Escribe Adolfo Santos
Propuesto por la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), se está discutiendo un proyecto denominado “plan Marshall criollo”. El objetivo sería generar cuatro millones de puestos de trabajo para responder a la crisis económica pospandemia. Sin embargo, más allá del pretencioso nombre, acabará sirviendo a la flexibilización laboral.
La propuesta, que hace algunos meses vienen discutiendo organizaciones sociales ligadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la recibió el presidente de manos del referente de la UTEP Juan Grabois. El plan, que contaría con el beneplácito del gobierno peronista, fue acordado con los dirigentes sindicales burocráticos Gerardo Martínez (Uocra), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Smata) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria).
El proyecto propone la formación de un fondo de 750.000 millones de pesos para crear cuatro millones de puestos de trabajo, que percibirán un salario social de 10.000 pesos cada uno, similar al que reciben nueve millones de personas a través del IFE. En contrapartida, deberán trabajar sesenta horas por mes en programas de obras públicas, cooperativas, en la creación de colonias agrarias y el desarrollo de polos textiles dirigidos por ONGs e iglesias, en coordinación con sindicatos y municipios.
Estos trabajadores de la “economía popular” estarían sindicalizados, bancarizados y con una obra social. Con esto se crearía un verdadero ejército de mano de obra barata para realizar tareas que hoy hacen trabajadores organizados con salarios y beneficios de convenios conquistados con mucha lucha. Un verdadero salto de la flexibilización laboral.
El Marshall “criollo” es parte de un plan de ajuste global
El papel de la burocracia sindical apoyando este plan es nefasto. En vez de organizar la lucha para evitar los despidos y suspensiones durante la pandemia, se suma a un proyecto que va a retirar derechos a los trabajadores. El plan Marshall “criollo” pretende acelerar la flexibilización laboral y la precarización de millones de trabajadores. A cambio, la burocracia sindical se podrá favorecer con una masa de afiliaciones compulsivas para compensar las que perdió por la crisis y la desilusión de los trabajadores con las direcciones traidoras de los gremios.
Serán cuatro millones de trabajadores que recibirán un salario de hambre y que podrán ser despedidos sin indemnización. Es la desregulación total de las conquistas laborales. La burocracia sindical, en vez de luchar por empleos y salarios dignos, ayudará a aplicar un plan que va a incorporar trabajadores precarizados a sus sindicatos que van a competir con los trabajadores regidos por un convenio. El Marshall “criollo” es parte de un plan global del gobierno del Frente de Todos para hacer que la crisis la paguen los trabajadores.
En el mismo sentido, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna hizo su “aporte” al gobierno peronista sumando elementos a la flexibilización y la precarización. Propuso blanquear las relaciones laborales contratando trabajadores mediante una “libreta de fondo de desempleo”, como en la construcción, donde la patronal despide sin indemnización y sin necesidad de discutir con el obrero. El patrón deposita mensualmente un porcentaje, que varía entre el 8% y el 12% del salario, dependiendo de la antigüedad, que es lo que el trabajador recibe cuando es despedido. Ese dinero, que nunca coincide con los verdaderos valores ni es actualizado de acuerdo a la inflación, siempre termina significando una pérdida para el trabajador. Tampoco tendrá derecho a doble indemnización o a adicionales en casos de crisis. Por eso le resultó tan fácil a Techint despedir, sin ninguna ceremonia, a 1.450 obreros que figuraban como “de la construcción” en plena cuarentena.
Este plan no es “Marshall” ni resuelve la crisis
El verdadero Plan Marshall fue creado en 1948 durante el gobierno de Harry Truman, en la posguerra. Su objetivo era recuperar las economías de varios países del imperialismo europeo, en el marco del ascenso de la luchas sociales de entonces y de la competencia de la Guerra Fría. Durante tres años se destinaron más de 100.000 millones de dólares (actualizados al día de hoy). A años luz de distancia de las migajas propuestas por Grabois y compañía.
Pero hay otro problema. Una parte del plan se financiará con fondos destinados a programas ya existentes, pero el resto es incierto. Se habla de un supuesto “ahorro” por la renegociación de la deuda, un dinero que no existe en la realidad. También se mencionan impuestos a las ganancias y a las bebidas azucaradas. ¿Alberto Fernández le va a sacar plata a Coca-Cola o a otras grandes empresas? Y más aún: ¿va a poner el dinero en las cantidades que requiere la crisis mientras debe negociar el resto de la deuda con el FMI, que le va a exigir más flexibilización y recortes a los programas sociales? Es evidente que no.
No hay milagros para salir de esta crisis. El gobierno peronista no tiene otro plan que no sea ajustar a los trabajadores. Por eso no hay otro camino que la lucha para mejorar la vida del pueblo trabajador. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad afirmamos que no hay salida para esta crisis sin meter mano en los intereses de los ricos y poderosos. Por eso proponemos crear un impuesto a las grandes riquezas, al agronegocio, a los bancos y suspender de inmediato los pagos de la deuda externa. Solo así será posible disponer del dinero suficiente para impulsar un plan económico capaz de generar los empleos necesarios y de reactivar la economía al servicio de los trabajadores y los sectores populares.