1. Propuestas para mejorar la seguridad.

Los males sociales son consecuencia de años de políticas de abandono, una decisión de todos los que han gobernado ha sido hundir en la pobreza y la indigencia a millones mientras en el país y en la provincia el empresariado rico, las multinacionales y los amigos del poder se enriquecen y se asume la agenda impuesta por el FMI donde se paga la fraudulenta, ilegal e inmoral deuda externa. O como en el caso de Córdoba que tiene una deuda externa pública millonaria y en dólares con organismos internacionales (BID, CAF, BIRF, etc.); dinero que podría destinarse a satisfacer las necesidades no cubiertas de amplios sectores de la población de nuestra provincia.

Los candidatos de los partidos tradicionales pretenden abordar la inseguridad sumando móviles policiales, armamento y cantidad de agentes. Atacan los efectos de un enrome problema, pero no las causas. Miles de jóvenes sufren día a día la exclusión, la falta de oportunidades, de trabajo, educación y salud dignos. De esa manera caen fácilmente en las garras de las grandes organizaciones delictivas. Ahí encontramos las causas principales de la inseguridad.

Por eso desde nuestro Frente proponemos planes de trabajo genuino, con derechos laborales garantizados y salarios que cubran como mínimo la canasta familiar, salud, educación y esparcimiento artístico y cultural. Urgente aumento de salarios, jubilaciones, planes sociales y mejora de condiciones de vida para los trabajadores ocupados y desocupados.

Por otro lado, debemos promover la auto-organización de los vecinos para protegerse del delito(alarmas comunitarias u otros mecanismos elaborados por la ciudadanía y decididos por la vecindad). El código de faltas, la ley de trata y del narcomenudeo sólo sirven para criminalizar la pobreza y la juventud, consolidar el poder de las mafias de la trata de personas y la droga. Sólo se detiene a los jóvenes por su apariencia, a las trabajadoras sexuales y los consumidores de droga, pero ninguna mafia ha sido desbaratada.

Es fundamental desmantelar los entramados de los grandes mafiosos que actúan en connivencia con la policía, miembros de la justicia y funcionarios políticos. También planteamos el inmediato desmantelamiento del aparato policial (cuya forma de organizarse y sus métodos provienen de la Dictadura) y la elección directa del Comisario con el voto popular, tratándose de un cargo renovable y revocable ante incumplimientos.

Los Derechos Humanos garantizan la dignidad de la población, estos gobiernos han tenido políticas en el sentido contrario, de destrucción del trabajo, el salario, la vivienda, la educación y el esparcimiento. En nombre del combate al crimen militarizan los barrios y coartan un derecho básico como es el de circulación aplicando el Código de Faltas. Por eso proponemos su anulación como la de cualquier otra normativa represiva que intente criminalizar la protesta social.

2. Propuestas para frenar el avance del narcotráfico en Córdoba.

El narcotráfico es parte de la red de corrupción de este sistema capitalista contra el cual luchamos todos los días. Los gobiernos nacional y provincial son responsables de esta situación por las tremendas condiciones de vida a las que nos han sometido.

Desde el FIT-Unidad planteamos que es urgente romper la cadena de complicidad entre el poder político, el poder judicial y las fuerzas de seguridad junto con algunos empresarios que lo utilizan para enriquecerse en el marco de que el narcotráfico es el mayor negocio ilegal rentable del mundo.

Para ello hay que perseguir a los verdaderos narcotraficantes, desmantelar sus redes, encarcelarlos y expropiarles todos sus bienes.  Y dejar de  “confundir” el narcotráfico con el narcomenudeo que ejercen los sectores más empobrecidos de nuestra provincia.

Planteamos, además, la legalización de las drogas para quitarles el negocio a estos “empresarios” mafiosos.

Es urgente la implementación de centros de tratamiento para el consumo problemático con especial atención de estas temáticas en la educación pública. Para esto es necesario asignar presupuesto a la salud pública para la atención de todas estas problemáticas, principalmente generando verdaderas políticas de prevención.

3. Cambios propuestos para el sistema educativo provincial.

Han sido años de destrucción del sistema educativo a nivel nacional y provincial. Desde la reforma educativa de la década del ´90 con la Ley Federal de Educación, pasando por el doble discurso kirchnerista que planteaba una mejora sustancial con la Ley de Educación Nacional 26.206 mientras continuaba aplicando los mandatos del FMI, la debacle de la gestión de Macri y el desastre educativo del gobierno de Alberto en pandemia y pos-pandemia.

Esta realidad nacional se replica en cada una de las provincias y, por supuesto, Córdoba no es una isla y el ajuste en educación en un cuarto de siglo de gobierno del PJ es más que evidente: salarios docentes de indigencia, edificios escolares que se caen a pedazos y ponen en riesgo la vida de estudiantes y docentes, cooperadoras escolares que suplen la función que debería tener el Estado, falta de elementos básicos para desarrollar las actividades educativas.

En Córdoba el Schiaretismo, con Grahovac a la cabeza de la cartera de Educación, ha profundizado la destrucción de la educación pública tanto en lo pedagógico, como en las condiciones edilicias y el ataque al salario y a los derechos laborales de la docencia.  Antes de la pandemia y sobre todo durante la misma, este ministerio profundizó el desguase de la educación, y terminó de destruir, por ejemplo, la modalidad de educación especial.

Todos hablan de calidad educativa e igualdad de oportunidades pero en la realidad desfinancian el sistema en favor del negocio de la educación privada. Desde el FIT-Unidad proponemos:

• Triplicar el presupuesto educativo provincial y nacional, suspendiendo los pagos de la deuda externa y eliminando el financiamiento de la educación privada.
• Aumento de salarios a las y los trabajadores de la educación, acorde a la canasta alimentaria y cultural. Prohibición de descuentos y de sanciones por el ejercicio del legítimo derecho a huelga y a reclamo.
• Erradicación de escuelas precarias, aulas contenedores y todo tipo de infraestructura que atente contra la seguridad de la comunidad educativa. Inmediata reparación de todos los edificios escolares de la provincia, construcción de edificios, todas las aulas, baños, laboratorios con sus equipamientos, playones deportivos, y todas las dependencias necesarias. Es el gobierno provincial quien tiene la responsabilidad de mantener en óptimo estado edilicio las escuelas y no las cooperadoras escolares o las comunas e intendencias.
• Fuera la empresa privada de las escuelas. Los diseños curriculares deben recuperar el objetivo central de la educación pública: que sea científica, de calidad, no dogmática, y universal. La educación es una responsabilidad inalienable e irrenunciable del Estado.
• Respeto por el estatuto docentes y el convenio laboral: no a los planes PIT, PMI, CAJ, CAI, FINES, Acompañantes Pedagógicos, etc. que introdujeron la flexibilización laboral en el Sistema Educativo. Prohibición de cierre de cursos y de centros educativos en todo el territorio provincial.

4. Cambios propuestos para mejorar la atención médica en Córdoba.

Ante la enorme crisis del sistema sanitario es urgente declarar la emergencia sanitaria y a la salud como derecho humano.

Proponemos la creación de un Sistema Único de Salud, estatal, gratuito, universal y de calidad, con políticas de prevención, promoción y vigilancia de la salud colectiva, basado en prácticas de humanización en la atención y calidad humano-técnica, financiado por Rentas Generales del Estado, con participación popular en los núcleos de decisión.

Con la declaración de la emergencia sanitaria se impondrá un inmediato aumento presupuestario con el objetivo de: otorgar a las y los trabajadores de los equipos de Salud  salarios mínimos igual a la canasta familiar y capacitación con fondos estatales; destinar fondos a la ley de salud mental para que la desmanicomialización no sea un abandono del paciente; dotar de personal y aparatología necesarios al sistema actual; y la construcción de los centros de atención de diversos grados de complejidad para que la población no deba trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención médica.

Impulsamos la  producción estatal de medicamentos, sueros, vacunas, para proveer gratuitamente. Se puede garantizar realizando convenios entre los distintos estamentos públicos como la Asistencia Pública de la Municipalidad (cuenta con la infraestructura, maquinarias, para la fabricación de medicamentos), el Hospital de Clínicas (que también fabricaba medicamentos), Hemoderivados que depende de la Universidad y fabrica la Hemoglobina que es exportada. Contamos con los profesionales que son formados en la Universidad de Córdoba.

Vamos por la anulación de las leyes privatistas de la salud que crearon el sistema actual del APROSS como entidad descentralizada del poder Ejecutivo Provincial y por la inmediata creación de Seguro de Salud para todos los cordobeses, con afiliados Obligatorios y afiliados voluntarios. Necesitamos una obra social estatal, dirigida y administrada democráticamente por los trabajadores activos y pasivos, en el camino estratégico de lograr un sistema Único de Salud Estatal y Gratuito.

5. Cambios propuestos para el Poder Judicial de Córdoba.

En Córdoba, al igual que sucede a nivel nacional, la independencia de poderes es una mentira. El Poder Judicial es un brazo del Poder Ejecutivo Provincial, es decir del poder político de turno. Así se garantiza la impunidad y la corrupción.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad estamos convencidos de que no existe democracia si hay connivencia entre los poderes del Estado, por eso proponemos:

• Elección directa de jueces, fiscales, camaristas y todos los funcionarios, mandato revocable y que cobren un salario igual a la canasta familiar.
• Le decimos basta a la Justicia patriarcal, machista, y de clase. Aplicación efectiva de la Ley Micaela. Por una justicia con perspectiva de género que defienda de verdad a las mujeres, a las disidencias y a las niñeces.
• Jurados populares en todas las causas judiciales.
• Ante delitos de corrupción y de violencia de género se debe invertir la carga de la prueba: son todos responsables hasta demostrar lo contrario.

6. ¿Qué haría con la Caja de Jubilaciones de la Provincia? (Propuesta a los jubilados y forma de financiamiento)

Ante el robo jubilatorio de Schiaretti y Hacemos por Córdoba, desde el FIT Unidad planteamos:

Derogación de todas las leyes jubilatorias de ajuste (10694, 10333 y toda modificación) volviendo a la plena vigencia de la Ley 8024, con la eliminación y/o modificación de aquellos artículos que conserven privilegios para algunos funcionarios del Estado.

Finalizar de manera inmediata con la intervención a la Caja para que ésta vuelva a manos de sus verdaderos dueños. Para ello proponemos una auditoría externa, mediante una Comisión Independiente de Notables, que en el plazo de 60 o 90 días designe  un directorio democrático en el cual los representantes de los trabajadores y jubilados sean elegidos por el voto directo (con mandato revocable en caso de incumplimiento de sus funciones).

Prohibición de todo tipo de REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL que implique pérdida de derechos y conquistas. Rechazo de tercerizaciones y precarizaciones: pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado Provincial y de los Entes Autárquicos quienes de manera inmediata tendrán calidad de aportantes a la Caja.

7. Planes sociales provinciales. ¿Qué programas continuaría? (Boletos gratuitos, Paicor, Salas Cuna, tarjeta alimentaria, créditos Vida Digna)

En el marco de la profunda crisis social, todos los planes deben continuar de manera paliativa, pero  con la perspectiva de lograr soluciones de fondo que permitan a todas las personas acceder a una mejor calidad de vida, garantizando los derechos básicos a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros.

PAICOR:  pase a planta permanente de las trabajadoras auxiliares de PAICOR, con salario igual a la canasta familiar, a cargo del estado y no de empresas privadas. Basta de tercerizar servicios.

SALAS CUNAS y otros programas para el cuidado de la primera infancia: Pase a planta, profesionalización de quienes están en las salas cunas e ingreso por concursos, para garantizar la atención con calidad de las niñeces.

Aumentar los montos de las ayudas sociales, que hoy están por debajo de la línea de indigencia.  Garantizar los fondos para ayudas sociales, de hábitat y otras, a través de la quita de subsidios a las grandes multinacionales que hoy se encuentran eximidas de impuestos.

Universalizar el boleto gratuito independiente del lugar de residencia, sin discriminar interior de capital.

8. Vivienda Social. Propuesta para los próximos 4 años y cómo financiaría ese programa.

El déficit habitacional es cada día más grave y afecta a toda la provincia, principalmente en las barriadas populares.

En este cuarto de siglo de gobierno peronista, la calidad de vida de cientos de familias de la provincia se ha visto disminuida y eso se refleja en el déficit y carencias habitacionales como en la gran cantidad de habitantes que no pueden acceder a la casa propia, que deben alquilar a precios exorbitantes e incluso cohabitar con sus familias de origen.

En Córdoba faltan aproximadamente 400 mil viviendas, los trabajadores y la clase media empobrecidos se ven obligados a pagar alquileres cuyos precios, al ritmo de la especulación inmobiliaria, aumentan muy por encima de los salarios.

Frente a la fragmentación, dispersión y falta de articulación de las políticas territoriales, creemos que las políticas de vivienda deben ser integrales y articuladas con los movimientos sociales urbanos, vecinos, instituciones educativas, organizaciones barriales y políticas para lograr una visión integral de las problemáticas y de las estrategias de acción.

Es urgente incorporar el concepto de “Función Social de la Propiedad” (Constitución Nacional 1994) las políticas urbanas, para reconocer que la tierra es de quien la trabaja, de quien la vive y no de los desarrollistas urbanos. Las políticas urbanas en general articulan sus decisiones desde una perspectiva que naturaliza la lógica de la renta especulativa del suelo. Se debe establecer mecanismos específicos con la lógica de eliminar las expectativas especulativas, multando la retención de inmuebles, implementando el sistema de banco de tierras, y la compra por parte del estado para su posterior redistribución.

Con el objetivo de ampliar las opciones a una vivienda digna. Se debe avanzar en el “Alquiler Social” donde la intervención del estado regule y reduzca los incrementos de costos (Mesa Paritaria), elimine los abusos en las exigencias a los inquilinos para acceder a alquilar, y garantice una buena calidad de vida.

Teniendo en cuenta la existencia de asentamientos informales urbanos y periurbanos generados en todo el país como respuesta de los sectores populares frente a las restricciones de acceso a la ciudad. El estado debe abordar esta problemática de MODO INTEGRAL. La urbanización de las denominadas “villas” o asentamientos, desde ya imprescindible no basta con solo la infraestructura urbana si no que debe estar acompañado por políticas públicas para integrar esos sectores a la ciudad: Trabajo, Educación, Salud, Espacio público.

Ante la informalidad de muchas familias respecto a la propiedad del inmueble/tierra donde habitan, se deben desarrollar políticas públicas y programas más amplios de regularización de la tierra urbana, semiurbana y rural. Políticas que reduzcan los plazos para adquirir el dominio por usucapión o prescripción.

Ley de Emergencia Habitacional ya, para prohibir desalojos en el ámbito urbano y rural.

Por un plan de viviendas populares para adquirir a tasa cero proveniente del Banco de córdoba.

Impuesto a la vivienda ociosa para liberarlas  de la especulación inmobiliaria.

Con la reforma tributaria y la suspensión inmediata de la deuda pública provincial se podrían realizar planes de vivienda, generar puestos laborales, y reactivar las economías regionales, resolviendo además el enorme déficit habitacional de la provincia.

9. Impuestos provinciales. Propuesta general. En caso de plantear reducción de algún tributo, especificar cómo compensaría la falta de esos recursos.

Ante las desigualdades sociales existentes en la actualidad desde el FIT-Unidad planteamos una reforma tributaria para que pague más el que más tiene, impulsando como una de las más urgentes medidas la reducción de impuestos y tarifas a trabajadores y sectores populares y tarifas sociales escalonadas acordes a los ingresos de cada familia.

Para este equilibrio de fondos y para una distribución justa y equitativa de los recursos planteamos:

Impuesto a las grandes  fortunas.

 Impuesto progresivo a las ganancias de las multinacionales, especuladores inmobiliarios, y empresas vinculadas al agro negocio.

Suspensión del pago de la deuda externa provincial.

10. Deuda provincial. ¿Cuál sería la estrategia financiera ante el pasivo en dólares de la Provincia?

La deuda cordobesa es parte de la deuda externa provincial y Córdoba es una de las provincias más endeudadas. Venimos denunciando de que la deuda pública provincial es millonaria, en dólares, impagable y ha sido utilizada para la obra faraónica de campaña electoral, para el beneficio de los grandes desarrollistas urbanos y las mega empresas de construcción y no para dar solución a las verdaderas y urgentes necesidades del pueblo trabajador.

La deuda pública de la provincia de Córdoba, según el último dato oficial es de 2.500 millones de dólares, el  93% de esa deuda es en dólares. Esto implica que ante cualquier devaluación como la que vivimos hoy o si llegase a haber una devaluación fuerte, esa deuda en millones de dólares podría duplicarse.

Todo esto va en desmedro de la calidad de vida del pueblo trabajador de Córdoba, de amplios sectores populares que no acceden a la vivienda, a la salud, a una educación de calidad, a derechos básicos como el de comer y vestirse.

Creemos que es fundamental, en primer lugar, la suspensión inmediata de toda la deuda que haya  contraído el gobierno de la provincia de Córdoba. Y proponemos no solamente suspender los pagos de capital e intereses sino también avanzar con la reforma tributaria para que pague más quien más tiene, y así poder llevar adelante la resolución de los males estructurales de Córdoba en cuanto a salario, jubilaciones en baja y la necesidad de combatir el hambre y las desigualdades sociales.

11. Obra pública. Qué rubros priorizaría y cómo financiaría esas inversiones.

En primer lugar daríamos prioridad a la construcción de los planes de viviendas populares con toda la infraestructura necesaria, no solamente de servicios sino también de Educación y de Salud.

Implementaríamos la reparación inmediata de todas las escuelas que hoy se caen a pedazos y la construcción de nuevas escuelas en aquellos lugares donde el servicio educativo es necesario y no existe o funciona en lugares prestados o en otros edificios no aptos, previo relevamiento y censo de todos los barrios y de todos los departamentos de la provincia para poder desarrollar la infraestructura escolar de acuerdo a las necesidades de las distintas localidades.

En materia de salud: realizaríamos el mismo proceso con los hospitales y centros de atención médica, previo censo en toda la provincia. De esta manera  se evitaría el traslado de pacientes de lugares remotos a lugares más céntricos u otras ciudades.

Consideramos que vivienda, escuelas, hospitales, vías de acceso y la mejora sustancial en infraestructura en las barriadas populares, constituyen la obra pública prioritaria, una necesidad urgente y nada tiene que ver con las obras faraónicas de campaña electoral a la que se ha dedicado durante todos estos años el gobierno de Schiaretti.

Para nosotros la obra pública en manos del Estado  es parte de nuestro plan económico alternativo para la generación de trabajo con derechos que permita terminar con la desocupación, resolver el grave problema de vivienda, reactivar la economía, el comercio y los servicios.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Schiaretti y su modelo peronista cordobesista mostraron en las últimas semanas su decisión de llevar a fondo la política de ajuste, miseria y represión para el pueblo trabajador. Llevan casi un cuarto de siglo gobernando a favor de los grandes empresarios y el FMI, modelo que pretende llevar como candidato a presidente.

En un contexto de enorme crecimiento de la crisis social y económica, de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 102% interanual que golpea los bolsillos de las y los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, los gobiernos nacional y provincial son responsables.

En ese marco, la Justicia de Córdoba, dependiente del poder político, a través del fallo del juez Fernández López, efectuó imputaciones en contra de al menos seis dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril. Una medida ilegal y arbitraria, antipopular y anti obrera. Este fallo es la concreción, en los hechos, de los proyectos de criminalización de la protesta que desde 2022 intentan imponer tanto el PJ cordobés como sus socios de Juntos por el Cambio.

Desde nuestra banca repudiamos estos hechos a través de un comunicado y de un proyecto legislativo, pero también acompañando a Tribunales al secretario general de ATE-CTA Autónoma, Federico Giuliani, y participando en la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social.

Vamos a seguir defendiendo el derecho a reclamar y a movilizar, reivindicando las luchas de la salud, de la docencia, de los trabajadores ocupados y desocupados por el derecho a la comida y a una vida digna.

Solo con la más amplia unidad, organizados y en las calles podremos combatir el ajuste, el hambre y la criminalización de la protesta social. ¡Luchar no es delito!
 
 
 

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

En los primeros meses de 2023 el brutal ajuste de los gobiernos arrasa con los bolsillos de los trabajadores. En Córdoba, el peronista Schiaretti toma deuda millonaria en dólares para obras faraónicas y gasta millones en publicidad electoral pero no resuelve los graves problemas de la provincia, a pesar de contar con superávit: los conflictos salariales de los estatales, las demandas de los sectores más empobrecidos o la reparación y acondicionamiento de escuelas y hospitales. Por el contrario, gobiernan para el empresariado rico y el agro.

Desde los primeros días de febrero nos movilizamos por la reincorporación de 24 trabajadores despedidos de Atanor Río Tercero; continúan los despidos encubiertos a las trabajadoras precarizadas de Paicor; se profundiza el conflicto de Salud; se abre el ciclo lectivo con un contundente No Inicio y una masiva movilización docente por salario y condiciones laborales. También continúan las protestas contra los femicidios y la falta de presupuesto y políticas para protección de las mujeres y disidencias y las niñeces. Schiaretti y el PJ cordobés son responsables del robo jubilatorio del 82% móvil, de la destrucción y saqueo ambiental, del gatillo fácil y de la pobreza e indigencia que asciende a más del 60%.

El PJ y la oposición patronal de Juntos por el Cambio vuelven a la carga con los proyectos para criminalizar la protesta social y aplicar mayor represión para hacer pasar el ajuste. Buscan limitar el derecho a la protesta callejera, imponiendo la media calzada y el “protestódromo”; y multar, enjuiciar y encarcelar a quienes luchan.

En 2022 frenamos el avance de estos proyectos, a través de la organización y la movilización, coordinando con los sectores en lucha. Desde Izquierda Socialista impulsamos la conformación de una multisectorial que sumó a gremios, organizaciones sociales, los partidos del FIT Unidad y otros espacios políticos para derrotar a los partidos patronales y su intento represivo. También, al gobierno le jugó en contra el resonado caso del crimen vial cometido por el legislador González, un hecho que ha dejado a la vista el entramado de impunidad, corrupción y complicidad entre la justicia y el poder político.
Desde Izquierda Socialista llamamos al conjunto de las organizaciones a reactivar la multisectorial y, a través de la unidad de los luchadores en las calles, dar por tierra con estos proyectos y la política represiva y ajustadora de los partidos patronales.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

El actual gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti, lanzó su candidatura presidencial junto al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Con un discurso “anti grieta” intenta captar a las y los votantes decepcionados a la vez con la oposición patronal de Juntos por el Cambio y con el gobernante peronista del Frente de Todos.

Recordemos que esta variante peronista ya fracasó en 2019 con Alternativa Federal. En ese momento terminó desarmándose, ya que Massa terminó en el Frente de Todos y Pichetto en Juntos por el Cambio. Ahora se pretende reeditar el espacio buscando acercar a sectores del peronismo como el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y de la burocracia sindical como Cavalieri del sindicato de Comercio.

Este nuevo armado peronista presentado como “tercera vía” es un nuevo engaño. La mejor muestra es su propio candidato a presidente y su actuación al frente de nuestra provincia. En Córdoba se viven los mismos flagelos que se padecen en el resto del país. La pobreza tiene índices más altos que el promedio nacional, con una inflación que destruye el poder adquisitivo. Con la desocupación y los bajos salarios sucede lo mismo, lo que generó la enorme rebelión de la salud y las luchas docentes. La destrucción ambiental, con los permanentes incendios forestales para beneficiar el negocio inmobiliario y agroindustrial, también tiene a la provincia encabezando las políticas de saqueo. Ni hablar de los casos de gatillo fácil, donde está en pleno desarrollo el juicio por el asesinato y posterior encubrimiento policial de Blas Correa. Los femicidios crecen año a año en la provincia. Incluso su ex jefe de defensa civil, Diego Concha, está detenido por este delito, mientras en el Polo de la Mujer, sin presupuesto, las trabajadoras están precarizadas al extremo.

El reciente crimen vial provocado por Oscar González, legislador peronista de Schiaretti y presidente de la legislatura, quien mató a una docente y dejó gravemente heridas a dos adolescentes, desató una enorme crisis provincial cuando empezaron a conocerse los encubrimientos de la policía y del poder judicial, garantizando hasta hoy la impunidad.

La realidad es que la tercera vía de Schiaretti no tiene nada nuevo. Es la aplicación, con otro discurso, de la política de ajuste y saqueo que viene implementando el gobierno del Frente de Todos, como antes lo había hecho el de Macri. Recordemos que los diputados de su corriente política, en el Congreso nacional y en las legislaturas, votaron cuanta ley de ajuste necesitó el gobierno nacional, empezando por la gran estafa del acuerdo con el FMI. En síntesis, en Córdoba tenemos una muestra de porqué Schiaretti no es en absoluto una salida para el pueblo trabajador.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Al igual que el presupuesto 2023 que se votó en el Congreso de la Nación, el plan económico del peronista Schiaretti y Hacemos por Córdoba es un traje a medida del FMI, cumple con todas sus exigencias en cuanto a recortes y ajustes en las áreas más sensibles, ataca el salario de los estatales, golpea los bolsillos del pueblo trabajador con impuestazos y tarifazos y le garantiza las ganancias y la exención impositiva a los grandes grupos empresarios.

En un contexto nacional y provincial de profundización de la crisis económica y social, con una inflación que en diciembre llegará a tres dígitos y con los altísimos índices de pobreza e indigencia que mantiene la provincia de Córdoba, este presupuesto es un plan de ajuste y miseria que deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno: menos salud, menos educación, menos trabajo y más precarización laboral y, por supuesto, más obra pública faraónica de campaña electoral para asegurar los votos de la próxima elección.

En este marco se desarrolla en la provincia una enorme rebelión de los equipos de salud que han salido, de manera autoconvocada, a luchar por salario y condiciones laborales con miles de trabajadores tomando las calles el miércoles 16 y convocando a una nueva multitudinaria marcha el miércoles 23. Mientras tanto Hacemos por Córdoba en conjunto con la oposición patronal discuten leyes de criminalización de la protesta social para hacer pasar, vía la represión, el mayor ajuste en el próximo periodo.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos de manera contundente este presupuesto y llamamos a movilizar, junto a la Multisectorial, contra los planes de ajuste de Schiaretti y Hacemos por Córdoba y contra todo intento de criminalizar y regular el derecho a la protesta social.

Plata para salud, educación, vivienda y las más urgentes necesidades del pueblo trabajador, no para la deuda externa y el FMI.