A pesar del gobierno negacionista de Javier Milei y Victoria Villarruel y de la lentitud de la Justicia, se lograron condenas a prisión perpetua contra once genocidas y condenas de 18 y 25 años para otros dos. Es un triunfo del movimiento por los derechos humanos a 50 años del golpe militar.
Escribe: José “Pepe” Rusconi
A 50 años del golpe y a tres años de iniciado el juicio denominado “1 y 60” / “Comisaría 8va”, se lograron importantes condenas contra genocidas. El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Baso, dio su veredicto el 14 de mayo. La sentencia fue leída en la Sala de Audiencias de la Cámara con la presencia de familiares y amigos de las víctimas y organismos de derechos humanos.
Fueron trece los represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra cientos de víctimas en Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que funcionaron en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicados en la ciudad de La Plata. Estos centros eran: el denominado “1 y 60”, que incluía a los destacamentos de Infantería de calle 1 (entre 59 y 60) y de Caballería de la calle 60 (entre 1 y 115), y los de la Comisaría 8va, Comisaría 2da y Plaza Olazábal, todos pertenecientes al llamado “Circuito Camps”, la red de centros clandestinos de detención bajo jurisdicción del jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps. Las víctimas que pasaron por estos lugares eran mayoritariamente trabajadores de fábricas y empresas de la región, como Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, YPF y el Frigorífico Swift.
Fueron condenados a la pena de prisión perpetua: Jaime Lamont Smart, quien se desempeñaba como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires en esos tiempos; Jorge Alberto Crinigan, Israel Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Rubén Vicente Shez, Enrique Armando Cicciari, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, todos miembros del Regimiento 7, la Policía bonaerense y el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. Por su parte, Lucas Marcelo Castro, integrante del Regimiento 7, recibió la pena de 18 años de prisión. Y Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), recibió la pena de 25 años de prisión.
Es de destacar que en la sentencia se tuvieron en cuenta los delitos sexuales denunciados por varias víctimas, delito que practicaban sistemáticamente los genocidas. Lamentablemente, es de señalar que, a excepción de dos genocidas, el resto gozan del beneficio de prisión domiciliaria.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad manifestamos que, aunque tardíamente y mientras muchos de los genocidas mueren en la más absoluta impunidad, este es un importante triunfo de la lucha del movimiento por los derechos humanos que sigue dando pelea. ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Cárcel perpetua, común y efectiva para todos los genocidas. Son 30.000, fue genocidio.
