Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza

La suspensión de clases y la cuarentena de los docentes fue una verdadera pelea que tuvimos que dar para defender la salud de los niños, docentes, auxiliares y millones de familias. No bien se conocieron datos de la pandemia, Izquierda Socialista y los compañeros de Docentes en Marcha comenzamos a exigir que se suspendieran las clases para evitar la posibilidad de contagios masivos. Mientras, impulsamos que donde no se garantizaran insumos e infraestructura escolar necesaria, definiéramos con las familias el cierre provisorio de la escuela. La negativa del gobierno fue apoyada por la burocracia de Ctera y Suteba en la voz de Roberto Baradel: “Por dos muertos no vamos a suspender las clases en todo el país”, dijo.

Días después, el ministro de Educación Trotta decretó la suspensión de clases, pero “con los maestros asistiendo a las escuelas”. Este absurdo fue repudiado por la docencia que, apoyada por los sindicatos combativos, con diferentes medidas, evitó arriesgar su salud. Finalmente, se declaró la cuarentena social para todos. Pero el gobierno insiste en que los docentes tengamos que romper la cuarentena.

Muchos gobernadores, respaldados por la burocracia Celeste y algunas agrupaciones, piden que los docentes (y auxiliares) vayamos “voluntariamente” a realizar diferentes tareas con las escuelas abiertas, como armar bolsones de comida o de materiales escolares, o hacer listados. Larreta, por ejemplo, aprovecha la pandemia para declarar la educación como “servicio esencial” para después ir contra el derecho de huelga. Y obliga a los docentes tercerizados de jornada extendida a que vayan a colaborar a los hoteles donde familias deben hacer cuarentenas por el coronavirus y, si no van, no cobran. También Kicillof, aprovechando que casi 30.000 docentes no pudieron tomar cargos porque se suspendieron los ofrecimientos por la cuarentena y no cobran nada, lanzó un programa que dará a estos docentes $10.000 míseros, con la condición de que vayan a “tareas en las escuelas”, rompiendo la cuarentena. Se los quiere enviar a armar bolsones de comida y repartirlos en las escuelas a centenares de familias que van a retirarlos, sin insumos de seguridad ni aislamiento. Así, además de arriesgar su salud y la de su familia, se compromete la de las madres y padres que se amontonan en las escuelas. Encima, una fuerte denuncia de docentes y padres es que en general los bolsones son minúsculos y no alcanzan para las familias que van, generando mucho malestar.

Izquierda Socialista, Docentes en Marcha, Ademys, los Suteba Multicolores y el sindicalismo combativo hemos rechazado que los gobiernos quieran usar a los docentes para tareas no educativas, arriesgando su salud. Entendemos y compartimos el sentimiento de solidaridad de la docencia para con sus alumnos y familias. Por eso reclamamos que sea el gobierno, provincial o municipal, quien reparta los bolsones, casa por casa, garantizando los materiales de seguridad para los que lo realicen. Y exigimos que se aumente el número de bolsones y la calidad y cantidad de insumos y alimentos de cada uno para que alcance para evitar el hambre en cada familia mientras dure la cuarentena.

El gobierno es el responsable de la salud, la seguridad, el cobro de salarios, ayuda social y la alimentación de todos, los docentes, los trabajadores y el pueblo y las familias. Con el fondo de emergencia, con la plata de los empresarios y de la deuda externa lo tiene que garantizar.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista criticamos cómo, ante la pandemia, las autoridades universitarias lanzaron un fallido, inconsulto e improvisado sistema de “clases virtuales”. Señalamos qué requisitos son necesarios para pensar algún tipo de “normalización” cuando el retroceso de la pandemia así lo permita; y nuestra propuesta de que del fondo de emergencia económica que nuestro país necesita para enfrentar la crisis del coronavirus también se contemple una partida de emergencia para el sistema universitario.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), recomendó a las universidades aplazar la fecha de inicio de las clases del 13 de abril, generando en algunas un corrimiento de las clases presenciales hasta al menos junio. Las resoluciones adoptadas nada dicen sobre cómo se va a garantizar una cursada con condiciones de seguridad e higiene para reunir a miles de estudiantes en pleno otoño e invierno y con la pandemia del coronavirus azotando a nuestro país y el mundo como prevén los especialistas.

Flexibilización laboral solapada

Paralelamente se observa la pretensión de avanzar en la flexibilidad laboral de la mano del “teletrabajo” que veneran el gobierno, las patronales, la Federación Universitaria Argentina (FUA, dirigida por la UCR) y las gremiales docentes conducidas por el oficialismo peronista. Como Feduba de la Conadu que sacó un infograma dando los “pasos” para disfrutar del trabajo desde la casa a sus afiliadxs.

Las primeras semanas de dicho cursado virtual han sido en gran medida fatídicas. Desde la UNC, por ejemplo, surgen numerosas denuncias del colapso de las “aulas virtuales”, reclamos de estudiantes por la dificultad de cumplir con las tareas domiciliarias dispuestas, así como también las amenazas de perder la regularidad por dificultades para conectarse en los horarios requeridos. Por su parte, lxs docentes señalan que se ven obligadxs a estar 24 horas pendientes de las consultas. En la UNLP también ocurrieron hechos como la expulsión y abandono a su suerte de lxs estudiantes que vivían en el Albergue Universitario.

Necesitamos soluciones de fondo

La SPU sugiere dictar los dos cuatrimestres entre junio de 2020 y marzo de 2021. Reiteramos que, más que poner fechas de “normalización” que nadie sabe si van a poder cumplirse, las universidades deberían estar preocupadas por acompañar los reclamos que emergen del sistema de salud. En lo que hace al ciclo lectivo, decimos que deben prorrogarse vencimientos de materias y finales, regularidades, inscripciones y todos los trámites burocráticos que tienen las universidades.

Por otro lado, señalamos que no puede ocurrir ningún tipo de normalización de la cursada sin acuerdo y debate democrático con la comunidad de cada una de las universidades, y hasta que las condiciones de preservación ante la pandemia así lo permitan. También afirmamos que es necesaria una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar un aumento de las becas, en su cantidad y monto; también partidas extraordinarias para garantizar las condiciones de infraestructura, recursos higiénicos, presencia de profesionales de la salud, y demás recursos necesarios para preservar a la comunidad universitaria.

Dichos recursos deberían salir, como proponen Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda- Unidad, de un fondo de emergencia construido en base a impuestos a las grandes empresas y multimillonarios, así como también del cese del pago de la deuda externa que el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido incluso en medio de la cuarentena.

Juventud de Izquierda Socialista

Escribe Martín Fú

La burocracia sindical está pactando con las patronales, con el argumento de la profundización de la crisis provocada por el coronavirus, rebajas salariales, suspensiones y despidos y el levantamiento de la cuarentena. Se colocan así como un virtual aliado de los empresarios, quienes siguen presionando día a día para seguir priorizando sus ganancias a costa de las necesidades del pueblo trabajador y poniendo seriamente en riesgo la salud de estos.

Hace una semana, el presidente Fernández hizo un fuerte elogio de Hugo Moyano: “un dirigente gremial excepcional”, lo describió en la “cuarta inauguración” del sanatorio Antártida. Dicho encuentro fue seguido por otros con el resto de la burocracia de la CGT y, a posteriori, por la reunión de la propia CGT con la UIA.

Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, ya le habían llevado al presidente Alberto Fernández las exigencias de la Unión Industrial Argentina y los empresarios. Como lo aclaró el propio Daer “La idea es, a partir del 13 de abril, volver a poner en marcha sectores de la economía”. (Página12, 3 de abril).

Los dirigentes sindicales cegetistas se alinean no sólo en el pedido del levantamiento de la cuarentena, sino que también terminan aceptando el argumento de las rebajas salariales y las suspensiones y despidos, más o menos encubiertos. Planteos como “los turnos rotativos”, con la excusa de evitar la aglomeración en los transportes, terminan siendo argumentos a medida de las patronales, que habilitan así la mayor flexibilización laboral.

En medio de la pandemia estos acuerdos de la burocracia con las patronales, totalmente a contramano de lo que realmente necesitan los trabajadores, contrastan con la pelea que está realizando el sindicalismo combativo y otros sectores opositores.

Así tenemos los ejemplos de los ferroviarios del Sarmiento, que se plantaron frente a la patronal que no le entregaba los insumos mínimos de seguridad y pretendía que concurran a trabajar todos los ferroviarios sin respetar los que son realmente esenciales para el servicio. O la de los trabajadores de la salud, tanto de la Cicop como del SITE (sindicato tucumano de enfermería) de Tucumán, que denuncian todas y cada una de las carencias del sistema mientras permanecen en la primera línea de la pelea contra la pandemia.

Se multiplican los ejemplos de los trabajadores que reclaman y resisten los abusos de las patronales que utilizan al coronavirus como excusa, o que priorizan sus ganancias antes que la salud de los trabajadores. Ante una burocracia que los deja solos, y pacta con las patronales, es más necesario que nunca pelear por otro modelo sindical, democrático y combativo, que escuche y responda a los reclamos de la base como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo.

Escribe Olga Ortigoza, dirigente del Suteba La Matanza

Dolor e indignación se sintió en los hogares de La Matanza al enterarnos que un trabajador del Mercado Central, oriundo de La Tablada y de tan solo 41 años moría por efecto del coronavirus.

Es que uno de los gerentes de la empresa Cruz del Sur había llegado a mediados de marzo desde Chile sin respetar la cuarentena tomando contacto con los trabajadores sin ningún tipo de protección. Los trabajadores  venían reclamando insumos de protección personal y la empresa no les daba respuesta. Cuando se enteraron que uno de sus compañeros estaba infectado por el virus pidieron que las instalaciones de la empresa en el Mercado se cierren hasta que se haga una desinfección total, pedido que fue desconocido por la patronal, como así también por los delegados del gremio de camioneros. Actualmente hay otros trabajadores de la empresa que están internados, posiblemente también infectados con Coronavirus. El municipio, encabezado por Fernando Espinoza, al enterarse de la situación no tomó ninguna medida al respecto.

Desde Izquierda Socialista hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido y repudiamos a la Empresa Cruz del Sur que, como en otras empresas, presionan a sus trabajadores para que trabajen sin las mínimas condiciones de seguridad; y muchos de ellos sin respetar la cuarentena con tal de mantener sus ganancias. Exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional que tomen cartas en el asunto, controlando el accionar de las empresas y sancionando fuertemente a quienes incumplan estas medidas.

No a las rebajas salariales en Mc Donalds

En el medio de la crisis del coronavirus la multinacional estadounidense decidió pagar solo entre 2.000 y 2.500 pesos a cada empleado y quitar beneficios como el presentismo. En 2019 Mc Donalds tuvo una ganancia mundial de 6.500 millones de dólares y en la Argentina vendió en el mismo año 150 millones de hamburguesas en sus 227 locales. Como se ve, la empresa no puede aducir problemas económicos para pagar salarios. Actualmente la empresa sigue trabajando bajo la modalidad delivery. Como si no alcanzara con descontar brutalmente los sueldos la patronal obliga a los trabajadores a hacer cursos por internet amenazando con sancionar a quienes no los realicen.

Lo que sucede en Mc Donalds, también se repite en las cadenas multinacionales como Burger King, Mostaza, Wendys y KFC y son un reflejo de las condiciones de precariedad absoluta en la que trabajan miles de jóvenes en el país en empresas como Rappi, Glovo y los call centers.

Nos solidarizamos con los trabajadores de Mc Donalds y del resto de empresas, repudiamos la rebaja salarial y el ataque a sus derechos. ¡Que la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores!

Tucumán: trabajadoras de Desarrollo Social no cobran

Los trabajadores de diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social están cansados, de la tercerización, contratos de locación de servicios y al trabajo en condiciones precarias se suma la falta de pago de los sueldos. En la mayoría de los casos la mora alcanza tres meses. Cuando no se pagaba enero ni febrero la culpa era de la crisis económica provincial. Ahora, de la pandemia. Un grupo de trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia no cobra sus sueldos desde julio de 2019. Esta situación se repite en otras áreas dedicadas al cuidado de niños en situación de riesgo y adolescentes en conflicto con la ley. No tienen obra social ni ART, teniendo que desarrollar visitas a barrios periféricos corriendo riesgos de agresiones, robos, etcétera, sin ninguna protección ni cobertura. Se está desarrollando un fuerte proceso de auto convocatoria con el silencio cómplice de los dirigentes de ATE y UPCN, que dejan solos a los trabajadores. 

Ferrocarril Belgrano Sur suspendido por caso de coronavirus

El servicio se encuentra interrumpido debido a que una enfermera que realiza tests de alcoholemia a los trabajadores del ferrocarril presenta síntomas de coronavirus. Se trata de un claro caso de negligencia de la patronal que en el medio de la pandemia dispone que se sigan realizando ese tipo de tests, lo que supone un contacto estrecho entre la enfermera y los trabajadores. Alrededor de 162 empleados, entre guardas y conductores de la línea tuvieron contacto con la enfermera, con la gran posibilidad de contagio que esto implica. Actualmente todos ellos se encuentran aislamiento y seguimiento ambulatorio.

 Por otro lado se ven perjudicados por esta situación los seis mil trabajadores que realizan tareas esenciales y seguían utilizando el servicio, la mayoría de ellos viven en zonas donde el único ferrocarril que circula es el Belgrano Sur. Otro caso de negligencia patronal que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, política que deja correr la burocracia de la Unión Ferroviaria. Opuesto a lo que hace el sindicalismo combativo, como los ferroviarios del Sarmiento que impusieron con peleas a la patronal que disponga insumos, guardias mínimas y que no se realicen los tests de alcoholemia para preservar la salud de los ferroviarios.

Despidos y rebaja salarial en la zona sur

Varios casos de despidos, rebaja salarial y aprietes de distintas patronales se han sucedido durante la cuarentena en la zona sur del conurbano. En el frigorífico Penta, en Quilmes, la patronal cerró sus puertas y dejó a 250 familias en la calle luego del intento de despido de la comisión interna y de veinte delegados. Los trabajadores permanecen cortando Camino General Belgrano en la puerta del establecimiento. En Dánica la empresa despidió a cinco trabajadores aduciendo que se negaron a trabajar horas extras, mientras debe dinero de los sueldos. Los trabajadores realizaron un paro, luego se dictó la conciliación obligatoria y ahora están a la espera de que la patronal decida si acatar o no. En Danone (La Serenísima) la patronal intenta aplicar una reducción de 40% en los sueldos mientras sigue produciendo. En Mascardi la patronal no abonó los salarios de marzo. El lunes 6 las líneas 540 y 553 del Grupo DOTA realizaron un cese de actividades por el pago incompleto del salario y, ante la contundencia de la medida, la patronal finalmente pagó lo adeudado. Estos abusos abren con todo la pelea para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los capitalistas.

Jorge Macri precariza y despide

El jefe de gobierno de Vicente López, uno de los municipios  más ricos del país, despidió a más de 30 trabajadores del área de Seguridad, quienes realizan tareas de monitoreo o manejan los móviles del municipio. Fueron notificados por email, whatsapp o llamados telefónicos, una informalidad que se refleja en los contratos a 90 días, renovables o no, que Macri somete a casi la totalidad de los empleados municipales. Entre los despedidos había trabajadores con licencia médica o lactancia. Luego denunciar públicamente los despidos y la precarización, el intendente dio marcha atrás y prometió mantener el vínculo laboral por 60 días más.

Crisis en el puerto de Mar del Plata

Las pesqueras Angelito, Silomar y otras, no volverían a abrir luego de la cuarentena. Esto se suma a los más de 500 obreros de la pesca que perdieron su trabajo en los últimos meses. Trabajadores del puerto de Mar del Plata denunciaron que el gobierno no tiene contemplada ninguna ayuda para los obreros de la industria pesquera marplatense y que la situación en el sector es cada vez más crítica.

Curtiembre Sadesa despide

La empresa de la familia Galperin, Marcos es dueño de Mercado Libre, ha enviado sendos telegramas de despidos, a hacerse efectivos desde el 5 de abril, es decir, violando el decreto del ejecutivo que prohíbe los despidos y suspensiones.

Acumar: que se pague lo adeudado y se respete la cuarentena

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Infraestructura, viene hostigando a las cooperativas de trabajo que cumplen tareas en los márgenes del Riachuelo a que se reincorporen en sus labores. Es una irresponsabilidad completa que atenta contra la salud de cientos de compañeras/os. Y lo hacen a sabiendas de que está vencido el convenio y hay un atraso de un mes en el pago de las partidas dedicadas a insumos, transporte, seguros, etcétera. Exigimos que se pague lo adeudado, se renueve el convenio y se revierta la postura de romper la cuarentena.

A siete años de la inundación en La Plata

El pasado 2 de abril se cumplió el séptimo aniversario de esa tragedia evitable. Las asambleas de inundados hicimos un recordatorio diferente debido al aislamiento social, fue virtual y difundido por las redes sociales. Hicimos un video donde leímos un documento, se mostraron imágenes de aquel momento y se agregó el listado de las víctimas.

Recordamos cómo el estado abandonó a los vecinos, que nos ayudamos unos a otros. El juicio a los responsables fue una muestra de impunidad, donde Scioli y Bruera ni siquiera fueron acusados, y cómo el intendente Garro miente con las obras diciendo que ya podemos dormir tranquilos, cuando estudios que él mismo encargó a la UNLP dicen lo contrario.

Las asambleas de inundados recordamos esta triste jornada y renovamos nuestro compromiso para continuar la lucha.