Escribe Adolfo Santos

No es necesario ser experto para saber que nuestro país está inmerso en una pobreza creciente. Los indicadores del primer semestre son alarmantes. Según el Indec, 40,9% de las personas están por debajo de la línea de pobreza, o sea que apenas pueden cubrir algunas de sus necesidades básicas. De esas personas, 10,5% está por debajo de la línea de indigencia, lo que significa que no consiguen cubrir ninguna necesidad básica porque son extremadamente pobres o viven en situación de calle.

El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 25.759 pesos, siendo que la canasta básica total promedio alcanzó los 43.785 pesos, una brecha de más de 40%, el valor más alto comparando los últimos cuatro trimestres. Además de aumentar el número de pobres, la calidad de vida de ese segmento se deterioró considerablemente.

Estos datos son peores cuando analizamos la situación de los menores. La Encuesta Permanente de Hogares del Indec muestra que 56,3% de los niños de cero a 14 años son pobres. Pero las proyecciones realizadas por Unicef, basadas en datos del Indec y de los pronósticos del producto bruto interno, calculan que en diciembre el porcentaje de niños y niñas pobres llegará a 62,9 por ciento. 

Cuando hablamos de pobreza no significa solo falta de dinero para comprar, es un concepto más amplio y complejo. Implica la falta de acceso a una educación de calidad, a la salud, a la cultura, al esparcimiento, al transporte, al conocimiento, a una alimentación saludable. Esa falencia intensifica la marginalidad de amplios sectores que no tienen medios para integrarse socialmente. Esta situación no es obra de una herencia maldita, como trata de explicar el gobierno de Alberto Fernández. Es producto de una política a favor de los ricos y poderosos para mantener sus privilegios a costa de una desigualdad social creciente. Es la misma que han aplicado los gobiernos radicales, peronistas de todos los colores y de Cambiemos.

El gobierno alardea que la situación no es peor por los subsidios que viene otorgando. Este discurso no se sustenta, los miserables 10.000 pesos establecidos para el IFE no cubren las necesidades de un hogar pobre. La realidad es que, desde que asumió, el gobierno peronista de Alberto Fernández ha venido priorizando a las patronales, pagando la mitad de los salarios, otorgando subsidios o exenciones a pagos de contribuciones patronales o impuestos. Y las medidas para combatir la pobreza fueron absolutamente insuficientes o brillaron por su ausencia.

El FMI acaba de desembarcar en nuestro país para imponer nuevos ajustes que generarán más pobreza y marginalidad. Vivimos una situación insustentable, si queremos combatir la pobreza hay que tocar los intereses de los más ricos, empezando por los bonistas usureros y el FMI. Por eso proponemos suspender de inmediato el pago de la deuda externa y aprobar el proyecto de impuesto a la riqueza presentado por el FIT-Unidad, que sumaría más de 15.000 millones de dólares. Con estas medidas tendríamos recursos para otorgar un IFE de 40.000 pesos y comenzar a reactivar la economía para sacar de la pobreza y la indigencia a millones de argentinos.

Escribe Claudio Funes

El proyecto de impuesto a la riqueza del peronismo viene “flojo de papeles” desde el inicio. Con una alícuota bajísima, solo afectaba a los patrimonios personales y no a las superganancias de las empresas, por lo que todas las multinacionales que operan en el país quedarían fuera del pago del tributo.

Pero ahora se conocieron más detalles, solo harán el pago por única vez las personas físicas y sucesiones indivisas con domicilio legal en el país. Con esto quedan eximidos supermillonarios argentinos como Alejandro Bulgheroni (Panamerican Energy), Hugo Sigman (laboratorios Sigman) y Marcos Galperín (Mercado Libre), con domicilios en el exterior.  

Para favorecer a los capitalistas se modificó además la fecha de la declaración jurada a partir de la cual se cobrará el impuesto. No será al 31/12/19, como estaba previsto, sino a la fecha de la promulgación de la ley, lo que les permitirá hacer maniobras para reducir su exposición patrimonial.

Esto no es todo, el presidente Fernández invitó a Olivos, para anunciarles más beneficios, a las grandes patronales. Entre otros, a Miguel Acevedo (UIA), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza), Luis Betnaza (Grupo Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar). No satisfechos con los anuncios del presidente, cuestionaron el impuesto a la riqueza. Consideran que “discrimina a empresarios locales y beneficia a las multinacionales”. Por supuesto que su propuesta no es cobrarle también a los extranjeros. Ellos también quieren ser eximidos. El lobby continúa y no sería raro que lo que se termine aprobando, o después reglamentando, les permita a estas patronales salvarse de tener que realizar cualquier pago sustantivo.

 Frente al doble discurso del gobierno con el impuesto a la riqueza, el Frente de Izquierda Unidad propone cobrar el impuesto no solo a algunos millonarios, sino también a empresas, bancos y multinacionales que se vienen enriqueciendo hace décadas.

Como la industria farmacéutica, con Bayer, Pfizer, Abbot y Merck Sharp & Dohm, que en 2019 facturó 59.764,2 millones de pesos, 70,7% más que en 2018. O Telecom, que durante el primer trimestre de 2020 alcanzó una utilidad 39,5% mayor que el año anterior pese al congelamiento de tarifas. O los bancos, que en 2019,  mientras el PBI descendió 2,2%, obtuvieron una utilidad neta 51% más grande que en 2018. Entre ellos están los extranjeros Citibank, HSBC, ICBC o Santander, además de los locales Galicia y Macro.

Con nuestra propuesta se podrán recaudar 15.000 millones de dólares, cinco veces más que los 3.000 millones que propone el gobierno,  y se cobrará anualmente y no “por única vez” como propone el proyecto oficialista. Junto con el no pago de la deuda externa, se podría impulsar un plan económico obrero y popular que comience a dar soluciones a las necesidades del pueblo trabajador.

 
Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El día anterior a que se postergue otra vez el desalojo en Guernica fuimos a llevar nuevamente la solidaridad de nuestro partido. Lo mismo hizo nuestra compañera delegada ferroviaria y diputada nacional Mónica Schlotthauer. Y se aprestan otros dirigentes y compañeras y compañeros de Izquierda Socialista.

Junto con la militancia de Izquierda Socialista de la zona sur de la provincia de Buenos Aires recorrimos ese necesario pedazo de tierra que miles de familias le han ganado al negocio inmobiliario, a los traficantes del sector que gozan de impunidad, a la intendenta peronista Blanca Cantero, que viene fogoneando el desalojo junto con la Justicia, y al gobierno de Kicillof, que se la pasa hablando de los que menos tienen pero no le da solución a los vecinos. Al contrario, el gobierno fue a prometer 40.000 pesos y a hacerles firmar un acta con “reubicaciones” que, sabemos después, nunca se concretan. Y a hacer campaña contra la izquierda diciendo que hay vecinos que no están dispuestos al diálogo y que son violentos, cuando son los propios vecinos quienes reclaman una verdadera mesa de diálogo y que se les resuelva el problema, no que se hable de represión y desalojo.

Lo que se palpa en Guernica son familias que se han quedado sin nada. Víctimas de las políticas de los gobiernos de turno que no les garantizan un techo. Los sociólogos empiezan a llamarlos “nuevos pobres”. O los pobres de segunda o tercera generación, es decir, trabajadores, mujeres y jóvenes que ya venían teniendo a sus padres viviendo en la pobreza.

En Guernica se sienten la desesperación y la valentía a la vez de gente que resiste el desalojo y las campañas difamatorias y las acusaciones de que son usurpadores y violentos. Son personas que se quedaron sin trabajo, perdieron la changa, no pudieron pagar más el alquiler de una pieza o vivían hacinadas con otros familiares y vieron la oportunidad de mudarse a pesar de tener que vivir debajo de un naylon.

La campaña de que son ilegales y que quieren vivir de las prebendas del Estado está fuera de la realidad. Es más, hasta medios patronales que vinieron haciendo esa campaña han tenido que poner obligadamente la foto de Guernica cuando se publicaron las cifras de los nuevos pobres.

“Vinieron a hacer promesas que después no cumplen. Si nos vamos de acá, ¿adónde vamos a ir?”, nos dijo una mamá junto a su esposo, hijas y nietas. ¿Por qué si en la provincia de Buenos Aires sobra tierra y la Argentina es muy extensa no hay un pedazo de tierra para vivir? Si no hay respuesta del gobierno, la gente lo resuelve tomando el problema en sus manos.

“¿Alguien cree que nos gusta estar acá en el medio del barro, tener que ir a buscar agua a la ruta, no tener luz, dormir en un colchón y con frío, o comiendo de una olla popular? Nosotros queremos pagar, no queremos que nos regalen nada, pero necesitamos un techo”. Más cuando quienes alegan ser los verdaderos dueños no tienen ningún título de propiedad. En concreto, son tierras abandonadas hace décadas.

La propia intendenta peronista dijo en una reunión con los abogados de los vecinos que lo que le interesa es defender los dieciocho countries de la zona, no las 2.500 familias que no tienen techo.

Cuando en horas de la noche se supo que se postergaba el desalojo hasta el 15 de octubre hubo algarabía y festejo. Se había ganado un nuevo round. Se dio otro gran paso adelante. Es lo que dijeron las y los delegados de esa recuperación de tierras y de las organizaciones que apoyan en un comunicado muy alentador. Y la convicción es clara: “Si nos sacan vamos a volver”.

Son los ocupantes quienes tienen una propuesta para solucionar el grave problema, lotear los terrenos para que puedan construir su vivienda. Que sea el Estado el que se haga cargo. Lo mismo hizo el Frente de Izquierda presentando un proyecto en la Legislatura bonaerense. ¿No habla el Frente de Todos de un “nuevo rol del Estado”? Que lo ponga en práctica entonces. Pero pasa que el Estado gobernado por Kicillof y Alberto Fernández está para salvar a los grandes empresarios, al negocio inmobiliario, al agronegocio y al FMI, no a los más vulnerables. Y si de “vulnerables” se trata, ¿no son precisamente estas familias sus caras más visibles?

La organización en Guernica es admirable. Se han designado delegados por sector, hay reuniones informativas y resolutivas para decidir de conjunto. La información se socializa al instante y crece la solidaridad. Se hace comida con donaciones de vecinos y organizaciones sociales, sindicales y políticas solidarias. Y hay una vanguardia de luchadoras y luchadores que llevan adelante esta enorme pelea, son voceros en las conferencias de prensa en el Obelisco y planifican cada detalle para fortalecer el día a día de su reclamo.

Todo esto es lo que ha generado que el gobierno y la Justicia hayan tenido que retroceder nuevamente con el desalojo. Pero seguramente van a insistir. Y hay que estar alertas.

Hay que recordar que muchos barrios populares se han constituido de esta manera, por iniciativa de los propios vecinos, no por los gobiernos de turno, peleándola hasta el final.  

Este nuevo round que se ha ganado hay que  consolidarlo con solidaridad y apoyo a todas las acciones que decidan para que puedan triunfar. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad vamos a seguir aportando nuestro granito de arena para lograrlo.

El sábado 3 de octubre delegados del ferrocarril Sarmiento, entre los que estaban la diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad Mónica Schlotthauer y José Sebriano, junto con una delegación de Izquierda Socialista Sur se movilizaron a la toma en Guernica para llevar la solidaridad del cuerpo de delegados ferroviario y de nuestro partido. El Socialista tuvo la oportunidad de entrevistar a dos delegadas de manzana, Melisa y Johana, que nos hablaron sobre su situación.

–¿Cómo llegaron a la toma?

M– Estoy desde el primer día en la toma, llegué hasta acá porque sufrí violencia de género, abandoné mi casa y vine por una vivienda digna. Soy delegada del barrio San Martín, nos eligieron los vecinos. Cada manzana del barrio tiene su delegado, para poder organizarnos mejor con las donaciones y la representación para con el afuera.

J– Acá me trajo la necesidad, luego de la pandemia yo me quedé sin trabajo y no pude pagar más el alquiler. Estoy por necesidad porque no tengo dónde vivir. Soy delegada de manzana del barrio 20 de Junio.

–¿Qué respuesta tuvieron de las autoridades?

M– El municipio desde un principio se lavó las manos, la señora intendenta Blanca Cantero dijo que si cada uno se presentaba individualmente nos iba a solucionar nuestro problema, pero es mentira, porque antes de venir a la toma yo fui a la municipalidad a preguntar por un terreno, pregunté si me daban a pagar o cómo se manejaban, ya que yo estaba en la calle con mis cuatro chicos luego de sufrir violencia de género. Su respuesta fue que ahí no se daban ni se regalaban terrenos, luego me cerraron la puerta en la cara.

Desde el gobierno provincial nos ofrecieron promesas de plata y materiales de construcción, cosa que no sabemos si van a cumplir, acá hay mucha gente que no se va porque no tiene dónde ir. La oferta es un tipo de alojamiento del gobierno en donde podés estar de noche y de día quedás a tu suerte en la calle. Ellos dicen que se comprometen, pero el miedo nuestro es que no cumplan, no hay nada que diga que van a cumplir, ya que un contrato se puede romper.

J– La respuesta que tuvimos fue un hostigamiento continuo, nos ofrecen cosas que no cumplen. Por ejemplo, en mi caso me llamaron para que me acerque a Guernica, al municipio, para llegar a un acuerdo. Me ofrecían ir a un parador de 18 a 6 y durante el transcurso del día estar en la calle con mis hijos. Eso no lo puedo aceptar, no quiero volver a la calle con mis hijos, acá en la toma hay gente que realmente necesita una solución. Yo estoy con mis tres hijos y la vamos a seguir luchando para obtener un pedazo de tierra para ellos. Y, ojo, yo no quiero que me regalen nada, estamos totalmente de acuerdo en que nos den a pagar un pedazo de tierra, para el día de mañana construir nosotros con nuestro sudor una casa para nuestros hijos.

–¿Por qué el gobierno postergó la resolución de la toma?

M– Para seguir hostigando a la gente, para seguir llamándonos por teléfono y mandándonos mensajes, para seguir comprando a la gente y debilitar la toma. Quieren seguir estirando el desalojo, pero acá hay mucha gente que está firme y no se va a ir.

J– Nosotros estuvimos viendo que es porque realmente esto no tiene dueño, no hay papeles que acrediten posesión de ninguno de los terrenos en la toma. No sé por qué dan tantas vueltas y nos tratan así, lo prorrogan para tal fecha y luego para otra y, aun los que estamos acá luchando por una vivienda digna, no tenemos respuesta de la municipalidad de Blanca Cantero ni del gobierno provincial de Axel Kicillof.

El sábado 3 de octubre, integrantes del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, entre los que estaba nuestra compañera diputada Mónica Schlotthauer, junto con compañeros de Izquierda Socialista Sur, fueron a la toma de Guernica para llevar su solidaridad y coordinar una próxima donación de alimentos.

Recorrieron la zona y pudieron hablar con delegadas de los cuatro barrios –20 de Junio, San Martín, La Lucha y La Unión–, que informaron sobre los insumos que están necesitando, a lo que los delegados del Sarmiento e Izquierda Socialista se comprometieron a hacerles llegar. También conversaron sobre la organización de la toma y cómo afrontan las distintas dificultades que se les imponen. “Acá hay muchas mujeres que escaparon del martirio de la violencia de género, ante la ausencia de respuesta del Estado nos organizamos para tener un techo donde vivir con nuestros hijos, lejos de la violencia”, comentó una delegada del barrio 20 de Junio.

Schlotthauer, al final del recorrido, señaló: “Miles de familias son empujadas a vivir en condiciones precarias, entre ellas muchas madres solteras, y a ocupar un pedazo de tierra. No al desalojo de Guernica, viviendas dignas ya para quienes las necesiten”.