Escribe Ana Val

El gobierno de Alberto Fernández ratificó nuevamente que la suba de las jubilaciones será otorgada a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Así será hasta fin de año, mientras se determina una fórmula de actualización “razonable”.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Allí Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes con el agregado de un 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56 por ciento, sin distinción de rangos, que hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri. 

De esta forma, lo que terminó sucediendo es que los que menos ganaban (16.195 pesos) cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra terminaron cobrando mucho menos. En síntesis, comenzaba el achatamiento de la pirámide de haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados con esta medida. 

Alberto Fernández  justificó la medida diciendo: “La fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. Lejos quedaron sus promesas  de “cuidar a los abuelos” y “poner plata en el bolsillo de la gente”. Todo lo contrario, este año el gobierno, a través de este decreto, nos robó, una vez más, 100.000 millones de pesos a los jubilados.

Cuando se trata de incrementos para los jubilados lo razonable difiere de la razón que aplica para dar, sin titubeos, toneladas de dinero a los verdaderos “planeros”: grandes empresarios y multinacionales. 

El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, manifestó al respecto: “De confirmarse los aumentos por decreto para el resto del año, se estará materializando el sueño de Domingo Felipe Cavallo, ratificado por los organismos multilaterales de crédito y la anterior administración: reemplazar el beneficio jubilatorio por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno. El jubilado dejará de ser un sujeto de derecho para convertirse en un mero súbdito electoral”. 

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) repudiamos que el aumento nos lo den por decreto. Exigimos el 82% móvil correspondiente a la categoría en la que nos desempeñamos al momento del retiro y que ningún haber esté por debajo del valor de la canasta del jubilado. 

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El martes 12 de mayo realizamos en forma virtual una reunión de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Estuve con los referentes de sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados y agrupaciones de trabajadores que desde hace dos años venimos coordinando para impulsar las luchas y una nueva dirección democrática y combativa en el movimiento obrero.

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Seccional Oeste

Pese a las dificultades por el aislamiento social, pudimos dar un paso adelante en la coordinación de los sectores que componemos el Plenario Sindical Combativo. Estuvimos con Mónica Schlotthauer y Juan Guzmán en representación de los ferroviarios del Sarmiento, junto con Jorge Toledo, secretario general adjunto del Sutna; Alejandro López, de los ceramistas de Neuquén; Mariana Scayola y Jorge Adaro de Ademys; Guillermo Pacagnini de la Cicop; Ileana Celotto de la AGD; Angélica Lagunas de ATEN, y dirigentes de sanidad, gráficos, estatales, docentes, entre otros.

Analizamos las distintas luchas en curso contra los ajustes de las patronales y el gobierno. Las peleas que damos donde somos conducción, como la movilización convocada por Ademys contra la ley de emergencia de Larreta; de los trabajadores del Sutna contra las reducciones salariales en FATE; la que damos los ferroviarios en el ferrocarril Sarmiento para exigir condiciones de seguridad e higiene. También la de los trabajadores de la salud en reclamo de condiciones seguras frente al coronavirus y por el pago completo de salarios donde las patronales lo recortan. Y también las decenas de peleas donde estamos participando llevando toda nuestra solidaridad para que triunfen, como el frigorífico Penta, la alimentaria La Nirva; los mineros de Andacollo, en Neuquén, y muchísimas más en todo el país.

De la discusión decidimos hacer una declaración planteando que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas y en apoyo a todas las luchas. Expresando con claridad que enfrentamos la flexibilización de la cuarentena que el gobierno de Fernández viene imponiendo, respondiendo a las patronales que quieren seguir manteniendo sus ganancias. También repudiando el pacto de la burocracia sindical de la CGT con el gobierno y la UIA, que acepta la rebaja salarial, los despidos y las suspensiones.

Resolvimos una serie de acciones que sirvan para apoyar y unir todos los conflictos y para plantear a los trabajadores que hay una alternativa frente a las borradas y entregas de la burocracia sindical.

Para eso el próximo martes 19 a las 11 haremos una radio abierta en el Ministerio de Trabajo de Callao, invitando a que todos los compañeros que están en lucha hagan oír sus reclamos y para exigirle al ministerio que dé respuestas.

También decidimos convocar a un gran plenario nacional del Plenario Sindical Combativo, de manera virtual, abierto a representantes de las luchas en curso y dirigentes, delegados y activistas que quieran sumarse y participar el miércoles 27 de mayo a las 17.

El Plenario Sindical Combativo tiene importantes desafíos: seguir rodeando de solidaridad todas las luchas, ayudando a que se desarrollen y triunfen. Impulsar la organización y movilización contra los ajustes. Y seguir dando pasos unitarios para barrer a los traidores en cada gremio y dar lugar a los nuevos dirigentes de lucha.

Escribe Martín Fú

La empresa Fate, el mayor fabricante de neumáticos del país, nuevamente muestra las garras y de qué pasta están hechos los “grandes empresarios argentinos”, al pretender sacar una mayor tajada de sus ganancias, pandemia de por medio, adueñándose de una parte de los salarios de sus trabajadores. Javier Madanes Quintanilla, el patrón y en el ranking 1 de los diez empresarios más ricos del país, reparte su tiempo entre la gigantesca empresa monopólica de aluminio Aluar y la planta de Fate en Victoria, San Fernando, donde el Sutna, nuevamente, se ha puesto en pie de lucha para frenar el ataque contra los trabajadores y la organización sindical combativa.

Es que Madanes Quintanilla otra vez busca poner el dedo en la llaga luego de cincuenta días de parálisis. Con la producción detenida y con un fuerte lobby permitió que el gobierno declarara la producción de neumáticos como esencial. Pero ahora el empresario se resiste a pagar el sueldo completo mientras las multinacionales Firestone y Pirelli ya están produciendo, con un acuerdo y compromiso de pagar el 100% del salario neto.

Desde el Sutna se denunció la provocación de Madanes  como una auténtica “extorsión” para que los 1.600 trabajadores de Fate aceptaran rebajas salariales como el piso acordado entre la Unión Industrial Argentina y la burocracia de la CGT, que en diez minutos rifaron los magros salarios de la mayoría de los trabajadores con el aval del gobierno de Alberto Fernández.

El sindicato ha rechazado el intento de recorte salarial de 25%, con la producción parada desde el inicio de la cuarentena, más los dos casos positivos de Covid-19 que se dieron en la planta. En un comunicado aclaró que “si los trabajadores hacen la cuarentena, Fate no les paga; si no aceptan esta rebaja salarial, no abren la fábrica. Nos obligan a salir a luchar por nuestros derechos en plena pandemia”. Es así que el pasado lunes el Sutna se movilizó al Ministerio de Trabajo. Diversos luchadores, organizaciones políticas y sindicales los acompañaron. Ademys, los ferroviarios del Sarmiento, los trabajadores de ATE-Mecon, los Suteba combativos, entre otros, llevaron la solidaridad a esta lucha tan importante. Izquierda Socialista desde un primer momento fue parte de la jornada y llevó su apoyo con nuestro compañero, el diputado nacional Juan Carlos Giordano.

Escribe Mariano Barba

Los mineros de Andacollo continúan cortando la ruta nacional 22, a 50 kilómetros de la capital neuquina, porque hasta ahora no obtuvieron respuesta al cobro de los salarios caídos de los últimos dos meses ni a la continuidad laboral. 

La empresa yanqui Trident Southern Explorations S.P.A., que también tiene emprendimientos hidrocarburíferos instalados en Vaca Muerta, no cumplió ningún punto de los acordados en el acta firmada a fines de abril. Es más, en las últimas horas salió a la luz que la empresa se presentó en concurso de acreedores en tribunales de Buenos Aires y que ni siquiera depositó el millón de dólares de garantía que debió realizar en 2016 cuando se firmó la concesión que se extendía hasta 2042. Si estuviera depositado ese millón de dólares se podrían pagar los sueldos de todos los mineros durante ocho meses. Es más, en ese convenio, firmado por la empresa Trident y el estado provincial a través de Cormine S.E.P. (empresa del Estado), se afirma que el objetivo por parte del Estado “es gestionar la mina para preservar la fuente laboral y el respeto al medio ambiente”. Apenas pasaron tres años cuando la concesión estalló porque la empresa resultó ser estafadora y pirata.

Es evidente la complicidad del gobierno provincial que, a través de Cormine debía ejercer el contralor y nunca lo hizo ni exigió que se deposite el fondo de garantía, y, además, nunca controló el modus operandi de la empresa que los propios obreros venían denunciando. En sus comienzos los obreros advirtieron a la patronal sobre la inconveniencia de entregar la concesión de la mina de oro y plata a Trident.

La situación hoy es que cincuenta obreros cortan la ruta rodeados por la Gendarmería, mientras otros casi doscientos toman las instalaciones de la mina cuidando que no se lleven las máquinas y realizan colectas de víveres en los pueblos del norte para sobrevivir. Desde la multisectorial impulsada por el Sindicato Ceramista, el Frente Multicolor de Aten y las agrupaciones sindicales combativas se debatió el apoyo total a la lucha de los mineros y preparar una caravana hasta el lugar donde cortan la ruta. Junto con nuestra compañera concejala Angélica Lagunas, los compañeros de Izquierda Socialista nos acercamos permanentemente para llevar el apoyo, aportando para sostenerlo y, a su vez, exigiendo, como lo hacen los obreros, que el gobierno provincial garantice el pago de los sueldos atrasados y la continuidad laboral a través de Cormine, que es responsable solidaria de ese pago. También estamos planteando que la solución de fondo es la administración provincial de la mina controlada por sus propios obreros.

Escribe Martín Fú

Los trabajadores del frigorífico Penta, en Quilmes, siguen sin respuestas. Después de dos meses con la planta sin producir y sus 240 trabajadores sin cobrar, el dueño de la empresa, el dirigente peronista Ricardo Bruzzese, sigue operando sus otros negocios con total impunidad a pesar de la pelea que vienen dando los trabajadores, que se han quedado en la calle y sin sus sueldos. El gobernador Kicillof y la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, hasta el momento lo único que han hecho es mandar a la policía para reprimirlos, como ocurrió el pasado 9 de abril en la puerta del establecimiento. Por otra parte, los trabajadores han recibido múltiples muestras de solidaridad y acompañamiento de dirigentes sindicales opositores, agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos. El caso de Penta quizás fue el primero en desnudar, en épocas de pandemia, la miserabilidad de los empresarios y la complicidad de las conducciones de los sindicatos traidores y los gobiernos patronales para dejar en la calle a cientos de trabajadores y muestra la necesidad de los trabajadores de unirnos para dar una pelea de conjunto. Porque, a pesar de haberse dictado la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo no la hace cumplir. Aunque la actividad es esencial -producción de alimentos- el empresario sostiene el cierre ilegal de la planta. 

El pasado lunes los trabajadores marcharon a Plaza de Mayo como una muestra de la voluntad de seguir la pelea y con el objetivo de visibilizar el conflicto. Buscan que “el presidente Alberto Fernández, de una vez por todas, se dé por enterado y nos dé alguna respuesta”, como se escuchó decir a uno de los trabajadores que marcharon. El gobierno de la provincia, como única respuesta hasta el momento, ha ofrecido bonos de 10.000 pesos para cada trabajador, cuando la pelea de fondo es la reincorporación inmediata de todos los obreros y la reapertura de la planta para relanzar la producción de una actividad esencial. Desde Izquierda Socialista vamos a seguir acompañando a los compañeros de Penta.