En la mañana del lunes 7 de julio la policía y los bomberos de la provincia de Jujuy reprimieron nuevamente en un intento de desalojo a la comunidad cueva del inca en el departamento de Tilcara.

Miriam Alfaro presidenta de la comunidad, denuncia desalojos y destrucción de viviendas, nuevamente por parte de la policía del gobernador Sadir, hijo político del Morales, y su delfín en la casa de gobierno.  Estos hechos no son aislados, van de la mano con políticas privatistas y la entrega total de tierras y recursos naturales a empresas y multinacionales.

Estas políticas de entrega van a la sinfonía del plan de entrega total de soberanía y recursos naturales a extranjeros y empresarios, por parte del gobierno ultra derechista de Javier Milei, y su plan motosierra contra todo el pueblo argentino.

Son 12 los compañeros de la comunidad de Maimará detenidos y trasladados por defender sus tierras de las manos de cipayos gobernantes, entre ellos:
Mariam Alfaro
Adela Verónica Mamani 
Alcira Maman 
Gabriela Mamani
Evaristo Mamani
Jorge Mamani
Carlos Lopez Chuychuy
Andrea Martinez.

Desde Izquierda Socialista hacemos llegar nuestra solidaridad a los compañeros detenidos arbitrariamente, exigimos su liberación inmediata y la total soberanía sobre sus tierras ancestrales.

Escriben Nicolás Núñez (Izquierda Socialista) y Daniel Vázquez (FADHUS)

Este martes 24 de junio se llevó adelante una reunión en la sede de Madres de Plaza de Mayo convocada por la Mesa de Organismos de Derechos Humanos a la que fuimos invitadas las organizaciones que somos parte del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), entre ellas el Frente de Abogados por los Derechos Humanos y el Socialismo (FADHUS- Izquierda Socialista + Independientes). El encuentro fue convocado para debatir iniciativas ante el avance de las políticas represivas del gobierno y en rechazo al fallo proscriptivo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner impidiéndole que sea candidata.

Desde nuestro lugar, planteamos la importancia de impulsar acciones unitarias en rechazo a las reciente modificaciones del estatuto de la Policía Federal, que le dan facultades arbitrarias para dar rienda suelta a las detenciones arbitrarias, así como también al plan de la SIDE que abiertamente dispone tareas ilegales de espionaje interno sobre organizaciones de lucha territorial y esencialmente contra cualquiera que en las calles o las redes manifieste oposición a la política del gobierno ultraderechista de Milei.

Asimismo ratificamos nuestra posición de rechazo al fallo proscriptivo que impide que la presidenta del Partido Justicialista para ser candidata, planteando ante el debate abierto en la reunión que lo que está en juego no es una valoración de sus años de gobierno, de los que hemos sido férreamente opositores, sino el derecho democrático a participar de la elección y que quienes desean votarla puedan hacerlo. Se trata, por ello, de un fallo funcional a las políticas antidemocráticas de Milei y Bulrrich.

Por eso señalamos que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad no participamos de la movilización del 18/5 a Plaza de Mayo debido a que la consigna (“Argentina con Cristina”) y el acto armado que priorizó el apoyo político a Cristina y al peronismo en vez del rechazo al fallo, dejando por fuera a quienes desde una posición democrática quieren derrotar el fallo de la Corte Suprema sin por eso adherir a las posiciones del PJ. En ese sentido, planteamos junto a otras organizaciones como lxs compañerxs de Ceprodh-PTS, que sería importante que ante nuevas convocatorias se impulsen consignas democráticas con las que haya consenso y se esté de acuerdo entre todas las organizaciones que vinculen la pelea contra la proscripción con la pelea por frenar la avanzada represiva del gobierno y por el cese de la criminalización de quienes en todo el país vienen enfrentando el brutal ajuste, entrega y represión del gobierno. Propuesta que fue tomada en los consensos finales de la reunión, pensando en la posibilidad de convocar una nueva movilización al cumplirse el mes del fallo, y que esa acción tenga el carácter de la defensa del conjunto de las libertades democráticas y el apoyo a las luchas en curso contra la motosierra y la represión.

Entre otras iniciativas, se definió además, el primer miércoles de cada mes impulsar que haya una convocatoria desde los organismos de DDHH a acompañar a las y los jubilados en el Congreso, empezando el próximo 2/7. Asimismo, impulsar pronunciamientos en rechazo al genocidio en Gaza y los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán a los que el gobierno de Milei apoya peligrosamente comprometiendo al pueblo argentino, al que decimos ¡No en nuestro nombre!

Junto a FADHUS discutiremos estas actividades y buscaremos además impulsarlas retomando el debate y las iniciativas desde el EMVJ. Es urgente pararle la mano a la escalada represiva de Milei y Bullrich.

Escribe Daniel Vázquez, Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

El gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich acaba de dar un paso decisivo en su ofensiva represiva. Con la publicación del Decreto 383/2025 en el Boletín Oficial, se impone un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) que implica un salto autoritario sin precedentes desde la vuelta de la “democracia”.

A partir de ahora, la PFA ya no será una fuerza de seguridad pública ni judicial. Su nueva misión será reprimir según los lineamientos del gobierno ultraderechista. Se habilita a la policía a realizar tareas de inteligencia criminal, acceder a bases de datos públicas y privadas, crear sus propios sistemas de información, detener sin orden judicial, requisar pertenencias en manifestaciones y actuar incluso sin delito flagrante. Es decir, se legaliza la represión preventiva.

Una de las medidas más escandalosas del decreto es la habilitación a revisar redes sociales sin control judicial, detener personas por sus publicaciones o su actividad digital, y proceder a arrestos basados en la mera apariencia o vestimenta. En contextos de protesta, la policía podrá requisar bolsos y vehículos, detener por sospechas infundadas y esgrimir sus armas sin que medie una amenaza real, habilitando una práctica abiertamente intimidatoria.

Esta resolución profundiza el carácter represivo del régimen que está impulsando La Libertad Avanza: se arrasan garantías básicas, se violan derechos elementales y se consolida una fuerza autónoma, armada, sin controles y con poder para perseguir selectivamente a los sectores que enfrenten el ajuste.

No estamos ante una medida aislada, sino frente a una política integral de blindaje represivo para sostener un modelo de saqueo y exclusión. La represión cotidiana, el aumento del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social ya no son excesos, son políticas del gobierno.

Frente a esta avanzada, urge la más amplia unidad de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas para enfrentar este decreto autoritario y defender las libertades democráticas del pueblo trabajador.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Banfield alzó la voz al enterarse de que, oculto bajo el manto de la impunidad, vive entre sus vecinas y vecinos el genocida y ex integrante de la Triple A, Julio Yessi. Decenas de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos nos hicimos presentes el viernes 13 de junio para escrachar su casa y exigir la reapertura de las causas judiciales vinculadas a la Triple A.

Yessi es uno de los responsables directos de la Masacre de Pacheco, que ocurrió el 29 de mayo de 1974. En ese hecho fueron secuestrados y fusilados tres militantes del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), nuestro partido antecesor, que se forjó en la clandestinidad y bajo el genocidio de Estado. Nuestros caídos en Pacheco fueron Mario Zida, Antonio Moses y Oscar Meza. Las tres compañeras que también fueron secuestradas durante ese operativo fueron liberadas horas después.

Según testigos, Yessi fue identificado como partícipe activo del ataque. Sin embargo, la Justicia Federal (a través de un fallo dictado por el tribunal conformado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) le garantizó impunidad. Su figura también está asociada a la represión en espacios universitarios, como en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde en 1974 fue asesinado Pedro H. Hansen, dirigente estudiantil que encabezaba la resistencia contra el rector impuesto por el gobierno.

La Alianza Anticomunista Argentina fue una organización parapolicial fascista que actuó entre 1973 y 1976 con el amparo del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por José López Rega, mano derecha de Isabel Perón. Su accionar fue la antesala del terrorismo de Estado que se instauró con la última dictadura militar iniciada en 1976. El PST, del cual nos sentimos orgullosos y cuyo legado continuamos, sufrió la desaparición forzada de más de 100 compañeras y compañeros.

Desde Izquierda Socialista y Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos hicimos presentes con una nutrida columna que, al finalizar la movilización y bajo la lluvia, se despidió gritando: “A los caídos no los vamos a olvidar, en cada lucha ellos están y con un mundo socialista volverán”. Contra la impunidad de ayer y de hoy, por las y los 30 mil, y frente a este gobierno negacionista de Javier Milei, seguiremos peleando por la reapertura de las causas judiciales y de los archivos comprendidos entre 1974 y 1983, y por cárcel común y perpetua para los genocidas. ¡Mario, Antonio y Oscar, presentes!

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de Juventud de Izquierda Socialista/FIT Unidad

La persecución a la familia Oesterheld fue uno de los episodios más atroces y dolorosos que evidencian el verdadero alcance del horror que desató el terrorismo de Estado en nuestro país durante la última dictadura militar. El 27 de abril de 1977, Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en la ciudad de La Plata. Para ese momento, su familia ya había sido brutalmente golpeada: sus cuatro hijas, Diana (24), Estela (25), Beatriz (19) y Marina (18), todas militantes políticas, habían sido previamente desaparecidas y asesinadas. Dos de ellas, Diana y Marina, estaban embarazadas al momento de su secuestro, lo que añade una dimensión aún más cruel al crimen cometido por la dictadura.

Oesterheld fue perseguido no solo por su militancia en Montoneros, sino también por el contenido político de su obra, que incomodaba a los poderes de turno. Su biografía del Che Guevara, su reinterpretación cada vez más comprometida de El Eternauta (una historieta que con el paso del tiempo se transformó en una metáfora de la resistencia frente al autoritarismo) y su inquebrantable defensa de las luchas populares, lo convirtieron en un blanco directo del aparato represivo.

Él era un militante que eligió narrar desde el lugar de los oprimidos; escribió y militó con la convicción de que la palabra podía ser también una forma de lucha. Esa elección fue lo que selló su destino y el de su familia.

Hoy, recuperar su figura tiene un doble valor. Por un lado, permite disputar el sentido de la memoria frente al avance del negacionismo que promueve el gobierno de Javier Milei, que desprecia a las víctimas del terrorismo de Estado y busca relativizar los crímenes de la dictadura. Por otro lado, pone nuevamente en el centro la necesidad urgente de encontrar a lxs nietxs apropiadas. La semana del estreno de la serie, las llamadas a Abuelas de Plaza de Mayo se sextuplicaron. Un dato tan conmovedor como potente: visibilizar estas historias no es solo un acto cultural, es una herramienta concreta para la búsqueda de verdad y justicia.

Por eso aún reclamamos la apertura de todos los archivos de la dictadura. No se trata sólo de memoria, sino de encontrar a lxs nietxs, incluyendo los de Oesterheld.