Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE-Ministerio de Economía y legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad
El gobierno nacional acordó la semana pasada con las conducciones burocráticas de ATE y UPCN la paritaria por doce meses a partir de junio 2021, 35% en seis tramos a terminar de cobrar en mayo de 2022. Este pacto constituye, por donde se lo mire, una vuelta de tuerca del ajuste en el Estado. Desde la Interjuntas de ATE se está organizando el rechazo a este acuerdo de miseria salarial.
Por más que intenten maquillarlo con cálculos de todo tipo, con este acuerdo no se recupera un centavo de la pérdida de más de 40% del poder adquisitivo de los últimos cinco años. Y en los próximos doce meses el 35% en comodísimas cuotas hará que perdamos aún más contra la inflación.
A nadie sorprende que haya firmado el burócrata de UPCN Andrés Rodríguez, número tres de la burocracia de la CGT y eterno aliado de los gobiernos ajustadores. Pero la bronca crece con la dirigencia de ATE nacional. Es que, desde la llegada de Alberto Fernández al gobierno, la conducción encabezada por Cachorro Godoy funciona como un engranaje de apoyo a las políticas de ajuste. Así fue que a principios de 2020 no reclamaron cuando el gobierno se salteó la instancia de revisión establecida en unas paritarias que estuvieron 25 puntos por debajo de la inflación. Luego permitieron la postergación de la convocatoria a paritarias por más de tres meses para finalizar rubricando con su firma una paritaria de solamente 7% para el año 2020. La conducción de ATE encarnada en Godoy llevaba más de quince años sin firmar un acuerdo y este hecho, aunque nunca organizaron consecuentemente una pelea como para torcer el rumbo de las paritarias, significa un salto cualitativo en el abandono de los trabajadores estatales.
Para poder rubricar esta entrega tuvieron que abandonar cualquier instancia de debate en el gremio. No hubo convocatoria a plenario de delegados y delegadas ni instancia alguna de consulta a las trabajadoras y los trabajadores del Estado nacional. Esto obedece a la bronca que crece por abajo y que tuvo expresión también a nivel de conducciones provinciales y seccionales alineadas con la misma lista Verde de Godoy, como las de Córdoba, Misiones y Rosario.
En este marco, resulta de gran importancia el avance de las instancias de unidad de acción construida hace más de un mes por más de una decena de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones que venimos llevando adelante acciones exigiendo un aumento de emergencia en una sola cuota de 40% para comenzar a recuperar lo perdido y la indexación mensual automática hacia adelante de acuerdo con la inflación medida por el Indec para no seguir perdiendo.
Este espacio Interjuntas convocó el día mismo de la firma paritaria a una reunión abierta donde participaron más de cuatrocientas compañeras y compañeros reafirmando el objetivo de no permitir una nueva entrega de nuestros derechos. De esta reunión, de la que participaron los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén, que son el ejemplo vivo de cómo romper los acuerdos a la baja que firman los dirigentes burocráticos, surgió la convocatoria a una jornada nacional de lucha este 2 de junio. Con acciones en diversos puntos del país y con una caravana que en la ciudad de Buenos Aires llevará los reclamos a las puertas de la Secretaría de Empleo Público, frente a Plaza de Mayo.
Desde Estatales en Marcha creemos que es imprescindible seguir fortaleciendo este espacio, buscando la forma de unir en un mismo reclamo a todos los sectores que en todo el país han expresado el rechazo a este vergonzoso acuerdo paritario. Con la mayor amplitud y con la mayor firmeza debemos robustecer nuestra lucha para triunfar.
Escribe Pablo Almeida, delegado general Ministerio de Economía y legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad
La situación de atraso salarial de los trabajadores estatales nacionales se ha vuelto insostenible con una pérdida acumulada solamente en los últimos cuatro años de más de 40% del poder adquisitivo. Tenemos salarios que arrancan por debajo de los 30.000 pesos, menos de la mitad de la línea de pobreza. Esta situación que se arrastra desde hace más de una década ha pegado un salto en los dos últimos años del gobierno de Macri y en el primer año del gobierno de Fernández con cierres paritarios firmados por el gremio pro patronal UPCN que han llegado a 10,15 y hasta 25 puntos por debajo de la inflación.
La conducción burocrática de ATE también ha sido parte de estos vergonzosos acuerdos durante el último año. Dejaron pasar las cláusulas de revisión de la paritaria de 2019 consagrando una pérdida salarial que ha sido la mayor en los últimos quince años y firmaron la paritaria 2020 que dejó a las trabajadoras y los trabajadores estatales muy lejos de la canasta familiar, que hoy asciende a 92.500 pesos.
Por eso, y frente a la inacción de la conducción de nuestro sindicato, un conjunto de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones hemos convocado a medidas de visibilización exigiendo el fin de la miseria salarial, reclamando un aumento de emergencia en una sola cuota de 40% para comenzar a recuperar lo perdido y que la paritaria que debe firmarse este 2021 sea de indexación mensual acorde con la inflación. En unidad, las juntas internas de ATE del Indec, Ministerio de Economía, Trabajo, Cultura, Senasa, INTI e Incaa, junto con cuerpos de delegados y agrupaciones de organismos nacionales hicimos una conferencia de prensa el pasado 5 de mayo frente al Indec y este miércoles 12 haremos una radio abierta frente al Ministerio de Economía.
Desde Estatales en Marcha llamamos a profundizar la unidad en la lucha contra los salarios de hambre y la precarización laboral.
Pablo Almeida, legislador porteño de Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegado general de ATE del ministerio de Economía, llegó a Neuquén para apoyar la lucha de los auto convocados de salud y realizar un aporte monetario de la Junta interna del Ministerio para el fondo de huelga. Esto responde a uno de los pedidos públicos realizados por la interhospitalaria para sumar recursos y poder paliar los descuentos arbitrarios realizados por el gobierno. Es un nuevo aporte se suma a los 30 mil pesos que entregó el diputado nacional Giordano, al de los compañeros de Izquierda Socialista de Bariloche en semanas anteriores y al de los dirigentes de la Cicop (sindicato de salud de Buenos Aires) que en la persona de nuestra compañera Mónica Méndez visitaron Neuquén (junto a nuestra diputada nacional electa Mónica Schlotthauer) y aportaron 50.000 pesos. Llamamos a las comisiones internas y delegados a que sumen su aporte para seguir la lucha.
En medio de la segunda ola de la pandemia del covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires se baten records de contagios y los hospitales ocupan casi la totalidad de las camas de terapia intensiva. En el marco de un masivo paro docente en la Ciudad encabezado por Ademys y otros gremios y en la Provincia por los SUTEBAS combativos, el gobierno de Fernández se vio obligado a anunciar el paso a virtualidad temporal, dejando en claro que aunque lo quieran esconder la presencialidad en las escuelas es un gran foco de contagios.
Por el otro lado, H. Larreta en la Ciudad dice que llevará a la justicia la medida de virtualidad en las escuelas, basándose en estadísticas manipuladas y falsas que ponen en peligro la vida de la comunidad educativa. Larreta dice preocuparse por que los niñxs estén en las escuelas, pero no dice nada de los miles que todos los años quedan sin vacantes en las escuelas.
Al respecto el legislador porteño Pablo Almeida declaró “Larreta directamente nos miente, niega la realidad que vemos todos los días. Las escuelas son focos de contagio, las escuelas no están en las condiciones sanitarias adecuadas, falta personal docente y auxiliar y esos protocolos perfectos de los que habla son inaplicables. Todo esto producto de la desinversión creciente en la educación pública. No lo decimos solo nosotros, lo dijo la docencia con el contundente paro de ayer.”
En este contexto el bloque del Frente de Izquierda-Unidad presentó un proyecto en la legislatura porteña para poner la capacidad productiva de la Ciudad para el combate de la pandemia.
“Nuestra propuesta es volcar a los laboratorios y la industria farmacéutica de la Ciudad a la producción masiva de vacunas y medicamentos contra el coronavirus. Proponemos utilizar la capacidad productiva de la Ciudad junto con las millones de dosis de la vacuna Astra-Zeneca que se producen en Garín que deberían quedar en el país. En nuestro proyecto también proponemos que se haga un aumento salarial de emergencia a las y los trabajadores de salud en primera línea de combate contra la pandemia. Necesitamos una vacunación masiva para lograr inmunizar a la población” declaró Pablo Almeida legislador por Izquierda Socialista en el FIT-U
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Escribe Pablo Almeida, legislador CABA, Izquierda Socialista/FIT Unidad
La ciudad de Buenos Aires tiene registros récord de contagios. Para hisoparse hay que hacer cuadras de colas. La atención en los hospitales públicos se encuentra colapsada y las obras sociales y prepagas advierten que tienen ocupadas casi la totalidad de las camas de terapia intensiva. En medio de ese colapso el Gobierno de la Ciudad sigue sin dar respuesta alguna a las necesidades populares. Larreta y sus ministros privilegian, una vez más, el marketing político y piensan en cómo posicionarse para las elecciones del segundo semestre.
La situación que se podía prever con los aumentos de casos de contagios de Covid-19 del último mes ha pegado un salto llevando a la ciudad a batir récords día tras día. Por poner solo un dato que seguramente quedará “viejo” en poco tiempo, el lunes 12 de abril en la ciudad se contabilizaron 3.185 casos solo entre los residentes de la ciudad. A diario, los medios de comunicación reflejan el estado, al borde del colapso, del sistema de salud, tanto en hospitales públicos como en obras sociales y prepagas.
Pero esta escalofriante situación no le mueve un pelo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Todo lo contrario, su único afán es mostrarse más aperturista y menos restrictivo que el gobierno nacional. Lo hace basándose en la especulación electoral, ya que correctamente millones asocian las restricciones a la circulación con el padecimiento del encierro y sobre todo la imposibilidad de trabajar para quienes viven de changas o son cuentapropistas. Se asocia también con la realidad vivida en 2020 donde miles de trabajadores vieron reducidos sus salarios, fueron suspendidos o directamente despedidos. Y a su vez buscan dar una señal para que todas las patronales puedan seguir obligando a sus trabajadores a viajar en transportes atestados y a trabajar sin verdaderos protocolos exponiéndose a los contagios en un contexto de un sistema de salud colapsado.
Con esos objetivos en mente el gobierno de Larreta no ahorra esfuerzos en función de ocultar lo inocultable. Sus funcionarios repiten en cada ocasión que se les presenta una falsa visión de la realidad, como sucedió esta semana en la Legislatura de la Ciudad en las comisiones de Salud y de Educación. En esa visión, basada en estadísticas dibujadas y amañadas, repiten la máxima de la ministra de Salud nacional, Carla Vizzoti, que sostiene que en los lugares de trabajo y de estudio no se producen contagios. Y a esto le agregan que el sistema sanitario está lejos de colapsar.
Desde nuestra banca venimos desde principios de la pandemia denunciando al gobierno de Larreta por no haber tomado ninguna medida para cuidar la salud del pueblo trabajador que reside y a quienes a diario trabajan en la ciudad. A principios de año denunciamos también, junto con los distintos actores de la comunidad educativa, la irresponsable vuelta a la preespecialidad que impulsaba la ministra Acuña en sintonía con el ministro nacional Nicolás Trotta. Seguiremos por ese mismo camino peleando junto a quienes, como las y los docentes convocados por el combativo sindicato Ademys, enfrentan las medidas negacionistas y criminales del gobierno de Larreta.