(versión ampliada y actualizada de lo publicado en El Socialista N° 491, 9 de febrero de 2021)

Escribe Rodolfo Sánchez, Izquierda Socialista Bariloche

Un incendio forestal de enormes proporciones consumió a lo largo de dos semanas más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en la zona de El Bolsón, destruyendo a su paso  viviendas, galpones y matando muchísimos animales.
Al contrario que otras regiones del país, los meses de verano son la estación seca en la zona Andina patagónica. Las altas temperatura que superan los 30 grados, la bajísima humedad ambiente y el viento, son una combinación fatídica para la propagación del fuego.
En 2020, bajo este mismo gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y su secretario Sergio Federovisky, se quemaron aproximadamente 900 mil hectáreas en 22 provincias argentinas. Los incendios más resonantes y que duraron meses fueron a lo largo del río Paraná, afectando 300 mil hectáreas. Otra cantidad similar se dio en las sierras de Córdoba.

Para 2020 el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego tuvo asignado 8.7 millones de dólares de presupuesto, una suma ridícula si se tiene en cuenta que el costo para remediar los daños producidos por los incendios (aproximadamente 1% del PBI) ronda en los 4.000 millones, aunque el relato oficial es que los incendios fueron consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

En la Plaza Pagano, los vecinos de El Bolsón se autoorganizaron y recibieron donaciones para asistir a los brigadistas y bomberos voluntarios que en Río Negro hace años luchan por tener una ART. El Intendente Bruno Pogliano (del partido provincial Juntos Somos Río Negro), más preocupado por el turismo, los negocios inmobiliarios y fiel lacayo del magnate Lewis, presionado por las llamas que están cerca del Barrio Unión, pidió al gobierno nacional que enviara más recursos. El mismo Cabandié contestó que ya mandaron todos los recursos disponibles, o sea tres aviones, tres helicópteros y 101 brigadistas. Una triste realidad, sumada al relato durante el gobierno de Cristina Fernández de que estaban comprando 26 aviones hidrantes para combatir los incendios forestales. La gobernadora Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro) acaba de declarar la emergencia. “Desde 1964 no se veían estas condiciones meteorológicas excepcionales”, dijo. Una falacia completa, porque los incendios en la zona andina patagónica son siempre probables en verano por sus altas temperaturas y baja humedad. Simplemente recordemos las 15 mil hectáreas quemadas en Bariloche durante 1996, con Menem como presidente y María Julia Alsogaray en medio ambiente.

Gobierno tras gobierno se escudan en situaciones climáticas excepcionales y veraneantes imprudentes, pero lo concreto es la falta de presupuesto, medios y recursos materiales y humanos para prevenirlo, ya que los pocos brigadistas que hay suelen tener situaciones de trabajo precarizadas a través de contratos temporales.

¡Basta de que se tiren la pelota entre los distintos gobiernos! ¡El gobierno nacional, el provincial y municipal deben poner todos los recursos necesarios en la emergencia para frenar el fuego!

Escribe Marcela Martín. Delegada de Ate e integrante de la Asamblea Ambiental de Santa María y de Ambiente en Lucha.

La Argentina en plena pandemia sanitaria y social, nos encuentra con la resistencia de los pueblos de distintas regiones defendiendo la vida y la naturaleza. El gobierno de Alberto Fernández alienta el extractivismo y el saqueo, política que los gobernadores ejecutan en total acuerdo, en beneficio de la ganancia de empresarios y multinacionales. En este marco, en varias provincias se desarrollan luchas en defensa de sus territorios y economías regionales desde organizaciones de base asamblearias.
La provincia de Córdoba padece desde hace 20 años el peronismo sojero y desmontador.  Lapso en el cual se han desarrollado grandes luchas contra esas políticas y hoy, entre otras, se desarrolla la que se opone a la Autovía de Montaña, con un trazado de 47 kilómetros de extensión, desde el Dique San Roque hasta La Cumbre. Todo esto está en el marco del proyecto bioceánico del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).

El proyecto ya intentó concretarse en 2018, pero la férrea organización territorial en el Valle de Punilla en una Coordinadora de Asambleas lo impidió. Se utilizaron todos los medios de organización y lucha, llegando a la histórica audiencia pública que durante ocho días nos tuvo presentando nuestros argumentos económicos, culturales, antropológicos, turísticos, sanitarios y biológicos en defensa del bosque nativo, que incluían también la recuperación del tren como factor central del desarrollo regional.

A dos años de esa experiencia, en diciembre de 2020 Schiaretti volvió a arremeter con el proyecto pendiente, que corre la traza al oeste de la Ruta 38 con un presupuesto de 100 millones de dólares, obligando a los vecinos del Valle de Punilla a retomar la lucha. El argumento de Schiaretti es que escuchó a los vecinos que reclamaban:”no por el Este”. La legislatura de Córdoba aprobó las expropiaciones, aunque Asambleas y distintas organizaciones nos manifestamos frente a la legislatura repudiándolo.
La obra pública es el centro de la campaña del gobierno, también fuente de inmensos negocios inmobiliarios favorecidos por los incendios que en 2020 ocasionaron la quema de más de 300.000 hectáreas.

Hace unos días presentamos un petitorio con más de 2.000 firmas al gobernador, un pedido de audiencia pública presencial al aire libre y una copia a la Comunidad Regional del Valle de Punilla. Ya estamos con cada asamblea en nuestros pueblos explicando los detalles y el trasfondo de la obra a los vecinos, dado que se intenta instalar que el progreso y el alivio del tránsito llegarán con esta monumental obra.

El gobierno oculta que se destruirán los reservorios de agua de la cuenca del Valle y las reservas naturales. Nada dice de la falta de agua potable de la región donde la crisis hídrica lleva años y las plantas potabilizadoras esperan la inversión que no llega. Niega el desmantelamiento de la atención sanitaria en el Hospital Domingo Funes con la mayoría de su personal precarizado. Comenzaron las clases presenciales y todavía hay escuelas sin terminar, aulas sin habilitar y con faltante de bancos. Los salarios del personal sanitario y de la educación con una pérdida del 30% también son ignorados. Lo que es  necesario, en vez de la autovía, es inversión en el ferrocarril para uso de la población del Valle y para capitalizar aún más su función turística sin afectar el ambiente.

Ya lo sabemos, lo vivimo y lo aprendimos: solo con la unidad y coordinación podremos  torcer el brazo al gobierno de Schiaretti y de Fernández, socios en la política saqueadora y contaminante. La lucha continúa. Los gobiernos patronales saben que no bajaremos los brazos.

Escribe Ambiente en Lucha La Matanza

Klaukol ocasiona un desastre ecológico del cual sufren sus consecuencias la población matancera. Esto es lo que viene sucediendo con la multinacional suiza, que produce materiales para la construcción (impermeabilizantes principalmente) y está instalada en la zona de Virrey del Pino desde el año 2000.

En el año 2009 se produjo una explosión en una de las chimeneas que terminó de cubrir de polvo el barrio Las Mercedes, que se encuentra pegado a la fábrica. A partir de esto, una vecina (Susana Aranda), comenzó a hacer un censo casero y salió a la luz que muchas de las familias que viven en cercanía de esta empresa enferman recurrentemente de cáncer, enfermedades respiratorias y otras ligadas directamente a un producto que emana de sus chimeneas, el sílice.

En los últimos diez años más de 100 vecinos en cuatro o cinco manzanas en torno a Sika-Klaukol, han fallecido, inclusive familias enteras. En el 2014 la autoridad de Acumar comprobó que el 100 % de los chicos de la zona tienen plomo en sangre. Esta empresa tiene una categoría 3, esto quiere decir que es una industria nociva para las personas que viven alrededor y, según la ley provincial 11.459, no tendría que estar ubicada a menos de 8 kilómetros de cualquier casco urbano. Es por esto que los vecinos se empezaron a organizar exigiendo el cierre y la reubicación de la misma. Recurriendo a la justicia, lo que se viene pasando de juzgado en juzgado desde hace diez años sin que se expida. Han ido también al municipio para reclamar, pero el gobierno local (del partido justicialista) no ha dado respuesta. Es más, vienen sufriendo aprietes por matones a sueldo para que abandonen la pelea contra la multinacional, pero no los han conseguido acallar.

Desde mediados de 2020 y principios de 2021 el caso de Nadia Carbajal es emblemático: su estado de salud es muy delicado producto del sílice particulado que emana la chimenea de la fábrica que está frente a su casa. Por esto en marzo de este año han bloqueado el portón de Sika- Klaukol, sin respuestas, sufriendo ataques y persecución por parte de la multinacional, junto con el hostigamiento policial, sin atender el reclamo de los vecinos y la indicación de los médicos de Nadia de que ella por su condición de salud no puede estar en el barrio.
Desde Ambiente en Lucha  La Matanza venimos acompañando esta pelea poniéndonos a disposición de los vecinos contra Klaukol, colaborando con sus iniciativas y difundiendo las actividades. En la última asamblea del acampe el 4 de marzo pasado, participó el diputado nacional de Izquierda Socialista en el FIT Unidad Juan Carlos Giordano, para solidarizarse yayudando a la visibilizaciòn de esta lucha. También como parte del Suteba La Matanza, desde su comisión de Medio Ambiente y siendo docentes de la zona afectada por Sika-Klaukol venimos acompañando esta lucha exigiendo el cierre, la reubicación de esta empresa y que garantice a sus trabajadores el puesto laboral.

Escribe Viviana Puccio

En febrero de 2020, Alberto Fernández con un Decreto reconoce al DNU creador de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), e indica “revisar en 60 días la legalidad de todos los procesos (disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago) sobre inmuebles entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Fueron numerosos “los acuerdos” entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo tierras ferroviarias pertenecientes a las antiguas Playas de Maniobras (Palermo, Caballito, Liniers, Colegiales, Villa Urquiza, sectores de Retiro, Palermo Chico), que la AABE se encargó de rematar, pero también fueron tierras del dominio público de la Ciudad que ésta “transfirió” a la Nación y ésta, a su vez, a través de la AABE, a la concesionaria del Aeroparque Jorge Newbery.

La AABE vendió por su cuenta parcelas, entregó concesiones más que irregulares que afectan las superficies situadas debajo de los viaductos ferroviarios de las Líneas Mitre, San Martín y Belgrano Sur. Ya pasó más de un año y el informe de la AABE nunca se realizó.
Ambiente en Lucha junto con otras organizaciones ambientalistas y de vecinos, promovemos la presentación de proyectos de ley ante la Legislatura Porteña para la derogación de varias leyes de la Ciudad que favorecen la urbanización de las Playas Ferroviarias de Palermo, Caballito, Liniers, Colegiales, de Villa Urquiza, sectores de Retiro y Palermo Chico y que se habilite sólo usos comunitarios con espacios verdes públicos en los bajoviaductos. Estas leyes, en su momento fueron sancionadas por la “mayoría automática” con que cuenta el oficialismo local desde hace algunos años, sin pasar por el Congreso de la Nación, según manda la Constitución Nacional.

El problema principal son los funcionarios y políticos de todos los gobiernos patronales (nacionales, provinciales, municipales y de CABA) de todas las épocas, que priorizan los negocios inmobiliarios al bienestar de los trabajadores y sus familias. La política de beneficiar a la corporación inmobiliaria se convirtió en una política de Estado en las últimas tres décadas.

En las tierras recuperadas, podría idearse un sistema Metropolitano de Parques y Reservas Naturales del AMBA de acceso gratuito e irrestricto, resguardando la funcionalidad de su destino original, para el mejor funcionamiento de la red ferroviaria y reutilizar las construcciones patrimoniales para actividades educativas y culturales públicas.

Desde Ambiente en Lucha, apoyamos estos reclamos teniendo siempre presente que necesitamos que los vecinos se sumen y organizar así un plan de lucha con movilizaciones a los centros políticos y actividades  en los espacios a recuperar,  no sólo para preservar el patrimonio ferroviario sino también para mejorar y mejorar la calidad ambiental y de vida.

(Nota publicada en El Socialista n° 490, 26 de enero de 2021)

Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.
Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.
El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.
Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.