Dec 06, 2022 Last Updated 3:56 PM, Dec 6, 2022

Más de 10 mil personas nos movilizamos hoy en el puente Rosario - Victoria para exigir la aprobación de la ley de humedales consensuada, que se terminen las quemas y se destinen los recursos necesarios para combatir el fuego.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista denunciamos que, mientras existen hasta el día de hoy 8 provincias azotadas por el fuego, el ministro de economía Sergio Massa envío al Congreso de la Nación el presupuesto de ajuste para el 2023 cumpliendo con las exigencias del FMI, donde incluye no sólo un mayor ajuste a la clase trabajadora sino un notorio ajuste en materia de ambiente: una reducción en términos reales del 15,1% en relación al 2022, es por eso que hay un dólar diferenciado para la soja pero no tenemos ley de humedales. Todo un símbolo de la política ambiental del FDT.

Por todo esto ratificamos que sólo confiamos en la fuerza de la movilización para conquistar la ley de humedales consensuada.
En ese camino exigimos juicio y castigo a los responsables de las quemas, a las multinacionales del agro, la minería y la especulación inmobiliaria, vamos por la expropiación de esas tierras que, mayormente pertenecen a grandes grupos económicos y terratenientes con el aval del gobierno nacional.

Ambiente en Lucha Santa Fe


Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Es sabido que en la provincia la época invernal es de pocas o nulas lluvias, y por tanto, de grave peligro de incendios. Pero la prevención sigue ausente por parte de Schiaretti y el peronismo, que gobiernan desde hace más de veinte años. El gobierno del Frente de Todos también es responsable de este reiterado flagelo que afecta a vastas zonas del país.
 
Cinco días de intenso fuego en distintos puntos de la provincia alcanzaron para arrasar con al menos 15 mil hectáreas, según datos del Plan Provincial de Manejo del Fuego. El daño es irreversible porque hay grandes superficies de biodiversidad arrasadas, afectando la retención de precipitaciones en el suelo y multiplicando el riesgo de nuevos incendios.

Según un informe de la UNC1, entre 1999 y 2017 se quemaron 700.376 hectáreas. Si sumamos el acumulado en los años restantes supera el millón de hectáreas, lo que equivale a diecinueve veces la superficie de la ciudad de Córdoba. Así llegamos al fatídico dato de que la provincia conserva en la actualidad una cifra inferior al 3% de bosque nativo.

Schiaretti continúa su plan para ejecutar la Autovía de Montaña, arrasando monte nativo, criminalizando la protesta y gastando millones en obras faraónicas en lugar de volcar los fondos necesarios para un plan de prevención y combate de incendios, con bomberos voluntarios que no reciben los elementos necesarios de protección y con aviones hidrantes de pequeño tamaño y limitada capacidad de carga, que poco pueden hacer en un territorio tan extenso.

Los incendios pueden prevenirse ¿Por qué no lo hacen?

Si realmente se invirtiera en puestos de vigía permanente diseminados en el territorio para la detección temprana del fuego, tal como lo exige la Ley de Control del Fuego, el 80% de estas catástrofes se evitarían2. Si no se hace, es porque quienes se benefician con estos incendios son los grandes emprendedores inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, violan la prohibición de cambiar la utilización del suelo que se quemó. Así aparecen campos de soja, de cría de ganado o barrios cerrados donde antes había monte nativo.
El camino para cambiar esta situación es la movilización unitaria para lograr la emergencia ambiental y la formación de una Comisión de Ambiente, con expertos en la materia, miembros de las organizaciones sociales locales y representantes de los trabajadores que elaboren un plan de reparación ambiental, y una nueva Ley de Ambiente Provincial Integral.

Mientras tanto, hay que exigir al gobierno que haga cumplir la limitada Ley de Manejo del Fuego, invirtiendo en prevención, incorporando equipos de guardaparques, dotados de equipos de comunicación y prevención. Equipamiento para brigadistas territoriales especialmente entrenados. Más helicópteros hidrantes en las regiones que habitualmente se incendian. Remediación y protección de las zonas quemadas. Y la reposición de sus bienes a los sectores populares damnificados.

Para todo esto se necesitan millones de pesos, que deben salir del no pago de la deuda externa nacional y provincial y de un impuesto a las grandes fortunas, a los bancos, las grandes empresas y los terratenientes.

Mientras cerramos esta nota, la noticia se complementa con el humo que cubrió completamente Rosario desde los incendios del agronegocio en el Delta del Paraná. La semana pasada más de una decena de provincias registraron incendios. El ministro Cabandié, lejos de estar “pintado”, es cómplice. Los gobiernos son responsables.

1.  En unciencia.unc.edu.ar
2.  En www.change.org: Carta abierta al Gobierno de Córdoba por los reiterados incendios

Escribe Tata Gayone, Izquierda Socialista Bahía Blanca

El mes de agosto y la asunción de Sergio Massa al mando del ministerio de Economía estuvieron cruzados no solo por un brutal ajuste económico, sino también por la promoción del avance de proyectos extractivistas (sojeros, mineros y petroleros) en todo el territorio nacional.

El 5 de agosto, con la presentación ante la Cámara Federal de Mar del Plata de un nuevo estudio de impacto ambiental trucho, el gobierno volvió a la ofensiva con el proyecto de las petroleras offshore. Pero “la marea siguió creciendo” y el 25A la movilización de las asambleas costeras incluso llegó a CABA, junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hoy la lucha se centra en la presión sobre el Juzgado Federal que tiene en sus manos la decisión de autorizar o no el inicio de la exploración por parte de la empresa noruega Equinor.
 
También, en los primeros días de agosto, Massa visitó al embajador de Estados Unidos Marc Stanley, quien viajó el 8 de agosto a Neuquén y concurrió al yacimiento Loma Campana acompañado del presidente de YPF, Pablo González, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Luego anunció la construcción de una planta de gas natural licuado en Bahía Blanca, destinada a la exportación de gas que estaría operativa en 2025. La construcción de dicha planta ya fue rechazada en 2011 por las comunidades de Cerri, Bahía Blanca e Ingeniero White, en una lucha masiva que derrotó a las autoridades locales en una Audiencia Pública memorable. El departamento de Biología de la Universidad Nacional del Sur se pronunció contra el dragado, brindando argumentos muy valiosos sobre la importancia de los humedales y la defensa de la flora y fauna costera. Argumentos aún más vigentes ante la ampliación del Polo Petroquímico y el incremento de la extensión de los muelles. Dos fallos reconocieron en los últimos meses que la ría está contaminada con metales pesados, entre otros vertidos. En ambos casos se ordena remediación, que sabemos que es imposible. Por eso creemos que es necesario retomar la lucha. Cada metro entregado a las multinacionales no volvemos a recuperarlo.

El 25 de agosto la mira apuntó hacia Río Negro, provincia que resistió los sucesivos proyectos que desde los ‘90 intentan transformar sus playas en un puerto petrolero. Luego de varios años de lucha los vecinos lograron que en 1999 se promulgue la Ley 3.308 que protege al frente marino costero rionegrino. Esta Ley prohíbe con absoluta claridad las actividades de exploración, extracción e instalación de muelles para la carga de buques, para la exportación de petróleo y gas. Con solo treinta horas de anticipación se dio a conocer el proyecto de reforma y la legislatura sesionó a puertas cerradas. Ambos bloques (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) aprobaron la reforma, a medida de los requerimientos de YPF y las multinacionales involucradas. Desde ese día empezaron a organizarse las reuniones y actividades contra el proyecto que impulsan a nivel provincial la gobernadora Arabela Carreras y el gobierno nacional. El 9 de septiembre se prevé una importante concentración en la legislatura. Ahí estaremos presentes.

Mirando las fotos de la prensa, ya sea en los yacimientos de Vaca Muerta, los oleoductos, los muelles o a La Ortelius, la depredadora draga Jan de Nul (de la transnacional Compañía Sudamericana de Dragados), se los ve en “el desierto”. Pero a no engañarse, a escasos metros vivimos los pobladores de esas localidades, condenados por un puñado de inciertos dólares. Tres conflictos, dos provincias, el mar nos une y la marea sigue creciendo.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista/FIT Unidad seguiremos acompañando e impulsando cada una de estas peleas para ponerle un freno al impulso del saqueo extractivista del gobierno y el FMI.

Acompañamos la acción convocada por las Asambleas y colectivos locales en el marco de la Jornada Plurinacional por la #leydehumedalesya. Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista y junto a la Coordinadora @bastadefalsassoluciones fuimos parte de las convocatorias en Tigre y Costanera Sur. Las acciones se dieron desde Misiones hasta el sur del país, y el domingo se combinaron con la convocatoria de las Asambleas Costeras que están peleando por un #marlibredepetroleras.
Exigimos que se trata de forma urgente el proyecto consensuado por las organizaciones ambientales y que se archive el proyecto trucho del ministro Juan Cabandié. Basta de incendiar humedales, los gobiernos son responsables.

#BastadeFalsasSoluciones
#bastadequemas
#apaguenelfuego
#bastadeextractivismo

Ambiente en Lucha

 

Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Hace semanas que la especulación en torno a potenciales ganancias de la explotación del litio es parte importante de los titulares diarios. Analizaremos qué hay de cierto en torno a las promesas sobre este metal, el saqueo que realizan las multinacionales de nuestros recursos naturales y nuestras propuestas.

Se trata de un mineral que tiene múltiples usos, desde la farmacología hasta las baterías de celulares. Este último uso, ser un material con la capacidad de almacenar energía, es el que lo transforma en uno de los bienes estratégicos del presente. Es porque las energías renovables no constituyen un flujo permanente, sino que son intermitentes: por ejemplo, la energía que genera el sol durante el día debe ser almacenada de alguna manera. Aquí, junto a elementos como el magnesio, la plata, y el cobre entre otros, el litio obtiene un rol clave en cualquier intento de pensar una economía que se sostenga sin el insumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), siendo que alcanzar esa “descarbonización” es algo necesario para no atravesar límites catastróficos de calentamiento global.
Pero más allá de esta característica, la realidad es que hoy en el litio se colocan esencialmente burbujas especulativas y peleas de rapiña entre las multinacionales por hacer acopio de este recurso. Eso explica que, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, su precio haya escalado de 9 mil dólares la tonelada a 72 mil dólares. La anarquía de la competencia capitalista hace impensable una transición energética ordenada.

A su vez, el discurso “verde” -ecológico- en torno al litio es aún más endeble, al considerarse que los métodos de extracción hoy en uso son profundamente dañinos de los territorios, como es el caso de los consumos siderales de agua en los salares de la Puna argentina. Para peor, se realizan en localidades cuyas poblaciones no tienen garantizado el acceso a ese derecho indispensable. En nuestro país, además, buena parte de las reservas de litio se encuentran en territorios protegidos por comunidades originarias, a su vez, en humedales o zonas periglaciares; es decir, en territorios que, de sancionarse la “Ley de Emergencia Territorial Indígena”, o la “Ley de Humedales”, o de cumplirse la “Ley de Glaciares”, deberían quedar protegidos de la explotación minera, o cuando menos ser consultados al respecto.

Campeones mundiales de la entrega a las multinacionales

Existe otra dimensión de la explotación del litio en nuestro país, la que está en curso, y la que buscan habilitar con las nuevas licitaciones, y es la persistencia del régimen legal de entrega que dejó el peronismo menemista y que todos los gobiernos continúan ejerciendo hasta la fecha. Parte de la provincialización de los “recursos naturales”, que lleva a que las provincias negocien migajas con las multinacionales y que, en parte por imposición y en parte por la típica connivencia y corrupción de los gobiernos locales de distinto signo político, termina imponiendo las condiciones de cómo saquear nuestros territorios.

Así las cosas, de la mano del también noventista “Código Minero”, el Estado se desliga de cualquier tipo de interés por obtener él mismo los recursos bajo tierra, y le entrega completamente esa actividad a las multinacionales. Éstas disponen de facilidades de todo tipo y se encargan de pagar regalías por el total de exportaciones que se les ocurra declarar y, en lo que hace al litio, dejan en el país un irrisorio 3%. Algo que ha sido contrastado en estos días con el andamiaje chileno que dejó la dictadura de Pinochet, en el que de base se recauda un 10%, y de superar el valor de mercado los 10 mil dólares la tonelada, trepa al 40% de tributo. Y, por otro lado, contrastado con el caso boliviano, donde el Estado tiene participación directa en sociedad con multinacionales. Es decir, Argentina es el eslabón del “Triángulo del litio” más privatizado y en el que más beneficiadas son las multinacionales. No solo eso, sino que tenemos casos como el de la empresa yanqui Livent, que mientras secaba completamente el Río Trapiche, subfacturaba exportaciones hacia su propia casa matriz. A su vez, venía de despedir 800 trabajadores cuando esto estaba prohibido durante la pandemia. En Jujuy es Toyota la empresa que encabeza la explotación en el salar de Olaroz-Cauchari. Se trata de firmas que nos saquean y luego nos venden manufacturado en autos, computadoras o celulares el mismo litio a un precio sideralmente superior.

Desde ya que el gobierno peronista del Frente de Todos tampoco pone en discusión los métodos de extracción del litio, siendo que hay especialistas que señalan que existen otros mecanismos que no implican el consumo desmedido de agua o energía, o el desaprovechamiento de paneles solares en el proceso productivo. Las multinacionales cuentan, tanto en la Jujuy del radical Gerardo Morales como en la Catamarca del peronista Raúl Jalil, con una complicidad total, y por ende optan por la reducción de costos por sobre cualquier criterio de cuidado del ambiente.

Las transiciones

En su libro “La transición energética en la Argentina”, investigadores comprometidos con las luchas ambientales como Maristella Svampa y Pablo Bertinat concluyen en el carácter “ambivalente” del litio: por un lado, hoy sostiene un pie en las mismas lógicas depredadoras extractivismo capitalista del petróleo; pero por otro, siendo que no es viable ni un futuro basado en combustibles fósiles, ni uno sin electricidad, este mineral resulta asociado a los requerimientos de un nuevo paradigma energético.

Según la Agencia Internacional de Energía cumplir con las metas de descarbonización hacia el año 2040, con el pase masivo a la movilidad eléctrica, implicaría multiplicar por 42 la extracción de litio actual. Al margen de si esto es realmente realizable, el caso argentino, en el que en los últimos años casi la totalidad de la superficie de los salares y territorios a la vera de salares de Catamarca, Jujuy y Salta ha sido reclamado para su explotación, da cuenta de cómo esa transición podría realizarse lejos de cualquier tipo de cuidado ambiental, avasallando las comunidades locales y únicamente en pos de las ganancias de las multinacionales.

En un mundo cuyas potencias imperialistas discuten el racionamiento energético y planifican guerras por recursos naturales, nuestro país no puede sostener el modelo actual. Declarar estratégico al litio, derogar el código minero y reestatizar la totalidad de los bienes comunes vinculados a la generación de energía, son pasos necesarios para poder discutir una transición en que la clase trabajadora, sectores populares, las comunidades originarias y científicas sean el sujeto de la toma de decisiones y no los CEOs de las multinacionales. Se trata de empezar por escuchar la voz de espacios como la Asamblea Pucará catamarqueña, y a su vez, seguir exactamente el camino opuesto a los tarifazos y la luz verde al saqueo del Frente de Todos.

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