Escribe José Castillo

Cualquier trabajador sabe que lo que gana por mes cada vez le alcanza para menos. Basta ir al supermercado o al negocio del barrio o recibir la boleta de la luz o del gas.

Esta fue la realidad de los dos primeros años del gobierno de Macri, donde los salarios perdieron contra la inflación. En 2016 lo reconocen incluso los economistas oficialistas, que tratan de minimizarlo diciendo que la pérdida promedio fue de 5%. En realidad fue mucho más, de alrededor de 10%. Para 2017, el gobierno directamente miente diciendo que el año pasado “los salarios le ganaron levemente a la inflación”. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) demuestra que, incluso los gremios que tenían cláusula gatillo, terminaron por debajo de la inflación de 24,8%. Los bancarios, por ejemplo, habían firmado por 19,5% y tuvieron que ir a la Justicia y movilizarse para que, recién en enero de este año, les reconozcan la diferencia. Comercio había acordado por 20%. La construcción por 22%. Ambos quedaron por debajo del aumento real de precios. Los de los aceiteros, camioneros y metalúrgicos apenas lograron “empatarle” a la inflación. El resto terminó por debajo. El sector público, incluyendo a los docentes, perdió muy fuertemente. Ni hablar de los trabajadores tercerizados o en negro (curiosamente, el Indec inventa un supuesto “aumento de salarios” que se habría efectivizado para los trabajadores en negro entre noviembre y diciembre para justificar que los salarios “fueron más altos que la inflación en 2017”). Se mida como se mida, el poder adquisitivo de los salarios está muy por detrás de lo que era a fines de 2015.

Para 2018, el gobierno dice que la inflación va a ser de 15%. No se la creen ni ellos mismos. Todos los economistas, incluso los que más simpatizan con el gobierno, avisan que no bajará de 20% como mínimo. Así lo demuestran estos primeros meses del año. La inflación oficial de enero dio 1,8%. Pero dejó sin contar el tarifazo del gas y la última suba de los combustibles. Por eso terminamos febrero con un valor entre 2,5% y 3%. En marzo también seguirán subiendo los precios, impulsados por la canasta escolar. Para abril tendremos el nuevo tarifazo del gas. Terminaremos los primeros cuatro meses del año con una suba de precios que ya dará 10%. ¿Alguien se cree que de ahí a diciembre se llegará con sólo 15%?

El planteo del gobierno de ponerle techo a las paritarias en 15% en cuotas y sin cláusula gatillo tiene el objetivo de que los trabajadores perdamos (y por mucho) frente a la inflación. El gobierno y las patronales están jugados a que pase esto: por eso le ofrecen 9% a los bancarios, buscando “marcar la cancha para el resto del sector privado”. A los docentes les ofrecen aumentos de miseria, como 15% en provincia de Buenos Aires o 12% en Capital, tratando también de que quede “como testigo” para el resto del sector público. Por eso resulta criminal el rol de los burócratas que ya acordaron por 15% sin cláusula gatillo o por menos, ratificando así su tregua con el gobierno. Tal el caso de Lingieri (Obras Sanitarias), el Sutecba de Genta (que firmó por 12%) o Fernández de la UTA, que firmó por 15% y en cuotas.

Nos encontramos frente a una gran pulseada. Romper o no el techo salarial de 15% que pretenden imponer el gobierno y las patronales se resolverá en las próximas semanas. Más que nunca, hay que reclamar paro general y plan de lucha para unificar y fortalecer esta pulseada.

Escribe Claudio Funes

El 28 de febrero comenzará el juicio a Facundo Jones Huala. El proceso que se llevará adelante en Bariloche podría concluir con su expulsión y entrega a las autoridades chilenas, en caso de que el juez dictamine su extradición por los delitos que se le imputan en ese país. Huala fue detenido el 26 de junio de 2017 durante un operativo especial de la Gendarmería Nacional Argentina. Este arresto fue parte de los acuerdos alcanzados entre Mauricio Macri y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en ocasión de la visita oficial que el presidente realizó al país trasandino. El pedido de extradición ya había sido desestimado en septiembre de ese mismo año por el juez federal Guido Otranto y apelado por la Procuración.

Huala ya lleva un año preso a la espera de este juicio. Se trata de una causa tan trucha que, en el caso de ser juzgado en Chile, lo más probable es que Jones Huala deba ser dejado rápidamente en libertad. Es que los otros miembros del grupo del que supuestamente habría formado parte el lonko, acusados por el incendio de una propiedad en Pisu Pisué, cerca de Valdivia, en el año 2013, quedaron libres por falta de pruebas en noviembre de 2014. Se desmienten así los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se la pasó afirmando que “Huala y los mapuches son terroristas, gente peligrosa a la que hay que combatir”. El único objetivo del gobierno es justificar así la persecución al pueblo mapuche que reclama por sus tierras y favorecer a los grandes terratenientes como Benetton, que se las han apropiado.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, continúa agitando la campaña de difamación contra los mapuches. Recientemente manifestó con respecto al día del juicio que “a la luz de todos los hechos violentos que se han vivido a partir de estas organizaciones, estamos realmente preocupados por lo que pueda llegar a suceder”. Buscan así provocar y generar un clima represivo que apuntale la condena a Jones Huala.

El 28 de febrero Izquierda Socialista junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y organizaciones de los pueblos originarios exigiremos la no extradición y la libertad de Jones Huala.

El diputado Peressini viajó al juicio

El diputado de Izquierda Socialista y presidente del bloque del Frente de Izquierda de Córdoba, Ezequiel Peressini, viajará a Bariloche para estar presente en el juicio a Jones Huala y en las movilizaciones exigiendo su libertad.

Escribe Angélica Lagunas, Diputada Izquierda Socialista/FIT

La denuncia publicada en el diario español El País sobre depósitos en el Banco de Andorra, que implica al ex gobernador del MPN Jorge Sapag en actos de soborno, no es más que la confirmación de una sospecha que recorre la provincia. En estos días el comentario es que al fin saltó la corrupción petrolera y empezó por lo más alto del poder político. Los funcionarios son socios en la corrupción, por eso este acto está vinculado con el ex subsecretario general de la Presidencia macrista, Valentín Díaz Gilligan.

Además de la investigación que corresponda para aclarar la magnitud del robo y la sanción penal, desde nuestra banca le exigimos al ex gobernador que devuelva inmediatamente los 5 millones de dólares, porque si no los colocó en ese banco bien debe saber dónde los tiene guardados. Que los devuelva para que vayan, por ejemplo, a los servicios de pediatría en los hospitales públicos que están en estado de coma por responsabilidad de su gestión.

Durante décadas de gobierno del MPN se han regalado los recursos hidrocarburíferos, por eso el caso de Sapag es una muestra de lo que reciben a cambio los políticos patronales por hacer favores a las empresas nacionales y extranjeras que sacan las riquezas del suelo y fugan la plata del país.

En esa oportunidad se trata de las empresas que participaron de licitaciones a medida desde el año 2008 usando a GyP S.A., firma creada por el gobierno para otorgar en nombre del Estado las concesiones de las áreas más jugosas. Fue la antesala para que luego se impusiera el conocido pacto YPF-Chevron que se votó en la Legislatura a libro cerrado, con cláusulas secretas y balazos de goma en las calles. No por nada también está involucrado en esta denuncia el ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

Escribe José Castillo

Apareció un nuevo funcionario con cuentas en el exterior. Es otra muestra de la composición de este gobierno de CEOs. La bronca creciente hizo que esta vez Macri tuviera que soltarle la mano.

No se trata del primer caso y, muy probablemente, tampoco del último. El diario español El País reveló que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, poseía una cuenta en Andorra por la suma de 1,2 millones de dólares. Su defensa fue antológica, dijo que figuraba ahí sólo porque se lo pidió su amigo Francisco “Paco” Casal, empresario uruguayo dedicado a la compraventa de jugadores y uno de los que manejan la siempre abierta pelea global por los derechos de la televisación del fútbol. En síntesis, se defendió diciendo que era sólo “un testaferro”.

Lo “nuevo” que aportó el caso Gilligan fue que esta vez Macri estuvo obligado a soltarle la mano y el funcionario offshore tuvo que renunciar. Que el gobierno haya tenido que desprenderse de Gilligan es una demostración de cómo está pegando la bronca que viene incrementándose desde las multitudinarias movilizaciones de diciembre contra la reforma jubilatoria. Las encuestas muestran cómo cae la imagen presidencial y esto se refleja, más popularmente, en los masivos insultos a Macri en las canchas de fútbol.

Gilligan integra la ya larga lista de funcionarios del gobierno con negocios de este tipo en el exterior. Repasemos: la encabeza el propio presidente Mauricio Macri, que apareció en los famosos Panama Papers figurando como director de dos empresas en paraísos fiscales, Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. También tenemos al ministro de Finanzas Luis Caputo, que manejó el fondo de inversión Alto Global Fund en islas Caimán y administró Noctua Partners LLC, gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware (Paradise Papers), además de ocultar en su declaración jurada haber sido el principal accionista de sociedades offshore entre agosto de 2009 y julio de 2015, entre las cuales figura Princess International Group (islas Caimán). Le sigue el ministro de Energía Juan José Aranguren, director de al menos dos empresas offshore vinculadas a Shell, mientras se desempeñaba como CEO de esa compañía. También podemos mencionar al intendente de Lanús Néstor Grindetti, apoderado de la offshore Mercier Internacional entre 2010 y 2013, mientras era ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que aparece integrando el directorio de Kalushy de Panamá; al intendente de Vicente López Jorge Macri, secretario de Latium Investment de Panamá, y al secretario legal y técnico de la Presidencia Pablo Clusellas, que figura como intermediario en el montaje de sociedades en paraísos fiscales, entre tantos otros.

Parecería que tener algún tipo de participación en una empresa offshore o cuentas de millones de dólares en paraísos fiscales formara parte del “currículum” necesario para ser funcionario macrista.

Sumémosle a esto los otros casos de corrupción, como el que trascendió hace poco tiempo del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que maltrató a una empleada que tenía en negro y encima la había designado en la intervención del SOMU mientras cumplía tareas de “servicio doméstico”. O las vinculaciones entre Nicolás Caputo, el “amigo del alma” de Macri, con Angelo Calcaterra, primo del presidente, y de ambos con la transnacional Odebrecht en operaciones corruptas como el soterramiento del Sarmiento.

Con la sola renuncia de Gilligan no alcanza: tienen que irse todos los involucrados en estos casos de corrupción. Como dice el proyecto de ley anticorrupción que presentó nuestro compañero Juan Carlos Giordano, diputado del Frente de Izquierda, hay que invertir la carga de la prueba y que todos los funcionarios involucrados en denuncias de este tipo tengan que demostrar ellos mismos su inocencia, que vayan presos y que sean obligados a devolver lo robado o fugado al exterior.

Escribe Claudio Funes

Esteban Castro, secretario general de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), habló en la marcha del 21 en nombre de los movimientos sociales, arengando “Viva el Papa”. Según este dirigente “el Papa está con los pobres”. ¿Francisco está contra el ajuste de Macri? Nosotros respondemos categóricamente que no.

El kirchnerismo dice que el Papa no viene a la Argentina porque estaría contra “el neoliberalismo” de PRO. Lo hace para enarbolar otra mentira: decir que Francisco es “nacional y popular”.

El Papa y la jerarquía de la Iglesia Católica argentina siempre llamaron al “diálogo”, es decir, a frenar las luchas. Fue a su pedido que en 2016 el triunvirato de la CGT levantó un paro general para ir a una “mesa de diálogo” que terminó en la nada.

El papa Francisco apoya a los burócratas sindicales que son cómplices del ajuste de Cambiemos. La relación entre la Iglesia y la dirigencia sindical peronista es histórica. El Papa, cuando era Jorge Bergoglio, perteneció a la derecha peronista, el sector en el que se formaron muchos de los actuales burócratas traidores.
Francisco usa los movimientos sociales para mostrarse preocupado por la pobreza. En 2016 convocó al Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Concurrió una numerosa delegación argentina, compuesta por el Movimiento Evita, la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. Ellos mismos insistieron en que el evento no era “contra Macri ni ningún gobierno en particular”.

Francisco asumió el papado en medio de una profunda crisis de la Iglesia Católica, que lo obligó a un cambio de discurso y a dar una imagen “más cercana a los pueblos”. Pero no hay que dejarse engañar, sigue siendo la misma institución retrógrada que está llena de curas pedófilos y siempre estuvo en contra del derecho al aborto. Siempre va a estar con los poderosos.