Escribe José Castillo

El gobierno de Milei sigue repartiendo cargos estratégicos a sus empresarios amigos. El Grupo Techint, de Paolo Rocca, está entre los más favorecidos. Ya se había quedado con el máximo cargo en YPF, a través de la designación de Horacio Daniel Marín, de Tecpetrol, la petrolera competidora de YPF, como presidente del directorio y a la vez gerente general de la compañía.

Ahora Techint ganó otro puesto clave: Julio Cordero ha sido designado secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se trata del principal abogado laboralista del Grupo de Paolo Rocca. Rabiosamente antiobrero,  fue el propio Cordero quien salió hace un año a oponerse a cualquier legislación de reducción de la jornada de trabajo. También quién, hace pocas semanas, hizo fracasar la reunión del Consejo del salario mínimo. Detrás de su nombramiento está, sin duda, la política del grupo Techint de declararle la guerra a sus propios trabajadores, lo que ha provocado una serie de huelgas en Siderar, una de las principales empresas de Rocca.

Un nombramiento que refuerza que el plan económico de Milei es una auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

Después de la derrota sufrida a mediados de febrero por la Ley Ómnibus “original”, el gobierno vuelve a la carga, presentando otra que, más acotada y con menos artículos (269 artículos en vez de 650), sigue conservando lo central de la anterior.

Este nuevo proyecto, que algunos llaman irónicamente ley “Traffic”, contiene una declaración de “emergencia” con facultades delegadas para Milei por un año, tiempo de sobra para que el presidente ultraderechista lleve a cabo su cometido. También incluye la reforma laboral que fue suspendida por la justicia cuando apareció planteada en el DNU, que implica de hecho una virtual eliminación de todos los derechos conquistados por las y los trabajadores en las últimas décadas. Se insiste, asimismo, con la privatización de empresas públicas, creándose un nuevo listado. Se plantea así la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Argentina, y la privatización o concesión de otras como el Banco Nación, Yacimientos Carboníferos, Aysa, Correo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora ferroviaria, Corredores viales, Empresa Argentina de soluciones satelitales y Nucleoeléctrica Argentina,

La nueva ley insiste en ajustar salvajemente a las y los jubilados, incluyendo una nueva fórmula previsional a partir de abril donde las jubilaciones no recuperan ni la mitad de lo que perdieron desde diciembre a esta parte. Aclaremos que, ante la duda de que la ley pueda ser aprobada, el gobierno ultraderechista de Milei se cubre anunciando que va a enviar la nueva fórmula jubilatoria a la vez por medio de un nuevo DNU.

También el proyecto de ley incluye la “liberalización del mercado energético”, a medida de los grandes pulpos del gas y del petróleo, así como un paquete de medidas para “promover inversiones” que son una auténtica invitación al saqueo de nuestros recursos en todos los campos (incluyendo megaminería, litio, etcétera).

Por fuera de la Ley Ómnibus, pero como ofrecimiento de “contrapartida” a los gobernadores, se le ofrece restituir el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, o sea el “impuesto al salario”, que pasarían a pagarlo todo trabajador o trabajadora que gane más de un millón de pesos si es soltero o un millón y medio si es casado. O sea, una virtual nueva confiscación al bolsillo popular.

En síntesis, una nueva ley, más chica, que conserva lo esencial de la anterior: las reformas estructurales del plan de guerra de Milei contra el pueblo trabajador.

Mirtha por el Gaumont
“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Es terrible. Que no cierre. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, se tiene que hacer algo”, dijo Mirtha Legrand en su programa del sábado pasado. Y agregó: “Yo fui hace poco y está en espléndidas condiciones, es una lástima”. El actor Puma Goity, que estaba presente, dijo: “La solución no es esta, no podés cerrar el Incaa. Si en tu casa tenés ratas, sacá a las ratas pero no tires la casa abajo”. La entrada al Gaumont vale 400 pesos versus los 6.000 en el resto de los cines.

Las dos escarapelas
El ministro de Economía, Luis Caputo, se estampó en la solapa un pin con las banderas estadounidense y argentina entrelazadas. Fue cuando expuso en el evento anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), ante las multinacionales del imperialismo yanqui que nos saquean y suben los precios todos los días. ¿Se puede ser tan rastrero? Ya Carlos Menem, el gobierno de los años ´90 que reivindica Milei, había inaugurado las “relaciones carnales” con Estados Unidos.

Cañita de pescar
“Hay que dejar de darle pescado a la gente y enseñarle a pescar”. Esto repitió Milei en su ex colegio en la apertura del ciclo lectivo, mientras uno de los alumnos se desmayaba. “Enseñarles a ser libres”, agregó. Habló largos minutos contra el marxismo, el socialismo y el feminismo. Justo cuando Unicef revela que la pobreza en la infancia llegó al 70% en el trimestre fruto de su plan motosierra. La “batalla cultural” de Milei, dicen.

El oficio de Cúneo
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, negó haber sido abogado de “Mameluco” Villalba, el narco condenado a veintitrés años de cárcel. Dijo que lo representó su hermano Matías en el estudio que compartían. Pero el diario La Nación, del 13 de marzo, reveló que como abogado Libarona lo defendió a él y a su hijo, Iván, el “Salvaje”, uno de los narcos más sanguinarios de San Martín que manejaba desde la cárcel bunkers de droga. También defendió a Mario Segovia, “el rey de la efedrina”, hombre fuerte del negocio de la droga en Rosario antes de la irrupción de Los Monos. Cúneo dice sobre los narcos: “A las porquerías asesinas les tiene que caer todo el peso de la ley.”

Atilio Salusso

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

En enero de 1920 se puso en práctica en Estados Unidos la prohibición de fabricar y distribuir bebidas alcohólicas. Tuvo consecuencias nefastas. Se dispuso que “ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará o entregará cualquier licor embriagador”. Decían que tras prohibir las bebidas alcohólicas “iba a nacer una nueva nación y se iban a cerrar para siempre las puertas del infierno.”

Tras la medida, cientos de miles de personas se dedicaron a fabricar bebidas alcohólicas con otras sustitutas adulteradas y altamente tóxicas. Esto fomentó el tráfico ilegal y las bandas criminales. El consumo de alcohol, por el contrario, creció, se encareció el precio y se incrementó la demanda del conjunto de las drogas. Las mafias (como Al Capone) se multiplicaron, dando paso a la violencia, crímenes y a una tremenda corrupción. Todo esto se ha reflejado en novelas y en el cine de entonces, con recordadas películas como Los Intocables o El Padrino.

Las mafias se multiplicaron y extendieron su poder, con la complicidad de funcionarios gubernamentales, policías, agentes federales y capitalistas. Se adueñaron de las destilerías, monopolizaron el contrabando y los centros nocturnos clandestinos. John Kennedy, padre de John Fitzgerald, y sus dos hermanos, fue uno de los famosos que se enriqueció con este negocio.

En 1933 se derogó la prohibición. Durante los años que estuvo en vigencia la Ley Seca “30.000 personas murieron intoxicadas por ingerir alcohol metílico; 100.000 sufrieron lesiones permanentes como ceguera o parálisis; 270.000 fueron condenadas por delitos federales; los homicidios aumentaron un 49% y los robos un 83% con referencia a la década anterior”, dicen las noticias de la época. A pesar del fracaso de la Ley Seca, desde entonces se utilizan los mismos argumentos que la engendraron para justificar la prohibición de las drogas.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El terror narco es devastador. Rosario y su pueblo lo sufren. “Clanes criminales, policías, fiscales, jueces, políticos, empresarios, constructores y financistas son parte del negocio delictivo”, relata en una nota Alconada Mon (La Nación, 17/3/24). Este flagelo creció bajo todos los gobiernos capitalistas. Acá postulamos las propuestas de Izquierda Socialista para atacarlo de raíz.
 
La violencia narco comenzó en Rosario con fuerza inusitada en 2013. Atravesó tres gobiernos provinciales y tres nacionales de distintos signos. “Socialistas”, macristas, radicales y peronistas llevaron la situación al desastre. En once oportunidades desembarcaron fuerzas federales con los deplorables resultados a la vista. El año pasado Rosario tuvo el mayor índice de homicidios del país (casi 2.000 asesinados en una década). “Con zonas que tienen un porcentaje de muerte similar a Medellín en tiempos de Pablo Escobar” (Rogelio Alaniz, periodista e historiador, Clarín 13/3).

Pullaro, Bullrich y Milei retoman la idea de enviar al Ejército. Lo mismo había intentado Alberto Fernández. Pero la salida represiva como en Ecuador, México o Colombia terminó con militares jugando para tal o cual cártel narco. Hasta el ex jefe del Ejército, Martín Balza, lo reconoce: “Pongo el caso de Colombia. ¿Se terminó el narcotráfico?, no. ¿Se incrementó?, sí”.

En Rosario, además, la policía es parte del problema. “Pasó a integrar las bandas y a estar subordinadas a ellas” (Virginia Messi, Clarín, 13/3). En concreto, el prohibicionismo y la ilegalidad han llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a perejiles y consumidores. En Argentina solo el 1% de las causas federales apuntan contra algún gran narco.
 
Un negocio multimillonario

Las drogas mueven anualmente 600.000 millones de dólares (similar a un PBI de Argentina), con márgenes de ganancia cercanos a 3.000%, uno de los más rentables del mundo. Rosario reporta 200 millones al año. “Mameluco Villalba”, narco del conurbano bonaerense, llegó a lavar 22 millones de pesos por día (La Nación, 13/3). Los beneficiarios son narcos y sus cómplices: gobiernos, políticos patronales, empresarios, militares, jueces y los encargados de lavar sus ganancias ilegales. Desde directivos de grandes constructoras (como el grupo IRSA del empresario sionista Elsztain, dueño del Hotel Libertador donde se alojó Milei, que construyó megatorres en Rosario), inmobiliarias, grandes empresarios agropecuarios, financistas. Negocio que se vale del colador que significan los puertos privados y la Hidrovía del Paraná como ruta de escape. “Un kilo de cocaína puede valer en Rosario entre 6.000 y 9.000 dólares mientras que en Europa oscila entre 30.000 y 60.000 euros (Enrique Font, profesor Criminología, Idem LN). Por eso estamos por la reestatización de los puertos y de la Hidrovía del Paraná-Paraguay (utilizada para el tráfico narco), bajo control y administración de sus trabajadores y poblaciones ribereñas.
El narcotráfico es un gran negocio capitalista centrado y fomentado por Estados Unidos, por eso no debe llamar la atención que en ese país imperialista nunca cae ningún gran mafioso de la droga.
 
Legalizar las drogas y que pase a ser un tema de salud pública

Para erradicar de raíz a los narcos hay que quitarles el negocio que genera violencia y muertes. Esto se va a lograr terminando con el prohibicionismo y la ilegalidad. Por ejemplo, la prohibición de las bebidas alcohólicas que se impuso en Estados Unidos en 1920 (Ley Seca), llevó a que crecieron las mafias y las muertes (ver recuadro "Narcotráfico / El antecedente de la Ley Seca").

Hay que legalizar las drogas a escala nacional y mundial. ¿Qué significa? Que pase a ser legal la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica su sometimiento a controles de salud pública, que se paguen fuertes impuestos, con trabajadores registrados y derecho a sindicalizarse.

No solo nosotros postulamos la legalización de las drogas. El liberal Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería. Donde el precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de su distribución que por el de su producción” (Alfredo Zaiat, Página/12, 12/3/23). A su vez, el semanario londinense The Economist defiende la legalización de la producción, expedición y consumo de las drogas.

La legalización no significa fomentar el consumo de drogas. Al contrario. Precisamente bajo los regímenes más estrictos, como el yanqui, es donde más se consume. La legalización de las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, y a su vez reducir el consumo, disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles. Haría que las adicciones pasen a ser un problema de salud pública, obligando a que los gobiernos hagan campañas permanentes de prevención sobre los riesgos de consumir, abran centros de recuperación gratuitos, estatales, para reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, invirtiendo fondos suficientes para ello e incluyendo el tratamiento estatal gratuito e integral contra las adicciones en las obras sociales.

A su vez, las bandas narco han crecido en un tejido social destruido, con barrios hundidos en la miseria, centros de salud y escuelas que se caen a pedazos, clubes sin ningún financiamiento para rescatar a los pibes que puedan caer en su entramado. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos patronales empujan a las nuevas generaciones a ser víctimas del negocio de la droga. Por eso peleamos por trabajo genuino, salud, educación y vivienda digna para nuestra juventud, con un plan económico obrero y popular.
La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.