El gobierno peronista de Alberto Fernández hace malabares alrededor de una palabra, ajuste. “Ajuste era el de Macri, lo nuestro es privilegiar a los postergados”, se escuchaba no hace mucho. “Lo que hacemos no es ajuste, sino correcciones”, dijeron después. Finalmente, la semana pasada el presidente se sinceró: “Hay un ajuste, pero no lo van a pagar los más necesitados”. A este doble discurso del “ajuste que no es ajuste” abonan también periodistas, como Alfredo Zaiat, que en Página/12 “explicó” increíblemente que reducir el déficit fiscal de 8% a 4,5% del PBI “no es ajuste” (22/11). O a la directora de la Anses, María Fernanda Raverta, mintiendo alevosamente afirmando que “los jubilados le ganaron a la inflación” mientras anuncia un aumento que no llega a 30 pesos por día.
Vamos a la realidad que vive el pueblo trabajador. El gobierno eliminó la cuarta cuota del IFE y anunció que nunca más se pagará, como si la pandemia y sus consecuencias sociales se hubieran terminado. El gobierno dice que lo va a reemplazar por nuevos programas sociales, pero no los van a cobrar los nueve millones que percibían el IFE, sino muchos menos. Los jubilados, por su parte, terminarán el año cobrando mucho menos, en todas las categorías, que lo que les hubiera correspondido si se aplicaba la fórmula vigente en diciembre pasado. Además, los aumentos jubilatorios por decreto de este año terminarán siendo inferiores a la inflación. Y, sobre llovido mojado, la nueva fórmula de reajuste previsional no tendrá en cuenta la evolución de los precios.
Sigamos. A los aumentos casi continuos de los combustibles se les va a agregar el año próximo el descongelamiento de las tarifas, con incrementos de entre 30% y 60% para el gas y la luz. Se liberan los precios máximos, que se sumarán a una inflación creciente, pegando en particular sobre los productos de la canasta familiar. Los salarios siguen a la baja con paritarias que, congeladas por meses, ahora quieren ser arregladas con aumentos muy inferiores a lo perdido. Podríamos sintetizar todo esto preguntando ¿si esto no es ajuste, qué es?
Este es el famoso “programa económico” del Frente de Todos. Ni reactivación, ni prioridad para los más postergados. Más de un compañero se preguntará ¿por qué el gobierno peronista de los Fernández no cumplió con “llenar la heladera” o “priorizar a los jubilados antes que a los banqueros”, como prometía hace poco más de un año en la campaña electoral? La respuesta es simple, porque tiene que cumplir con los compromisos que se están negociando con el FMI. Aquí están las primeras consecuencias del plan que se está terminando de cerrar con el Fondo. Y todo este ajuste (insistimos con la palabra, aunque el gobierno quiera esconderla) tiene un destino claro, cumplir con los pulpos acreedores de la deuda externa.
Veníamos del ajuste de Macri. A lo largo de este año, mientras se desarrollaba la pandemia del coronavirus, se profundizó a través de lo que llamamos la “pandemia social”, se perdieron tres millones de puestos de trabajo, aumentó exponencialmente la pobreza, decenas de miles perdieron hasta los lugares donde vivían por no poder seguir pagando los alquileres, crecieron el hambre y la marginación social. Ahora, con el acuerdo con el Fondo, se plantea profundizar más aún el ajuste. Mientras, no nos olvidemos, la pandemia del Covid-19 todavía no se terminó, los contagios siguen siendo muchos y lo de la eventual vacuna todavía está en veremos. Frente a este panorama, lógicamente, la pregunta que surge en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios populares es ¿qué hacer? En muchos sectores se salió a pelear. Así lo están haciendo, casi desde el primer día de la pandemia, los trabajadores de la salud. O los que han perdido sus puestos de trabajo, como los aeronáuticos de Latam, los docentes de muchas provincias y tantos otros.
Si el ajuste viene pasando en muchos lugares, es por la traición de las burocracias sindicales de la CGT y las CTA, que siguen jugadas al pacto con el gobierno. Sin embargo, esta semana, la impactante caravana y marcha convocada por el cuerpo de delegados de los ferroviarios del Sarmiento, de Once a Plaza de Mayo,demostró que, cuando a la cabeza hay una conducción combativa y democrática como la de la Bordó, la base responde y sale masivamente a luchar. Este es el camino para dar la pelea contra el ajuste, tal como lo venimos planteando desde el sindicalismo combativo.
En las próximas semanas también se dirimirá en las calles si efectivamente logramos imponer, de una vez por todas, el aborto legal, seguro y gratuito. La lucha por que se apruebe dependerá, otra vez, de que se ponga nuevamente en marcha la “ola verde” que conmocionó al país en 2018. Desde Isadora e Izquierda Socialista ya estamos ahí, convocando a acciones masivas para que el grito de “aborto legal en el hospital” resuene por millones.
Se acerca el fin de año. Tenemos que dar todas estas peleas. Pero además tenemos que plantear una perspectiva, distinta del plan que nos quieren imponer el gobierno y el FMI. Por eso decimos que es necesario postular un programa económico alternativo, obrero y popular, que priorice las necesidades del pueblo trabajador por sobre las de las patronales y los banqueros. El primer paso para llevarlo adelante pasa justamente por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, imponer un auténtico impuesto a las grandes fortunas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Porque de ahí saldrá la plata para que haya trabajo, salario igual a la canasta familiar, un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite y presupuesto para salud, vivienda y educación. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad trabajamos por una alternativa política que lleve adelante este programa.
