Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

14/3/2024

El Senado acaba de votar el rechazo al DNU. Son tan brutales sus disposiciones y la crisis política entre el gobierno y los políticos patronales “amigos”, que hasta algunas y algunos senadores radicales y de otros bloques tuvieron que votar en contra, además de quienes integran el peronismo. Un DNU con disposiciones reaccionarias, arbitrarias, antiobreras y antipopulares que afectan no solo al pueblo trabajador, sino también a la clase media y a las economías regionales.

Esto fue precedido de una dura pelea entre Milei y la vice presidenta Villarruel, quien ya no tenía margen para impedir la sesión. Milei hasta patrocinó mensajes por las redes de sus trol, diciendo que Villarruel debía ser “colgada en Plaza de Mayo”, mostrando la profunda crisis política en la que está sumido el gobierno.

La caída del DNU en el Senado representa una nueva derrota política de este gobierno ultraderechista. Un DNU que vino sufriendo fallos judiciales adversos que frenaron las disposiciones referidas a la reforma laboral. Derrota que no es definitiva, ya que para que se anule definitivamente se tiene que votar también el rechazo en Diputados. Hay que terminar de enterrarlo. Y lo tendremos que lograr con un nuevo paro general. 

¿Cuál es la “necesidad” y “urgencia” en liquidar cientos de leyes? Ninguna, más que facilitar la aplicación del plan motosierra y licuadora contra el pueblo trabajador, en pos de la concentración económica. 

Recordemos que el DNU declara la “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social” para darle plenos poderes de monarca a Milei. El DNU facilita los despidos de personal; prácticamente prohíbe el derecho a huelga; liquida las obras sociales; deroga la ley de alquileres llevando a miles de inquilinos a pagar cifras siderales o a tener que volver a vivir con sus familias; habilita las privatizaciones de YPF, el Banco Nación, Aerolíneas y los ferrocarriles; deroga la Ley de Tierras para favorecer el acaparamiento de las mismas en manos de capitales extranjeros y en beneficio de mineras y petroleras saqueadoras; hasta liquida los clubes de fútbol para transformarlos en sociedades anónimas, entre otras barbaridades. 

Por todo esto el DNU se tiene que anular. Con el paro y la enorme movilización del 24 de enero de la CGT se logró la caída de la ley ómnibus. Hay que avanzar por este camino, exigiendo a la CGT y CTA otro paro general y plan de lucha nacional para tirar abajo definitivamente el DNU, frenar la nueva ley ómnibus que impulsa el gobierno y el conjunto del plan motosierra. Y en especial, para lograr un inmediato aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad ante el asesinato de los cuatro trabajadores exigimos Justicia, cárcel a los autores materiales e intelectuales y nos solidarizamos con sus familias.

Estamos viviendo una nueva (y la más sangrienta) escalada de la violencia narco. Cuatro trabajadores asesinados por sicarios para enviar mensajes al gobierno provincial. Pero no es un hecho nuevo. En 2023 tuvimos varios casos de asesinados “al azar”, para enviar mensajes al gobierno, al servicio penitenciario o incluso a otra banda de narcotraficantes.

La violencia narco comenzó en Rosario con inusitada fuerza en 2013. Atravesó tres gobiernos provinciales, y tres nacionales, de distintos signos políticos. Socialistas, Macristas, Radicales y Peronistas. Todos dijeron que iban a solucionar el problema con el envío de “Fuerzas Federales”. Lo hicieron en 11 oportunidades desde el estallido de la violencia y los asesinatos. Los resultados están a la vista. En 2023 Rosario tuvo, por lejos, el mayor índice de homicidios del país, sumando una nueva “modalidad”: asesinar al azar para enviar mensajes.

Ahora Pullaro, Bullrich y Milei retoman la idea de enviar al Ejército para “ayudar” en la guerra contra el narcotráfico. En 2023 ya lo había intentado Alberto Fernández, sin ningún éxito. Quieren meter a los militares para darles algo de prestigio y favorecer la posibilidad de que participen en la represión interior, lo que está prohibido desde la salida de la dictadura en 1983.
¿Solucionaron el problema del narcotráfico con el ejército, los países que lo intentaron, como Ecuador o México? No. Incluso el problema creció en muertos y con más militares involucrados en negocios con bandas de narcotraficantes, como ya sucede con la policía y las “fuerzas federales” en nuestro país.

A esta altura, y en base a los múltiples casos y denuncias judiciales -varias de ellas que terminaron con condenas- queda claro que no es posible que existan bandas de narcotraficantes-de semejante poder e impunidad- sin el aval de sectores de la política oficial, la justicia y la policía. Ante tal desastre, el pedido que recorre el pueblo rosarino es “más seguridad”, lo que –pese a la obvia desconfianza en la policía-, termina desembocando en el pedido de poner en la calle más policías o gendarmes. Lo que ya se hizo, y muchas veces. Y estamos cada vez peor.

Mientras esta alianza de narcotraficantes, policías, jueces, políticos y empresarios se mantenga, la violencia crecerá, como sucede en Ecuador, Brasil, México o Haití. ¿Cómo se puede romper este pacto de violencia y muerte? Hay que terminar con las drogas como negocio ilegal, lo que da ganancias fabulosas que se reparten entre “los socios” sin dejar rastros, incluso a “respetables” empresarios que viven de lavar la plata manchada de sangre. En Rosario, esto se potencia por la presencia de múltiples puertos privados que despachan centenares de barcos a todo el mundo, sirviendo de nudo logístico internacional para el narcotráfico.

Varios países ya han empezado a legalizar algunas drogas y a tomar el problema como una cuestión de salud pública. Terminando -o al menos achicando- el negocio del narcotráfico, y la violencia que genera. La “Ley seca” en la década del 20 –y su posterior derogación- en EEUU, fue una cabal muestra del desastre que genera el prohibicionismo.

Pero también denunciamos que las bandas narcos han crecido y se han fortalecido en un tejido social destruido, con barrios hundidos en la miseria, centros de salud y escuelas que se caen a pedazos, o clubes sin ningún financiamiento para rescatar a los pibes que pueden caer en bandas narcos como una opción de vida y de muerte. Necesitamos inversión en los barrios populares, empezando por trabajo genuino para la juventud, que permita también estudiar, así como presupuesto para educación y la salud pública. Pero en lugar de esto Milei y Pullaro profundizan un ajuste que destruye cualquier posibilidad de futuro para la juventud y trabajadores. Pagar la deuda al FMI y los banqueros son sus prioridades. Hasta que no frenemos esta sangría e impongamos un plan económico obrero y popular no tendremos solución a la violencia y la miseria que ahogan a Rosario.

En esta situación es muy importante que las CGT y CTA convoquen al paro Regional que, desde Amsafe Rosario, ya se está impulsando, así también una urgente movilización para ganar las calles contra la violencia narco-criminal.

Izquierda Socialista Rosario

El gobierno ultraderechista de Milei está inmerso en medio de una profunda crisis política. No logró, hasta ahora, articular coherentemente ni siquiera con la oposición patronal “dialoguista” en el Congreso. Va y viene en peleas con los gobernadores, incluso con los más cercanos. Se le cayó la Ley Ómnibus y tiene capítulos enteros del DNU paralizados por la justicia.

El protocolo antipiquete de Bullrich fue desafiado varias veces por masivas movilizaciones, la más grande, sin duda, la del paro general del 24 de enero.

Sin embargo, y a pesar de estas debilidades el gobierno de La Libertad Avanza sigue adelante con su plan de guerra contra el pueblo trabajador, con el apoyo del FMI y de las grandes patronales. La inflación, que desde diciembre ya acumula más del 60% está pulverizando como nunca las jubilaciones y los salarios. El cierre de organismos públicos y la recesión va generando un crecimiento acelerado de la desocupación. La pobreza y la indigencia se multiplican. Los planes sociales también están congelados, la comida no llega a los comedores populares y se dan tarifazos en los servicios públicos. Prácticamente en forma diaria, el gobierno anuncia una nueva medida antipopular.  

La contrapartida a todo esto es que también crecen las luchas y la organización para enfrentar al plan motosierra. Es algo que viene sucediendo prácticamente desde el primer día de este gobierno ultraderechista. Trabajadoras y trabajadores de diversos gremios salen a la pelea por su salario (docentes, sanidad, aeronáuticos, metalúrgicos, estatales, entre otros). Otros pelean por evitar cierres o privatizaciones, como las y los trabajadores de Télam, o los ferroviarios del Sarmiento junto a la Comisión Salvemos al Tren. La juventud se organiza contra el aumento del transporte y protagoniza “Molinetazos”. Sigue la lucha del movimiento en defensa del ambiente. Unidxs por la Cultura continúa movilizándose y se hace presente en cada lucha. En varias localidades nacen y crecen las asambleas barriales,  El movimiento de mujeres se apresta a protagonizar un masivo 8M. Y seguramente tendremos una enorme movilización el próximo 24 de marzo, en otro aniversario del golpe genocida.

Sin duda, una gran tarea es coordinar todas estas peleas, para ayudar a que ganen. Salir a luchar unitariamente, sin sectarismo, con todo aquel que se oponga al plan motosierra. En este marco, es muy importante seguir exigiendo a la CGT y las CTA que llamen ya mismo a un nuevo paro general y a un plan de lucha. Cosa que lamentablemente, no es lo que está sucediendo, ya que dicen que “esto no se resuelve contestando con un paro general” y apela a tener confianza en que los gobernadores frenarán el plan de La Libertad Avanza. Y esto a pesar de que Milei insiste, como hizo en su discurso del 1° de marzo, no sólo con el ajuste en curso, sino en anunciar avanzar en la flexibilización laboral, la reforma jubilatoria, los cierres de organismos públicos y las privatizaciones.

La bronca y los conflictos crecientes hacen que muchos, hasta el FMI, se pregunten si este ajuste es “viable” o si todo terminará estallando. El resultado dependerá de lo que sucede en las calles, en las luchas, en los paros y movilizaciones, que hay que hacerlas cada vez más masivas y coordinarlas.

Pero también es fundamental dar respuestas políticas. Porque Milei dice que su plan motosierra es la única salida. Miles que ya no soportan el ajuste y salen a luchar contra él se preguntan cuál es la opción a todo esto. Respondemos que, sin duda, no es volver al peronismo, cuyo gobierno nos llevó a este desastre, y terminó generando que, equivocadamente, millones por bronca votaran al ultraderechista de Milei. La alternativa, en cambio, es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: que gobiernen los que nunca lo han hecho y no tienen complicidades con el ajuste, las y los trabajadores y la izquierda. Para poner en marcha un programa diferente, opuesto por el vértice al actual, obrero y popular, que priorice las más urgentes necesidades populares y no a los buitres acreedores. Por eso decimos que ese plan alternativo debe comenzar por suspender inmediatamente todos los pagos de la deuda externa y romper con el FMI. En vez de darle más privilegios a las grandes empresas, tiene que ponerle fuertes impuestos. Se debe plantear terminar con la especulación y la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Hay que reestatizar las privatizadas para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Y, por supuesto, empezar por otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Todas estas medidas, como un primer paso para avanzar hacia una Argentina socialista, donde impere la más plena democracia para el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El ajuste salvaje de Milei llegó a las provincias, generando roces con los gobernadores. Estos, amagaron rebelarse, pero salieron a negociar. Milei les ofrece ahora un “pacto” para mayo, a costa de profundizar el plan de guerra contra las y los trabajadores.  Pero la crisis política sigue su curso.

Hace un par de semanas, Milei salió derrotado con la Ley Ómnibus. Una demostración de que, pese a que es un gobierno con menos de tres meses, del apoyo del FMI, del imperialismo yanqui y de los grandes empresarios, tiene un fuerte y creciente repudio popular, y una debilidad que le señalan los mismos que lo aplauden: ¿lograrán hacer pasar este ajuste? ¿serán capaces de hacer pasar la reforma laboral, la jubilatoria, las privatizaciones? La segunda del FMI, Gita Gopinath, vino especialmente a nuestro país para plantearle al gobierno que tienen que “ampliar su base política de sustentación”.

La crisis con los gobernadores

Milei se jacta de haber logrado en enero, el mayor recorte de gasto público de la historia. Es cierto: lo hicieron centralmente hambreando a las y los jubilados, recortando salarios estatales. Una parte importante de ese ajuste se plasmó no enviando fondos a las provincias. Que, precisemos, no es para “las provincias” en general, sino bien en concreto, para los docentes, tal el caso del Fonid, o para políticas sociales específicas.

¿Cómo reaccionaron los gobernadores? Estos, de distinto signo político (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) tuvieron una reacción que, más allá de los matices, fue similar. Por un lado, comenzaron a implementar el ajuste en sus propias provincias (notable, por ejemplo, en la forma en que se están dando las discusiones sobre los salarios docentes). Por el otro, salieron a protestar contra el gobierno nacional, buscando desviar hacia allí la presión por la bronca popular y también de sectores patronales de sus propias economías regionales afectados por el ajuste.

El caso que ganó más notoriedad fue el de Ignacio Torres, de Chubut. Asfixiado por el recorte del gobierno de Milei, llegó a amenazar con cortar el suministro de gas y petróleo al resto del país si no se le giraba los fondos. Llamó la atención por la radicalidad del planteo, y más aún por tratarse de un gobernador del PRO, alineado hasta días antes con el sector más cercano al gobierno. Recibió el apoyo de 22 de los 23 gobernadores e incluso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (sólo mantuvo silencio el gobernador peronista tucumano Osvaldo Jaldo), desnudando la debilidad del gobierno de Milei. Claro que, como era de esperar, bastó un simple fallo de la justicia local obligando a volver a enviar esos fondos a Chubut para que se terminara la “combatividad” del gobernador chubutense, y todo volviera a su cauce.

El “pacto de Mayo”

El presidente Milei, en su discurso del 1° de marzo, llamó a firmar un pacto con los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba. A cambio de la promesa de algunos fondos para las provincias (que provendrían, luego se supo, de volver a imponer el impuesto a las ganancias sobre los salarios), los gobernadores deberían apoyar el reenvío al Congreso de la Ley Ómnibus. Y un paquete de 10 puntos que contiene, entre otros, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, privatizaciones, terminar con los convenios colectivos por rama, pasando a “por empresa” y la vuelta de un sistema de jubilación privada. Ya la mitad de los gobernadores corrieron a decir que estaban de acuerdo con este auténtico pacto contra el pueblo trabajador.

Pero, ni de lejos, esto quiere decir que se haya cerrado la crisis política. El gobierno sigue teniendo una relación con la oposición patronal muy complicada, producto de su propia debilidad (no tiene un solo gobernador propio y sus bancadas legislativas son muy minoritarias), de la propia crisis de los partidos patronales y, sobre todo, de la bronca popular creciente que presiona por todos lados.

¿Cuál es la salida?

Obviamente que no podemos tener ninguna confianza en los gobernadores ni en los bloques legislativos de los partidos patronales opositores. Tampoco en el accionar de la Corte Suprema y los jueces. La pelea contra el plan de ultraderecha de Milei se definirá con la lucha obrera y popular.

Se puede ganar. Es posible derrotar este plan de guerra contra el pueblo trabajador. Lo demostró la caída de la Ley Ómnibus, tras el paro del 24 de enero y las movilizaciones que se dieron. Pero, así como Milei pega fuerte en lo que se propone, la respuesta debe ser del mismo tenor. Es más necesario que nunca que la CGT y las CTA llamen a un nuevo paro nacional y a un plan de lucha que permita unificar todas las luchas sectoriales hoy dispersas. A la vez, frente a gobernadores que negocian y llevan adelante su propio ajuste en las provincias y a un peronismo que viene de gobernar y llevarnos al desastre, tenemos que reafirmar que la única salida es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: un plan económico distinto, opuesto por el vértice al actual, que arranque de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que, en vez de otorgar más privilegios a las grandes empresas, les ponga fuertes impuestos. Con el objetivo de poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.

Un auténtico manifiesto contra el pueblo trabajador. Aquí lo “traducimos”:

“1. La inviolabilidad de la propiedad privada”
 Prohibición a reestatizar. Vía libre para que las patronales hagan lo que quieran, fijen precios abusivos y obtengan super-ganancias.

“2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.”
Seguir el ajuste del gasto a costa del hambre de las y los jubilados, salarios a la baja y destrucción de la salud y la educación públicas.

“4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
 5. La re discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.”
Menos impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Ajustar el gasto provincial, en particular salud y educación.

“6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.”
Más saqueo y destrucción ambiental.

“9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.”
Reducir la representación de las minorías y en particular de la izquierda.

“10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.”
Liquidar la industria nacional, cerrar miles de empresas y aumentar el desempleo.

El punto 7, liquidar las conquistas de la clase trabajadora

La propuesta dice textualmente:
“7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.”

Se trata de la más absoluta flexibilización laboral y la derogación de todas las conquistas que logró la clase trabajadora en 100 años de lucha. Y una en particular: el convenio colectivo por rama de producción. Milei en su discurso dijo expresamente que va a reemplazarlo por otro “por empresa”, un viejo deseo patronal para atomizar a la clase trabajadora y quitarle poder de negociación.

El punto 8: vuelve la jubilación privada

Dice el texto:
“8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.”

Detrás de la palabra “sustentable” está seguir hambreando a jubiladas y jubilados, aumentar la edad de retiro, liquidar los regímenes especiales (empezando por el docente) e impedir que se jubilen aquellos que no tengan los años de aporte.

Pero también aparece el planteo de volver a la jubilación privada, como en los ‘90 con las trístemente célebres AFJP, y aún peor, ya que ahora se habla de un sistema de seguros privados que no garantizarán ni siquiera un haber mínimo.