Escribe Barby Pick

Con el hashtag #YoNoReparto se visibilizó el paro internacional que llevaron adelante los repartidores el 22 de abril pasado.

Trabajadores de reparto de las apps Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras, realizaron un paro de actividades coordinado con trabajadores de seis países para reclamar mejores condiciones laborales. Exigen “100% de aumento del pago por pedido y elementos de seguridad e higiene que sean de calidad y en cantidad”, acorde con la tarea que realizan en plena crisis sanitaria, además de una reducción de la jornada laboral sin que suspendan sus cuentas.

La juventud es uno de los sectores que más sufre las consecuencias de la precarización laboral, dos de cada diez jóvenes están desempleados (Indec). Eso explica que entre Rappi y Glovo estén registrados alrededor de 18.000 repartidores.

La medida del gobierno de considerar la tarea de reparto como esencial sin garantizar derechos de resguardo y salariales se tradujo en superexplotación para los trabajadores y superganancias para las empresas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de reparto y exigimos que se cumplan de inmediato sus reclamos, se prohíban despidos y suspensiones y se les otorguen licencias con goce de sueldo para todos los trabajadores que deban permanecer en sus hogares. 

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una publicidad oficial dice que en el número en el cual se puede denunciar a quienes no cumplen la cuarentena, también se puede denunciar si algún efectivo comete algún “exceso en su deber”. Al oído desprevenido puede dar a entender que el gobierno está preocupado por garantizar que no existan atropellos policiales, pero la realidad dista enormemente de ello. Para muestra basta un botón: a pesar de que el propio Ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente después de la represión en el frigorífico Penta prometiendo que los efectivos que agredieron a los trabajadores iban a ser removidos, los mismos efectivos siguen haciéndose presente diariamente en la puerta de la empresa donde los compañeros siguen organizándose.

A esto hay que sumar una multiplicación diaria de los casos de maltratos policiales, detenciones arbitrarias, golpizas, violaciones, y hasta muertes dentro de las comisarías que se dan a lo ancho y largo del país. Al gobierno desde ya que no puede resultar inadvertido esta realidad. Más bien, el hecho concreto es que estos hechos aberrantes son el complemento de un enorme aparataje de intimidación judicial con el que hasta este lunes 27, según el reporte de Correpi, se abrieron causas a 4.052.286 personas. Casi uno de cada diez argentinos, y con miles y miles de personas que denuncian que la aprehensión policial se produjo mientras realizaban alguna de las actividades permitidas por el gobierno, como salir a hacer las compras.

Esta violencia para con los sectores populares desde ya que no tiene ningún equivalente a la hora de castigar a los empresarios que remarcan precios, que violan el decreto de prohibición de despidos, o que obligan a los trabajadores a armar habilitaciones truchas de circulación para que vuelvan a las fábricas. Como venimos señalando junto a los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo el lema de “hacer cumplir la cuarentena” existe una clara política de fortalecimiento y luz verde a las fuerzas represivas con el objetivo de darles mayor poder a la hora de regimentar la vida social. Algo que desde ya va de la mano del llamado “ciberpatrullaje” con el que se imputó a un joven por tuitear la palabra “saqueo”.

Que esto puede estar relacionado incluso con la intención de preparar su intervención para reprimir la protesta social es algo que excede a una mera especulación si vemos por ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró bajo carácter de urgencia equipamiento “antidisturbios” por 53 millones de pesos. La plata que no va para la protección en los hospitales, va destinada a pertrechar a la policía metropolitana frente a las protestas que van a despertar las políticas de ajuste brutal que anuncia el gobierno porteño con su “ley de emergencia”.

Pero el colmo desde el punto de vista simbólico de esta política de embellecimiento al aparato represivo lo tuvimos con la decisión anunciada de mandar al ejército a “armar barbijos” a la ESMA. Un sitio de memoria por el que se calcula pasaron 5.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, en un cúmulo de crímenes de lesa humanidad aún impunes cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Desde Izquierda Socialista decimos nuevamente que repudiamos la política de empoderamiento de las fuerzas represivas, reclamamos el fin de la represión, y la remoción real e inmediata de todos los efectivos que están cometiendo estos atropellos en todo el país. Llamamos nuevamente a sostener la guardia en alto contra la pandemia, pero también contra la violencia estatal, exigiendo una cuarentena sin represión.

Escriben Belén y Cristian, Juventud de Izquierda Socialista Facultad de Derecho UBA

El Sistema Penitenciario Argentino vive su propia pandemia, que viene de décadas de desidia estatal, mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud calificara como tal al Covid-19.

Los números hablan por sí mismos. El último censo estableció que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) se encuentra funcionando al 106,75% de su capacidad. La posibilidad, entonces, de que la circulación del virus dentro de los penales provoque una masacre es inminente. El hacinamiento y la sobrepoblación hacen de las unidades penitenciarias un foco de riesgo para la vida de las personas detenidas.

Ante esta situación, en los últimos días se dieron estallidos en diferentes unidades penitenciarias que fueron salvajemente reprimidas por los guardias y dejaron decenas de heridos graves y dos muertos (José Candía y Federico Rey). Estos fueron difundidos por todos los medios bajo el título de “motines”. Sin embargo, desde el interior de los penales, los detenidos dejaron en claro que se trata de reclamos por medidas concretas para hacer frente al coronavirus.

Las personas detenidas, que comenzaron las protestas llevando a cabo huelgas de hambre pacíficas y tomando los techos de los penales, reclaman que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a quienes pertenecen a grupos de riesgo (mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo) y a quienes estén en condiciones de recibirlo o cerca de cumplir sus condenas. Todo para combatir la sobrepoblación carcelaria. Además, solicitan que se provean los elementos necesarios de higiene y se garantice la correcta atención sanitaria. Hasta el momento, en la cárcel de Devoto se llegó a un acuerdo que abarcaría a la población carcelaria de todo el SPF, luego de un proceso de lucha que incluyó la toma del penal en casi su totalidad.

Cabe destacar que, de la totalidad de detenidos, el 90% cumplen penas por delitos contra la propiedad o por venta al menudeo de sustancias prohibidas. Además, más del 60% de la población de las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva. Esto quiere decir que dos de cada tres presos no tienen condena firme. Mientras la prisión preventiva, en lugar de ser una medida de excepción, es moneda corriente para personas de sectores populares, militares genocidas y políticos corruptos son liberados o aprovechan para pedir prisiones domiciliarias y todo tipo de beneficios.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, sostenemos que se deben tomar medidas de fondo para revertir la situación. Se debe realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos con condenas menores a tres años o sin condena firme (excluyendo de estos a los acusados de homicidio, femicidio, violación, corrupción y delitos de lesa humanidad) que forman parte de los grupos de riesgo y proveer a las unidades penitenciarias de insumos sanitarios y de higiene.

Escribe Daniela Vergara, Secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

La situación educativa y laboral docente y de la comunidad educativa en cuarentena requiere respuestas urgentes del gobierno nacional y en las provincias. Desde Docentes en Marcha impulsamos organizar acciones para lograr soluciones, mientras les exigimos a los dirigentes de Ctera y de los gremios provinciales que reclamen la reapertura de las paritarias y peleen por nuestros derechos.

 Desde los distintos sindicatos donde actuamos estamos reclamando la inmediata regularización del pago de salarios a miles de docentes que no han cobrado en varias provincias, como en Neuquén, Buenos Aires o Chubut. También de todos los cargos provisionales y suplentes que no fueron designados, porque los gobiernos suspendieron los ofrecimientos y los actos públicos. El gobierno retiene el dinero de los salarios, provocando que los docentes, al no poder tomar sus horas, cargos o módulos, pasen a vivir en situación de pobreza. Exigimos inmediatos ofrecimientos con mecanismos virtuales, como comenzaron a realizarse en Río Negro o Entre Ríos, retroactivos al 16 de marzo. Reclamamos lo mismo para los docentes de Plan Fines, Programas Socioeducativos y de creación y desdoblamiento de cursos.

Remarcamos la urgente necesidad de que a las y los docentes que están en situación laboral irregular se les pague al menos 30.000 pesos y que ningún docente cobre menos que la carga horaria que tenía en diciembre de 2019. Que todos mantengan la cobertura de las Obras Sociales y ART. Que se respeten todas las licencias médicas extraordinarias y crónicas, que algunos gobiernos están levantando con el argumento de que las tareas ahora son “virtuales”. Además, exigimos un inmediato aumento salarial de emergencia, que acompañe a los tremendos aumentos del costo de vida.

Es necesaria la reparación y concreción de todas las obras edilicias, aplicando todos los protocolos de bio-seguridad, para que cuando se retomen las clases se vuelva en condiciones dignas de enseñanza. Y que se realice la construcción de nuevas aulas y escuelas necesarias de todos los niveles, para evitar el hacinamiento de los estudiantes y los docentes.

La mentira de la “educación virtual” a distancia

El gobierno dice que está garantizando la educación a través del “sistema virtual”. Pero tanto docentes, como estudiantes y familias, sabemos no es así. Todo es improvisación, sin la infraestructura tecnológica necesaria, discriminando a las familias más pobres y así acrecentando la brecha educativa social.

Reclamamos que el gobierno garantice el inmediato acceso gratuito a la conectividad de redes y telefonía para todos. Que se repartan los dispositivos digitales necesarios (netbooks, celulares, tablets, PC, etcétera) a estudiantes y docentes, porque millones dependen de un solo celular o una PC para toda la familia.

Se han improvisado cuadernillos que tienen graves errores y contrarios a las características de cada nivel o modalidad del sistema y que se apoyan en programas de TV que son los mismos de siempre. Las actividades y métodos para la educación “virtual” deben ser el resultado de acuerdos y consensos que surjan en las escuelas entre las docentes, tomando en cuenta la realidad social, económica, cultural de las y los alumnos y sus familias.

Denunciamos que hay una gran sobrecarga laboral, con funcionarios que persiguen con tareas y “resultados pedagógicos” a los docentes, con evaluaciones e informes de todo tipo, sin que se nos respeten los horarios de trabajo. Como docentes estamos tratando de acompañar y vincularnos con las familias, estableciendo los criterios educativos necesarios. Al finalizar la cuarentena, llegará el momento de diagnosticar la situación educativa y definir la forma de darle continuidad a la enseñanza.

Que la Ctera y los gremios provinciales dejen de mirar para otro lado

Es inadmisible que los dirigentes nacionales de Ctera, Sonia Alesso, Baradel y sus aliados de la agrupación “Celeste” en las provincias (López en Ciudad de Buenos Aires, Monserrat en Córdoba, Guagliardo en Neuquén, Goodman en Chubut, etcétera) ante esta situación de atropellos salariales y laborales, y el caos de la mal llamada “educación virtual”, no hagan nada para defender a los docentes y a la escuela pública. Su política es de Pacto Social con el gobierno, por sobre los intereses de la docencia.

Firmaron en marzo una paritaria nacional aceptando que todo el salario perdido por la inflación de 2019 no se recuperara. Y que, en 2020, con un vergonzoso aumento de tan sólo 1.250 pesos, también corriéramos detrás de los aumentos de precios y que nuestros salarios ya no alcancen para nada. En muchas provincias, además, los gobernadores ni siquiera cumplen los acuerdos paritarios.

Llamamos a la docencia a organizarnos y a exigirles que rompan su tregua con el gobierno nacional y los gobernadores, para reclamar por nuestros derechos. Mientras, seguimos impulsando la coordinación del sindicalismo docente combativo y los sectores opositores, para coordinar acciones en defensa de nuestros salarios y la escuela pública.

Escribe Javier Leonforte

El pasado miércoles 22 un trabajador del turno noche del sector limpieza de la Línea E del subte dio positivo en Covid-19. La reacción de la empresa Metrovías fue muy irresponsable, negando y ocultando información vital para tomar medidas de protección acordes para esclarecer posibles cadenas de contagio y resguardar a los trabajadores. 

Previo a la llegada de la pandemia, los trabajadores habían reclamado por la falta de personal de limpieza y de inversiones en infraestructura. El subte cuenta con personal insuficiente para cubrir las necesidades corrientes de limpieza e higiene.

Con el inicio de la cuarentena obligatoria la patronal dispuso el refuerzo de la limpieza en ámbitos limitados, como son los sectores de tráfico, para conductores, guardas y personal jerárquico, y establecieron un esquema de limpieza de las formaciones en cada cabecera. El resto de los sectores quedaron invisibilizados, sin la higiene indispensable por faltante de personal de limpieza, tanto en las estaciones intermedias como en los cuartos de descanso, las boleterías y otros espacios comunes. Los trabajadores de limpieza se vieron doblemente afectados, ya que la empresa les aumentó la carga laboral intensificando notablemente su ritmo de trabajo, y los dejó expuestos a sufrir el contagio al no tomar las medidas de protección adecuadas. Por ejemplo, la lavandina se rebaja al punto de transformarse en agua.

Por todo esto, los delegados de estaciones (boletería y limpieza) de la Línea E decidieron paralizar el servicio hasta lograr que la empresa y los entes reguladores garanticen la modificación de las condiciones laborales deficientes, exigiendo la apertura de la bolsa de trabajo e incorporaciones para cubrir puestos de limpieza, implementación de test masivos en todos los trabajadores con frecuencia quincenal para detectar a tiempo casos positivos de Covid-19, la creación de un comité mixto de trabajadores que verifique de forma conjunta la limpieza, desinfección y fumigación de los ámbitos de trabajo, provisiones constantes de material de trabajo y de elementos de limpieza para garantizar una desinfección segura y material de protección adecuado a la función de riesgo para los trabajadores que se ven expuestos.

Frente a la medida gremial el gobierno de Larreta y la patronal Metrovías libraron la orden de detención contra Walter Gayoso (integrante de la comisión directiva por la oposición Multicolor), Rocío Córdoba y Maximiliano Barrera (metrodelegados), trabajadores de la Línea E trasladados a la Comisaría N° 10.

En rechazo a las detenciones de los trabajadores de la Línea E, encabezado por la oposición Multicolor, se realizó un paro activo en solidaridad. Ademys, el cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento y otros sectores del sindicalismo combativo sacaron pronunciamientos reclamando la liberación y el cumplimiento de los reclamos obreros. 

Jorge Adaro, de Ademys; la legisladora Alejandrina Barry, del PTS/FIT Unidad; Fernando “Cuervo” Rodríguez, delegado ferroviario del Sarmiento; Claudio Dellecarbonara y otros compañeros estuvieron en la comisaría acompañando a los tres trabajadores, que fueron liberados a las horas.

La policía y la Justicia detienen injustamente a los trabajadores que reclaman. Una barbaridad. La conducción kirchnerista de Pianelli y Segovia del sindicato del subte lamentablemente no impulsó ninguna medida gremial en repudio a las detenciones, cuando debieron ponerse a la cabeza de los reclamos para hacer cumplir los derechos de los trabajadores del subte. Llamamos a rodear de solidaridad a Walter, Rocío y Maxi, así como a todos los trabajadores que se plantan contra la desidia patronal.