR y los partidos burgueses unidos en la Multipartidaria, decidieron que asumiera el general Reynaldo Bignone, tratando de desviar la movilización revolucionaria hacia el terreno de las elecciones, para sostener el sistema capitalista.³ En octubre de 1983 se realizaron las elecciones, en las que resultó ganador Alfonsín (UCR) con el 51,7% de los votos. Millones de trabajadores y otros sectores populares, incluyendo a muchos peronistas, le dieron su voto. Alfonsín captó los anhelos de libertad y progreso surgidos de la lucha contra la dictadura, usando consignas como: “con la democracia se come, se cura y se educa”.

La anulación de la “Ley de Autoamnistía”⁴, con la que los militares buscaban exculparse de sus delitos, y la creación de la Conadep fueron los primeros logros obtenidos por la lucha obrera y popular que derrotó a la dictadura. Sin embargo, Alfonsín no buscaba iniciar un verdadero proceso de verdad y justicia. Días antes de la creación de la comisión expresó por primera vez su “teoría de los dos demonios”, en la que afirmaba que durante la década de 1970 el país había estado atravesado por el terror, que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda.⁵
Así intentó equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras y ocultar que la dictadura tuvo por objetivo liquidar a toda una generación de activistas obreros y populares.

Bajo esta concepción, el gobierno impuso a la Conadep enormes limitaciones. La Comisión no incluyó en su composición a los organismos de derechos humanos. No tuvo atribuciones para citar a declarar ni juzgar a los militares. Tampoco para abrir los archivos de “inteligencia” de la dictadura. Por el contrario, Alfonsín promovió la reforma del Código de Justicia Militar para que los genocidas fueran juzgados en tribunales militares, con la idea de que no se enjuiciara al conjunto de las fuerzas armadas, sino sólo a quienes habían cometido “excesos”.⁶

Contra la política de impunidad del gobierno radical, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido antecesor de Izquierda Socialista, reclamó la creación de una comisión bicameral, juicios por jurados populares (integrados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares, representantes de partidos políticos y organizaciones obreras víctimas de la dictadura) y planteó “que al ser el genocidio cometido por la dictadura un verdadero crimen de lesa humanidad, debe aplicarse el principio de reversión de la prueba” porque “son los que ejercieron funciones represivas los que tienen que probar su inocencia”.⁷

La lucha por memoria, verdad y justicia continúan

La continuidad de las luchas obreras y populares, y del movimiento de derechos humanos en especial, obligaron en 1985 al gobierno y a la burguesía a aceptar la realización de un juicio civil a las Juntas Militares, no en un tribunal militar. Un hecho para entonces inédito, desde los juicios de Nüremberg de 1945-1946 contra los jerarcas nazis. En el juicio fueron condenados a perpetua los generales Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, un triunfo importante pero parcial de la lucha.

Los partidos patronales han intentado una y otra vez proteger a los genocidas, porque ir contra ellos es ir contra los intereses económicos y políticos de ajuste, sometimiento y entrega del país que sus gobiernos mantienen. En 1986 y 1987 Alfonsín impuso las “leyes de impunidad” (Obediencia Debida y Punto Final) que buscaron exculpar a los mandos medios y frenar los juicios. Carlos Menem (PJ) indultó a los militares. Bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (PJ) primó el doble discurso y, mientras descolgaban el cuadro de Videla, nombraban al genocida César Milani al frente de las Fuerzas Armadas y desaparecía Jorge Julio López. Mauricio Macri (PRO) intentó meter el 2x1 para liberar a los genocidas presos.

Hoy, la búsqueda de impunidad ha pegado un salto bajo el gobierno ultraderechista de Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, defensora de genocidas. Quieren restaurar la “teoría de los dos demonios”, niegan el genocidio y el terrorismo de Estado. La visita de diputados a genocidas presos y el acto en el Senado por “las víctimas del terrorismo” expuso su plan para liberarlos (ver nota en página 4). En el marco del plan motosierra también quieren reforzar el aparato represivo, con el protocolo antipiquetes y la restauración de la siniestra Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Pero, en abierta oposición, el pueblo trabajador nunca perdonó a los genocidas, y cada 24 de Marzo ha sido una multitudinaria demostración en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Gracias a ello se anularon en 2003 las leyes de impunidad, se logró que los militares volvieran al banquillo de los acusados por el robo de bebés, y la reapertura de causas de lesa humanidad. Desde Izquierda Socialista/ FIT Unidad seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices. Sostenemos la importancia de la inversión de la carga de la prueba para delitos de lesa humanidad.

Decimos: ¡Son 30.000! No fue una guerra, fue un genocidio. Reclamamos la apertura de los archivos de la dictadura y la restitución de la identidad de los bebés apropiados. Mientras damos todas esas peleas, también nos abocamos a la tarea de construir una alternativa política que termine con el modelo de hambre, saqueo y entrega capitalista que apuntaló la dictadura y aún perdura, gestando y fortaleciendo un partido socialista y revolucionario que luche consecuentemente por castigar a los genocidas y por una salida de fondo: conquistar un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo, por el socialismo.


1. Decreto del PEN 187/1983 Disponible en www.argentina.gob.ar
2. “Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional…”. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1984.
3. Ver Miguel Sorans. “Debates en la izquierda revolucionaria. PTS e IS: dos visiones opuestas desde la caída de la dictadura…”. Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
4. Ver “El Socialista” Nº 568 (13/09/2023). Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
5. www.archivorta.com.ar
6. Ley 23.049/1984
7. “Semanario Socialista” Nº 80 (20/09/1984).

Escriben José “Pepe” Rusconi, Stella Vanara y Haydee Puhl

En los días 4 y 5 de septiembre de 1975 fueron secuestrados, torturados y fusilados por bandas fascistas que actuaban al amparo del gobierno peronista, ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de La Plata, partido antecesor de Izquierda Socialista. Este hecho es recordado como la “Masacre de La Plata”. Hoy seguimos exigiendo justicia por nuestros compañeros y compañeras asesinadas del PST y, ante la campaña negacionista del gobierno de Milei y su intento de beneficiar a los genocidas presos decimos: ¡Son 30.000! No fue una guerra, fue genocidio.

Desde mediados de la década de 1960 comenzó a nivel mundial un gran ascenso de las luchas obreras y populares. En Estados Unidos hubo grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam, las cuales fueron uno de los factores clave para la derrota del ejército más poderoso del mundo. En Francia se dio una enorme lucha obrera y estudiantil llamada “Mayo Francés”. Estos y muchos otros hechos de la lucha de clases marcaron aquella etapa en la que nuestro país no estuvo ajeno.

Desde 1966, gobernaba nuestro país la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Pero en 1969 se dio una serie de levantamientos obreros y populares conocido como los “azos”, cuyo punto máximo fue la insurrección del “Cordobazo” del 29 de mayo de 1969. Fracasado en su intento de frenar las luchas, Onganía fue reemplazado por el general Roberto Levingston, quien luego fue sucedido por el general Alejandro Agustín Lanusse, hombre más hábil de la casta militar. Se propuso detener el ascenso en acuerdo con las patronales, la UCR y el PJ, todos auspiciados por el imperialismo, promoviendo el Gran Acuerdo Nacional (GAN). Se trataba de intentaron descomprimir la situación abriendo un proceso electoral y permitiendo la participación del PJ, proscripto desde el golpe de 1955.

Así fue que en marzo de 1973, el peronismo ganó las elecciones con la fórmula Héctor “el tío” Cámpora y Vicente Solano Lima. Pero tampoco pudo controlar al movimiento obrero y popular, que continuó su lucha contra el ajuste y por mejores condiciones de vida. Finalmente, presionado por Juan Domingo Perón, Cámpora debió renunciar. Las nuevas elecciones, realizadas en septiembre del mismo año, dieron como ganadora a la fórmula integrada por Juan Perón y su esposa, María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”). Pero ni Perón, con su autoridad histórica ante el movimiento obrero y popular, pudo frenar las luchas.

Ya a finales de 1973, habían comenzado a actuar las primeras bandas fascistas integradas por la patota de la burocracia sindical y grupos parapoliciales, organizados desde el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega. Entre ellas, se destacaban la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A), la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y el Comando de Organización (CdeO). Tras la muerte de Perón, en julio de 1974, Isabelita asumió e intentó aplicar un ajuste económico brutal, elaborado por su ministro de Economía, Celestino Rodrigo, que pulverizaba los salarios. Esto generó una enorme reacción obrera que se llamó el “Rodrigazo”, en junio de 1975, que terminó con el “Plan Rodrigo” y dejó tambaleante al gobierno. En ese contexto se dio la “Masacre de La Plata”.

La masacre de La Plata

En esa época en la ciudad de La Plata se dieron importantes luchas como la de los obreros de Petroquímica Sudamericana (Mafissa), Propulsora Siderúrgica (Siderar), Astillero Río Santiago y muchas otras fábricas. También en reparticiones estatales, bancos y de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que fueron un ejemplo de organización y combatividad. En ellas, las y los militantes del PST ocuparon un importante, impulsando la organización y la solidaridad obrero-estudiantil y popular, con la perspectiva de luchar por una Argentina y un mundo socialista.

La noche de 4 de septiembre de 1975, un grupo de jóvenes militantes del PST se dirigía hacia la fábrica Petroquímica Sudamericana para llevar dinero de una colecta en apoyo a su fondo de huelga, pero nunca llegaron. Los interceptaron y secuestraron. Fueron terriblemente torturados y luego fusilados. Tiraron sus cuerpos en La Balandra, una playa de la vecina localidad de Berisso. Elles eran, Roberto “Laucha” Loscertales, que había sido dirigente estudiantil en la Facultad de Ingeniería, trabajador del Astillero Río Santiago y dirigente del equipo de trabajadores de Propulsora; Adriana Zaldúa, referente estudiantil de Arquitectura y trabajadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP); Hugo Frigerio, delegado gremial del MOP; Ana María Guzner Lorenzo, delegada no docente de la UNLP; y Lidia Agostini, joven odontóloga, integrante del frente de profesionales.

Alarmados por su desaparición, pero aún sin conocimiento de lo sucedido, se convocó a una asamblea en el MOP, que resultó multitudinaria. Otros tres militantes del PST salieron del local del PST de La Plata rumbo a ese lugar, llevando volantes denunciando los hechos. Pero tampoco pudieron llegar a su destino, siendo interceptados y secuestrados a plena luz del día a la vuelta del local, ubicado en el centro de la ciudad. Sus cuerpos también aparecieron mutilados y acribillados horas después. Ellos eran, Oscar Lucatti, trabajador del MOP; Carlos “Diki” Povedano, trabajador de Previsión Social; y Patricia Claverie, estudiante de Ciencias Naturales.

El asesinato de los ocho militantes del PST, a manos de una banda fascista que actuaba al amparo del gobierno peronista de Isabelita y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, dirigente burócrata de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tuvo como objetivo golpear al movimiento obrero y popular de la región y, en particular, al PST y su política socialista revolucionaria.

Seguimos luchando por justicia y por el socialismo

Tras la caída de la dictadura, desde 1983, los distintos gobiernos patronales han intentado imponer un manto de impunidad para las bandas fascistas que actuaron bajo los gobiernos de Perón e Isabel y para los militares genocidas y sus cómplices. Así, Raúl Alfonsín (UCR) impuso las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, Carlos Menem (PJ) los indultos y los Kirchner nombraron al genocida César Milani como jefe de las Fuerzas Armadas y Macri intentó imponer el 2x1 para liberar a los genocidas.

Hoy el gobierno liberfacho de Javier Milei y Victoria Villarruel intenta restaurar la “teoría de los dos demonios”, continúa la campaña negacionista del terrorismo de estado y del genocidio con el falso argumento de que los militares condujeron “una guerra contra el terrorismo”. Intentan restaurar ante la sociedad a las repudiadas Fuerzas Armadas con actos como el del 9 de Julio, hacen visitas a los genocidas presos o realizan actos de homenaje a genocidas militares y civiles a quienes llaman “víctimas del terrorismo”. Toda su política de impunidad está al servicio de fortalecer el aparato represivo, para poder aplicar el Plan Motosierra de ajuste, saqueo y entrega capitalista.

Pero la lucha obrera y popular que derrotó a la dictadura, también continúa hoy con el masivo movimiento por los derechos humanos, que sigue creciendo. A los liberfachos y a quienes quieren les decimos: ¡Son 30.000! No fue una guerra, fue genocidio. Seguimos exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura, restitución de la identidad a las niñas y niños apropiados y que se juzgue como delitos de lesa humanidad aquellas producidos por las bandas fascistas antes del golpe de 1976.

A 49 años de la masacre de La Plata, desde Izquierda Socialista, repudiamos todo intento negacionista y seguimos exigiendo justicia por nuestros compañeros y compañeras asesinados y detenidos-desaparecidos del PST. Hoy más que nunca reivindicamos con orgullo al glorioso PST y su lucha socialista revolucionaria levantando los puños bien en alto y diciendo: ¡compañeras y compañeros asesinados y detenidos-desaparecidos del PST, hasta el socialismo siempre!

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Israel lanzó, el 28 de agosto, una amplia operación militar dirigida contra ciudades y campamentos del norte de Cisjordania; bloquearon los hospitales, impidieron que los heridos recibieran tratamiento. Esta operación militar es el mayor intento de ocupación en Cisjordania desde 2002, y extiende el genocidio criminal centrado en Gaza que el sionismo lleva a cabo contra el pueblo palestino desde hace once meses.

La invasión genocida a Gaza ya causó más de 40.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Pero Israel ha fracasado en su objetivo de controlar Gaza y se mantienen más de noventa rehenes de Israel.

La muerte reciente de otros seis de los rehenes israelíes en los últimos días, que puede haber sido causada por los bombardeos del ejército sionista, provocó una enorme movilización en Israel de 500.000 personas contra Netanyahu y una huelga general, exigiéndole un acuerdo de cese del fuego en Gaza con Hamas.

Hamas ya ofreció hace meses un cese del fuego y liberar a todos los rehenes si Israel abandona Gaza y libera una parte de los 7.000 presos políticos palestinos. Pero el gobierno de Netanyahu se negó a este acuerdo. Siguió bombardeando y asesinando en Gaza y Cisjordania.
El imperialismo yanqui y la OTAN, que han llegado a decir, e incluso a votar en el Consejo de Seguridad de la ONU, que están por un cese del fuego, siguen entregando miles de armas y bombas a Israel para que continúe su genocidio.  

La mayor parte del pueblo palestino se concentra en Cisjordania (2,7 millones de palestinos) y en Gaza (2,3 millones de palestinos). La mayoría son familias -o sus padres o abuelos- que fueron expulsadas de la Palestina histórica, ocupada y colonizada por el Estado sionista de Israel creado en 1948, con migrantes judíos extranjeros, apoyado y armado por los imperialismos británico y yanqui, para controlar el conjunto de Medio Oriente y sus riquezas.

Desde el 7 de octubre, la heroica resistencia palestina en Cisjordania ha llevado a cabo 2.444 operaciones militares contra la ocupación sionista; Israel oculta sus bajas, pero ya asesinó a 585 palestinos en Cisjordania desde ese día.

El intento de ocupación sionista de Cisjordania comenzó y continúa enteramente con el apoyo de los países imperialistas y el silencio cómplice de los regímenes árabes capitalistas. Ya hay 500.000 colonos sionistas, la mayoría extranjeros, ocupando las mejores tierras, que les quitaron a los palestinos.

La Autoridad Palestina y Mahmud Abás, su presidente, que supuestamente gobiernan Cisjordania, son cómplices de Israel. Con su policía han asesinado y secuestrado a líderes y combatientes de la resistencia. Esto ha provocado movilizaciones populares masivas para proteger a los combatientes de la resistencia de los agentes de policía de la Autoridad Palestina, y Mahmud Abás ha caído por debajo del 20% en las encuestas.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI), llamamos a las masas a movilizarse contra los gobiernos colaboracionistas en sus propios países para detener el genocidio en Gaza y la ocupación en Cisjordania, y apoyar la victoria de la Resistencia Palestina y declaramos que esta movilización es necesaria hasta poner fin al genocidio en Gaza y la ocupación en Cisjordania.

Llamamos a la lucha en los paises vecinos a Israel por cerrar todas las válvulas que llevan petróleo al estado sionista, ahora mismo.

La UIT-CI reclama de los gobiernos del mundo que rompan relaciones diplomáticas, políticas, económicas, militares y culturales con Israel ¡Basta de financiar el genocidio! ¡Basta de armas a Israel! ¡Basta de muertos por hambre y enfermedades! ¡Apertura ya de las fronteras para el ingreso de ayuda humanitaria! ¡Fuera Israel de Gaza, Cisjordania y toda Palestina! ¡Por una Palestina única, laica, democrática y no racista! ¡Viva Palestina libre del río al mar!