Escribe Miguel Angel Hernández, dirigente del PSL de Venezuela y de la UIT-CI

4/7/2025. Hace pocos días el diario israelí Haaretz publicó un reportaje titulado “Es un campo de exterminio”. El titular fue tomado de palabras de un soldado israelí entrevistado por el diario, que junto a otros, incluyendo oficiales, declararon que recibieron órdenes de disparar deliberadamente contra gazatíes desarmados que hacían filas para recibir ayuda humanitaria, incluso, sin que existiera ninguna amenaza inminente o cercana.

“Sabes que no está bien. Sientes que no está bien, que los comandantes aquí se están tomando la justicia por su mano. Pero Gaza es un universo paralelo” afirmo uno de los soldados entrevistados por el diario israelí. Otro dijo: “Donde estuve destinado, entre una y cinco personas morían a diario. Los tratan como una fuerza hostil: sin medidas de control de multitudes, sin gases lacrimógenos, solo el disparo de balas con todo lo imaginable: ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros”.

Organizaciones no Gubernamentales exigen salida de la FHG de la Franja de Gaza

Casi simultáneamente con las declaraciones de los soldados israelíes, más de 170 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en Gaza, hicieron pública una declaración titulada: «Hambruna o disparos: esto no es una respuesta humanitaria», en la cual cuestionan a la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), organización privada apoyada por Estados Unidos e Israel, que desde mayo se ha encargado de distribuir comida a los gazatíes. En dicha declaración solicitan poner fin al programa de distribución de alimentos a cargo de la FHG. El comunicado fue firmado por organizaciones como Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Save The Children, entre muchas otras.

El 18 de marzo Israel rompió unilateralmente el alto al fuego acordado con la resistencia palestina en enero. Desde días antes había cerrado todos los accesos a la franja de Gaza, sometiendo desde entonces a su población a un brutal bloqueo, que se extendió por dos meses, impidiendo el ingreso de alimentos, medicinas y combustible, con el objetivo deliberado de matar de hambre a los gazatíes, doblegar a la resistencia y avanzar en su plan estratégico de limpieza étnica para establecer el Gran Israel, idea avalada públicamente por el utraderechista Donald Trump.

En ese contexto, y ante las crecientes movilizaciones en todo el mundo, incluso en el propio Israel, así como la presión que hipócritamente comenzaron a ejercer varios gobiernos europeos, Estados Unidos e Israel acordaron crear un nuevo programa de distribución de la ayuda humanitaria, a cargo de una organización privada, la FHG, que operaría bajo el control del ejército israelí.

La FHG comenzó a realizar sus actividades el 26 de mayo, desde entonces los puntos de distribución de la ayuda se convirtieron en campos de muerte. 549 personas han sido asesinadas en dichos centros y más de 4000 han resultado heridas. Según la declaración de las organizaciones no gubernamentales, en más de la mitad de los ataques contra civiles en los sitios de distribución de comida, hubo niños heridos.

El documento de las ong´s afirma que los 400 puntos de distribución de ayuda que funcionaron durante el alto el fuego fueron reemplazados en el nuevo sistema respaldado por Israel y Estados Unidos por solo cuatro puntos de distribución controlados por el ejército israelí: tres en el extremo suroeste de Gaza y uno en el centro del enclave.

La exigencia de las ong´s y lo dicho por los soldados israelíes a Haaretz, no hacen más que ratificar lo que ya es del dominio público: Israel asesina deliberadamente a los palestinos que acuden a buscar alimentos a los centros de distribución de ayuda humanitaria. No son “errores” ni algo casual. Es una política consciente de exterminio del pueblo palestino en Gaza, que también se lleva a cabo, en menor proporción, en los territorios ocupados de Cisjordania.

Más de 100 mil muertos en la Franja de Gaza

Previamente los gazatíes habían sido sometidos a un brutal bloqueo que impedía el ingreso de alimentos y medicinas. Israel de esta forma utilizaba el hambre como arma de guerra. Todos estos son distintos medios para poner en práctica la limpieza étnica que ejecuta el sionismo en Palestina desde hace 77 años y que desde octubre de 2023 se ha recrudecido, expresándose en un verdadero genocidio, puesto en dramática evidencia en un reciente estudio, la primera investigación independiente sobre el número de muertos en Gaza, dirigido por Michel Spagat, del Royal Holloway College de la Universidad de Londres, según el cual el número de asesinados por Israel en Gaza sería mucho mayor a las cifras oficiales difundidas por Hamas.

Según este estudio desde octubre del 2023 a enero de este año habrían sido asesinadas más de 80 mil personas. Unos 75.200 palestinos y palestinas de forma directa y 8.540 de inanición y enfermedades relacionadas con la guerra. Es decir, uno de cada 4 palestinos habitantes de la Franja de Gaza. El mismo estudio estima que al día de hoy la cifra de asesinados ascendería a la barbaridad de 100 mil personas.

Seguimos impulsando la movilización mundial contra el genocidio

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI), seguimos dando todo nuestro apoyo al heroico pueblo palestino, y llamando a profundizar las movilizaciones en todo el mundo contra el genocidio y el intento del criminal Netanyahu de avanzar en la limpieza étnica que propugna su aliado el ultraderechista Donald Trump.

Los gobiernos y monarquías árabes y del medio oriente, salvo el régimen de los hutíes en Yemen, no hacen nada en respaldo a la lucha del pueblo palestino, se limitan a emitir tibias declaraciones, cuando deberían apoyar con armas y toda clase de recursos a las organizaciones de resistencia, así como romper toda relación con Israel.

Exigimos un inmediato alto el fuego, el retiro de todas las tropas israelíes y el respeto a la integridad de Gaza como parte de Palestina; así como también la inmediata liberación de todos los pasos fronterizos para garantizar el ingreso de alimentos, medicinas, combustibles y agua, y el restablecimiento inmediato de la energía eléctrica. Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas israelíes de los Altos del Golán y de otras zonas de Siria. Rechazamos la ilegal detención y amenaza de deportaciones de activistas que defienden la libertad de Palestina y Gaza, como ha sucedido en los Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina y otros países. Ruptura de relaciones políticas diplomáticas, comerciales, culturales y académicas con Israel. Por una Palestina única, laica, democrática y no racista. ¡Palestina libre del río al mar!

Escribe Prensa UIT-CI

5/6/2025. En Cuba ha comenzado una gran protesta estudiantil que se está extendiendo en forma de huelga estudiantil.

El descontento responde a la medida tomada por la empresa telecomunicaciones ETECSA, que implica la dolarización parcial del servicio y una subida severa en los ya elevados costos.

La medida, impulsada por los que cursan en la Facultad de Matemática y Computación, y en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, recibió la adhesión de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) de la Universidad de las Artes (ISA).

El régimen de partido único de Cuba ha salido a desmentir que existan protestas y que serían versiones provenientes del “exterior”. Pero la realidad es otra.

“En las últimas horas la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Holguín también se pronunció y convocó a un paro académico indefinido desde el 7 de junio y «hasta que se revoquen las medidas”.

«No somos una minoría privilegiada, somos la voz de un pueblo cansado de pagar por la ineficiencia», alegaron en su declaración.

En paralelo, estudiantes de Matemáticas y Computación reafirmaron en una asamblea su decisión de mantener el paro docente en protesta por las medidas de ETECSA, calificándolas como “una agresión directa al pueblo cubano”.

«Nos movilizamos por justicia social, no por migajas», escribieron.

La Facultad de Biología desconoció públicamente la autoridad del presidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, a quien acusaron de no representar las opiniones reales del estudiantado.

Por su parte, la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social exigió su renuncia inmediata, calificando su gestión como “conformista, pasiva y poco crítica”. (Citas de Redacción de CiberCuba, 5/6/2025)

Los estudiantes universitarios, como parte del pueblo trabajador cubano, están hartos de los ajustes del gobierno que habla de “socialismo” pero que ha restaurado el capitalismo.

La causa fundamental del malestar social y de las protestas universitarias, tienen que ver con que desde hace más de 30 años el régimen cubano fue dando una apertura de la economía a la inversión extranjera privada, especialmente a grandes transnacionales en el turismo y otros sectores de la economía, restaurándose de esta forma la explotación capitalista en Cuba.

Muchas luchadoras o luchadores todavía pueden creer que Cuba es un país socialista. Pero ya no es así. En Cuba no existe ningún socialismo. Se trata de un régimen de partido único represivo que, al estilo de China gobierna para los nuevos ricos y sus alianzas con las multinacionales.

En Cuba la economía está dominada por las llamadas empresas mixtas, en donde el gobierno cubano está asociado a las multinacionales y permite que se trabaje con salario de 20 a 100 dólares.

Desde la UIT-CI nos solidarizamos con la lucha estudiantil de Cuba y defendemos el derecho a la protesta y a la huelga y alertamos contra cualquier intento de represión por parte del gobierno.

Reproducimos la declaración del Colectivo “Socialistas en Lucha”, de repudio a la medida del gobierno.

El histórico tarifazo del monopolio telefónico en Cuba.

Declaración del colectivo «Socialistas en Lucha»

En la mañana del 30 de mayo de 2025, el pueblo cubano despertó con la noticia del incremento desmesurado de los precios en el acceso a la telefonía móvil. La medida fue aplicada sin previo anuncio por las autoridades empresariales y funcionarios de Gobierno. Con las drásticas modificaciones, la empresa incumple ante los usuarios el punto número siete del contrato de servicio de telefonía celular prepago que enuncia: «ETECSA informará al cliente, con treinta (30) días naturales de antelación, cualquier modificación en las condiciones de prestación del servicio». De tal modo, la compañía viola el compromiso contractual establecido con los consumidores del país, lo que constituye una violación jurídica de alcance nacional.

ETECSA pasó de ofertar una posibilidad mínima de acceso a Internet a un precio de 110 pesos cubanos, para cotizar en su opción más exigente, una bolsa extra al valor de 11760 pesos en moneda nacional, lo que representa una diferencia superior al 10 mil por ciento, equivalente a multiplicar los costos unas 100 veces en su máxima expresión. La compañía reduce además el acceso a 6 gigabytes mensuales en la primera bolsa de uso; en tanto potencia la ampliación de bolsas extras cotizadas a partir de 3360 pesos cubanos, equivalentes a 1,6 veces el salario mínimo o 2,2 pensiones básicas de una persona jubilada.

Este nuevo atropello pretende comprimir el consumo promedio de la población, para potenciar el pago en dólares a través de recargas o remesas internacionales. En medio de un escenario tan complejo, atravesado por apagones diarios que superan en comunidades del interior las 22 horas de afectaciones al servicio eléctrico, el acceso a Internet no sólo constituye una opción legítima de entretenimiento; representa además un importante mecanismo de trabajo, acceso a fuentes informativas y canal de comunicación, en una Isla que sufre de un éxodo migratorio sostenido, cercano a los dos millones de habitantes entre 2020-2025. Por tales razones, esta medida incide además en la economía de los familiares radicados en el exterior, quienes enfrentan los desafíos migratorios en un contexto global cada vez más hostil para quienes poseen dicha condición.

Este último paquetazo se suma al concierto de medidas anti-populares de matiz neoliberal impulsadas por la más alta dirigencia del Partido Comunista de Cuba (PCC). El Gobierno ratifica su voluntad de promover el extractivismo económico de carácter rentista, en lugar de potenciar las capacidades productivas de la industria nacional, de manera que conduzca a la valorización del empleo y su reflejo en el salario de los trabajadores. La salida popular revolucionaria contra un régimen empobrecedor y autoritario, es el camino al restablecimiento de la justicia y el bienestar del pueblo cubano.

Desde hace meses el pueblo panameño viene protagonizando masivas movilizaciones contra el brutal ajuste y ataque a los derechos conquistados por el pueblo trabajador por parte del gobierno pro imperialista de José Raúl Mulino y los intentos de Donald Trump de tomar el control del canal de Panamá para hacer un uso preferencial con sus buques militares y comerciales.

Mulino busca privatizar la Caja del Seguro Social (CSS), base de la atención de la salud al pueblo a través de la Ley 462 y la reapertura de la mina de cobre, cerrada desde 2023 luego que se declaró inconstitucional ante una masiva movilización en defensa del ambiente. También busca imponer la construcción de un embalse en el cauce del Río Indio para entregar millones de litros de agua dulce para el canal en épocas de sequía; así, se inundarían amplias regiones y desalojarían a las comunidades que allí habitan, con la consecuente destrucción del ambiente en la región.

Contra esas medidas, hay huelgas masivas que se mantienen desde hace más de un mes, de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, huelga nacional de las y los docentes y de los trabajadores de la construcción. Recientemente se realizaron masivas movilizaciones de mujeres y de trabajadoras y trabajadores de la salud. En un ampliado de organizaciones realizado la semana pasada se resolvió un paro nacional para el 5 de junio y una gran marcha nacional el 6 de junio.

Para quebrar estas huelgas y movilizaciones el gobierno panameño desató una feroz represión. Encarcela a las mujeres en lucha de las comunidades de Darién, sanciona a estudiantes universitarios, declara ilegal las huelgas, reprime brutalmente a trabajadoras y trabajadores que bloquean rutas y caminos y persigue a los dirigentes del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), una de las organizaciones que encabeza la lucha del pueblo panameño. Contra esos dirigentes hay juicios infundados desde el 2022 y tienen “prisión preventiva” Jaime Caballero y Genaro López, mientras que Saúl Méndez se encuentra esperando asilo político en la embajada de Bolivia y buscan como “prófugo” a Erasmo Cerrud. A su vez, se declaró ilegal la huelga bananera en Bocas del Toro y la multinacional Chiquita ha despedido a cerca de 5.000 trabajadores.
Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores–Cuarta Internacional junto a nuestra compañera Priscilla Vásquez y Propuesta Socialista (sección de la UIT-CI en Panamá), repudiamos el encarcelamiento, represión y persecución judicial a dirigentes obreros, populares y sindicales que encabezan la resistencia del pueblo humilde y trabajador de Panamá. Llamamos a las organizaciones obreras, populares, democráticas, de derechos humanos, organizaciones de mujeres, a la juventud y pueblos originarios a poner en pie una firme campaña de solidaridad internacional para exigir la libertad de los dirigentes del Suntracs detenidos y perseguidos y manifestar nuestro apoyo a las luchas y demandas del pueblo panameño contra el represor y pro imperialista gobierno de José Raúl Mulino.

Escribe Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional

30/05/2025. Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), estamos impulsando una campaña internacional de solidaridad con la lucha del pueblo panameño, contra la represión y por la libertad de los dirigentes del SUNTRACS (sindicato de la construcción), perseguidos y detenidos por el gobierno de José Raúl Mulino.

Como ya es conocido por la opinión pública, desde hace varios meses el pueblo y las trabajadoras y trabajadores de Panamá, vienen desarrollando masivas movilizaciones en defensa de la soberanía contra los intentos de Trump de tomar el control del canal de Panamá para hacer un uso preferencial con sus buques militares y comerciales. La política del gobierno de José Raúl Mulino aplica un brutal ajuste y ataca los derechos conquistados por el pueblo trabajador para terminar la tarea que ningún gobierno logró por la resistencia obrera y popular. Mulino busca aplicar la privatización de la Caja del Seguro Social (CSS) a través de la Ley 462 y la reapertura de la mina de cobre, cerrada desde el 2023 luego de que se declaró inconstitucional ante una masiva movilización en defensa del ambiente. En el mismo sentido saqueador y destructor, el gobierno y la administración del Canal de Panamá, busca imponer la construcción de un embalse en el cauce del Río Indio para entregar millones de litros de agua dulce para elevar el nivel del Canal en las épocas de sequía; así, se inundarían amplias regiones y se desalojarían a las comunidades que allí habitan, con la consecuente destrucción del ambiente en la región.

La movilización y la huelga son las herramientas de lucha que la clase trabajadora y el pueblo humilde utiliza para rechazar la Ley 462, aprobada por la Asamblea Nacional a pedido de Mulino, para privatizar la CSS. Las largas huelgas continúan a más de un mes de iniciadas. En este momento sigue en curso una huelga de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, la huelga de los docentes recorre todo el país y la huelga de los trabajadores de la construcción continua. Recientemente se realizaron masivas movilizaciones de mujeres y de trabajadoras y trabajadores de salud en todo el país, y está previsto que continúen las movilizaciones nacionales.

Para quebrar las huelgas y las movilizaciones seguir aplicando su ajuste, el represivo gobierno panameño ha desatado una feroz represión contra el pueblo movilizado. Encarcela a las mujeres en lucha de las comunidades de Darien, sanciona a estudiantes universitarios y el rector de la Universidad Nacional de Panamá entrega sus datos a la represión, declara ilegal las huelgas y golpea y balea a los trabajadores y trabajadoras que bloquean rutas y caminos y declaran estado de emergencia en Bocas de Toro.

La represión ha llegado a niveles inauditos y su peor aspecto es la detención y encarcelamiento de los dirigentes del poderoso SUNTRACS (Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares) una de las organizaciones que encabeza la lucha del pueblo panameño. El gobierno, ha montado juicios infundados desde el año 2022 y ha aplicado prisión preventiva al dirigente Jaime Caballero y Genaro López mientras que el Saúl Méndez se encuentra esperando asilo político en la embajada de Bolivia y buscan como “prófugo” a Erasmo Cerrud.

Además de estas detenciones y persecuciones, el gobierno declaró ilegal la huelga bananera en Bocas de Toro y la multinacional Chiquita ha despedido a cerca de 5000 trabajadores. Contra los docentes, busca auditorías financieras a través de la contraloría y detiene a dirigentes de las comunidades originarias.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional, y junto a nuestra compañera Priscilla Vásquez y Propuesta Socialista (sección de la UIT-CI en Panamá), repudiamos el encarcelamiento de dirigentes obreros, populares y sindicales que encabezan la resistencia del pueblo humilde y trabajador de Panamá. Rechazamos la persecución judicial y las patrañas y la represión contra las organizaciones en lucha. Llamamos a las organizaciones obreras, populares, democráticas, de los derechos humanos, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios, como así también a las organizaciones políticas democráticas, a poner en pie una firme campaña de solidaridad internacional para exigir la libertad de los dirigentes del SUNTRACS detenidos y perseguidos y manifestar nuestro apoyo a las luchas y demandas del pueblo panameño contra el represor y pro imperialista de José Raúl Mulino.

Escribe Prensa PSL

26/5/2025. Ayer domingo 25 de mayo se llevaron a cabo las elecciones legislativas y regionales en nuestro país. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sus aliados, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), habrían obtenido 4.553.484 votos, el 82,6% del padrón electoral, mientras que los partidos de los distintos sectores de la oposición patronal obtuvieron un 17,3%, discriminados de la siguiente forma: Alianza Democrática obtuvo 344.422 (6,25%); la alianza Un Nuevo Tiempo y Única, encabezada por Manuel Rosales y Henrique Capriles, 285.501 votos (5,18 %) y Fuerza Vecinal sacó 141.566 votos (2,57%). El CNE informó que la abstención habría sido de un 57,4% del total de votantes.

El Psuv logró la mayoría de los diputados a la Asamblea Nacional. La Alianza Democrática obtuvo 3 diputados (Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez y Alfonso Enrique Campos). UNT-Única, se acreditó otros 3 diputados, a saber, Henrique Capriles, Stalin González y Luis Emilio Rondón. El gobierno ganó 23 gobernaciones de un total de 24, incluyendo la de la Guayana Esequiba. Recuperó las gobernaciones de Zulia, Nueva Esparta y Barinas, mientras que la oposición burguesa conservó la del estado Cojedes.

Alta abstención: signo de descontento

Lo más resaltante de estas elecciones es la altísima abstención. El CNE las ubicó en poco menos del 58%, lo cierto es que las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, pusieron en evidencia la ausencia alarmante de votantes en todos los centros de votación a lo largo del país.

De acuerdo a algunas encuestas, la abstención extraoficialmente habría rondado el 80%, incluso hasta un 85%. Si el propio gobierno habla de una participación que no llegó al 43%, seguramente la abstención fue mucho mayor. Ya en las semanas previas a las elecciones el desinterés de la población era manifiesto, y contrastaba con la gran disposición a votar que se hizo patente en los días previos a las elecciones presidenciales del mes de julio del pasado año.

María Corina Machado y sus simpatizantes quieren atribuirse un supuesto triunfo con la alta abstención. Quieren hacer creer que ésta fue producto de su llamado a no votar. En rigor, la alta abstención fue expresión del hartazgo y el genuino descontento que anida en el seno del pueblo. Fue una manifestación de repudio al gobierno, y de descreimiento en el sistema electoral. La gente no votó porque alguien le haya dicho que no lo hiciera, simplemente porque no percibe que a través de la vía electoral haya posibilidades de algún cambio en la situación política y social del país.

Después del fraude escandaloso ejecutado por el gobierno en las elecciones presidenciales del año pasado, se hizo evidente para millones de personas que hay pocas posibilidades de derrotar en las urnas electorales al gobierno. Pero además, tampoco se identifica con los candidatos de la oposición patronal que participaron en las elecciones, después de haber llegado a acuerdos con el gobierno, tal como fue el caso de Henrique Capriles, quien negoció su habiltación a cambio de participar en las elecciones sin hacer demasiadas críticas.

La oposición patronal encabezada por María Corina Machado y su aliados, sembraron falsas expectativas en las pasadas elecciones del 28 julio de 2024. En un proceso que desde que fue convocado estaba lleno de irregularidades, ventajismo, inhabilitaciones, robo de tarjetas y una gran represión y persecusión.

Esta oposición desmovilizó el descontento que se expresó al día siguiente de las elecciones, lo cual resultó conveniente para el gobierno dictatorial de Maduro. En aquellas elecciones el fraude fue descarado, y para las recién realizadas, persistían las mismas condiciones antidemocráticas agravadas por los efectos de la brutal represion post 28J.

Efectivamente, como incluso dijimos en nuestra declaración previa a las elecciones, estos comicios se iban a realizar en medio de condiciones adversas, con unas 900 personas detenidas por razones políticas y otras 10 mil con medidas cautelares; partidos ilegalizados o intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, otros con solicitudes del nombre sin tramitar; dirigentes políticos en el exilio o inhabiltados. Incluso en los días previos a las elecciones, se produjo una nueva razzia represiva del gobierno, la cual se saldó con la detención de unas 70 personas. Todo con el trasfondo de un uso abusivo de los recursos del Estado por parte del partido de gobierno.

De esta forma el gobierno consuma un nuevo fraude, controlando todos los instrumentos del régimen político, con el objetivo de mantenerse contra viento y marea en el poder.

Solo resta luchar por un plan obrero y popular y libertades democráticas

Desde el partido Socialismo y Libertad decimos que solo con la lucha, con la movilización unitaria y masiva, podremos recuperar las libertades democráticas conculcadas; lograr elecciones libres y trasparentes; conquistar la libertad de las y los presos políticos y derrotar el plan de ajuste que aplica Maduro en acuerdo con el empresariado.

Solo con nuestra movilización independiente del gobierno y la oposición patronal en todas sus variantes, podremos imponer un plan obrero y popular de emergencia para darle respuesta todos los graves males que aquejan al pueblo trabajador.