Escribe Luis Díaz, dirigente de Izquierda Socialista/ FIT-Unidad, Santa Cruz

Ante el fracaso de las medidas tomadas por el gobierno provincial frente a la pandemia y por la bronca entre el personal de la salud y el conjunto de la población, la situación del ministro de Salud se hizo insostenible para el gobierno de Alicia Kirchner. Desde Izquierda Socialista reiteramos el reclamo de medidas de fondo ante la emergencia y alertamos a la población sobre estos cambios de figuritas que no traen ninguna solución. Cambian al ministro para no cambiar nada.

Luego del surgimiento de los primeros casos en marzo se anunciaron múltiples medidas que intentaban mostrar que la provincia estaba preparada para un brote mayor. Desplegaron carpas en destacamentos del Ejército, hospitales modulares y anunciaron compras de instrumentos, que nadie vio.

Mientras, no les pagaron el bono de Nación a todos los trabajadores de la salud y la población les tiene que llevar agua para que se hidraten, en medio de un brote que los tiene sobrecargados de tareas y sin descansar desde hace meses, ya que nadie puede tomarse un franco. Con los contagios, el personal se ve cada vez más diezmado. Por si esto fuera poco, con un decreto caprichoso se intentó poner paños fríos a la crisis del hospital de Río Gallegos, donde el brote tiene el epicentro. Lo único que se hizo fue echar nafta al fuego. Se entregaba un bono donde se reconocían cargos políticos, con 25.000 pesos, y se dejaba afuera al resto del personal de la salud. No era para todos los del equipo de salud del hospital. Esto catapultó asambleas autoconvocadas que terminaron por echar al ministro. Un párrafo aparte merece el escándalo de la jefa de epidemiología a cargo de la crisis en la provincia, que contrataron en Tucumán, sin experiencia previa y cuyos antecedentes laborales estaban en la medicina estética.

Llamamos a apoyar al personal de la salud. Exigimos al gobierno que atienda los reclamos de los que hoy están en la primera línea de fuego. Que se tomen todas las medidas necesarias para contener la pandemia. Que se conformen comisiones de crisis en las que participen trabajadores de la salud. Que el bono de salud sea para todos los trabajadores. Y que se constituya de manera inmediata un impuesto extraordinario a las mineras, las pesqueras, las gasíferas y los grandes supermercados para conformar un fondo de emergencia y de allí poder hacer frente a este contexto de crisis sanitaria. Plata para salud, no para las grandes empresas y multinacionales ni para la deuda externa.

Escribe Ana Val, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

El martes 25 de agosto se realizó el Plenario de Organizaciones de Jubilados Autoconvocados, con la presencia de organizaciones del AMBA y de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Neuquén, Chaco y Tucumán y de la agrupación Rentas Vitalicias.

Todas coincidimos en la problemática de la destrucción de las cajas provinciales por parte de los diferentes gobiernos, la liquidación de los logros obtenidos con las luchas, o el caso de los jubilados de Chubut, que sufren los mismos avatares que los empleados estatales en manos del corrupto Arcioni, que ni siquiera paga los haberes de los activos y los jubilados desde hace meses. 

La agrupación Jubilados en Marcha de Córdoba, hermana de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), denunció el brutal ajuste que Schiaretti, en sintonía con Fernández, llevó a cabo en Córdoba contra las jubiladas y los jubilados. Dieron a conocer el sentido de la ley 10.694, con la que en veinte años de gobiernos peronistas, con el apoyo del radicalismo y el resto de los partidos patronales, terminaron de liquidar el 82% móvil sobre el mejor sueldo para pasar a un haber que es el 67% sobre el promedio actualizado del sueldo bruto de los últimos 120 meses, diez años. Se llegó así a lo que pretendían, la “armonización” a la baja del salario de los pasivos cordobeses. Provocaron una desfinanciación haciendo caer los aportes patronales y pagando hasta 50% en negro a los trabajadores provinciales.

Desde la Utjel pusimos de manifiesto la incidencia de la crisis mundial en nuestra problemática, un capitalismo que se derrumba sobre las espaldas de los trabajadores y los jubilados. Sufrimos la doble pandemia, por un lado el virus que arrasa a los que menos tienen, por el otro el gobierno, apoyado por patronales y la burocracia sindical, cómplices del brutal ajuste que sufren trabajadores y jubilados.

Este panorama es lo que nuestra organización denunció cuando dijimos que el presidente Fernández y los gobernadores meten mano en las cajas de jubilación para pagarle al FMI y a los bonistas extranjeros.

La única salida es movilizarnos en unidad con los trabajadores activos en defensa de nuestros derechos, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo.

Resoluciones: 

Viernes 4 de septiembre, a las 15: audiencia pública en el Congreso en defensa de las jubilaciones, para organizaciones de jubilados y sindicales. 

20 de septiembre, Día del Jubilado: afiches y propaganda en todas las localidades con los reclamos.

23 de septiembre, a las 12: movilización nacional, acorde a la pandemia, presencial o en caravanas.

1° de octubre: actividad por el Día Internacional del Jubilado. 

Rosario. Paro de la UTA

La seccional rosarina de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) llevó a cabo una asamblea el pasado miércoles 26 en la que se resolvió realizar un nuevo paro por tiempo indeterminado a partir de la cero hora del jueves 27.

La medida de fuerza fue adoptada por el incumplimiento de un pago de haberes atrasado. Las autoridades se comprometieron a pagar el 50% del salario el pasado viernes 21 de agosto.

Además, para la semana pasada estaba pautado el pago del porcentaje restante de los sueldos con dinero proveniente de Nación. Ante el incumplimiento de ese acuerdo, la seccional decidió parar.

Los trabajadores esenciales no lo son a la hora de cobrar sus salarios y tampoco se tienen en cuenta los problemas que sufren el resto de los trabajadores por no tener transporte, lo que muestra la desidia de los gobiernos, provincial y nacional, para resolver esto.

Morón. Feriantes marcharon al municipio

El pasado martes 25, el Colectivo de Feriantes de Morón se concentró frente a la municipalidad para repudiar el hostigamiento y la represión policial que sufren diariamente.  

Las trabajadoras vienen pidiendo reunirse con el intendente peronista Lucas Ghi, pero siguen sin obtener respuestas concretas mientras se las criminaliza. La misma semana de la concentración una de las feriantes fue detenida en una plaza céntrica del distrito, junto con su hijo de 10 años, por estar vendiendo ropa.

Desde Izquierda Socialista repudiamos este hecho y seguiremos apoyando la lucha de las feriantes y acompañando las distintas medidas que decidan.

Reclamo salarial en el diario Clarín

Los trabajadores de prensa del diario Clarín aprovecharon el 75° aniversario del matutino para hacer visible su reclamo, que ya lleva mucho tiempo. Exigen un aumento salarial que abarque además a las redacciones de Olé y la revista Viva.

El 28 de agosto difundieron a través de las redes, y con una pegatina en la esquina Ana Ale, en CABA, “la tapa que le faltó a Clarín en su historia” #ElSueldoNoAlcanza.

El sector viene atravesando una situación de emergencia laboral en la que el 45% de trabajadoras y trabajadores perciben ingresos debajo de la línea de pobreza. Las acciones exigiendo una urgente recomposición salarial continuarán.

Repartidores realizaron una jornada de protesta

Ulises González, repartidor de la empresa Pedidos Ya, fue reprimido y detenido el jueves 27 en el barrio porteño de Caballito.

La viralización del video que muestra el abuso policial despertó de inmediato la indignación de sus compañeros, que se movilizaron a la comisaría y lograron su inmediata libertad. Los repartidores denunciaron que, a pesar de estar visiblemente herido, le negaron atención médica

Para repudiar estos hechos, el pasado lunes por la mañana los trabajadores de reparto realizaron una jornada de protesta nacional para denunciar las zonas liberadas, la connivencia policial con el delito y el abuso de poder. También exigen seguros de vida, contra robos y accidentes a cargo de las empresas y el desprocesamiento de Ulises, entre otros reclamos.

La persecución policial a los trabajadores precarizados de las aplicaciones de delivery es moneda corriente. Nos solidarizamos con ellos.

Coto. Reclamo de los trabajadores por Covid-19

El pasado lunes amaneció con las paredes cubiertas de afiches en los alrededores de los supermercados Coto porteños, en las inmediaciones del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación de Empleados de Comercio y de la obra social sindical, Osecac.

Los carteles negros denunciaban “550 contagios, dos fallecidos y familias enteras contagiadas” y “basta de matar laburantes por ambición”. Los trabajadores volvieron a exponer su reclamo por la ola de contagios en los locales del chupasangre Alfredo Coto.

“Siguen tapando casos y estamos llegando a los setecientos positivos”, remarcan los empleados, mientras adelantan que en las próximas horas encararán otras protestas.

También buscan poner en acción al sindicato que lidera el burócrata Armando Cavalieri para que intervenga en el reclamo laboral.

González Catán: nueva movilización de los vendedores ambulantes 

El Martes 1º de Septiembre se realizó una nueva movilización de los vendedores ambulantes y feriantes de González Catán hacia el municipio de La Matanza. Una nutrida columna de vendedores acompañados por docentes del Suteba La Matanza, partidos de izquierda y movimientos sociales se movilizó desde el shopping hasta la plaza de San Justo. Al llegar a la plaza distintos compañeros tomaron la palabra, entre ellos nuestro compañero de Izquierda Socialista Charly Firpo, vendedor ambulante. Una delegación ingresó al municipio para exigir a las autoridades municipales que dejen trabajar a los feriantes con tranquilidad. La respuesta del municipio fue que se turnen los feriantes y vendedores trabajado una vez a la semana cada uno. Una verdadera burla. El gobierno municipal, a cargo del peronista Espinoza acusó de “ilegales” a los compañeros , con el mismo desprecio que lo hace Larreta en CABA, siendo que el mismo Espinoza ordena el desalojo de los compañeros sin orden judicial alguna.

Le exigimos al gobierno municipal que garantice la fuente laboral de los compañeros de forma inmediata, algunos de los cuales trabajan como feriantes en el espacio del galpón hace 25 años, y que cese la persecución a los compañeros.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández, muchos docentes creyeron que finalmente el gobierno podría comenzar a recuperar la vapuleada educación pública argentina. Pero, salvo en el doble discurso, nada de eso ocurrió ni ocurrirá.

Esta semana ese doble discurso recibió un golpe importante cuando Adriana Puiggrós, pedagoga muy reivindicada por el peronismo kirchnerista y demás sectores llamados “progresistas”, decidió renunciar a su cargo de viceministra de Educación. Se dice que era crítica y tenía diferencias con Trotta, hombre que viene de ser rector de la universidad privada UMET. Seguramente algunas diferencias tenían. Puiggrós quedó golpeada cuando declaró que el gobierno de Fernández iba a dejar de realizar las “evaluaciones externas” del Operativo Aprender y las pruebas Pisa, fundamentando correctamente que eran evaluaciones que no servían para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, que se involucran con el rol docente-alumno y sus condiciones sociales específicas y que estaban al servicio de los empresarios de la educación privada.

Esta correcta denuncia, que desde hace muchos años Izquierda Socialista, la agrupación Docentes en Marcha y la oposición de los gremios docentes en general venimos alertando y polemizando con el peronismo kirchnerista, fue rechazada por Trotta y el gobierno, aclarando que van a seguir con las evaluaciones externas y el PISA. Entonces, aunque el historial político y de la función pública de Puiggrós no avalan un accionar muy diferente de lo que hace el gobierno de Fernández (recordemos que apoyó la Ley Federal de Educación de Menem, fue diputada nacional de la Alianza y funcionaria de De la Rúa, ministra de Educación del gobierno bonaerense de Felipe Solá, por ejemplo), su perfil “progresista” le daba cuerpo a la política de Trotta.

Esta semana al gobierno se le cayó una máscara más y deja a Trotta gobernando el sistema educativo con empresarios de la UIA, oligarcas de la Sociedad Rural y reaccionarios de la Iglesia Católica y el Consejo Federal de Educación, sin la imagen del doble discurso progresista. Nada, absolutamente nada bueno para la educación pública puede salir de esa yunta.

Las idas y venidas del gobierno en educación desde el inicio de la pandemia muestran a un Trotta tratando de avanzar en la aplicación de planes privatistas y retrocediendo ante el rechazo de la docencia y la comunidad educativa en general. Se negaba a suspender las clases presenciales. Improvisó mal, sin trabajar con la docencia ni las familias, las “clases virtuales”, presionando a los docentes a presentar muchísimo material a los alumnos (para “mostrar” que se estaba haciendo mucho), que ni ellos ni sus familias podían sostener. Inventó un absurdo “protocolo burbuja” para regresar a las clases presenciales, que retiró por el repudio de familias y docentes. Después largó una “prueba” de clases presenciales con el gobierno de San Juan, con menos alumnos por turno, que en menos de una semana obligó a la provincia a volver a Fase 1 de cuarentena y suspender las clases por el avance de los contagios. El intento sanjuanino animó a Larreta a improvisar las “escuelas Ciber” en CABA (que los alumnos fueran a las escuelas a usar las computadoras), pero todo indica que tendrán que retroceder también. Trotta apretó a docentes, padres y alumnos con que en julio empezarían los exámenes virtuales. Ahora dice que no habrá exámenes, que se pasará de curso directamente y que en 2021 se tomarían las evaluaciones. Nadie puede apostar qué se terminará decidiendo.

Lo único en que Fernández, Trotta y los gobernadores tienen claridad e implementan en todo el país, es en el ajuste salarial y laboral a los docentes y en sostener los subsidios a la educación privada aunque las escuelas públicas se caigan a pedazos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos luchando para defender una escuela pública con el presupuesto necesario para salarios e infraestructura, renacionalizando el sistema educativo, donde el gobierno nacional vuelva a ser el responsable de su sostenimiento. Y que el dinero necesario salga de suspender los pagos de la deuda externa y de dejar de subsidiar a la educación privada.

Escribe Jorge Adaro, secretario general adjunto de Ademys

El pasado lunes, Ademys convocó a su séptima asamblea virtual ante el anuncio del gobierno de Larreta y su ministra Acuña del regreso a las aulas (en este caso “ciberaulas”) en CABA. De la asamblea participaron más de quinientos docentes, quienes de manera unánime votaron el rechazo a esta posibilidad, pronunciándose de manera clara que, mientras haya pandemia, a las escuelas no se vuelve. 

También se expresaron los otros reclamos por los que venimos llevando adelante acciones de denuncia y movilización desde Ademys, como la situación de miles de docentes que han sido cesanteados, sin posibilidad de tomar nuevos cargos, con actos públicos sin transparencia y con ofrecimiento solamente de cargos que el gobierno considera esenciales. O el congelamiento de nuestros salarios al no pagar el porcentaje para el mes de julio que decidió Larreta en la mesa salarial de marzo.

Esta grave situación de la docencia no es exclusiva de CABA. Por ejemplo, en Córdoba la bronca crece por el incumplimiento del acuerdo salarial firmado por el gobierno de Schiaretti y la burocracia celeste de Monserrat, de UEPC. A esto se agrega otra medida del gobierno que profundiza el ajuste, ya que la cobertura de cargos vacantes en primaria la harían con docentes que trabajan en distintos programas fuera de convenio, obligados a cambiar de funciones y dejando miles de docentes sin trabajo. Por eso realizarán una movilización exigiendo actos públicos para que los cargos sean tomados por quien corresponde. 

En Santa Fe, a instancias de la oposición a la burocracia de Sonia Alesso (Amsafe-Ctera), encabezada por la dirección combativa de Amsafe Rosario, hay acciones de autoconvocados que repudian el bono de 3.000 pesos del gobierno de Perotti, mientras siguen los salarios congelados desde 2019. 

Las maestras en Neuquén se movilizan contra el ataque a las escuelas especiales, rechazando un anteproyecto oficial de educación “inclusiva” que busca liquidarlas y flexibilizar las condiciones laborales. 

En provincia de Buenos Aires hay un plan de acción con caravanas y actos, impulsado por las seccionales Multicolor de Suteba por los problemas de infraestructura, por actos públicos para la cobertura de cargos, contra la falta de pagos, mientras reclaman que Suteba Central rompa la tregua y llame a un plan de lucha. 

Como lo aprobamos en el Encuentro Nacional de Docentes en Marcha, es necesario que todas estas luchas se unifiquen en una sola pelea contra el ajuste del gobierno de Fernández y los gobernadores, por eso exigimos que Ctera llame a medidas gremiales nacionales. Y hacemos un llamado a los sindicatos, seccionales y agrupaciones opositoras a realizar una reunión nacional que permita la coordinación de todas las luchas, hoy aisladas por la burocracia de Ctera.