Escribe José Castillo
En la “ley ómnibus” presentada por el presidente ultraderechista Javier Milei establece la privatización de un enorme listado de empresas y otros entes públicos.
La más importante, sin duda, es YPF. Se busca así entregar a manos de los grupos multinacionales del gas y el petróleo todos los yacimientos, tanto convencionales como no convencionales (que incluye Vaca Muerta, con todas las consecuencias ambientales que ello significa). Como la misma ley ómnibus autoriza la más absoluta liberalización de todo el negocio gasífero-petrolero, no teniéndose que hacer cargo del mercado interno, nos encontramos acá con la joya de la corona del saqueo.
También se privatizará Aerolíneas Argentinas, volviendo a liquidar, como sucedió en los ‘90, nuestra aerolínea de bandera, liberando el negocio de cabotaje a cualquiera, con las consecuencias que implica en términos de zonas que quedarán sin conexión y peligros a la seguridad de los usuarios (recordemos que, con un modelo similar, se dieron los terribles “accidentes” de LAPA y Austral en la década menemista).
Otro de los entes a privatizar es el Banco Nación y todas sus subsidiarias. La mayor entidad bancaria del país, la única en múltiples ciudades pequeñas y pueblos. Una cartera enorme de depósitos que busca ser capturada por grandes bancos nacionales o internacionales, utilizando luego ese dinero al servicio de la especulación y la fuga de capitales.
También se plantea privatizar Arsat, a la medida de los negocios de Elon Musk y Starlink, al igual que la privarización del Vehículo Espacial Nueva Generación. Otra entidad es Nucleoeléctrica Argentina, quien está a cargo nada menos que de las tres centrales atómicas argentinas: Atucha I, II y Embalse (¿abrimos el camino a un Chernobyl argentino?).
Una vez más, aparecen como privatizables todos los ferrocarriles: ya sabemos como termina eso, con una mayoría de cierre de ramales y una minoría de servicios precarios que pueden terminar en masacres como la de Once.
Otros organismos en el listado privatizador son la Administración General de Puertos (un regalo a los monopolios exportadores, al contrabando y al narcotráfico), Aysa (recordemos que en su momento se la estatizó luego del desastre que estaba ocasionando la empresa privada a la salud de los usuarios), el Bice (Banco de Inversión y Comercio Exterior); la Casa de la Moneda; Contenidos Públicos; Corredores Viales; Correo Argentino (la última vez dió lugar a la estafa del Grupo Macri); Coviara; Dioxitec; Educ.ar; Eana; Fábrica Argentina de Aviones; Fabricaciones Militares; el Polo Tecnológico (liquidando toda nuestra capacidad de investigación y desarrollo en ciencia y técnica); todo el conjunto de medios públicos (Radio y Televisión Argentina, varias radios y televisiones de universidades del interior, Télam), Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio; Intea e Intercargo.
En síntesis, el gobierno de Milei planifica una entrega de nuestros recursos, riquezas y capacidades mucho más grande de la que hizo el menemismo. Significará centenares de miles de despidos, pueblos transformados en fantasmas por falta de conección o cierre de empresas claves, más contaminación, vaciamiento de recursos no renovables y un retroceso de décadas en cualquier posibilidad de desarrollo. El grito de “¡la patria no se vende!” ya empezó a unificar a los que luchan a esta entrega. En las calles la enfrentaremos. El paro y movilización del 24 será un primer paso. Luego habrá que seguir con un plan de lucha que lleve a voltear este proyecto privatizador.
