Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos cumplió la meta de ajuste exigida por el FMI para todo 2022. Es más, la sobrecumplió, ya que se le exigía bajar el déficit fiscal hasta el 2,5% del PBI y “siguió de largo” y la bajó hasta el 2,4%.

Por supuesto, los costos los pagó el pueblo trabajador. Es que estamos hablando de dos billones de pesos, que tenían que haber sido dedicados a salario, trabajo, jubilaciones, ayuda social, educación, salud y vivienda, y en cambio se “ahorraron” para cumplir con los pagos de la usuraria deuda con el FMI. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, el monto de las prestaciones jubilatorias se achicó en un 5,6% con respecto al año anterior. También sufrieron reducciones las partidas de asignaciones familiares, AUH y gastos de asistencia social en general. La reducción en “subsidios económicos” (transferencia a las empresas privatizadas) también la terminó pagando el pueblo trabajador a través de los tarifazos en curso.

La historia, lamentablemente, no termina aquí, ya que el plan de ajuste acordado por el gobierno con el Fondo exige profundizar el ajuste en este 2023, hasta llevar el déficit a 1,9% del PBI. Según lo establecido, seguirán los recortes a costa de jubilaciones, salarios públicos y transferencias a las provincias (que gestionan educación y salud, con el consiguiente achicamiento de los fondos para esos rubros). Es el ajuste sin fin, a que nos lleva el endeudamiento maldito.

Escribe José Castillo

Esta semana el gobierno de Alberto Fernández le hará dos nuevos pagos al FMI: uno por 692 millones de dólares y otro por 710 millones. En conjunto, más de 1.400 millones de dólares. Dinero que, como hemos explicado montones de veces, podría ser aplicado para resolver las más urgentes necesidades populares. Al tipo de cambio que se le reconoce a los especuladores (Contado con Liqui o Mep, o sea 380 pesos por dólar) son 532.000 millones de pesos. Según el portal Reporte Económico, el costo de construcción de una vivienda social es de 10 millones de pesos, por lo que estamos diciendo que lo pagado solo en esta semana al FMI equivale a 53.200 viviendas. A cuatro trabajadores por vivienda, se pudieran haber generado más de 200.000 puestos de trabajo genuino.

Desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, con este pago se llevarán abonados al Fondo más de 6.000 millones de dólares solo en concepto de intereses. Esto quiere decir que todavía no se ha cancelado ni un peso de los 45.000 millones que se adeudan de capital.

El acuerdo firmado en marzo pasado por el entonces todavía ministro Martín Guzmán exige el cumplimiento de un durísimo y creciente ajuste (achicar el déficit a 2,5% del PBI en 2022, a 1,9% en 2023 y a 0,9% en 2024). En contrapartida, durante el recién finalizado 2022, el FMI envió una masa de dinero equivalente a los vencimientos de ese año. Esto ya no sucederá en 2023. Ahora, además de cumplir con las pautas de ajuste arriba mencionadas, habrá que abonar intereses por 3.500 millones de dólares de más que todos los desembolsos del Fondo en el año. Y todo esto sin hablar de la montaña impagable que se viene para 2024 y 2025. Se trata de la mejor demostración de que no hay salida si seguimos con los pagos de deuda y el acuerdo con el FMI.

Escribe Claudio Funes

A pesar del dramático contexto en el que viven el pueblo trabajador y los sectores populares, de profundización de la pobreza, desocupación, precarización laboral, bajos salarios e inflación galopante, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner buscan colocar como prioridad el juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En pleno año electoral, Alberto Fernández quiere mostrar alguna iniciativa ante su base de votantes y aglutinar la tropa a su alrededor. Es un circo al que con gusto se suma la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Ambos son “los socios de la grieta”. Y obviamente, un show mediático alrededor de si “juicio político sí o juicio político no” a la Corte Suprema le cae como anillo al dedo.

Por ello, el pasado miércoles 11 de enero el gobierno llamó a sesiones extraordinarias en Diputados para que comience a funcionar la Comisión de Juicio Político a partir del 23 del mismo mes. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade estima que el proceso durará unos seis meses, con lo cual durante buena parte del año electoral habrá circo garantizado. Mientras se tapa por supuesto, la entrega al FMI, el mayor ajuste, la pulverización de salarios y jubilaciones y el incremento de la pobreza y la marginación social.

¿Democratizar la justicia?

Algunos compañeros podrán preguntarse si, al menos e independientemente de la utilización electoral, este juicio político servirá para democratizar la justicia oligárquica y corrupta que siempre falla a favor de los poderosos. Lamentablemente, nada de esto sucederá.

Está claro que esta justicia es repugnante. Se mostró una vez más con la filtración de los chats donde jueces compartieron un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis con políticos patronales, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín. Los cuatro actuales miembros de la Corte son corruptos, han fallado siempre sistemáticamente a favor de los ricos y contra el pueblo trabajador y hasta tienen el antecedente de haber intentado liberar a genocidas, como en el famoso fallo “dos por uno”, ante el que tuvieron que retroceder frente a la indignación popular y una marcha multitudinaria en contra. Pero aunque los echen o renuncien, ¿qué pasará?

Veamos. Hasta la reforma constitucional de 1994 el Presidente ponía a dedo a los jueces de la Corte, luego validados por el oligárquico Senado (donde siempre tuvo mayoría el peronismo desde 1983). No había concurso, ni examen. Después del ‘94 a los jueces de la Corte los sigue eligiendo el Presidente con el voto de dos tercios del Senado. O sea, continúa el dedazo.

Para elegir a los jueces federales (la instancia inferior) apareció el engendro del Consejo de la Magistratura. Este organismo de veinte personas encargado de elegir, controlar y remover a los magistrados está integrado por el presidente de la Corte (Horacio Rosatti), un miembro del Poder Ejecutivo (el actual es Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro), cuatro senadoras y senadores y cuatro diputadas y diputados, o sea diez “de la política tradicional”. Alguien podrá decir que los otros diez integrantes son “independientes”. Claro que no. De los cuatro representantes de Jueces, cuatro de abogados y dos de la Academia, todos están ligados al PJ, a la UCR o al PRO. El abogado Héctor Recalde, por ejemplo, fue presidente del Bloque del Frente para la Victoria en Diputados, la actual consejera y abogada Jimena de la Torre es del PRO, y el juez y actual consejero Alberto Lugones lo es por la Lista Celeste, ligada al peronismo kirchnerista.

Como vemos, todo el aparato de la cúpula del Poder Judicial, incluyendo su sistema de selección, está podrido y es absolutamente funcional a los poderosos, los ricos, las patronales y los políticos corruptos.

Estamos de acuerdo con que hay que terminar con esta justicia patronal, elitista, patriarcal y acomodaticia de jueces y fiscales ante los gobiernos que los designan (muestra de ello fue la pelea escandalosa en la sesión de Diputados entre el peronismo y Juntos por el manejo de los jueces).  Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, a la vez que denunciamos el circo mediático electoral que se intenta montar en estos días, planteamos que si queremos transformar de verdad a la Justicia, además de echar a todos los jueces corruptos (de la Corte y de los niveles inferiores), hay que ir a cambios de fondo: que los jueces sean electos por el voto popular, con cargos revocables (no vitalicios); deben ganar lo mismo que un director o directora de escuela, y se tiene que implementar masivamente el sistema de juicios por jurados. Solo así la tan remanida “democratización de la justicia” dejaría de ser un slogan para pasar al terreno de la realidad.

Escribe Claudio Funes

Casi todos los días nos desayunamos con novedades en la interna de Juntos por el Cambio. Ahora se suman voces, como la de los candidatos Martín Tetaz y Gustavo Posse pidiendo un acuerdo con Javier Milei. Tanto Patricia Bullrich como el propio Mauricio Macri ya habían anticipado que verían con buenos ojos incorporar al actual diputado liberfacho.

El ala denominada  “de las palomas” de la alianza opositora, con dirigentes como Maxi Abad, Facundo Manes y Elisa Carrió, manifestó su rechazo. Milei sería “el límite”, como años atrás lo fuera Macri para algunos de ellos, que luego fueron promotores de la alianza con Mauricio.

El economista Martín Tetaz, rápido con los números, planteó una propuesta “inteligente”. Claro que propia de un político patronal que no le hace “asco” a la ultraderecha. En la provincia de Buenos Aires, en la elección de Gobernador no hay segunda vuelta, y bien se define por un voto. Tetaz sostiene que los votos a Milei provienen de una base electoral similar a la de su propio espacio. Por eso propone que las Paso se transformen en una especie ballotage y que en noviembre el más votado sea el candidato único para La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. La única posibilidad cierta de derrotar a Axel Kicillof, según Tetaz y Posse.

El ex presidente Macri no vería mal este acuerdo, ya había tenido conversaciones con el liberfascista durante el 2022 para lograrlo, aunque en aquel entonces esas reuniones pusieron a la interna opositora al rojo vivo.

Hay que reconocer que Milei dice lo que muchos de Juntos por el Cambio piensan, pero no se atreven a decir por puro cálculo electoral. Por ello la propuesta de Tetaz y Posse abre un abanico de dudas, sobre todo cuando aclaran que no comparten muchos puntos de su programa. Pero así y todo convocan al que dice que en caso de ser presidente va a aplicar “el plan motosierra”, un fuerte recorte en distintas áreas del Estado, desregulación del mercado laboral y apertura de la economía, entre otras propuestas de más ajuste al pueblo trabajador y sectores populares.

Insisten en un acuerdo con un neo fascista que no repudió las acciones golpistas de los bolsonaristas en Brasil; un liberfacho que se opone al aborto legal, seguro y gratuito. Que se manifiesta contra la educación pública argumentando que “funciona como una máquina de lavar cerebros”; el que en 2022 votó en contra de una ley que buscaba mejorar la detección y tratamiento de cardiopatías congénitas para prevenir muertes en niños (los argumentos de su de rechazo fueron “porque implicaba más presencia del Estado y más gastos” y va contra el “ideario liberal”). Tetaz y Posse le dan aire a la ultraderecha.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”. Juntos por el Cambio busca profundizar el actual ajuste para que la crisis la sigan pagando los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y la juventud trabajadora y estudiantil.

Escribe Claudio Funes

La generala de cuatro estrellas Laura Richardson habló para el Atlantic Council, un think tank ligado a la OTAN.

“¿Por qué es importante América latina?”. Esa fue la pregunta retórica de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. De inmediato, la generala norteamericana, que estuvo de visita por el país el año pasado y fue recibida por Cristina Kirchner en su oficina del Congreso, relató un listado de razones por las cuales el país norteamericano posa sus ojos en el resto del continente.

Destacó, en primer lugar, el triángulo del litio, zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile. “60 por ciento del litio del mundo se encuentra en ese triángulo”, expresó Richardson y agregó que ese elemento es “necesario hoy en día para la tecnología”.

El recuento de Richardson no finalizó allí: otra de las razones por las cuales América Latina es importante para Estados Unidos resultó ser la concentración de “las reservas de petróleo más grandes”, incluidas las de “crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año”. “Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”, continuó la generala, quien también destacó la importancia del Amazonas, al describirlo como “los pulmones del mundo”.

Por último “tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región”, dijo Richardson. Con ese inventario, la jefa del Comando Sur dijo que a su país le queda “mucho por hacer” y “que esta región importa” ya que “tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.

Repudiamos las cínicas declaraciones de Richardson que expresan las intenciones del imperialismo yanqui de profundizar el saqueo de los recursos en la región, de la mano de acuerdos leoninos con las multinacionales extractivistas, rumbo que en nuestro país mantienen los distintos gobiernos patronales, como el de Macri antes y el peronista del Frente de Todos ahora.