La trata es uno de los tres negocios ilegales más lucrativos del mundo y en nuestro país al menos 500 mujeres y niñas son secuestradas por redes de trata para la explotación sexual cada año. Esta cifra aumenta con el ajuste y la crisis; mientras, el gobierno nacional de Cambiemos gasta 2.000 millones de pesos para comprar armas y reprimir a quienes salimos a luchar, pero a la hora de pelear contra la trata la gran medida que propone el gobierno es la creación de una base de datos a cargo del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich (¡los responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado!).

En Macachín (La Pampa) y en Paso de los libres (Corrientes) fueron procesados intendentes y policías por tener, colaborar y proteger organizaciones que explotan mujeres sexualmente. ¿Por qué hay casos como este? -Porque La Ley de Trata (N° 26.842) garantiza la impunidad desconociendo la existencia de REDES de trata: sólo van presos los “perejiles” y hasta ahora no se ha desmantelado ni una sola red.

Por todo esto, esperamos que este 32° ENM exija la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas; así como que se pronuncie por seguir la pelea por el desmantelamiento de todas las redes de trata y cárcel común para todos los proxenetas y sus cómplices políticos, policiales y judiciales.

Aunque conquistamos algunos derechos como la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario, estos no siempre se garantizan, y la discriminación sigue siendo moneda corriente en nuestro país. El caso de Higui fue emblemático porque el gobierno y su justicia patriarcal, pretendieron disciplinarnos con el encierro de una mujer lesbiana y pobre que se defendió de una violación correctiva. Sin embargo, las mujeres con organización y lucha logramos liberarla. 

Los sucesivos gobiernos, la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas son responsables de esta situación, dejándonos expuestas a todo tipo de violencias e incluso realizando campañas de odio contra nosotras. Pero cada vez somos más quienes reclamamos y nos organizamos.

Desde Isadora, proponemos que el 32° ENM se pronuncie por educación sexual laica, científica y con perspectiva de género en todos los niveles educativos; la separación de la Iglesia y el Estado; el acceso a la Salud Pública para personas transy presupuesto para la real aplicación de la Ley de Identidad de Género.

La ley N° 26.150/06 de Educación Sexual Integral es una conquista del movimiento de mujeres: permite brindarles herramientas a las niñas y niños para defenderse ante situaciones de abuso, y ayuda a formar sujetos que respeten la autonomía de los cuerpos y vivan libremente su sexualidad -sin relaciones opresoras, ni violencias-. Para que realmente se cumpla, hay trabajar desde una perspectiva de género, pues ayuda a problematizar las formas de violencia contra las mujeres, interpelar representaciones y prácticas, y evidenciar las relaciones de poder. Esto no va a pasar hasta que instituciones reaccionarias como las iglesias dejen de influenciar las políticas y la educación pública creando y difundiendo conocimientos falsos, y obstaculizando el acceso libre a la información a través de la culpa y el miedo y la estigmatización del cuerpo.

Desde Isadora exigimos separación de la Iglesia del Estado, a la vez que hacemos propia la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y exigimos que se cumpla la ESI y las capacitaciones en servicio con perspectiva de género.

Por un movimiento de mujeres anti patriarcal, anticlerical y anticapitalista en todo el mundo.

Las mujeres nos venimos organizando contra los gobiernos y el 2017 fue el año de la rebelión femenina en todo el mundo. En enero, las estadounidenses fueron las protagonistas de la Woman´sMarch contra la política misógina, racista y capitalista de Trump. Para el 8 de marzo, el Paro Internacional de mujeres hizo temblar la tierra y las mujeres salimos simultáneamente en 50 países del mundo. Y más recientemente, #UnGritoGlobal fue una jornada internacional con epicentro en Latinoamérica que dejó en evidencia el atraso legal que tenemos en la región, en torno al derecho al aborto. La mayoría de los países latinoamericanos, estamos dentro del 40% de los países que tienen algún tipo de restricción para que las mujeres podamos acceder al aborto legal. 

En todo el mundo, las mujeres venimos resistiendo los brutales ataques de los gobiernos capitalistas. En épocas de crisis económica, las mujeres somos una excelente variable de ajuste que utilizan todos los gobiernos. Somos las primeras despedidas, las más precarizadas y las jefas de los hogares más humildes. Somos las más pobres entre los pobres. Por eso decimos con fuerza que las mujeres no vamos a pagar la crisis. 

En nuestro país, la brecha salarial entre mujeres y varones asciende al 27 %, en detrimento de las mujeres. Y si tomamos el 10 % más pobre de la población de Argentina vemos que el 70% somos mujeres. El ataque a nuestras condiciones de vida, a la salud y a la educación son brutales y el responsable es el gobierno que no tiene ninguna política para frenar la creciente feminización de la pobreza. Es más, de acuerdo al presupuesto presentado para el 2018, se destinarán 25.000 millones de dólares a los pagos de la fraudulenta deuda externa (el 10% del presupuesto) mientras educación recibe el 7% y salud el 3%. Exigimos el no pago de la deuda externa y que esa plata se destine a solucionar los acuciantes problemas que sufrimos las mujeres y el pueblo.

Por otro lado, queremos que el 32° ENM también se pronuncie contra la represión al pueblo catalán y por la inmediata declaración de la independencia del estado español. Saludamos la valentía del pueblo catalán, y fundamentalmente de las mujeres catalanas que vienen llevando adelante la lucha por su independencia enfrentando todo tipo de ataques represivos por parte de la monarquía católica y el gobierno de Rajoy.

Vamos por un movimiento de mujeres antipatriarcal, anticlerical y anticapitalista en todo el mundo.

La separación de la iglesia del estado implica que ninguna iglesia, religión o culto intervenga en los asuntos del Estado. Desde Isadora consideramos que las creencias y las religiones son del ámbito personal y privado de cada una y, por lo tanto, no deben interferir en los asuntos públicos del Estado. En la actualidad, el Estado financia a la Iglesia Católica por medio de leyes que mantienen económicamente a las cúpulas eclesiásticas. Estas leyes fueron sancionadas en la última dictadura militar y ningún gobierno posterior, ni peronistas, ni radicales, ni la alianza, ni el FPV, ni Cambiemos, las derogaron. Todos los partidos patronales que gobernaron están de acuerdo en favorecer y financiar a una institución reaccionaria y ultraconservadora como es la Iglesia Católica, que vive de privilegios y actúa siempre contra las mujeres y sus derechos.

La existencia de una cifra enorme de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica no es una cuestión puntual, ni esporádica, ni aislada y el encubrimiento es total. Este año, se conocieron los aberrantes casos de abuso sexual infantil en el Instituto Próvolo de Mendoza, en el que chicos sordos e hipoacúsicos fueron víctimas de todo tipo abusos, torturas y violaciones. A tal punto fue el encubrimiento que uno de los detenidos, el cura Corradi, ya tenía antecedentes de abuso sexual en Italia, por los que había sido “trasladado” a Argentina. Este mecanismo de traslado y de reubicación de los curas abusadores es la manera que tienen para encubrirlos. A su vez, la Iglesia Católica apoyó todos los golpes de estado en Argentina y jugó un rol muy activo en la última dictadura militar.

Otro de los negocios que mantiene la Iglesia con los distintos gobiernos es el subsidio a sus escuelas confesionales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el 60% del presupuesto para los colegios privados está destinado a instituciones católicas, y en la provincia de Buenos Aires el 70%. Es inadmisible que una institución que se opone al uso de preservativos y de cualquier otro método anticonceptivo; a la libre elección de la orientación sexual de las personas (como volvió a ratificarlo recientemente el Papa Francisco); rechaza el derecho al aborto esté a cargo de la educación.

Por todo esto, el 32° ENM se tiene que pronunciar por la inmediata separación de la Iglesia del Estado. Basta de financiar a la Iglesia Católica