Escribe Adolfo Santos

El lunes 13, por “denuncias anónimas” que tomó Patricia Bullrich, se realizaron una treintena de violentos allanamientos en locales y domicilios particulares contra el Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie. La policía secuestró los ingresos y magros ahorros de las y los compañeros. Y, en algunos casos, sumas de dinero que estaban destinadas a los comedores de los barrios.

Ante esta situación apremiante, se realizó una conferencia de prensa de las organizaciones afectadas frente al Congreso, participaron el Frente de Lucha Piquetero, la UTEP, CTA Autónoma y dirigentes del PO, PTS, MST y por Izquierda Socialista llevó la solidaridad el diputado Giordano, quien señaló que “los que deberían estar presos son aquellos que blanquean capitales. ¿Acaso hacen allanamientos por las denuncias contra los grandes empresarios saqueadores? No, todo lo contrario. Como las leyes que se están votando en el Congreso”; haciendo referencia a la Ley Bases y el paquete económico que contó en Diputados con el apoyo de PRO, la UCR y un sector del peronismo.

La dirigencia de las organizaciones sociales respondió a la criminalización señalando que cobijan a miles de jóvenes que de otra forma estarían a merced de los narcos, que no son ellos los que dan bajas ni altas de programas sociales y que quien extorsiona es el gobierno con la amenaza de quitar la asistencia a quienes se manifiestan en reclamo de alimentos para los comedores o por aumentos de los montos percibidos. “Quieren terminar con nuestras organizaciones”, denuncian.

El gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich, tiene una permanente campaña de criminalizar la protesta y perseguir a las organizaciones sociales. Hasta instalaron una línea de denuncias con el argumento (mentiroso) de que había coerción para marchar.

Al mismo tiempo castiga a las miles de familias de desocupados con la “licuadora”, incrementando las asignaciones (27,18% para la Asignación Universal por Hijo -AUH- en marzo) muy por detrás de los 65% de inflación en el primer cuatrimestre y desfinanciando los comedores populares.

Las y los compañeros del Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) denuncian y rechazan en absoluto al proyecto de la ministra de Seguridad (Bullrich), quien quiere instaurar la “zona sujeta a investigación especial”, carente de garantías constitucionales, similar a un estado policial o de sitio de hecho.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad nos solidarizamos con las organizaciones sociales y rechazamos la persecución política del gobierno de Milei. A su vez, reclamamos un aumento en las asignaciones y fondos para comedores inmediatos, y la creación de empleo genuino. Plata hay, es la que el gobierno ultraderechista destina al pago de la deuda externa, que puede ser utilizada para construir viviendas populares y obra pública, generando miles de puestos de trabajo genuino.