El jueves a pocas horas de terminada la infame sesión de senadores que voto la Reforma laboral contra los trabajadores, mientras con gases, palos y balas el gobierno atacaba a los que reclamaban, se destapó lo que la CGT, gobernadores y senadores y empresarios venían negociando en secreto.

La cúpula de la CGT arreglaba su bolsillo. Uno de los ejemplos más nefasto de esta ley antiobrera es que aquellos trabajadores que enferman y no pueden asistir cobraran solo la mitad del salario!!!, y el 75% si las lesiones fueran originadas en su trabajo.

Pero hay más... el salario a destajo: jornada superior a 8hs sin pagos de horas extras. Y un sin fin de arrebatos a los derechos históricos conquistados en muchos casos perdiendo las vidas de quienes lucharon en otros tiempos para que hoy la tengamos.

El repudio recorrió los lugares de trabajo en todo el país, y la CGT se vio obligada a convocar a un paro general.

El paro que le reclamamos desde el cuerpo de delegados junto al Plenario de sindicatos combativos y miles de delegados y compañeros del país.

Paremos el jueves para de decir
no a la reforma y los despidos.
Si a la recomposición salarial
Desde el cuerpo de delegados convocamos a organizar en cada sector un gran paro. Y a todos los compañeros que puedan sumarse a concentrar en Castelar ......
Y a las 12 hs participar del acto en congreso que reclame la continuidad.
Con un paro no alcanza, necesitamos un plan de lucha nacional.
Y no paramos solo por un art, los 197 art son contra los trabajadores.
Reclamemos a la CGT un plan de lucha nacional contra toda la reforma laboral y los despidos y por aumento salarial.

Cuerpo de delegados - Comisión de Reclamos
Comisión Ejecutiva - Seccional Gran Buenos Aires Oeste Unión Ferroviaria
Línea Sarmiento

Escribe Izquierda Socialista Santa Fe

La semana que termina significó el peor momento del gobierno de Pullaro hasta ahora. Tuvieron que enfrentar una huelga policial con acciones en toda la provincia, que intentaron reprimir con efectivos que no se habían sumado a la medida, además de intentar ejecutar decenas de despidos. El detonante del paro policial fue el suicidio de un agente, a partir de lo cual se pudo conocer públicamente la magnitud de los problemas de salud mental en la Policía.

Luego de varios días de conflicto, ocultado por los medios de comunicación locales y nacionales afines a Pullaro, improvisaron “anuncios” de aumentos -con el ministro de seguridad Cococcioni a la cabeza- que lejos de calmar la situación, profundizó más el conflicto. En ese contexto el jefe de la policía intento amedrentar a los uniformados, lo que le significo ser agredido físicamente en la puerta de la Central de Policía de Rosario.

Finalmente, ante la amenaza de que el conflicto se extendiera inmediatamente a docentes y estatales, o incluso a otras fuerzas policiales nacionales y de otras provincias, Pullaro otorgó un aumento del 32%, con lo que el sueldo de un policía será de 1.350.000 mínimo (además de una serie de adicionales con lo que podrían ganar cerca de 2 millones). La ironía de la jornada fue que, mientras Pullaro intentaba terminar la huelga de los policías santafesinos, sus senadorxs como Losada votaban la Reforma Laboral de Milei (Luego de que el presidente lo tratara de Narco en la campaña electoral), que establece –entre otras barbaridades- la prohibición de hecho para que lxs trabajadores hagan paro…

Pullaro, incluso tuvo que aceptar dar marcha atrás con los despidos y sanciones de decenas de agentes. Una derrota total para un gobierno que hizo gala de su autoritarismo contra todxs lxs estatales desde el día que asumió, por ejemplo derogando de hecho las paritarias, y que ahora parece que los policías consiguieron recuperar, aunque ni siquiera tienen un sindicato legal.

No se puede negar que Pullaro prefiere mostrarse como “pro-policía” -como el mismo lo dijo-, antes que favorable a docentes, enfermerxs y medicxs, poniendo plata para mejorar la salud y la educación pública. Por eso ya aclararon que la policía seria “un caso especial” en la discusión salarial. Quieren a la policía conforme, para reprimir si es necesario. O para tenerla controlada en el contexto del creciente negocio narco de la región (de la que muchos policías han sido o son parte). Esto no niega que esta huelga fuera vista con simpatía por miles de docentes y estatales que en realidad, desde hace dos años no tienen paritarias, y están sometidxs a la miseria salarial y una enorme sobrecarga laboral.

Es evidente que la debilidad del “patrón de estancia” que intenta ser este Gobernador, es un momento propicio para salir a luchar por salario, en primer lugar de docentes y otros estatales. Lamentablemente las conducciones sindicales burocráticas de ATE y UPCN ya han salido a declararse “responsables” en la negociación con el gobierno, mientras que la de AMSAFE no ha hecho nada (por lo que surge una organización de la bronca por abajo con acciones autoconvocadas) para preparar el no inicio de clases que necesitamos. Incluso a los dirigentes como Rodrigo Alonso, parece “molestarle” que activistas docentes vayan a la puerta del ministerio los días de reunión paritaria con el gobierno. Quiere negociar “tranquilo”. Lamentable!!

Quedo claro con el conflicto policial que Plata hay, y tiene que salir de fuertes impuestos al polo agroindustrial y portuario, suspender los pagos de la deuda e impulsando la ruptura con el FMI

Desde Izquierda Socialista, integrante del Frente de Izquierda - Unidad, impulsaremos todo tipo de acción unitaria junto a la comunidad educativa y las y los trabajadores estatales, por la recomposición salarial adeudada desde 2024, estableciendo que ningún cargo docente sea menor a 1.500.000. Actualizado por una verdadera cláusula gatillo. Ya han surgido decenas de autoconvocatorias en toda la provincia. Tenemos que desarrollarlas y coordinarlas provincialmente con todos los sectores estatales dispuestos a luchar. Y seguir exigiendo a los dirigentes sindicales de ATE, UPCN y AMSAFE que ninguna lucha se termina sin resolverlo democráticamente en toda la provincia. Y por supuesto prepararnos para enfrentar el intento de aprobar la reforma laboral en Diputados, exigiendo el paro general y el plan de lucha que necesitamos a la CGT-CTAs.

Escribe Mercedes de Mendieta
Diputada nacional electa por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Esto representa un avance en la política de criminalización contra las pibas y pibes.

Milei y Bullrich contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal de Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas -que dio 17 votos incluido el diputado Lousteau- y los bloques provinciales ligados a los gobernadores peronistas, como el de Tucumán, logrando 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos los votos del cien por ciento de las bancas del Frente de Izquierda Unidad. La nota de color en la complicidad la dio el diputado que responde a Sergio Massa, Ramiro Gutiérrez, aportando su presencia para que se llegue al quórum que habilitó la sesión. Es decir, esta media sanción la logró Milei con sus cómplices, entre ellos sectores del peronismo.

Bajar la edad o la mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento “delito de adulto, pena de adulto”, se presenta a las infancias y adolescencias como responsables de la inseguridad que crece de la mano de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos que, en casos de delitos graves, llegan a 15 años de prisión,

Las experiencias internacionales son claras. Estudios de UNICEF, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100.000 habitantes. En países como Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia, incluso, dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas. En los países que tienen 12 años de edad de punibilidad las tasas de criminalidad van de 23 a 45 puntos, mostrando que la incidencia es inversa: a mayor criminalidad más delito.

Hay otro dato revelador: de los diez Estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros. (Clarín, 12/2). Además, desde 2004, cuando el Congreso votó 26 reformas al Código Penal impulsadas por el peronismo kirchnerista endureciendo las penas, el delio no bajó. Ahora se sigue por el mismo camino, agravando aún más el problema.

Los organismos de las niñeces recomiendan otra cosa

Está claro. Bajar la edad de punibilidad no reducirá el delito, sino que criminaliza aún más a la juventud pobre. Además, se hace esta campaña contra las y los adolescentes, cuando la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Y según UNICEF, sólo el 0,45 de las chicas y chicos de 12 a 17 años ha cometido un delito. Está claro que esconden esta realidad, para poner el foco en las y los adolescentes, donde no hay que ponerlo.

Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y expertos en justicia penal han señalado que no hay evidencia de que bajar la edad de punibilidad reduzca la criminalidad y que, por el contrario, lo que se necesita son políticas profundas de inclusión, educación, salud mental y trabajo.

Estas medidas punitivistas como la que se acaba de aprobar con esta media sanción desconocen el principio básico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consideran correctamente a esos sectores como sujetos vulnerables que necesitan una protección especial. En un marco donde en Argentina, los 3,6 millones de pibas y pibes entre 13 a 17 años a los que se quiere criminalizar, son ya víctimas de este sistema: el 47% vive en la pobreza y el 15% directamente bajo la línea de indigencia. Y donde en 2022, por ejemplo, fallecieron 15.144 por muertes evitables, de ellos el 31% fue por suicidio.

La salida para por otro lado

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. En nuestro país, hoy en día un juez puede establecer la internación de menores de 16 años que sean alojados en institutos, a pesar de no haber sido condenados. Los institutos para infancias y adolescencias son en muchos casos como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos. Lejos de reducir la violencia, la multiplican. Es echar nafta al fuego.

Para combatir la inseguridad, que afecta particularmente a las y los trabajadores y demás sectores populares, no vas las respuestas represivas. Esto es solo más criminalización. Se necesita desmantelar las mafias que las organizan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar más presupuesto para políticas integrales para fortalecer el sistema de protección integral de niñez y adolescencia.