Al día siguiente de la reciente masacre, una orden judicial permitió secuestrar 15.000 dosis de cocaína. ¿Desde cuándo existía esta información? No caben dudas que los políticos patronales, las fuerzas policiales y la Justicia participan del dinero sucio que el narcotráfico recauda.
Recordemos cuando, en las elecciones de 2015, entre los candidatos peronistas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Julián Domínguez (hoy ministros de Alberto Fernández), se acusaban sobre quién era más encubridor. “Hablan de cómo combatir el narcotráfico, que empiecen por no comprarle droga a los transas”, decía Fernández, implicado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez por comercio ilegal de efedrina.
El ex intendente radical de Paraná entre 2015 y 2019, Sergio Varisco, fue condenado en diciembre de 2019 a seis años y medio de prisión como “partícipe necesario” de comercialización de estupefacientes, 317 kilos de marihuana, traídos en avioneta desde Paraguay, dinero con el cual se hacía financiar su campaña electoral. “La intendencia era un bunker narco”, se decía.
Danna Báez, dirigente de Cambiemos de Misiones, fue presa en el estado brasileño de Paraná por “tráfico ilegal de estupefacientes” al encontrarse cinco kilos de cocaína en su poder.
En el año 2016, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó salpicado con una causa vinculada al narcotráfico luego de que cinco funcionarios de la Ciudad fueran procesados por la muerte de 5 personas en la fiesta Time Warp, de Costa Salguero, por consumo de estupefacientes.
Otros antecedentes datan de 2018. Altos mandos de la Policía Bonaerense plantearon que las ratas se habían comido media tonelada de marihuana para explicar la desaparición durante la custodia. En tanto, en la provincia de Salta, se descubrió que 50 kilos de cocaína se habían convertido en 60 kilos de yeso, cargamento había sido secuestrado previamente por gendarmería.
Walter Bento, ex juez federal de Mendoza, se encuentra procesado como líder de una asociación ilícita que exigía dinero a cambio de favores judiciales para los narcos. Bento no es la excepción. El fiscal Claudio Scapolan (estuvo a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro) fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a robar cargamentos de estupefacientes y de extorsionar a familiares de narcotraficantes. Se calcula que se apropió de 500 kilos de cocaína. Y así sigue la lista.
Claudio Funes