El pasado miércoles 3 de abril, representantes del Frente de Izquierda Unidad (Argentina) tuvimos una entrevista con el embajador de Cuba en nuestro país, Pedro Prada, y otros funcionarios de la embajada cubana. Fue para reclamar por la libertad de las y los presos que participaron de las protestas populares del 11 de julio de 2021 y para manifestarnos en defensa del legítimo derecho a la protesta en la isla. (ver Comunicado de Prensa del FIT Unidad de fecha 4/4/2024, wwww.izquierdasocialista.org.ar). Noticia que fue recogida con beneplácito por quienes sufren la criminalización de la protesta en Cuba.

Ante nuestro planteo, el señor embajador pasó un video bajo el título ¿Qué pasa en Cuba? haciendo historia sobre las consecuencias del bloqueo y las distintas políticas del imperialismo norteamericano. Ante ello señalamos de entrada que nuestro planteo lo hacemos partiendo de que condenamos históricamente el bloqueo contra Cuba y que repudiamos las políticas del FMI y del imperialismo norteamericano, tanto en Cuba, como en nuestro país y todo Latinoamérica. Pero como señalamos en el comunicado, esto “no puede ser una excusa para cercenar el derecho legítimo de la clase trabajadora cubana a la protesta”, ni para detener o condenar a prisión a quienes reclaman legítimamente.

Sobre el tema concreto, y ante denuncias de que las detenciones originarias fueron entre 1.000 y 2.000 personas, el embajador reconoció que al día de hoy son 564 las acusadas y sancionadas en virtud de las protestas ocurridas en 2021, de las cuales 297 están privadas de la libertad, con condenas de varios años de prisión. Y señaló algo en lo que estamos completamente en contra, que dicha protesta fue “organizada y financiada por Estados Unidos”. Es decir, un complot imperialista, no un reclamo genuino y espontáneo como lo que verdaderamente fue.

Si bien el imperialismo siempre está presto a utilizar a su favor las protestas sociales, no se trató de una “conspiración imperialista”. Fue una legítima protesta tras la aplicación de un brutal ajuste por parte del gobierno cubano en diciembre de 2020 y enero de 2021 con el llamado decreto “Tarea de Ordenamiento”. Esto generó una estampida de precios, más escasez de alimentos, pérdida de los ingresos populares, con reforma laboral incluida, con el objetivo de “incentivar la inversión privada”. Esto impacto negativamente en el pueblo cubano, provocando que miles salieran a las calles a reclamar comida, medicamentos y a repudiar el ajuste. Lo mismo pasó el 17 de marzo de este año donde mujeres con sus hijas e hijos encabezaron el reclamo por “corriente y comida”.

La causa del malestar social y de las protestas en Cuba tiene que ver con que desde hace más de 30 años el régimen cubano avanzó en la apertura de la economía a grandes multinacionales del turismo (con lujosos hoteles), el tabaco, níquel y cobalto, entre otros, facilitando la inversión privada extranjera en una economía dominada por las llamadas empresas mixtas, en las cuales el gobierno está asociado a las transnacionales, en especial de la Unión Europea y Canadá, provocando que las y los trabajadores perciban salarios miserables de 20 a 30 dólares, mientras los dirigentes del PCC (Partido Comunista Cubano), los militares y los nuevos burgueses viven como ricos, con privilegios y en barrios reservados. Todo esto ha traido nefastas consecuencias en el terreno social, profundizándose la pobreza y la desigualdad social, con salarios miserables, servicios públicos más deteriorados, miles de jóvenes exiliados, en un contexto de ataque a las libertades democráticas.

El gobierno, en vez de atender estas justas demandas, pagó con detenciones y cárcel, bajo la acusación de “sedición, sabotaje, atentado y desorden públicos”, entre otros delitos, incluso contra jóvenes menores de 18 años. Por ejemplo, las penas por sedición (36 condenados por ello) van de 3 a 30 años, para quienes “perturben el orden constitucional socialista”, dándose el caso que dicho delito también se aplica contra quienes participan de una protesta social o llamen a manifestarse por las redes sociales. El Código Penal cubano penaliza todo tipo de propaganda antigubernamental con penas de 3 a 8 años de prisión, para quien “incite contra el orden social mediante la propaganda oral, escrita o en cualquier otra forma”.

Por ejemplo, en las protestas en La Güinera, un manifestando fue asesinado por un policía que argumentó actuar en legítima defensa, pero testigos señalaron que fue asesinado por la espalda. Sin embargo los testigos fueron condenados a varios años de prisión, mientras el policía está en libertad, impunidad que reina para todo miembro del aparato represivo cubano.   

La delegación del FITU hizo hincapié en los casos de Brenda Díaz, presa trans, que cumple su condena en una cárcel de varones y a la que se la identifica por su nombre de nacimiento; y la situación de la reconocida historiadora Alina Bárbara López -detenida en circunstancias posteriores-, a quien se la ha dicho que si sale del país no se le permitirá volver, entre otros casos.

Atento a ello solicitamos al embajador el listado completo de las y los acusados, condenados, presos, el delito por el que se los acusa, la pena dictada y condiciones carcelarias dignas, ya que los familiares de los presos denuncian desde golpizas a falta de tratamiento médico.

El embajador Prada se comprometió a transmitir al gobierno cubano las preocupaciones planteadas, ampliar la información sobre los presos y evaluar la posibilidad de que una delegación del FIT-U viaje a la isla para tomar contacto con los familiares de los presos y visitar los centros de detención.

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI consideramos que se trata de juicios injustos, en un país donde no existe el derecho a huelga, ni a organizar sindicatos libres, hay censura y discriminaciones raciales y de género. Enmarcando esta pelea por las y los presos cubanos, con la debida solidaridad internacional que se merece, como parte de la pelea de fondo, por lograr un verdadero socialismo con plena democracia para el pueblo trabajador en Cuba, que recupere las viejas conquistas sociales de la revolución socialista de 1959.

Pablo Almeida - Mercedes de Mendieta - Juan Carlos Giordano
Diputados electos Izquierda Socialista en el FIT Unidad
Buenos Aires, 6 de abril de 2024