Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Lunes 10 de febrero de 2020

La deuda se ha transformado en el mal de los males del pueblo trabajador. El Congreso acaba de votar una ley para posibilidad su pago vía una renegociación y Alberto Fernández recibió el apoyo para ello de Trump, el Papa, Merkel, Netanyahu y otros gobiernos capitalistas. A todo esto se sumó el escandaloso hecho protagonizado por el gobernador Kicillof, quien pagó de contado 250 millones de dólares con plata de los docentes al negarle una actualización salarial. Siempre desde la izquierda sostuvimos que no hay que pagar esa deuda que viene desde la dictadura y creció exponencialmente con el pacto Macri-FMI. Pero la polémica vuelve, en este caso con distintas organizaciones y referentes que insisten en el viejo y equivocado planteo de que hay que investigarla o hacer una auditoría para determinar qué parte es “legítima” o “ilegítima”, desconociendo que el conjunto de la deuda es una estafa y un mecanismo de sometimiento para nuestros pueblos.

La semana pasada surgió un llamamiento bajo el nombre “Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda”. El mismo está encabezado por Pérez Esquivel y firmado por diversas organizaciones (*).

El llamamiento, en primer lugar, le lava la cara al gobierno de Fernández al señalar que a pesar de haber reconocido que la deuda es impagable, ha entablado “negociaciones poco transparentes y sin adecuada información pública”. Pero lo determinante a denunciar contra este gobierno no son solo “las negociaciones poco transparentes”, sino que decidió reconocer el pacto Macri-FMI y empezó a pagar una deuda fraudulenta que hasta el mismo Fernández dijo que se usó para financiar la fuga de capitales. En segundo lugar dice: “creemos que antes de continuar con los pagos es necesario iniciar una auditoría integral y participativa […] investigar la legitimidad y legalidad de la deuda que se propone pagar y mientras no se haya completado esa investigación o auditoría integral hay que suspender todo pago”. Es decir, supedita la suspensión de los pagos a una auditoría o investigación.

Justo cuando el Congreso acaba de dar el aval al gobierno para pagar, y en momentos en que el propio Fernández reconoció que el endeudamiento de Macri fue para la timba financiera, el planteo de investigar pasa a ser funcional al gobierno.

La deuda actual, a la que se suma la contraída por Macri, tiene la particularidad que viene de la dictadura, se impuso con el genocidio de los 30.000 desaparecidos y es una estafa escandalosa (no había ni registros contables de la misma). Argentina fue obligada a pagar desde 1976 en adelante miles de millones de dólares de una deuda que el pueblo no contrajo ni fue en su beneficio. La deuda pasó de 45.000 millones de dólares en 1983 a los más de 400.000 millones de dólares actuales, luego de que se pagara varias veces y se aplicaran severos planes de ajustes con todos los gobiernos. Desde Alfonsín, pasando por el peronismo menemista de los años 90, el gobierno radical De la Rúa y los 12 años del kirchnerismo, donde se pagaron 200.000 millones de dólares dejando una deuda similar.

Plantear que hay que investigar para determinar cuál es la parte legal y cuál la ilegal, implica que podría haber una parte “buena” que habría que pagar. Esto lleva a negar que se trata de un mecanismo de explotación y sometimiento en beneficio de bancos, las multinacionales y el imperialismo.

Es equivocado insistir en que se debe investigar la deuda, además, cuando esto ya se hizo tras las investigaciones de Alejandro Olmos que culminó con un fallo histórico en el año 2000 del juez Ballesteros declarando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. El fallo determinó que debía ser el Congreso quien tomara una decisión política, cosa que nunca ocurrió, y cuando lo hizo, como el pasado 29 de enero, el Congreso Nacional patronal avaló por unanimidad renegociar para pagar con el voto del Frente de Todos, Macri, la UCR, Carrió y los partidos provinciales, con la honrosa excepción del Frente de Izquierda Unidad. A esto hay que agregar que la rebelión del Argentinazo del 2001 impuso el no pago por varios años. Con todos estos antecedentes, el llamamiento desvía la atención cifrando esperanzas en la investigación.

Lamentablemente el MST-Nueva Izquierda, integrante del Frente de Izquierda Unidad con la firma de Bodart, Ripoll y Cele Fierro, firmó dicha autoconvocatoria poniendo el centro en la investigación (aunque la adornen diciendo que a la vez hay que suspender los pagos) diciendo: “proponemos una auditoria ciudadana que demuestre quiénes se han enriquecido con este mecanismo perverso”? ¿O acaso no sabemos que los que se han enriquecido son los usureros, los bancos, las multinacionales, el FMI y el imperialismo? Esta postura que criticamos es la histórica de la centroizquierda argentina y mundial, la que vino levantando Pino Solanas (hoy designado embajador a la Unesco por Alberto Fernández) o Claudio Lozano (recientemente designado director del Banco Nación por el Frente de Todos, quien a su vez es firmante del llamamiento).

Quienes firman el llamamiento llaman a movilizar. Estamos de acuerdo en la más amplia unidad para movilizar y en impulsar un gran movimiento amplio, pero por el no pago y la ruptura con el FMI, no por políticas que desvían ese camino.

Desde Izquierda Socialista ratificamos la línea del no pago, fundamentalmente porque Argentina está en un estado de necesidad que necesita esos fondos para combatir los males sociales, para dar trabajo, salario, salud y educación, no para seguir engordando a los usureros como acaba de hacer el ex ministro de Cristina y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles 12 viene una misión del Fondo Monetario. Mientras ese mismo día los movimientos sociales denominados “cayetanos” harán una marcha en apoyo al gobierno (como si el gobierno peronista estuviera librando “alguna pelea” contra el FMI), el Frente de Izquierda la va a repudiar con un acto en Plaza de Mayo desde las 17:30 por el no pago. Creemos que ese es el camino a seguir de la mano de los pueblos latinoamericanos como Chile y Ecuador que vienen enfrentando los planes de ajuste del FMI y de sus gobiernos capitalistas.

(*) Firman el llamamiento, entre otros: Nora Cortiñas, Serpaj, Claudio Lozano (Unidad Popular-CABA), Carlos del Frade (Diputado Provincial Santa Fe), Eduardo Gruner (profesor UBA), Eduardo Lucita (EDI), Enrique Gandolfo (Sec. Gral. CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Gustavo Teres (Sec. Gral. Amsafe y CTA-Rosario-Santa Fe), Luis Zamora, María del Carmen Verdú (Correpi), Norberto Señor (Sec.  Gremial ATE Sur), CTAA Capital, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Ataac y Opinión Socialista.

Con un acto y un petitorio entregado a un funcionario de la embajada de Venezuela en nuestro país, distintas organizaciones de izquierda nos hicimos hicieron presente hoy lunes 10 de Febrero en dicha sede diplomática. De la misma participaron el diputado electo Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista en el FIT Unidad), Razón y Revolución, Comuna Socialista, el dirigente combativo docente de Ademys Jorge Adaro. Se leyeron distintas adhesiones, entre ellas la del dirigente Rubén “Pollo” Sobrero y distintos Suteba Multicolor, entre otros. También apoyó la UIT-CI. La protesta fue en sintonía con una similar realizada en Venezuela de la cual es parte la corriente sindical combativa C-Cura y el PSL (Partido Socialismo y Libertad), entre otras organizaciones de ese país.

Giordano señaló: "Concurrimos a reclamar por la libertad del obrero Rodney Álvarez de Ferrominera Orinoco, falsamente acusado de matar a un trabajador durante una asamblea. Las evidencias apuntan como responsables a directivos sindicales y políticos del PSUV. Alvarez está preso por un crimen que no cometió, sin pruebas, ni sentencia. Ahora se encuentra realizando una huelga de hambre mientras espera juicio desde hace 8 años. Exigimos su libertad inmediata y repudiamos la criminalización de la protesta en dicho país por parte del gobierno de Maduro.”

Giordano aclaró que Rodney Álvarez está detenido desde el 2011 cuando en una asamblea de trabajadores de Ferrominera del Orinoco convocada para elegir la comisión electoral del sindicato, fue asesinado el obrero Renny Rojas producto de dos disparos. Los asistentes y cámaras de seguridad constataron que Héctor Maicán, directivo sindical y militante del PSUV, efectúo disparos hiriendo a Rojas. Maicán fue detenido pero luego liberado. Luego se acusó falsamente a Rodney Álvarez del hecho cuando no participó del mismo. Álvarez es parte del sindicalismo independiente y combativo en Ferrominera del Orinoco.

Contactos

Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo Facebook: Juan Carlos Giordano

Prensa: 11-6054-0129 @PrensaIzquierda

Este lunes 10 de febrero a las 10 a.m., distintas organizaciones de izquierda de Argentina se harán presente en la embajada de Venezuela (Av Luis María Campos, 170, CABA). De la misma participará el diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Juan Carlos Giordano, quien solicitó una entrevista con el señor embajador.

Esta acción es parte de una campaña nacional e internacional, que tiene como centro una concentración en Venezuela a la misma hora frente a la fiscalía reclamando la libertad.

Giordano señaló: "Concurrimos a reclamar por la libertad del obrero Rodney Álvarez de Ferrominera Orinoco, falsamente acusado de matar a un trabajador durante una asamblea. Las evidencias apuntan a directivos sindicales y políticos del PSUV como responsables. Alvarez está preso por un crimen que no cometió, sin pruebas ni sentencia. Se encuentra realizando una huelga de hambre y espera juicio desde hace 8 años. Exigimos su libertad inmediata y repudiamos la criminalización de la protesta en dicho país.”

Rodney Álvarez está detenido sin juicio ni sentencia. El 9 de junio del 2011 en una asamblea de trabajadores de Ferrominera del Orinoco convocada para elegir la comisión electoral del sindicato, fue asesinado el obrero Renny Rojas producto de dos disparos. Los asistentes y cámaras de seguridad constataron que Héctor Maicán, directivo sindical y militante del PSUV, efectúo disparos hiriendo a Rojas. Maicán fue detenido pero luego liberado. Luego se acusó falsamente a Rodney Álvarez del hecho cuando no participó del mismo. El motivo es que Álvarez es parte del sindicalismo independiente y combativo en Ferrominera.

Contactos:
Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003
@GiordanoGringo
Facebook: Juan Carlos Giordano
Prensa: 11-6054-0129 @PrensaIzquierda

Escribe Juan Carlos Giordano

El gobierno bajó un 8% el precio de los medicamentos. Lo hizo en acuerdo con las patronales y cámaras del sector, después que la mayoría de los laboratorios aplicaran importantes aumentos en diciembre. El anuncio fue parte de la ley de emergencia, supuestamente para “beneficiar a los que menos tienen”. Pero bajar solo un 8% los medicamentos parece más una burla que una medida a favor de los de abajo.

En el último año los incrementos de los medicamentos oscilaron entre 87 y 103% según el Indec (La Nación, 5/11/2019) y si tomamos el período mayo 2015 a octubre 2019, la suba promedio fue de un 457%. Bajar el 8%, entonces, ni siquiera es un paliativo.

“La medida de Nación tuvo poco impacto en los pacientes”, señalan los medios. ¿Qué puede cambiar para un jubilado si en vez de pagar 1.000 pesos tiene que disponer de 920 pesos para comprar un remedio? “Especialistas advierten que muchos pacientes reducen las dosis o directamente cortan el tratamiento porque no lo pueden pagar” (La Voz del Interior, 31/12/2019).

Mientras se publicita con bombos y platillos la rebaja del 8%, según el Indec, en el tercer trimestre del año que acaba de concluir la facturación total de la industria farmacéutica registró 59.764 millones de pesos, un incremento del 70% en relación a igual trimestre de 2018 (Idem) y en Argentina el gasto total en Salud  -público y privado- representa aproximadamente el 10% del PBI, del cual el 32% corresponde a medicamentos.

Previo a la rebaja anunciada por el gobierno, nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) presentó un proyecto de ley para garantizar “el acceso a los medicamentos, sueros, vacunas, prótesis y demás insumos médicos”, proponiendo medidas de fondo, no medias tintas cosméticas como la actual del Frente de Todos.

Los remedios y demás insumos médicos son un tema de vida o muerte para millones y, por lo tanto, no se los puede considerar una mercancía sujeta a las leyes del mercado, tienen carácter de bien social y derecho humano esencial.

La ley presentada por Schlotthauer dispone “la entrega gratuita a toda la población” de medicamentos y otros insumos médicos” creando para tal fin “un ente único nacional de producción, comercialización, distribución y provisión públicas de medicamentos de propiedad, administración y gestión estatal”. Para ello dispone que el área de producción de dicho ente sea constituida por la totalidad de establecimientos dedicados a la producción pública de los insumos, sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal. También abarca a las empresas privadas actualmente paradas o que hayan cesado parcialmente en su producción, las cuales serán estatizadas, pasando su personal a ser reincorporado como empleados del Estado.

A su vez, la ley de Izquierda Socialista dispone que “los laboratorios, droguerías, distribución, logística y farmacias monopólicas serán nacionalizadas, pasando a integrar el plan estatal de producción y distribución de medicamentos como parte de un sistema nacional de salud estatal a nivel nacional”.

Los fundamentos del proyecto señalan que Argentina tiene la capacidad instalada como el recurso humano suficiente para la producción, distribución y dispendio de medicamentos e insumos médicos. Sin embargo, se llega al extremo de importarlos, aun cuando puedan elaborarse localmente.

La suba sideral de los medicamentos se debe a la alta concentración monopólica que controla la importación, producción y distribución de medicamentos e insumos, elevando los precios por encima de su costo, la cual goza de la complicidad de los gobiernos de turno a quienes los laboratorios financian sus campañas.

El mercado farmacéutico es abastecido por 250 laboratorios de capitales locales y extranjeros, incluyendo 110 plantas industriales y 40 laboratorios públicos. Pero el total de ventas de medicamentos se reparte en forma desigual entre laboratorios nacionales (Roemmers, Gador, Raffo, Elea y otros) -a los que corresponde un 34%- y multinacionales (Bayer-Alemania, Roche-Suiza, Pfizer-USA, Novartis-Suiza, GSK-Reino Unido, Abbot-USA y otras), a quienes les toca el 66% restante.

De las 1.049 droguerías registradas en Anmat 85 tienen capacidad logística, de las cuales solo 4 concentran el 70% de la distribución: Droguería del Sur, Monroe Americana, Suizo Argentina y Droguería Barracas. Por otra parte, las 4 distribuidoras ligadas a los laboratorios más importantes (Disprofarma-Bagó; Rofina-Roemmers; Farmanet-Gador/Casasco/Bayer/Novartis/Boehringer Ingelheim) y Globalfarm (laboratorios de EE.UU.) representan el 99 % de las ventas a las obras sociales.

Contra todo este negocio capitalista, la producción pública de medicamentos ha demostrado una disminución de costos y precios. El Laboratorio Industrial Farmacéutico SE, Santa Fe (LIF), produce el 94% de los medicamentos para Atención Primaria de la Salud de la provincia. El Instituto Biológico de La Plata produce 70 millones de comprimidos al año a un 80% menos del valor de mercado. El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba lo hace entre un 50% y 70% menos.

El proyecto de Izquierda Socialista, en definitiva, plantea la obligación de que el Estado garantice la gratuidad, Vademécum único de medicamentos e insumos esenciales, desarrollo de su producción estatal y la estatización de la producción, concentración y distribución de los mismos como parte de terminar con los mercaderes de la salud.

A modo de conclusión, cualquiera podrá comparar la rebaja del 8% de Fernández con la ley presentada por nuestro partido y las propuestas que siempre levantó y defendió la izquierda junto a la clase trabajadora en defensa de la salud y el hospital público. 

El gobierno está enviando una ley ómnibus al Congreso denominada “ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Una ley de emergencia con plenos poderes para afrontar, dicen, la delicada situación social. Dicha ley contaría con el aval de los gobernadores de Cambiemos y de sus diputados y senadores, salvo en cuestiones parciales como los plenos poderes para el Poder Ejecutivo. También la apoyarían los parlamentarios de Lavagna y tendría un tratamiento ultra exprés para aprobarlo esta semana.

La ley está presentada por el gobierno como que va a combatir los graves problemas sociales dejados por Macri.
Muchas de las medidas previstas causan simpatía entre el pueblo trabajador (bono a jubilados, tarjeta alimentaria a madres con hijos, rebaja parcial de los medicamentos, etcétera). ¿Pero qué esconde la ley? ¿Va a solucionar los graves males sociales? Opinamos que no. Porque mientras dispone paliativos parciales como son los bonos o plus para jubilados que cobran la mínima o a beneficiarios de la asignación por hijo, o va a restituir los medicamentos gratis a los abuelos que cobran la mínima, la ley tiene como centro el reconocimiento del endeudamiento de Macri (disponiendo la renegociación y pago de la usurera y fraudulenta deuda externa) y el mantenimiento del robo de las privatizaciones, entre otras disposiciones.

La ley dispone autorizar al Ejecutivo a “renegociar” la deuda externa con el objetivo de “tener un programa de deuda a 20 años con sustentabilidad en los vencimientos”. Con esto le quieren hacer pagar al pueblo trabajador por décadas una deuda que no contrajo, algo que el Frente de Izquierda Unidad siempre se opuso. Como dijimos en la campaña electoral, hay que hacer lo opuesto, desconocer el pacto con el FMI y que Argentina deje de pagar esa deuda usurera e ilegítima para que la plata vaya a salario y trabajo, no a los usureros internacionales.

La ley toca aspectos muy sentidos (jubilaciones, emergencia en salud, impuestos, etcétera), pero en muchos casos son medias tintas que no resuelven ningún problema de fondo. Los bonos de $5.000 para los jubilados que cobran la mínima para diciembre y enero y el cambio en la fórmula para indexar sus ingresos (para no dar el aumento por inflación del año pasado que llegó al 55%) implica que no se les está dando a los jubilados un aumento sustancial hasta cubrir por lo menos la pérdida del 20% que se produjo en la era Macri y recuperar lo perdido ante la inflación. Tampoco se reestablece el 82% móvil.
En relación a los salarios se habla de que se podría otorgar una suma fija de entre 6.000 y 8.000 pesos a cuenta de futuros aumentos y con paritarias que se suspenderían por 6 meses (como anunció la CGT), lo cual está lejos de recuperar lo perdido.

Sobre las tarifas de los servicios públicos la ley dispondría congelarlas hasta junio, pero no retrotrae los tarifazos siderales que impuso Macri de la mano de las patronales del sector, generándoles siderales ganancias. Y mantiene el robo de las privatizaciones, es decir, el saqueo privado de nuestros servicios públicos esenciales por parte de multinacionales saqueadoras. Al contrario, consideramos que lo que hace falta es anular los tarifazos y recuperar las empresas privatizadas para que pasen a manos del Estado, quien brinde un servicio eficiente y accesible para millones bajo control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios.
Lo mismo pasa con los medicamentos. Si bien se rebajarían los mismos en un 8% (cuando en muchos casos aumentaron hasta un 5.000 por ciento), lo que hace falta es retrotraerlos al valor de 2015, castigar a los remarcadores (laboratorios y grandes farmacias) y disponer que el Estado empiece a fabricar medicamentos gratuitos para millones.

La emergencia económica dispondría una fuerte suba de impuestos, ¿A quién y a qué sectores? ¿Qué se dice de los tremendos impuestos que paga el pueblo? No solo se van a mantener, sino que se van a eliminar hasta la rebaja del IVA de la canasta familiar y/u otros que el gobierno de Macri estuvo obligado a dar ante la extrema gravedad social y su crisis política. Se habla de una moratoria impositiva para las medianas y pequeñas empresas; "Bienes Personales" (el llamado “impuesto a la riqueza”) volvería a las alícuotas de 2015 (que eran mínimas comparadas con otros países) y las retenciones al campo no significaron un mayor impuesto, sino una actualización, ni se dispone diferenciarlas, según se trate de grandes terratenientes (para que paguen más) y pequeños productores (paguen menos). Lo que hace falta son impuestos progresivos a multinacionales, terratenientes y grandes empresarios que se la llevaron en pala en todos estos años.

A esto hay que agregar que el gobierno implementó un decreto que no prohíbe los despidos y suspensiones sino que fija una doble indemnización, permitiendo que siga la desocupación.

Sobre los “poderes especiales” para uso discrecional del gobierno, si bien dicen que sería para eliminar trabas que permitan implementar “medidas sociales”, sabemos que siempre terminan en contra del pueblo trabajador.

Además de los términos de la presente ley, el gobierno prepara una ley especial para beneficiar a las multinacionales expoliadoras de nuestro petróleo y el gas en Vaca Muerta y la burocracia del Smata acaba de anunciar el impulso de una ley para la industria automotriz que, seguramente, brindará nuevas disposiciones beneficiosas para las multinacionales del sector y más sacrificios para sus trabajadores. Asimismo, el gobierno ya manifestó que la flexibilización laboral va a avanzar por gremio.

Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un pacto social de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, mientras las ganancias capitalistas siguen su curso.

En definitiva, si se va a pagar la deuda, mantener las privatizaciones, nada se dice de cómo frenar la fuga de capitales y se exime de impuestos a los empresarios, entre otras medidas, mientras se disponen solo paliativos para los que menos tienen, no habrá solución a los males sociales. Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llama a luchar por una salida de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, 17/12/2019.