Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop
Como el mago que saca de su galera conejos y palomas, el gobierno nacional volvió a extraer de su inagotable depósito de trucos una nueva maravilla. Esta vez se trata de la promesa de la vacuna rusa salvadora, un anuncio exitista para mantener al pueblo trabajador y sectores populares con la ilusión de que vamos bien y que nos encaminamos hacia el fin de la pandemia.
En agosto se anunció con bombos y platillos la producción nacional de la vacuna Oxford AstraZeneca. Esta iba a ser llevada adelante por el multimillonario empresario kirchnerista Hugo Sigman, en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim, e iba a estar lista en diciembre. Disipada por la cruel realidad, la ola de optimismo, se anunció con gran despliegue la prueba en el país de la vacuna Pfizer, a la que se presentaron 4.500 voluntarios en el Hospital Militar. Apagados los ecos de este llamado, noviembre comienza con una nueva sorpresa, el convenio con el gobierno ruso. Una compra de 25 millones de dosis que, a 19,90 dólares cada una, implica un negocio de 500 millones de la divisa estadounidense. Una vacuna que ya estaría disponible en diciembre.
En estos meses se avanzó en la preparación del andamiaje legal que la industria farmacéutica exigía: inmunidad de las empresas frente a los efectos indeseados originados por la vacuna y acortamiento de los protocolos de aprobación. Los juicios que puedan surgir se celebrarán en los tribunales de Estados Unidos y Europa, no en nuestro país. El artículo 8° de la ley aprobada prescribe que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (Anmat) debe pronunciarse en el brevísimo y arbitrario plazo de treinta días, a todas luces insuficiente. Para aprobar esta ley no hubo “grieta”. Peronistas, radicales y de Juntos por el Cambio votaron con entusiasmo una ley que favorece claramente los intereses de las multinacionales. Solo se registró la oposición del FIT-Unidad y algunas honrosas excepciones.
Estamos ahora en un punto en que hay absoluta garantía para las multinacionales, tienen los contactos y el marco legal favorable. Todo está listo para que vengan las vacunas pero, como dice la frase campera, “el poncho no aparece”. ¿Por qué sucede esto? Porque todas las vacunas están en la fase III, es decir, se están probando en miles de personas con distintas características para ver si se logra una eficacia de inmunidad en el 50% de ellas, que es la cifra acordada en los comités de expertos internacionales para determinar que una vacuna sirve. Después viene la fase de aprobación por la Anmat. En realidad, todavía estamos a varios meses de iniciar cualquier campaña de vacunación y a muchos más meses, quizás años, de lograr una vacunación suficientemente extendida como para lograr una inmunidad de rebaño.
La pandemia no está por terminar. Todo lo contrario, se sostiene. Hoy llegamos a casi 1.200.000 contagiados y 32.052 fallecidos. Una ciudad del tamaño de Villaguay, Río Hondo o Zapala ha desaparecido íntegramente del mapa. La pandemia sigue con virulencia en el interior del país. En esto tiene tremenda responsabilidad el gobierno peronista de Alberto Fernández, que sigue apostando al aislamiento como única medida para enfrentar la pandemia y no al conjunto de medidas políticas, económicas y sociales que venimos reclamando desde El Socialista.