Más penas para los violentos ¿ Resuelve el problema?

Es muy común que cuando una mujer desaparece la carátula diga "búsqueda de paradero" y ante un caso de femicidio, rápidamente aparezca el atenuante de emoción violenta. Cualquiera de nosotras que haya acompañado a una amiga o hermana a hacer una denuncia a la Comisaría de la Mujer o a la Fiscalía, sabe muy bien las vueltas que dan para tomar la denuncia. Tampoco ponen todos los datos que una relata, a pesar de describir cada uno de los golpes o los abusos. Esto es así, porque todo el aparato judicial, como es parte de este sistema, considera a la mujer inferior al varón y por eso se la puede bastardear y maltratar. Este es el carácter patriarcal de la Justicia que denunciamos: lejos de cuidar a la víctima o a sus familiares, ponen trabas en la investigación o directamente encubren al violento.

El macrismo, luego del femicidio de Micaela García en Entre Ríos, cuando confirmaron que el asesino gozaba de libertad condicional, aprovechó para mandar un paquete de leyes punitivistas (Registro público de violadores, reforma en las excarcelaciones, etc.) que buscan una salida fácil y mediática para decir que algo están haciendo frente a los femicidios. Por su puesto que para los femicidas, violentos y violadores, queremos castigo pero lo que este gobierno se niega a hacer es encarar el problema de manera integral y con una perspectiva de género. Hasta el momento, todos los intentos de aumento de las penas que ya se implementaron en Argentina no dieron resultado: está comprobado porque nos siguen matando. Necesitamos que el gobierno tome el reclamo del movimiento de mujeres.
Estamos en las calles exigiendo presupuesto para que se pueda aplicar la ley 26.485 que plantea, entre otras cosas, la construcción de refugios de contención para quienes sufren violencia de género. Las mujeres se ven obligadas a volver a la casa de su agresor por hambre. Entonces, el problema habitacional es de primer orden. También, resulta de importancia, la inmediatez  de atención psicológica y el acompañamiento legal gratuito, que hoy no está garantizado. Y, fundamentalmente, necesitamos capacitaciones con perspectiva de género en la Justicia para que dejen de culpabilizar a las víctimas en cada uno de sus fallos machistas y patriarcales.