Escribe Guido Poletti

El martes se realizó una nueva reunión “virtual” entre los principales burócratas de la CGT y los más importantes representantes de las patronales. Por la CGT participaron sus dos cosecretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Antonio Caló​ (UOM). La representación empresaria fue nutrida,  estuvieron el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos, y los empresarios Luis A. Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Organización Techint), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens). Marcos Galperín​ (Mercado Libre), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina), Federico Braun (La Anónima), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Enrique Cristofani (Santander), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcelo Argüelles (Sidus), Alberto Hojman (BGH), Jorge Aufiero (Medicus), Norberto Morita (Southern Cross Group), David Lacroze (Grupo Lacroze), Jorge Ferioli (San Jorge Emprendimientos), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud) y Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc).

¿Para qué fue esta reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales plantearon terminar con la ola de despidos y suspensiones? ¿Exigieron que se pague el aguinaldo en tiempo y forma en una sola cuota? ¿Demandaron que se abrieran las paritarias ante salarios, no solo congelados ad eternum, sino incluso con rebajas de hasta 25 por ciento?

Nada de eso se escuchó en la reunión. Todo giró alrededor de “coincidencias en la necesidad de reducir la presión tributaria” de las empresas (ya que hace años que no se escucha siquiera el reclamo de eliminar el impuesto al salario). Lo que se plantea, en definitiva, es un apoyo a la moratoria impositiva, un regalo para las grandes patronales. 

También hubo otras “coincidencias”, con respecto a la negociación de la deuda afirmaron que “se aspira a resultados positivos en las negociaciones con los acreedores”, haciendo un llamamiento a que la Argentina “evite el default”. ¡El mismo día en que los principales pulpos acreedores exigían más aún al gobierno en la negociación de la deuda! 

La conclusión de conjunto es que el país debe “abrirse al mundo y ser más competitivo, con menores costos y mayores exportaciones”. ¿Acaso no saben los burócratas cegetistas que para estos grandes empresarios “menores costos” significan salarios más bajos y flexibilización laboral, la única manera que ellos entienden de que podemos ser “competitivos” exportando? 

En síntesis, la burocracia de la CGT profundiza su alianza con lo más concentrado y explotador de los grandes grupos empresarios, ya no solo dejando pasar el ajuste, sino incluso haciéndole el coro a los argumentos más reaccionarios de este bloque patronal. Por eso, desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo seguiremos peleando contra el ajuste y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El levantamiento “parcial” de la cuarentena, en el AMBA, de parte del gobierno peronista de Alberto Fernández junto a Cambiemos, los apresurados anuncios de vacunas e hipotéticas drogas sanadoras, todo ello convenientemente promocionado por los medios masivos de comunicación, pretenden crear una falsa sensación de que lo peor de la pandemia ya pasó. ¿Es así realmente? Los hechos, los duros hechos, dicen otra cosa: el 21 de julio hubo, en un solo día, 5.344 casos registrados y 117 decesos. Solo en la provincia de Buenos Aires hubo 3.477, mientras que en la CABA se llegó a 1.452. Seguimos, entonces, en la rama ascendente de la curva epidémica y sigue sin divisarse el punto más alto desde el cual se iniciaría el descenso.

La pandemia continúa creciendo

Cifras brindadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que no incluyen los datos de la última semana, muestran que el total acumulado de casos confirmados de Covid-19 en trabajadores de la salud al 13 de julio de 2020 fue de 7.792 (sin antecedente de viaje) y representó el 7,73% del total de los casos confirmados en el país. El 39,6% de casos acumulados presentó al menos un factor de riesgo. El número acumulado de fallecidos entre trabajadores de la salud es de veintiséis casos y representa el 1,37% de todas las muertes por Covid. Las cifras siguen creciendo y mientras escribimos estas líneas recibimos la noticia del fallecimiento del enfermero Alex Aquino, del Hospital Bocalandro y destacado activista de ATE.

Números fríos que crecen día a día detrás de los cuales hay médicos, enfermeros y camilleros caídos en su trabajo, muertes perfectamente evitables si las autoridades del gobierno peronista de Kicillof hubieran escuchado los reclamos de Cicop y ATE y no hubieran negado, por ejemplo, la licencia a los mayores de 60, o a quienes tenían una condición patológica de riesgo. Ese fue el caso de la enfermera María Ester Ledesma, del hospital Gandulfo de Lomas, que era diabética, y el del enfermero Miguel Codino, del hospital Eva Perón de San Martín, mayor de 60 años.

¿Estamos yendo hacia una crisis de camas de terapia intensiva?

La semana pasada Claudio Belocopitt, propietario del prepago de alta gama Swiss Medical y de cinco de los más lujosos hospitales del AMBA, dijo que en sus clínicas tenía una ocupación de camas de terapia intensiva del 82 por ciento. Con esas declaraciones, repetidas por todos los medios masivos, sacó a la luz pública la pregunta que muchos se hacen, ¿estamos yendo a una crisis de camas? Las declaraciones oficiales hablan de ocupación de camas de entre 50% y 65%, pero desde hace semanas en las redes sociales el personal de salud viene denunciando la saturación de camas en los hospitales públicos, y también en los privados. Promediar la ocupación de camas a nivel nacional o a nivel de provincia o capital, como hacen los funcionarios del peronismo y de Larreta de Cambiemos, no sirve. Da una idea falsa. Hay que mirar lugar por lugar, y es ahí donde surge que los grandes centros están cercanos a la saturación.

La crisis de las terapias intensivas tiene otro componente, que es la carencia del recurso humano. Como venimos diciendo, el personal de las terapias es altamente especializado y difícilmente reemplazable. El contagio de uno solo de estos trabajadores muchas veces implica el aislamiento de un turno completo con la consiguiente falta del recurso humano. Tomar en cuenta sólo el número de camas no refleja la realidad, no dice si están con el equipamiento completo ni si tienen la dotación que las hace operativas. La escasez del recurso humano es un cuello de botella que acerca la crisis de las terapias. De esto se dan cuenta los médicos terapistas, no por casualidad en las últimas semanas han empezado a discutirse criterios éticos que eventualmente guiarían la admisión o rechazo de pacientes en la unidad de terapia. Estamos cerca del colapso.

Centralizar el sistema sanitario para combatir a la pandemia

Después de ciento veinte días de cuarentena el gobierno de Alberto Fernández sigue sin tomar las medidas que permitirían enfrentar con éxito la pandemia. La crisis de camas puede resolverse si se toman medidas que pongan la totalidad de las instalaciones públicas y privadas bajo la centralización del Estado. Las camas serían asignadas con un criterio único, igual para todos, en función de las necesidades garantizando así el libre acceso de la población. Deben completarse los planteles incorporando el personal de salud necesario.

En cuanto a las vacunas y medicamentos cuya elaboración fue difundida esta semana, también el gobierno peronista debe propiciar el desconocimiento de las patentes que aseguran la propiedad de las multinacionales, les permiten ganancias exorbitantes e impiden el acceso de grandes masas de la población a los medicamentos. 

Además debe crearse un fondo de emergencia integrado por un impuesto especial a los grandes grupos económicos y el no pago de la deuda externa. En definitiva, tomar medidas para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los capitalistas.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hay un gran revuelo dentro del gobierno y del peronismo del Frente de Todos. No fue por debatir sobre cómo combatir mejor la mayor crisis de la pandemia o cómo “enfrentar a la derecha”, sino por motivos que provienen del propio intestino del peronismo, lo que se conoce como “fuego amigo”.

Todo comenzó a partir de la foto de Alberto Fernández, cuando dio su mensaje el pasado 9 de julio en la Quinta de Olivos, con los titulares de la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y de la Construcción y la Asociación de Bancos. También estuvieron Daer, de la CGT, y varios funcionarios.

“La semana pasada usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras y a los que saquearon el país”, le escribió Hebe de Bonafini en una carta a Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner tuiteó un artículo publicado por Alfredo Zaiat en Página12, donde también cuestiona la foto.

Esto se suma a otro hecho. Fernández, al explicar una vez más que no va a expropiar Vicentin, dijo que esperaba que ante la noticia se “saliera a festejar”, y tuvo que llamar a Víctor Hugo Morales para aclarar el cuestionamiento público que le hizo porque un funcionario suyo pidió que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Todo en momentos en que crece la decepción entre los votantes del Frente de Todos por el actual ajuste, anunciar y nunca presentar el famoso impuesto a la riqueza (el único proyecto en el Congreso es el del Frente de Izquierda), o porque hace ochenta días que Facundo Castro está desaparecido a manos de la repudiable policía bonaerense de Berni y Kicillof.

A tal punto llega la crisis interna, que el ministro de Defensa puesto por Cristina Kirchner, Agustín Rossi, salió a respaldar a Fernández. Lo mismo hizo Larroque, de La Cámpora, y hasta un sindicato amigo del gobierno sacó afiches callejeros con la leyenda “Fuerza presidente”.

 El peronismo kirchnerista ya gobernó para los de arriba

¿Qué significan estos cuestionamientos? ¿Qué habría un Alberto “malo” y un peronismo kirchnerista “bueno”? Es cierto que históricamente el peronismo tiene distintos sectores en su interior que se van reacomodando. ¡Pero ojo con el doble discurso! Todos tiran para el mismo lado.

Cristina Kirchner simula que cuestiona, pero fue su propio hijo y diputado nacional Máximo Kirchner quien, junto con Sergio Massa, se reunió recientemente con los “explotadores” de los trabajadores, a saber: Bulgheroni, Mindlin, Acevedo de la UIA y los banqueros Jorge y Pablo Brito. ¿De qué enfrentamientos hablan? ¿O acaso no fue el propio Máximo Kirchner quien anunció el impuesto a la riqueza y luego lo archivó? ¿Alguno de los que cuestionan a Fernández salió a decir que hay que estatizar a Vicentin, por ejemplo? Ninguno. Es más, el propio periodista Zaiat –que elogió Cristina– escribió una nota este domingo en el mismo diario diciendo que, para que no fuera “incompleta” la foto del 9 de julio, tendrían que haber estado representantes de las pymes, de los movimientos sociales o Hugo Yasky. ¿Para qué? Para “dar un mensaje al establishment” y reforzar la convocatoria que hizo Fernández para “construir un capitalismo solidario”. En esto termina su cuestionamiento.

El trasfondo de todo esto hay que buscarlo en el permanente doble discurso del peronismo, que usa refranes “nacionales y populares” para seguir confundiendo a los trabajadores y demás sectores populares que de verdad quieren que se combata a los grandes empresarios y a la oligarquía. A esos sectores les decimos que el PJ (más en las últimas décadas) ha venido gobernando para los de arriba. Recordemos la década menemista que en los años ’90 entregó todo el patrimonio nacional (ferrocarriles, teléfonos, petróleo, empresas de agua, luz, gas, etcétera). Y, fundamentalmente, lo que pasó en los doce años de gobierno kirchnerista.

Néstor y Cristina Kirchner habilitaron el saqueo contaminante de la Barrick Gold, permitieron que Repsol se lleve todo nuestro petróleo y se firmó un pacto secreto con Chevron por Vaca Muerta. Es una mentira total que el país se desendeudó en esos años. Todo lo contrario. Se pagaron 200.000 millones de dólares de deuda externa y quedó una deuda similar mientras crecían los paros docentes por el salario y la pobreza llegó al 30% a pesar de las mentiras del Indec intervenido por la patota del repudiable Guillermo Moreno.

El kirchnerismo le dio continuidad al proceso de concentración económica en manos extranjeras y en unos pocos grandes grupos nacionales, adecuado a los planes imperialistas y de las multinacionales, consolidando el esquema exportador agropecuario (Grobocopatel) y de la agroindustria, favoreciendo a los grandes pulpos exportadores extranjeros (Bunge, Cargill, Nidera, Dreyfus) y a los exportadores de combustibles, minería y automóviles (la amplia mayoría controlados por multinacionales extranjeras). También siguió favoreciendo al capital financiero. Por eso, de las diez primeras empresas de mejor rentabilidad de 2011, cinco son bancos. Techint y Arcor se transformaron en multinacionales argentinas y se consolidaron como los grupos Roggio, Ledesma (Blaquier), Perez Companc, Madanes (Aluar-Fate), Bulgheroni (Bridas) y Pescarmona.

O sea que Cristina, Kicillof y tantos otros kirchneristas que están hoy con Fernández (incluido el propio presidente, que fue parte de ese proyecto político) ya gobernaron para esos sectores y la Argentina siguió siendo una semicolonia dependiente de los yanquis mientras el pueblo trabajador tuvo que dar peleas enormes contra la traidora CGT de entonces para defender sus conquistas.

 ¿Solo peronistas o radicales? No. La alternativa viene por izquierda

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, rompió el silencio y se metió de lleno en el debate defendiendo a Alberto Fernández. “El que piense que hay otra opción está desencaminado. Esa opción ya nos llevó al fracaso y fue Macri”, dijo. Quiere instalar que la única opción para el pueblo trabajador es el peronismo. En esto coincide con el presidente de la UCR, el diputado radical mendocino Alfredo Cornejo, el mismo que pidió una reunión especial de su bloque con el gobierno por fuera del Frente de Izquierda (“porque es anticapitalista”, señaló) para lograr “acuerdos sensatos”, es decir, para el pago de la usurera deuda externa o seguir salvando a los grandes empresarios, algo en que coinciden tanto el gobierno como la oposición patronal.

Contra el peronismo gobernante y todas las variantes patronales postulamos la salida de fondo que levantamos desde la izquierda. Llamamos a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud a no dejarse engañar. El peronismo no es la salida para combatir los males capitalistas. “No es parte de la solución”, como se estila decir ahora. Por ello postulamos una nueva alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, como venimos haciendo con el Frente de Izquierda Unidad, para luchar por las transformaciones de fondo que necesita el pueblo trabajador y que el peronismo no va a realizar.   

Escribe José Castillo

Hace un par de semanas se había dado a conocer la última oferta de reestructuración de la deuda externa para los bonos bajo legislación extranjera. El gobierno peronista de Fernández terminó ofreciendo 15.000 millones de dólares más que en la propuesta original de abril, se subieron los pagos de intereses, prácticamente se redujo a cero la quita de capital y, quizás lo peor, se planteó que se empezará a pagar en septiembre de 2021, archivando todos los discursos anteriores, que hablaban de un período de gracia de tres o cuatro años sin abonar nada. La propuesta del peronismo había sido tan a favor de los pulpos acreedores que había recibido apoyos y elogios hasta de Luis “Toto” Caputo, el ministro “endeudador” de Macri y del mismísimo Domingo Cavallo, que prácticamente volviendo de las catacumbas, salió a aplaudir. 

Pero los buitres son insaciables. Para ellos nada es suficiente. Con BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo a la cabeza, los acreedores rechazaron la propuesta. Se juntaron para hacerlo el Grupo Ad Hoc (del propio BlackRock, junto a otros fondos internacionales como Fidelity y Ashmore), poseedor de la mayor parte de los bonos emitidos durante el macrismo, junto con el Exchange Bondholders (tenedores de los bonos de la deuda kirchnerista) y lograron sumar al Comité de Acreedores, el grupo supuestamente más “benévolo” hacia la Argentina. 

El planteo de este auténtico frente de pulpos acreedores es demoledor: piden 3.000 millones de dólares más, una suba sustancial de la tasa de interés y un adelanto general de los plazos de pago. En concreto, si la propuesta del gobierno peronista ya aceptaba empezar a pagar en septiembre del año que viene, los bonistas ahora exigen adelantar el primer pago al mes de julio. 

Veremos en qué termina esta negociación. Pero lo que se resuelva, luego tiene que replicarse para los 45.000 millones de dólares que también están pendientes de bonos bajo legislación local. Y, además, en unas pocas semanas tiene que empezar la negociación por los 49.000 millones de dólares de deuda con el FMI. 

En la campaña electoral del año pasado, Alberto Fernández sostenía que sería capaz de llevar adelante una renegociación exitosa de la deuda, donde quedaría espacio tanto para llevar adelante un plan económico progresista, de redistribución de la riqueza, y, al mismo tiempo, pagar una deuda que se habría reducido y estaría reprogramada “en cómodas cuotas”. Nada de eso pasó. Termine como termine el presente capítulo de la negociación, ya hay una certeza: lo que quede se tendrá que pagar con un feroz ajuste, más fuerte que el actual. 

Pagar, redistribuir la riqueza y crecer, como decía el gobierno peronista, se muestra cada vez más como una utopía. Una utopía reaccionaria, ya que la sufrirá el pueblo trabajador con más hambre y miseria. Una vez más, la única salida es dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, para que todos esos fondos, en vez de ir a manos de los buitres, se destinen a las más urgentes necesidades populares de salud, trabajo, comida, educación y vivienda.

Escribe José Castillo

Hace ya cuatro largos meses que el gobierno peronista de Alberto Fernández prometió implementar un impuesto a las grandes riquezas. El proyecto brilla por su ausencia, ni siquiera fue ingresado en el Congreso para su discusión. La última excusa del presidente Fernández fue que él estaba a favor, pero que es “un tema del Congreso”. Claro que el propio oficialismo, al fijar la agenda futura, ni siquiera lo considera. Recordemos que incluso votaron, el peronismo y Cambiemos juntos, en contra la moción para debatir el único proyecto presentado al respecto, el del Frente de Izquierda Unidad.

Lo novedoso de estos días es que no solo está en el freezer el impuesto a la riqueza, sino que ahora se les va a perdonar a las grandes empresas no haber pagado los impuestos actualmente existentes. De esto se trata el nuevo proyecto de moratoria impositiva que se empieza a discutir esta semana. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que estaban en juego 500.000 millones de pesos, y que ello beneficiaría a los monotributistas, a los pequeños comerciantes y a los trabajadores por cuenta propia en general. Es una vulgar mentira, mientras que a todos esos sectores se los tiene sumidos en la pobreza pretendiendo que vivan con el miserable IFE (10.000 pesos por grupo familiar, que en realidad se cobran cada dos meses, lo que da apenas 5.000 pesos por mes), lo novedoso del proyecto del peronismo es la inclusión de las grandes empresas, aun de aquellas que tienen deudas impositivas previas. Así, a los grandes pulpos les perdonan y les financian en cuotas infinitas y con bajísimo interés desde deudas previsionales hasta impuestos no depositados allí donde estas empresas eran meros agentes de retención (IVA o Impuesto a los Combustibles). Escandalosamente, hasta las empresas de corruptos como Cristóbal López o Lázaro Báez podrán acogerse al beneficio. Una vez más se usa como excusa al pequeño comerciante o al trabajador por cuenta propia para hacer pasar un enorme privilegio que beneficia a las grandes patronales.

¿Se viene un nuevo blanqueo?

Cada vez suena más fuerte que una de las medidas centrales del “plan pospandemia” de Alberto Fernández consistirá en un nuevo blanqueo de capitales. Tal como lo hizo Macri durante su mandato, se trata de premiar a las empresas y multimillonarios que fugaron su riqueza durante todos estos años, evadiendo impuestos y violando todas las leyes vigentes. Son miles de millones de dólares escondidos en paraísos fiscales donde se mezcla lo fugado por las grandes empresas “legales” de nuestro país, plata del narcotráfico, de la trata y de todo tipo de delitos. Una vez más, a cambio de hipotéticas “inversiones”, se les perdonarán impuestos vencidos y les darán todo tipo de concesiones. Como contrapartida, ni siquiera tendrán la obligación de volver a traer la plata a la Argentina. Una auténtica vergüenza.

Hace falta un verdadero plan de emergencia ante la pandemia

Hay que ayudar urgentemente a los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Ellos son los trabajadores que perdieron sus salarios, o los cobran rebajados o en cuotas. Hay que hacer lo opuesto, obligar a que se cumpla la prohibición de suspensiones y despidos, pagar los salarios al 100% de su valor y reabrir las paritarias para otorgar un aumento de emergencia que cubra todo lo perdido. 

A la vez, hay que ayudar a todos los cuentapropistas, pequeños comerciantes, profesionales y monotributistas que hoy no tienen ingresos. Se requiere un IFE de verdad, que no puede bajar de 30.000 pesos por mes. Por supuesto, es necesaria una moratoria, pero para perdonar o financiar impuestos a todos estos sectores populares en crisis, no para privilegiar más a las grandes patronales. 

Y, por sobre todas las cosas, la pregunta del millón es cómo se financia todo esto. Hace falta, sin dilaciones, la implementación de un impuesto a las grandes fortunas. Y tenemos que dejar de pagar inmediatamente la totalidad de la deuda externa. Ahí está el dinero para atender las necesidades de los trabajadores y los sectores populares y obtener el  presupuesto sanitario extra que se requiere para hacer frente a la pandemia.