Escribe Javier Leonforte

En el 42° aniversario del golpe genocida nuevamente en nuestro país se produjeron movilizaciones de masas contra la impunidad de ayer y la represión del gobierno actual. La Plaza se colmó en dos oportunidades el mismo día, ya que como sucede desde
2006 hubo dos convocatorias distintas.

En el año 2006, cuando se cumplían 30 años del golpe genocida, el gobierno kirchnerista dividió los masivos actos del 24 de marzo. Por un lado quedaron Estela Carlotto, Hebe de Bonafini y los organismos de derechos humanos cooptados por el gobierno. Por otro quedó el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) con las decenas de organizaciones que venimos realizando las convocatorias a las marchas del 24 de marzo desde 1996, cuando fue el 20° aniversario. Ahora, bajo el gobierno de Macri, hubo intensos debates sobre la posibilidad de volver a realizar una sola convocatoria, anhelada por muchos luchadores. Incluso decenas de miles de personas marcharon de manera independiente, siendo parte de un amplio repudio social a los genocidas, pero sin conocer cada convocatoria en particular.

El EMVyJ realizó reuniones con organismos de derechos humanos ligados al kirchnerismo. Pero, mientras públicamente hacían un demagógico llamado a la unidad, los kirchneristas querían silenciar al EMVyJ. En las reuniones el diputado Horacio Pietragalla fue el encargado de dejar en claro que ellos estaban en contra de que hubiese dos documentos en un posible acto común del 24 de marzo, porque no aceptaban ninguna crítica a los doce años de gobierno kirchnerista ni, sobre todo, nuestras críticas a los gobernadores peronistas que hoy en día sostienen al gobierno de Macri. Pese a esta división, los medios kirchneristas como Página 12 y C5N mintieron, sosteniendo que había una sola marcha unificada, intentando ocultar la existencia de dos convocatorias.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda reivindicamos la marcha del EMVyJ, ya que por su carácter independiente fue contra el ajuste y la represión de Macri y todos los gobernadores. Esto es fundamental porque si Macri ajusta y reprime al pueblo es porque cuenta con el apoyo de los gobernadores peronistas, que también lo hacen en sus provincias (Alicia Kirchner en Santa Cruz, Manzur en Tucumán, Insfrán en Formosa, Bertone en Tierra del Fuego, Uñac en San Juan, Rodríguez Saá en San Luis, entre otros).

El documento del EMVyJ hizo un balance histórico sobre los 42 años de impunidad, incluyendo duras críticas a los doce años de gobierno kirchnerista por su Ley Antiterrorista, el Proyecto X de Berni, el encubrimiento de la desaparición de Julio López y por nombrar al genocida Milani, hoy preso, al frente de las fuerzas armadas, promoviendo la reconciliación con los militares. “Pese a su discurso, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados bajo la dictadura y que actuaron como garantes de la impunidad en los juicios a los genocidas. El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios sólo se sustancian con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares”, denunció el documento del EMVyJ.

Tenemos que ser claros, la “unidad” a la que nos llama el peronismo es por una alternativa patronal en las elecciones de 2019, como quedó demostrado en el encuentro del PJ realizado en San Luis. Durante 2018, como sucede desde que asumió Macri, el peronismo en todas sus variantes y con distintos discursos es cómplice del ajuste y la represión de Macri. Por eso los dirigentes sindicales de la CGT y la CTA le han brindado una nueva tregua. Y por eso todos los gobernadores y los bloques parlamentarios mayoritarios son garantes de la gobernabilidad. Es necesario clarificar esto entre los luchadores que enfrentan a Macri.

Los sectores oportunistas como el PCR (CCC), la Correpi (Venceremos) y el MST, que dentro del EMVyJ impulsaron a toda costa la unidad con los kirchneristas, fracasaron en su intento rupturista. Los tres partidos del Frente de Izquierda, sin renegar de la necesaria unidad de acción en las calles contra el gobierno de Macri, ganamos una importante batalla para mantener la independencia política del EMVyJ y criticar duramente a los cómplices de Macri.

Escribe Laura Marrone Legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

Al crecimiento invisible de la producción y la no menos invisible reducción de la pobreza de casi dos millones de personas, ahora se sumaría “la mejora en lengua y ciencias” de nuestros alumnos. Así lo manifestó el presidente Macri cuando presentó el resultado del Operativo Aprender 2017 en marzo pasado. “Tenemos que mejorar en matemáticas”, concluyó.

 El Operativo Aprender consiste en una evaluación “externa” (no la realizan los docentes de la escuela), censal (a todos los alumnos del país) de sexto grado de la primaria y de quinto año del secundario, que impuso Cambiemos en 2016 y repitió en 2017. Según el informe oficial, el último abarcó a 900.000 alumnos y 29.000 escuelas. El resultado dio que, en lengua, en las escuelas medias estatales se duplicó el número de alumnos que logró el nivel más alto pasando de 15,2% a 29,6% y el más bajo se redujo a la mitad, 19,7% a 9,9%. En matemáticas, en cambio, estaríamos peor: bajamos de 16,1% en 2013 a 14,2% en 2016 y a 11,4% en 2017.

Quienes trabajamos frente a alumnos sabemos que no existieron cambios profundos que puedan dar credibilidad a ninguno de los dos resultados. No hubo prácticas, recursos, capacitaciones o medidas que expliquen uno u otro. Y menos para las dos materias en el mismo tiempo. Aun estadísticamente, estos resultados no son confiables. Por eso nosotros y decenas de sindicatos docentes combativos los rechazamos.
 
Las evaluaciones externas no sirven

En educación tenemos problemas, pero son centralmente políticos y no pedagógicos. Estas evaluaciones son una pérdida de tiempo y de recursos cuyo único propósito es culpar a la docencia de los problemas de nuestra educación. El fundamento del gobierno de que son necesarias para un diagnóstico de la situación se cae, pues para ello alcanzaría una simple muestra en lugar de hacerla censal, o sea a todos. En aquellos países donde se realizan desde la década del ´90, como Estados Unidos, condujeron a que la docencia se centre en el “entrenamiento” de sus alumnos para responder a esas pruebas estándares, por miedo a ver reducido su salario o perder la estabilidad en el cargo, en lugar de desarrollar el pensamiento, la creatividad y el trabajo en equipo.  En México o Brasil las usan para la selección de alumnos que podrían seguir estudios superiores y cuáles no.

Lo determinante para el deterioro de nuestro sistema educativo son las causales externas. La diferencia entre las públicas y las privadas se debe a que las primeras concentran en porcentajes aun mayores al promedio nacional de 47% de niños y adolescentes pobres. Y encima las subvenciones estatales a la educación privada favorecen a una mayor desigualdad. El propio informe revela este condicionante por fuera de la escuela.
 
Cómo mejorar la educación

Hay que destinar el 10% del PBI y nacionalizar el financiamiento para que se haga cargo el Estado nacional, en lugar de pagar intereses de la deuda externa al doble de lo que se destina a educación. Hay que suprimir los subsidios a la educación privada. Hay que reformular la jornada laboral como en Finlandia, para que, con un salario digno, la docencia dedique un tercio de la semana laboral a tareas  extraclase de preparación, capacitación y reflexión entre pares, entre otras medidas. En vez de cerrar los profesorados hay que implementar un plan de actualización de la formación docente todos los años de la carrera, dentro de la jornada laboral, entre otras medidas.

La docencia combativa resistió y reclama su derogación

Las familias y estudiantes acompañaron el llamado a no asistir a las evaluaciones en aquellas jurisdicciones donde el sindicalismo combativo tiene influencia. La participación de alumnos en las escuelas estatales medias fue de 28,8% en Neuquén (ATEN), 22,7% en Santa Cruz (Adosac), 46,5% en Buenos Aires (Sutebas Multicolores), 49,3% en Santa Fe (Amsafe Rosario), y 53,1% en Capital (Ademys). La media nacional fue de 59%. Vale señalar que con menos del 50% los datos no se deben considerar a los fines estadísticos. La resistencia fue posible gracias a un esfuerzo asambleario con las familias y los estudiantes por parte del sindicalismo combativo. Cuestión que no hizo Ctera, ni los sindicatos nacionales como UDA, AMET o Sadop.

Ese cuerpo a cuerpo tuvo sus frutos. El llamado será de nuevo este año, hasta que derrotemos la farsa de estas evaluaciones.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa de la provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT

Desde 1998, y por un decreto del gobierno peronista de Carlos Menem, se declaró al 25 de marzo como el “día del niño por nacer”. Desde entonces, los sectores reaccionarios y antiderechos de las mujeres, utilizan esta fecha para movilizarse contra el derecho al aborto. En esta oportunidad, y a días de que comience el debate parlamentario, diversas ONG nucleadas en “Unidad Provida”, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), la jerarquía de la Iglesia Católica y filiales de la Universidad Católica, organizaro

En la marcha estuvieron presentes Mariana Rodríguez Varela -ideóloga de la manipuladora campaña “El Bebito” que consiste en repartir réplicas de fetos de plástico- la defensora de genocidas Cecilia Pando y el nazi Alejandro Biondini. Por su parte, el senador y ex ministro de Educación Esteban Bullrich hizo alusión a la fecha a través de las redes sociales, dejando en evidencia su postura reaccionaria contra las mujeres. También vía redes sociales, setenta obispos impulsaron una campaña con el hashtag #TodaVidaVale. Denunciamos la hipocresía de estos sectores reaccionarios que dicen estar a favor de la vida cuando en realidad defienden el aborto clandestino.

El debate sobre la vida humana

Los sectores antiderechos pretenden igualar la condición de feto con la de persona humana. Pero lo cierto es que un embrión no es una persona, tanto en el plano jurídico como científico. Desde el plano jurídico, por ejemplo, los derechos civiles que se puedan reconocer son para los nacidos con vida. Desde el punto de vista científico un embrión en gestación no es un ser humano, es un embrión. Es equivocado poner como sinónimos embrión/feto a bebé/persona porque no lo son. En este sentido, la única vida humana que se pone en riesgo con el aborto clandestino es la de la mujer. Por eso insistimos en que los sectores que se movilizaron no están a favor de la vida, sino del aborto clandestino, que es el que termina con la vida de las mujeres pobres.

Es falso también el argumento que utilizan diciendo que si se legaliza el aborto las mujeres van a practicarlo más. La realidad demuestra que en los países donde se legalizó bajó considerablemente la cantidad de interrupciones de embarazos porque la cadena para evitar llegar al aborto funciona mejor. En nuestro país, por ejemplo, aún siendo ilegal aproximadamente unas 500.000 mujeres abortan por año. En el Estado Español, donde es legal, lo hacen unas 94.000. Además de reducir el número de abortos, en los países donde está legalizado no hay registro de enfermedades derivadas o complicaciones y tampoco muertes, ya que la intervención es segura.

El movimiento de mujeres viene reclamando terminar con el aborto clandestino, que se practica en pésimas condiciones con enormes secuelas para la vida y la salud. Por eso apoyamos el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que exige que sea legal, seguro y gratuito para que sea garantizado tanto en el sistema público de salud como en las prepagas.

Escribe Mercedes Trimarchi

A partir del masivo #Pañuelazo frente al Congreso, que obligó a habilitar el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, esta modalidad de protesta se instaló como forma de visibilizar el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y fue tomada en los lugares de trabajo y estudio como una forma de manifestarse en cada sitio para expresar que las mujeres queremos el aborto legal ya.

El #Pañuelazo del 19F frente al Congreso abrió el camino. El 8M, en el marco del Segundo Paro Internacional de Mujeres, las trabajadoras del Indec y del Mecon abrieron sus pañuelos verdes para exigir que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Lo mismo hicieron las trabajadoras telefónicas. Las estudiantes de distintas facultades de la UBA desde Psicología hasta Ingeniería, montaron enormes pañuelos verdes para también manifestarse a favor.

Al mes del 19F, se organizó un enorme #Pañuelazo frente a la Quinta de Olivos para plantearle al gobierno que las mujeres le decimos basta al aborto clandestino. Lo mismo sucede en todas las universidades y plazas del país. Los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se transformaron en todo un símbolo de protesta y cada vez más se llevan atados en mochilas y bolsos.
Incluso fue noticia la respuesta que dieron los alumnos del Instituto Padre Márquez de Berazategui frente al pedido de las autoridades y directivos del colegio de sumarse a la campaña #TodaVidaVale que impulsa la Iglesia Católica. Los alumnos de cuarto año aparecieron al día siguiente con pañuelos, vinchas y pulseras de color verde para manifestarse en favor de la legalización del aborto.
Llevar el pañuelo verde de la campaña, lejos de ser una moda es un símbolo de protesta y una exigencia para que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentó la campaña nacional se apruebe. A su vez, es una forma de dar a conocer la triple consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir

Escribe José Castillo

El gas aumentó 40%, acumulando 100% de incremento en los últimos seis meses. Pero también abril nos trae el tarifazo en el transporte: los boletos de trenes y colectivos pasan a pegar más aún en nuestro bolsillo. Todo sube menos el salario.

 A partir de ahora, un usuario de Metrogas que cuidaba obsesivamente su consumo y pagaba 500 pesos mensuales, pasará a abonar 670. De ahí para arriba. La factura de gas pesa cada día más, llevándose una auténtica tajada del salario de los trabajadores. Esta vez ni siquiera se disimula con la excusa de que “el que ahorra no tendrá tanto aumento”, ya que el incremento pega directamente sobre la tarifa básica. También aumentaron 16,7% las garrafas, lo que afectará a los sectores más pobres, que normalmente viven en zonas sin acceso a la red de gas. La garrafa de 10 kilos, que normalmente alcanza para medio mes, pasó de 185 pesos a 216. ¡Las familias que viven en viviendas y zonas precarias necesitarán 500 pesos mensuales para acceder a algo tan básico como la calefacción! Y se viene el invierno, por lo que las tarifas serán más altas aun, tal como sucede en verano con la electricidad.

Al mismo tiempo, también aumentó el boleto del colectivo en Capital y Gran Buenos Aires. Un viaje promedio (tres tramos) subió a 9,50 pesos, 11,7% más que los 8,50 pesos que se pagaba hasta marzo y casi 50% más que los 6,50 pesos que valía en enero. También aumentaron los pasajes de los trenes, en porcentajes similares. Como si esto fuera poco, también aumentarán otra vez los peajes de todas las vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Viajar con cualquier medio de transporte se convierte cada vez más en un lujo.

Los tarifazos no terminarán este mes. Para mayo está programado el aumento del servicio de aguas y cloacas, que subirá como mínimo 26%, con el agravante de que se quitará el subsidio a la tarifa social, por lo que para el 30% de los hogares el incremento será 68%. También habrá nuevos aumentos en el transporte. Y en los meses siguientes, los aumentos seguirán la suma del índice de inflación más la devaluación. Así está programado un nuevo incremento en el gas para el mes de octubre.

A todo esto tenemos que agregarle que, como los combustibles tienen “precio liberado” desde octubre pasado, seguramente tendremos en las próximas semanas un nuevo salto en el precio de la nafta. Y, por supuesto, todos estos aumentos serán utilizados por los empresarios para aducir que “les subieron los costos” y así encarecerán los otros bienes.

Como vemos, todo está indexado, todo tiene “cláusula gatillo”. Las empresas de servicios públicos privatizados, las petroleras, las gasíferas, los acreedores de la deuda, las grandes empresas de alimentos o de otros artículos de consumo y las cadenas de supermercados. Todos tienen vía libre para presentar su “nueva lista de precios”, con aumentos astronómicos. Lo único que tiene techo, en contraposición, es el salario. El gobierno, las patronales y las burocracias sindicales siguen firmando convenios con un máximo de 15% y en cómodas cuotas, cuando absolutamente nadie cree que esa será la inflación de este año. Hay que repudiar el tarifazo, exigiendo que se lo retrotraiga, a la vez que seguimos luchando por romper el techo salarial peleando por aumentos para que ningún trabajador gane menos del valor real de la canasta familiar, hoy calculada en 30.000 pesos.