Nov 28, 2021 Last Updated 2:13 PM, Nov 28, 2021

La coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta, de Entre Ríos, había logrado en marzo de este año, mediante la presentación de un amparo, que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de la resolución 47 de la ley de agrotóxicos del año 1980 vigente en la provincia. Esta norma autoriza a fumigar con aplicaciones terrestres de agroquímicos a 50 metros de casas o caseríos lindantes a lotes de usos productivos. El fallo estableció que el límite debía ser no menor a 100 metros. El demandante había denunciado aplicaciones terrestres y aéreas desde 2015/2016, así como el mismo 9 de febrero último en la Colonia Avigdor. Pero este mes el Tribunal Superior de Justicia anuló el fallo y dijo que el juez se había extralimitado en sus funciones luciendo un “exagerado activismo judicial”. Por tanto, restituyó la autorización a las fumigaciones hasta 50 metros. No contento con esto, condenó al demandante, el docente Elio Kohan, integrante de la coordinadora provincial por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta, a pagar 107.000 pesos de costas del juicio.

Ambiente en Lucha viene denunciando, junto con numerosos colectivos ambientalistas, que los agrotóxicos están envenenando nuestros campos, nuestros ríos y nuestros alimentos. Entre Ríos es una de las provincias que ostenta uno de los más altos consumos por habitante de agrotóxicos del mundo. Solo mencionemos que en el hospital Garrahan hay una sala de niños enfermos víctimas de este envenenamiento lento de la población. Los ambientalistas muchas veces pertenecen a pequeños pueblos, como Colonia Avigdor, que deben enfrentar a los poderes cómplices de los gobiernos, los cuerpos legislativos, los jueces, incluso a las patotas de los dueños de campos y empresas de fumigaciones. El caso de Avigdor es una muestra aberrante de lo que sufren. Apoyemos estas luchas colectivas que enfrentan el extractivismo en Entre Ríos, llamamos a todo el movimiento ambientalista del país a unir esfuerzos para que derroten este nuevo fallo, para que anulen el pago de costas a quienes se animan a denunciar en el camino hacia la exclusión definitiva del uso de agrotóxicos en Entre Ríos y en el país.

 Corresponsal

El pueblo de Andalgalá (Catamarca) sostiene una heroica resistencia contra las multinacionales de la megaminería, que ya lleva más de 20 años denunciando el saqueo y la contaminación ambiental. Enfrentan también a los gobiernos, que son cómplices de la entrega y los reprimen.

El gobierno nacional de Alberto Fernández junto al provincial de Raúl Jalil utilizaron la pandemia para garantizar más impunidad y libertad a las empresas, y para intentar poner en marcha los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado, detenidos por la movilización popular en los últimos años. En estos meses se llegó al punto de declarar “esencial” a la actividad megaminera.

En marzo, debido a las constantes violaciones de toda ley, ordenanza o disposición judicial conquistada con la lucha, los andalgalenses decidieron volver a los bloqueos selectivos a vehículos mineros. Organizándose en asambleas permanentes en El Algarrobo y camino al distrito Choya. 

Con el transcurso de los días la ciudad fue militarizada por la policía provincial. El 30 de ese mes, un proveedor minero, con complicidad policial, atentó violentamente contra los compañeros apostados en el bloqueo de camino a Potrero. Esta semana se produjeron allanamientos en los domicilios de activistas con pruebas falsas para realizar detenciones arbitrarias y profundizar la persecución contra los luchadores.

Los asambleístas de Andalgalá responsabilizan al gobierno y sostienen que, aunque “quieren que tengamos miedo, el pueblo de Andalgalá está unido y está resistiendo.”

Este martes, 13 de abril, se convocaron a diferentes movilizaciones en la provincia y en todo el país en repudio a las detenciones, la represión y la instalación del proyecto Agua Rica. Desde Ambiente en Lucha participamos en CABA (foto de la nota) y en otras localidades de esas actividades, al mismo tiempo que  responsabilizamos al gobierno de Alberto Fernández y al de Raúl Jalil por avanzar con el proyecto de megaminería contra la resistencia del pueblo, con el fin ampliar las ganancias de las multinacionales megamineras y la recaudación de dólares para pagar la fraudulenta e ilegítima deuda externa. Como también sucede con el proyecto de zonificación de Arcioni en Chubut. ¡Andalgalá resiste! ¡No a la megaminería!

Después de un 2020 cruzado por innumerables luchas ambientales en nuestro país, entramos a un 2021 donde la lucha ambiental no se detiene (y los conflictos para enfrentarlos tampoco).
Todo esto no es simplemente una particularidad de nuestro país. Somos parte de un inmenso movimiento mundial de lucha por el ambiente, que empezó a masificarse en 2019 a partir de las huelgas por el clima.

Nuestro continente latinoamericano, a su vez, ya venía de una larga serie de conflictos, en particular contra el saqueo de los recursos y la contaminación consiguiente. En este marco, nuestro país tiene un largo recorrido de peleas contra la megaminería, prácticamente desde su instalación en los comienzos del gobierno kirchnerista. A ello también debemos sumarle las luchas en defensa del bosque nativo y contra las multinacionales como Monsanto en Córdoba. O los diversos conflictos contra los basurales y las fábricas contaminantes en las zonas industriales del conurbano. En el último período fue ganando importancia la defensa de los humedales, en riesgo por el avance de la frontera sojera y los incendios (causados por el calentamiento global, pero también intencionalmente).

El año pasado, se sumó un nuevo tema, el proyecto de instalación de megafactorías porcinas en nuestro país, que dio lugar a las movilizaciones con la consigna “no al acuerdo porcino”. Y nunca debemos olvidar el siempre presente repudio de numerosas comunidades a la extracción de gas y petróleo por métodos no convencionales (fracking) en Vaca Muerta.

Todas estas luchas, con sus distintas dinámicas, fueron generando un creciente activismo ambientalista. Donde se mezclan y entrecruzan los viejos luchadores de las peleas de años anteriores con una nueva generación, mayoritariamente juvenil, que ingresa a la lucha al calor del crecimiento del movimiento ambientalista a escala internacional.

Ambiente en Lucha, conformado por compañerxs de Izquierda Socialista más independientes,  nace el año pasado al calor de esta realidad, siendo parte de estas peleas, con un programa anticapitalista, que plantea que no hay salida para la crisis ambiental planetaria sin terminar con el capitalismo. Y que, en nuestros países, la depredación ambiental está íntimamente ligada al saqueo de nuestros recursos, para cumplir con los pagos de la usuraria deuda externa. Hacemos unidad de acción con todos aquellos, que más allá de sus diferentes perspectivas y programas, quieran salir a pelear por la defensa de nuestro ambiente y contra el saqueo.

En el camino transitado durante el año pasado, fue quedando claro, para un sector importante del activismo ambiental, el doble discurso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Que por más que hagan discursos demagógicos sobre el tema, sigue adelante y tiene como políticas prioritarias avanzar con la instalación de las megafactorías de cerdos y con  la explotación de Vaca Muerta. Que apoyaron y apoyan todos los proyectos megamineros provinciales, empezando por el de Chubut. Que hace la vista gorda frente a todas las violaciones a la legislación ambiental que realizan empresas transnacionales y locales, terratenientes y monopolios de exportación de soja. Un gobierno, el del Frente de Todos, que al igual que los provinciales de distinto signo político, no le importa en absoluto el ambiente y sigue priorizando la depredación. Destinanod incluso recursos írrisorios para atender desastres como los incendios de bosques en la Patagonia.

Entramos a 2021. Con una agenda de luchas internacionales en las que ya estamos participando y seguiremos haciéndolo, ya que somos parte de un movimiento mundial. Pero también sabemos que tenemos que darle continuidad a las peleas en curso. Dentro de ellas tiene un destaque prioritario la enémisa intención del gobierno peronista de Arcione de permitir la instalación de la megaminería en Chubut. Pero también tenemos que seguir peleando para rechazar el acuerdo porcino. Y continuamos defendiendo los humedales.  A lo que ahora se agrega el debate por la Hidrovía del Paraná. Sabemos que tenemos muchas otras peleas, a lo largo y ancho del país, en todos los lugares donde estamos presentes como Ambiente en Lucha. Luchas viejas que se reactivan y nuevas que aparecen. Seguiremos siendo parte de todas ellas, dando nuestro apoyo incondicional para que triunfen.

También sabemos que en el movimiento ambientalista hay muchos debates. Fraternalmente queremos intervenir en algunos de ellos. El primero, obviamente, tiene que ver con el horizonte de la propia militancia ambientalista. Que para nosotros tiene que ser claramente antiimperialista, anticapitalista y socialista. Porque el capitalismo imperialista es el principal responsable de que hoy esté en riesgo la propia vida sobre el planeta, nuestra casa común. La segunda discusión es en relación a las causas por las que se somete al saqueo y la destrucción de las riquezas y el ambiente de nuestro país. Desde Ambiente En Lucha insistimos en el lugar preponderante que tiene en esto el pago de la deuda externa. Los gobiernos (el de los Kirchner en su momento, luego el macrismo y ahora el actual de Alberto Fernández) están dispuestas a destruir lo que haya que destruir, y entregar al saqueo todas y cada una de nuestros recursos, renovables o no, con el objetivo de obtener divisas para cumplir con los pagos a los buitres acreedores de la deuda externa.  Esto vale para el fracking de Vaca Muerta, para la megaminería, para el acuerdo porcino, para la extensión de la frontera, y para la entrega de los ríos a costa de la flora y fauna y el acceso vedado de la población a su disfrute.

También queremos plantear la discusión de la relación que existe entre el desastre ambiental y la pandemia del coronavirus. Porque la búsqueda insaciable de ganancias es uno de los motivos por los que se extienden enfermedades (vía la zoonosis, el traspaso de virus de origen animal a los seres humanos). Y también por las que, una vez extendidas, no se avanza en las soluciones. Por eso queremos discutir la importancia de la campaña por la eliminación a escala mundial de las patentes medicinales, detentadas en muchísimos casos por multinacionales y laboratorios que son los mismos que participan de la depredación ambiental.

Un tema importante es como pelear. Con unidad, sostenemos. Por eso fuimos impulsores y somos defensores de la Coordinadora de Basta de Falsas Soluciones. Al mismo tiempo que promovemos la unidad para pelear con cualquier otra organización que, en su lugar, esté honestamente al servicio de ganar las luchas.

Te invitamos a leer esta publicación. A comentarla, discutirla y hacerla circular entre tus compañerxs y entre los activistas de la lucha ambiental. Y, por sobre todo, te invitamos a sumarte a Ambiente en Lucha. Porque este año, sin duda, necesitaremos fortalecer más que nunca esta herramienta al servicio de las peleas en curso y las que se vienen.  

Escribe Pilar Barbás, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista y de Ambiente en Lucha

El año 2020 fue clave en nuestro país para la organización de un movimiento ambiental que mundialmente está en ascenso.
En medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernandez junto al canciller Solá, quisieron impulsar un acuerdo con China, para la instalación de megafabricas porcinas en nuestro país.
Esto desató un ascenso de las movilizaciones del movimiento ambientalista para frenarlo. Es ahí, donde volvimos a confluir con espacios con los que históricamente nos encontramos en las calles, agrupaciones ambientalistas, sociales y políticas, y con un activismo juvenil con una dinámica muy interesante, que sale a luchar contra la destrucción de nuestro planeta. Que tiene en vista claramente  el doble discurso de Alberto Fernandez, que es un gran impulsor de políticas de depredación de nuestro ambiente. Con un discurso que se apropia de las medidas ambientalistas, pero que la práctica las impulsa. Como es el acuerdo porcino, el fracking y el apoyo al proyecto de zonificación de Arcioni en Chubut.

Así, desde Ambiente en Lucha dimos una pelea para que se armara a nivel plurinacional la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), con un programa claro que denuncia a los responsables del extractivismo en nuestro país, y que une a luchadores en todo el territorio para unificar y visibilizar las luchas.

En lo que va del 2021 las luchas ambientales siguen en agenda. Desde principio de año la pelea contra el proyecto de zonificación impulsado por Arcioni y el gobierno nacional es una pulseada clave. El proyecto todavía no es aprobado por la movilización permanente del pueblo chubutense, organizado en asambleas, y la organización nacional que se le da con la coordinadora BFS. En un primer momento la movilización masiva del 4 de febrero y luego el 5 de marzo frenaron por el momento el tratamiento del proyecto.
En el mes de Marzo tuvimos, en lo que ya es un auténtico “calendario ambiental”, tanto de  la Huelga Mundial por el Clima el 19 de marzo como 22 de marzo Día mundial por el Agua.

Fueron dos fechas claves en la pelea estrategia contra este gobierno que sostiene un modelo extractivista que lo único que tiene para ofrecerle a nuestro país es más destrucción y catástrofe.

Por eso desde Ambiente en Lucha, nos parece fundamental para todas las peleas que se nos vienen, por el freno total del acuerdo porcino con China, por una ley de humedales, contra el fracking y los proyectos de megaminería, contra las quemas de nuestros bosques nativos a servicio de las especulaciones inmobiliarias, la organización plurinacional que golpee con un solo puño.

Esta es la tarea fundamental que nos damos como parte de la coordinadora  Basta de Falsas Soluciones, para que cada vez sea más amplia, y sea una referencia de lucha para todo el movimiento ambientalista en nuestro país.

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Ambiente en Lucha Esquel.

La provincia del Chubut ha tomado relevancia nacional y hasta internacional por la gran lucha antiminera que está llevando. Junto a Mendoza, se convirtieron en un gran problema para los planes capitalistas de saqueo de los recursos naturales, ya que la gran organización en asambleas que defienden el ambiente y la actividad económica que actualmente se desarrollan en ambas provincias, impidió el desembarco del extractivismo minero.

Si bien detonó en noviembre de 2020 cuando el gobierno provincial de Mariano Arcioni envió el proyecto de ley de “zonificación” minera (el PL128/20, denominado “Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la provincial del Chubut”), la organización comenzó mucho tiempo atrás. En el mismo momento en que el gobierno provincial presenta su proyecto, ingresaba en la legislatura de Chubut el segundo intento de ley por iniciativa popular, elaborada por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh), para prohibir la explotación minera, sustentada en más de 30.900 firmas: el PL129/20.

El 3 de marzo pasado, la comisión de Ambiente (única comisión a la que fue enviado el proyecto de ley) aprobó en una sesión virtual a las apuradas, sin debate ni transmisión pública, el proyecto de zonificación. Intentaron aprobarlo en sesión al día siguiente pero no lo lograron por la gran movilización que se generó. Saben que no hay licencia social y los diputados temen por sus “carreras”. Pero la lucha continúa porque los recursos siguen estando y el gobierno anuncia volver a intentar la aprobación el 16 de marzo.

Los antecedentes

A pesar del discurso “oficial” del gobierno que dice que la oposición a la megaminería la lleva a cabo un grupo de “500 ruidosos”, lo cierto es que en toda la provincia hay presencia y actividades de grupos, centralmente organizados en asambleas, que rechazan la actividad extractiva.
La situación actual es muy distinta a lo que podríamos marcar como su origen, la lucha de Esquel contra la instalación de una megaminera a 4km del centro de la ciudad. Cuando se comenzó a hablar de minería en la ciudad cordillerana, hace poco más de 20 años, no se sabía nada de la actividad. Al calor del argentinazo, se logró ir acumulando información e ir rebatiendo los argumentos gubernamentales-empresariales. Marchas de miles lograron frenar el proyecto y un plebiscito no vinculante lo cuantificó: el 82% de la población de Esquel rechazó el saqueo y la contaminación a pesar de que la desocupación estaba haciendo estragos en 2003 y la promesa de generación de empleos fue la bandera principal que levantaba el gobierno.
Desde ese momento, la información se fue difundiendo de vecino en vecino, de asamblea en asamblea, de localidad en localidad hasta llegar hoy en día a toda la provincia.
 
No hay grieta

Desde 2003 hasta la actualidad, han pasado todo tipo de gobiernos patronales: del gobernador radical Lizurume hasta el “caudillesco” peronista Das Neves y el actual “massista” Mariano Arcioni. Y a nivel nacional, desde De la Rúa, Duhalde, los Kirchner y Macri hasta el actual Alberto Fernández. Todos estos gobiernos, nacionales y provinciales, impulsaron más o menos abiertamente la minería bajo el marco del código nacional de minería del menemismo, es decir, la minería saqueadora y contaminante.
Y todos, a su manera, fueron parte de la gran sentencia que pesa sobre los chubutenses: minería o nada.
 
El proyecto Navidad y la zonificación

Ante la imposibilidad de concretar los cientos de proyecto mineros que hay en toda la provincia, el gobierno de Buzzi primero y ahora Arcioni, quisieron dividir la provincia en dos zonas ficticias: una donde se pueda desarrollar la minería y otra en la que “no se pueda”. Es la llamada “zonificacion” o creación de una zona de sacrificio donde la contaminación estaría permitida para garantizar el saqueo. Una zonificación contemplada en la ley provincial 5001 pero vencida en los plazos de aplicación de la propia ley.

Buzzi planeó ubicar dentro de la “zona” sacrificable al 70% de la provincia. Fue un papelón que no pudo pasar de los escritorios y los pasillos. Arcioni viene ahora con una zona que abarcaría sólo el 16% de la superficie provincial, abarcando la totalidad de los departamentos de Gastre y Telsen.
Disminuyen la entrega inicial de territorio, creyendo que con el engaño se garantizan el comienzo de “Navidad”, proyecto de Pan American Silver, empresa canadiense beneficiaria de la ley (o “acuerdo”, según un lapsus de Arcioni). Pero una vez habilitada esta zona y la actividad en la provincia, tarde o temprano, se daría vía libre a los proyectos que están al acecho. Como lo dice el artículo 7 del proyecto: “La Zonificación Minera obrante (…) será objeto de permanente monitoreo. En caso de que se determine la necesidad de actualizar o ampliar la Zonificación Minera (…) se elevará a la Legislatura para su tratamiento.”

La zonificación abarca una zona de la llamada meseta central. La patagonia, y Chubut en particular, poseen tres grandes ecosistemas: la costa, la meseta y la cordillera. La costa tiene los mayores centros urbanos (Puerto Madryn, Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia) y la cordillera el bosque andino patagónico con lagos y montañas. El río Chubut atraviesa la meseta de oeste a este y da agua potable al 50% de la población provincial.

Como la meseta central es árida y muy despoblada, el gobierno utiliza la imagen de desierto para difundir la idea de que no existe alternativa económica a la minería.
“Navidad” es un proyecto propiedad de la canadiense Pan American Silver que incluye varias áreas donde explotaría plata y plomo a cielo abierto. En total, abarca una superficie aproximada de 680km2. Utilizaría unos 8 millones de litros de agua diarios (en una zona donde la precipitación media es de 200mm por año). Con una vida útil del proyecto calculada en 17 años, plantean extraer el equivalente a 16,5 millones de onzas de plata. Pero “Navidad” es solo uno de los cientos de concesiones de explotación de distinto tipo, tramitados en la provincia.

Las estrategias del gobierno para aprobar la minería

Cuando el gobierno fue comprendiendo que la implementación de la minería no sería tan fácil como pensaba, con las marchas y el plebiscito en Esquel, comenzó a planificar estrategias para extraer las riquezas naturales. Inmediatamente después del plebiscito, desde la legislatura provincial se intentó tener el apoyo de la asamblea de Esquel para un proyecto de ley conocido en su momento como Ley De Bernardi y que hoy con sus modificaciones, conocemos como ley 5001 (ley XVII-Nº 68). En ese momento, el diputado peronista De Bernardi presentó a la asamblea un proyecto de ley sencillo, prohibiendo en el artículo 1 la minería a cielo abierto y con uso de cianuro pero permitiéndola en el artículo 2. Una trampa que la asamblea rechazó. En su redacción presentada a la asamblea, hablaba de permitir la minería desde una línea imaginaria a 50km al este de la ruta 40 y hasta la costa. La legislatura lo cambió por el siguiente artículo 2°: “El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:

a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley.”

Aunque el plazo de 120 días venció hace varios años sin que se haya presentado esa zonificación, el gobierno intenta aplicar ahora este artículo.
Pero la estrategia central estuvo siempre de la mano de concretar la sentencia dictada. Se ahogó a Esquel y la meseta evitando todo tipo de posibilidad de crecimiento económico, para lograr en el tiempo, que sea el pueblo el que pida, asfixiado, la minería. No lo han logrado, pero han creado una zona en despoblamiento y sin recursos, cuando podría ser altamente productiva y con atractivos turísticos, entre otras actividades.

Arcioni

Arcioni asumió como vicegobernador del peronista Mario Das Neves. Con un estilo caudillesco y patoteril, Das Neves gobernó hasta su muerte a mitad de mandato, dejando la gobernación a su vice. Con sueldos atrasados y la provincia en crisis, Arcioni adelanta las elecciones de 2019, paga en término salarios durante un par de meses y logra ganar la elección a gobernador con un discurso antiminero. Luego de las elecciones, continúa con el ajuste a los estatales y se alinea con el entonces candidato a presidente Alberto Fernández, participando en numerosos actos de campaña nacional. Para las elecciones a cargos nacionales, retira su lista de candidatos a diputados y llama a votar al Frente de Todos.
 
No hay argumentos que perduren

Los argumentos del gobierno y las mineras van siendo desmenuzados y rebatidos por las asambleas: el uso de químicos, el uso del agua, la contaminación del aire, la explotación subterránea, el pago de regalías, el derrame económico y la generación de empleo, el uso de los minerales en la vida cotidiana…. Todos los argumentos, desde los más ridículos hasta los expresados por supuestos científicos, se van desmintiendo.

Muchas veces dicen que no tenemos sustento científico, que dejemos hablar a los técnicos, ridiculizando el conocimiento de los vecinos e intentando ser sólo “los profesionales” de la minería lo que puedan hablar. En diciembre se conoció un informe del CenPat-CONICET[1] abarcando cuatro ejes: disponibilidad de agua; vulnerabilidad ambiental; dimensión social; gestión ambiental. Como conclusión de este informe se puede leer: “Este documento señala una serie de preocupaciones de índole científico/técnica en relación con las actividades que serían habilitadas de sancionarse el PL 128/20, las que motivan a que planteemos el retiro de dicho proyecto de su tratamiento en la Legislatura Provincial.”

Adentrémonos en algunos de los puntos que defendemos

La meseta no es un desierto: por sus características, la imagen de desierto deshabitado e infructífero es utilizada por el gobierno para decir que no existen posibilidades económicas para la región. Sin personas, sin animales ni vegetación pero llena de plata y uranio, sería el lugar ideal para extraer recursos sin perjudicar. Pero es mentira. En la meseta viven varias comunidades, muchas de pueblos originarios y existe una gran diversidad biológica. Si bien el clima es árido, con muy pocas precipitaciones anuales, con un poco de inversión se pueden generar un gran número de actividades económicas. Y como dicen los científicos, es un ambiente frágil, por lo que una intervención mínima puede ponerlo en más riesgos del que está.

La minería no es sustentable: la minería no es sustentable desde su definición, por más que digan otra cosa. Es una actividad extractiva que saca minerales de una zona sin ningún tipo de posibilidad de recuperación, utilizando siderales cantidades de agua durante el proceso, la cual queda contaminada y sin poder volver a utilizarse. Y para hacerlo no solo destruye el ambiente, sea a través de la técnica de explotación a cielo abierto o por galerías, sino que además destruye las instituciones, las economías regionales, etc.

El uso del agua compite con otros usos: el gobierno dice que el agua está garantizada. Se utilizará sólo agua de acuíferos subterráneos que hoy no tienen uso. Sin embargo, esta agua “descubierta” por las mineras, podría utilizarse para otras actividades, como la agropecuaria, y luego de la utilización minera puede (y lo hará en los 17 años de “Navidad”) contaminar una amplia zona, incluyendo al río Chubut, con el drenaje ácido que se produce tanto en los diques de colas como en las escombreras.

El aire se contamina: la explotación minera implica detonar los yacimientos y convertir una gran cantidad de rocas en polvo. Tanto las explosiones como el polvo, liberan toneladas de elementos químicos que hasta ese momento forman parte de las rocas. Sumado esto a los grandes vientos de la región, la posibilidad de difusión de partículas tóxicas (sin considerar las utilizadas por la actividad) es una realidad. En un intento de apoyar la minería, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) comenzó a realizar un ciclo de charlas con “expertos”, una forma de darle el sello de autoridad moral que poseen las universidades públicas al proyecto de zonificación. El 26 de febrero bajo el título “Dispersión de material particulado en proyectos mineros: ¿Hasta dónde llega el polvo de las minas?” explicaron que la medición de polvos en el aire se realiza en forma constante dentro de una zona de 5km del centro de interés. El vaciamiento del lago Colhué Huapi, en el sur de Chubut, como consecuencia del uso del agua en la extracción de petróleo muestra la realidad (ver imagen).

Las regalías no son significativas: por el código minero nacional de los años 90, los minerales pertenecen a la provincia, pero éstas no pueden explotarlos y sólo pueden darlos a empresas privadas a cambio del pago de regalías que como máximo pueden ser del 3% del valor del mineral a “boca de mina”. Según la última versión del proyecto de zonificación, el artículo 53 dice: “Lo recaudado en concepto de Regalías Mineras será distribuido de la siguiente manera:

a) Para Rentas Generales de la Provincia corresponderá el OCHENTA POR CIENTO (80%),
b) El CATORCE POR CIENTO (14%) para la totalidad de los Municipios que adhieran a la presente Ley (...).
c) El UNO POR CIENTO (1%) para los Municipios que no adhieran a la presente Ley (...).
d) El UNO Y MEDIO POR CIENTO (1.5%) para la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
e) El UNO Y MEDIO POR CIENTO (1.5%) para la Autoridad de Contralor Ambiental de la presente Ley.
f) El DOS POR CIENTO (2%) para las instituciones sindicales que tengan participación en la actividad.”

Es decir que el estado provincial podrá utilizar sólo el 80% del 3% del valor del mineral extraído (a partir de las declaraciones juradas de las empresas ya que no está permitido el control de la producción). El proyecto Navidad está calculado en 6.000 millones de dólares. El 3% es 180 millones de dólares. Pero leyendo el artículo 72, tenemos que “Créase el Fondo de Reserva Anticíclico el que se integrará con el diez por ciento (10%) del monto que perciba la Provincia del Chubut en concepto de regalías mineras con destino a Rentas Generales”.

se puede ver que hay que descontar este valor, ya que quedará inmovilizado. La función del Fondo es incierta, ya que el Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura la sugerencia de modificación del proyecto escrito por ellos mismo incorporando el Artículo 71 (73 según despacho de la comisión), que dice: “Los fondos desafectados del fondo de reserva anticíclico se destinarán exclusivamente a sostener los puestos de trabajo de la actividad minera.”

Esta sugerencia no fue incorporada en la comisión, pero podría ser incluida en la sesión legislativa. De esta manera, de los 180 millones de dólares, habrá que restarle el 10%: quedan 162 millones de dólares de regalías que ingresarían a la provincia en los 17 años estimados de explotación para Navidad, es decir, menos de 10 millones por año. Compárese con los 21 millones que ingresaron como regalías petroleras por el mes de octubre de 2020[2]. El proyecto por el cual está haciendo tanto lobby el gobierno aportaría en un año la mitad de lo que aporta el petroleo en un mes. Es decir, no hay ninguna solución a la crisis provincial aprobando la minería.

No hay licencia social: ni el propio gobierno puede decir que la minería tiene apoyo en la población. Por eso no puede mostrar ninguna encuesta y cambia el significado del término “licencia social”. El Ministro de Ambiente de la provincia, Eduardo Arzani, uno de los principales promotores de la minería, lo dijo claramente: “30 mil personas (por los firmantes de la iniciativa popular) representan un 5% de la población de Chubut, 27 diputados representan el 100% porque son los representantes del pueblo”[3]. Es decir, que la licencia social, para Arcioni y sus ministros, la dan 24 diputados peronistas, 2 radicales y 1 del PRO. No hace falta consulta previa ni ningún otro tipo de participación de la comunidad, aunque los tratados internacionalesn(como el 169 de la OIT) firmados por Argentina así lo digan.

Desde Ambiente en Lucha participamos de las acciones que llevan a cabo las asambleas en Chubut, impulsando la nacionalización de la lucha con la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones. Debemos seguir organizándonos independientemente de los partidos patronales que vienen gobernando e impulsando la actividad extractiva como solución a la crisis que sus propios gobiernos crearon. Sumate a Ambiente en Lucha para seguir ganando esta pelea.

 

[1] https://cenpat.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/91/2021/02/Informe-Mesa-Tecnica.pdf
[2] https://www.eldiarioweb.com/2020/12/chubut-recaudo-en-octubre-215-millones-de-dolares-por-regalias-hidrocarburiferas/
[3] Ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Arzani en Sin Hilo. https://youtu.be/p7mzfV6OkQY

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