Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza y diputada provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 11 de mayo serán las elecciones en Suteba, el principal gremio docente bonaerense, el más grande del país. Bajo la conducción del burócrata kirchnerista Roberto Baradel, la docencia tiene su salario en picada y una enorme crisis de la educación pública. Se conformó la Lista Multicolor con la unidad de las agrupaciones opositoras y las seccionales combativas, para recuperar el gremio para la democracia sindical y la lucha.
 
El salario docente tiene un básico de indigencia y un inicial por debajo de la línea de pobreza. ¡Desde Macri-Vidal hasta Fernández-Kicillof, perdimos el 40% del poder adquisitivo! Más de la mitad del salario es con bonificaciones, llevando también a jubilaciones de pobreza, lejos del 82% móvil.

El gobierno profundizó la flexibilización laboral, atacando el Estatuto (Convenio Colectivo), nombrando a docentes con contratos basura, sin concurso, sin estabilidad, cobrando salarios menores que el docente con convenio y sin algunos derechos laborales. Son “programas” educativos inventados, con el objetivo de ir metiendo la flexibilización de hecho, aprovechándose de la falta de cargos porque el gobierno no los crea, aunque en las escuelas las aulas están súper pobladas. Faltan aulas, escuelas y vacantes.

El estado de las escuelas es lamentable y peligroso. Tenemos docentes y auxiliares que fallecieron, como Sandra y Rubén, además de estudiantes heridos, caída de techos, falta de agua, luz, baños, ventanas. ¡Dos años de pandemia y no arreglaron nada!

Además, avanzan reformas educativas contra la escuela pública, recortando materias y conocimientos para los estudiantes, despidiendo docentes y bajando la calidad educativa.

El presupuesto educativo sigue en caída. Pero suben los subsidios a la educación privada, al punto que en Buenos Aires ya casi la mitad de la matrícula va a escuelas privadas. Es una política fomentada por el gobierno, dejando caer la escuela pública y desprestigiando a sus docentes.

Todos estos ataques a la docencia y la escuela pública, sólo pasan por la complicidad de Suteba y Baradel con los gobiernos. Firmaron todas las paritarias a la baja, aceptaron todas las medidas de ajuste y evitaron la organización y la lucha docente.

Para terminar con esta situación es que logramos armar la Lista Multicolor, con todas las agrupaciones opositoras y los dirigentes de las seccionales recuperadas. La lista está encabezada por las secretarias generales y directivos de las seccionales combativas de Suteba La Matanza Romina del Plá, de Bahía Blanca Gabriela Delfino, de Tigre María Elisa Salgado. Además están de Marcos Paz Ana María Rodríguez, de Ensenada Daniel Rapanelli, y de Escobar Julieta González. La lista está conformada por las agrupaciones Tribuna Docente-PO, Docentes en Marcha-Izquierda Socialista (segunda fuerza provincial), Rompiendo Cadenas, Marrón-PTS, Alternativa-MST y seis más de diferentes distritos. Además, logramos presentar listas Multicolores en casi cuarenta seccionales, en los principales distritos bonaerenses, donde daremos pelea para seguir avanzando.

La lista Azul y Blanca, del PCR/CCC, al igual que José Magallanes de Escobar, siguiendo con su política de apoyo al gobierno de Fernández y al kirchnerismo, se fueron de la Multicolor, aliándose con la Celeste de Baradel en muchos distritos. La crisis del Frente de Todos se reflejó en varias seccionales, donde la Celeste va dividida.

Llamamos a toda la docencia a apoyar a la Multicolor y sumarse a la campaña, para seguir avanzando en la pelea por un Suteba democrático, autónomo de todos los gobiernos, que organice a la docencia para luchar por los salarios, la jubilación, nuestros derechos laborales y la defensa de la escuela pública. Para que la plata vaya para salarios y educación pública, no para la deuda y el FMI, ni para las escuelas privadas.

Gran participación de Docentes en Marcha

Nuestra agrupación quedó como segunda fuerza provincial, con Graciela Calderón (actual adjunta de Matanza) en 4° lugar, mostrando un importante crecimiento en extensión y peso de referentes, delegados y dirigentes en 26 seccionales. Encabezamos primeros o segundos en La Matanza (Olga Ortigoza), Malvinas Argentinas (Paola Mariani), Lomas (Paula Alfaro), Echeverría (Cecilia Villarroel), La Costa (Gustavo Arena), Ituzaingó (Mariano Calvetti), Luján (Daniela Cooper), Pilar (Eugenia Vidal), Ezeiza (Gonzalo Echegaray) y José C. Paz. Integramos en las combativas Tigre (Silvia Fernández), Ensenada (Amelio del Fabro), Escobar (Guillermo Sánchez Porta), con directivos de Bahía Blanca (Tata Gayone) en la lista provincial y le dimos lugares de nuestra agrupación a Jesús Núñez (Verde Echeverría) y Julieta González (directiva de Escobar). Además, presentamos candidatos en Hurlingham, Morón, General Rodríguez, San Martín, San Miguel, San Fernando, Varela, Avellaneda, Moreno y otros.

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza y diputada provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

La conducción kirchnerista de Ctera acordó con el gobierno un “marco general” paritario nacional. Un 40% de aumento para 2022, cuando la inflación superará el 55%. Ni recupera lo del 2021 y se corre detrás de la inflación.

En los últimos cinco años perdimos el 50% del poder adquisitivo. Además, el grueso del salario son bonificaciones, muchas que las y los jubilados no cobran y no corren para antigüedad, zona, título, etcétera. La burocracia de Ctera hace años liquidó el escalafón y permite que por igual trabajo se cobre diferente en cada provincia.

Las escuelas están con graves problemas de infraestructura; miles de docentes sin cargos y estudiantes sin docentes; trabajos precarizados y fuera de convenio.

El acuerdo con el FMI congelará el presupuesto educativo, impidiendo que haya fondos para resolver estos problemas, mientras sostienen los subsidios para las escuelas privadas. Quieren modificar el Estatuto Docente, con un “convenio laboral” para legalizar estos trabajos flexibilizados y sin estabilidad. Quieren hacer una nueva “reforma educativa”, cambiando la estructura y contenidos, reduciendo conocimientos y despidiendo docentes. Y quieren atacar el régimen jubilatorio docente, “de privilegio”, según los funcionarios.

Todo ese paquete, que comienza con salarios de pobreza, no fue cuestionado por la conducción de Ctera. Al contrario, llamó a la docencia a volver al trabajo, sin más.

Los burócratas de las provincias, Baradel, Guagliardo, Monserrat, López, cumplieron al pie de la letra esa política capituladora con los gobernadores.

No esperaban que el malestar se canalizara con paros y movilizaciones donde los docentes sí tuvieron posibilidad de opinar. En Santa Cruz el congreso de Adosac rechazó la propuesta de Alicia Kirchner, que apoyaba la burocracia Lila de Javier Fernández, y paró, incluso con conciliación obligatoria. La consulta provincial de Amsafe votó abrumadoramente un plan de lucha, dejando mal parada la burocracia de Alesso, que tuvo que parar en Santa Fe. En Neuquén, la burocracia provincial maniobró con el gobierno para desmontar el paro que había sido aprobado en asambleas masivas, pero decenas de escuelas no pudieron comenzar por falencias edilicias. En CABA, sólo Ademys llamó al paro y rechazó la propuesta de Larreta y, junto a los Suteba Multicolores que pararon o se movilizaron, realizaron una conferencia de prensa en el ministerio de Educación. En Chubut, Misiones, Río Negro, Jujuy, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Salta, hubo paros.
La enorme adhesión al paro nacional de Ctera por el 8M (que la burocracia sólo impulsó con tímidos flyer) demuestra que motivos y ganas de luchar, sobran. Es la conducción la que lo impide.

La deuda es con la educación. Hay que exigir el pase al básico de todas las bonificaciones y un aumento que lleve el salario a igualar la canasta familiar; cláusula gatillo automática bimestral; volver a nacionalizar el sistema educativo y su presupuesto, con un 8% del PBI. Hay que dejar de pagar la fraudulenta deuda externa y eliminar los subsidios a la educación privada. Resolver los problemas de infraestructura, de cargos y terminar con la flexibilización en la docencia. Defender el régimen de jubilación docente. Frenar los avances de la reforma educativa.

Con estos reclamos, impulsamos una coordinación con diferentes provincias, para fortalecer sus luchas y exigir a la burocracia de Ctera y demás gremios, el paro nacional.
 

En el marco del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, la diputada Graciela Calderón de Izquierda Socialista y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentaron un proyecto de ley para que ante el crecimiento de los femicidios, transfemicidios y de los indicadores de violencia machista, el gobierno provincial otorgue un Presupuesto de Emergencia en Violencia de Género en la Provincia de Buenos Aires, en base al no pago de la Deuda Externa.

La diputada Graciela Calderón comentó: “Actualmente cada 27 horas muere una mujer a manos de la violencia machista. Lo cual demuestra que la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no se cumple, en parte por su escaso presupuesto.”

Graciela Calderón denunció: “En provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof y el Frente de Todos, en complicidad con Juntos por el Cambio, votaron un Presupuesto 2022 que redujo un 8% el fondo para la lucha contra la violencia de género. En contrapartida, Kicillof declaró quevavala y acompaña el pago de la estafa de la deuda externa. Esos son millones de dólares que no van a erradicar la violencia maxhista, ni a resolver las urgentes necesidades populares.”

Calderón finalizó: “Desde Izquierda Socialista en el FITU creemos que solo hay un camino para combatir seriamente la violencia machista. Hay que crear Casas/Refugio en los 135 municipios de la provincia, ampliar los programas de contención, designar más profesionales de la salud, abogadas y abogados que se dediquen a acompañar a las víctimas de violencia de género. Para todo esto es necesario que se destine un presupuesto de emergencia para prevenir y combatir la violencia machista, cuyos recursos se obtengan del no pago de la deuda externa y un impuesto extraordinario a las grandes fortunas."

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PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

"Presupuesto de Emergencia en Violencia de Género para la Provincia de Buenos Aires"

Art. 1: Ante el crecimiento de los femicidios, transfemicidios y los indicadores de violencia machista, declárese la Emergencia en Violencia de Género para destinar presupuesto del gobierno de la Provincia de Buenos Aires necesario para la prevención y atención a las víctimas de violencia de género.

Art 2. Créase el Plan de Emergencia para la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género para la Provincia de Buenos Aires para el cumplimiento de la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Art. 3: Créase el Fondo de Emergencia contra la violencia de género. Dicho fondo se compondrá: por un aumento del presupuesto de la Provincia destinado a la emergencia, por un impuesto específico para la emergencia, a las grandes empresas, multinacionales, bancos y entidades financieras radicados en la Provincia de Buenos Aires y por la suspensión de los pagos de la deuda externa contraídas por la Provincia.

Art. 4: Los recursos del Fondo de Emergencia contra la violencia de género irán destinados a financiar las áreas públicas, entidades y organismos estatales para garantizar la real implementación de esta ley.

Art. 5: Apruébese la creación de Casas-Refugio en los 135 municipios en la Provincia de Buenos Aires para la atención y albergue de mujeres víctimas de violencia en la siguiente proporción: 1 cada 10 mil habitantes y en los municipios menores a esa cifra, habrá al menos un refugio. Las casa-refugios serán espacios de contención y protección para mujeres y sus hijas e hijos, en los casos en que la continuidad en su domicilio o residencia conlleve una amenaza a su integridad física, psicológica o sexual.

Art 6: Una vez superada la situación de emergencia de las mujeres y sus hijas e hijos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires garantizará un alojamiento transitorio, hasta  concebir la solución habitacional definitiva. El alojamiento transitorio cumple el fin de permitir una reinserción social de las mujeres víctimas de violencia.

Art.7: EI Poder Ejecutivo, a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de las mujeres víctimas de violencia de género en situación crítica habitacional, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria.

Art. 8: Las víctimas en violencia de género tendrán prioridad en los planes y programas para la finalización de sus estudios, de capacitación  y/o laborales, así como en los subsidios del ámbito nacional o de la Provincia.

Art. 9: Créase los equipos interdisciplinarios para el tratamiento de casos de violencia de género para hospitales y centros de salud estatales dependientes del Ministerio de Salud. Los mismos contarán con atención médica y contención psicológica, de trabajadoras/es sociales, acompañantes terapéuticos y profesionales que se consideren para dar una contención integral a las víctimas de violencia de género en todas sus dimensiones.

Art. 10: En cumplimiento del artículo 9 de la presente ley, triplíquese como mínimo la planta funcional de todos los equipos de profesionales de salud dependientes del Ministerio de salud dedicados a la atención, prevención, asistencia y protección de víctimas de violencia de género.

Art. 11: Créase el cuerpo de abogadas y abogados de la Provincia de Buenos Aires para casos de violencia machista. Este cuerpo tendrá como finalidad  brindar asesoramiento y patrocinio legal gratuito  en el territorio de Provincia a víctimas de violencia de género en todas sus modalidades establecidas en la ley nacional 26.485.

Art. 12: Ante el crecimiento de las llamadas a la línea 144, que realiza atención telefónica a víctimas de violencia de género, se dispone la triplicación como mínimo de la actual planta de trabajadores del sector así como el mejoramiento de las condiciones laborales para mejorar el asesoramiento a las víctimas. Las y los trabajadores de la línea que sean monotributistas y/o estén tercerizados pasarán a planta permanente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires con igualdad de derechos laborales a sus pares y reconocimiento de su antigüedad en el trabajo.

Art 13: En el marco de la Ley 26.150 Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), se establece la  capacitación  en servicio para todo el personal de todos los niveles de los establecimientos públicos y privados dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires a cargo de equipos de capacitación. La misma tendrá una perspectiva de una ESI laica, científica y con perspectiva de género. La agenda educativa deberá incluir un plan de capacitación acorde a las necesidades actuales que incluyan Jornadas ESI para docentes y todo el personal de las escuelas y talleres con suspensión de clases. Los contenidos de la ESI están adecuados a los niveles educativos.

Art. 14:  Incorpórese a la ley 14.893 de Licencia para Mujeres Victimas de Violencia a todo el personal dependiente del sector privado que padezca cualquier tipo de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo debe ausentarse a su puesto de trabajo. La licencia se goza con percepción íntegra de haberes.

Art 15: El personal podrá solicitar traslado por razones de violencia de género, en cualquier momento del año a un cargo de igual jerarquía presupuestaria y del mismo escalafón. Se deberán  proveer los medios para garantizar la confidencialidad del nuevo destino de la persona demandante. El traslado tendrá carácter provisorio mientras la persona continúe bajo situación de riesgo, sin desplazar a otro personal.

Art 16: Créase la Comisión de control y seguimiento del Plan de Emergencia contra la Violencia de género de la Provincia de Buenos Aires compuesta por representantes electas por trabajadoras de la Subsecretaria de Género y Diversidad Sexual y sus dependencias, y representantes de organizaciones de mujeres, derechos humanos, vecinales y sindicales.

Art 17: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

En solo enero de 2022, 28 mujeres fueron asesinadas y 1.895 desde el primer Ni Una Menos, en 2015. Esto equivale a decir que actualmente cada 27 horas muere una mujer en manos de la violencia machista. Es una dolorosa larga lista de víctimas de violencia de género, que llega a cifras escalofriantes en todo el país. Estamos viviendo una verdadera emergencia en violencia de género, por lo que es necesario que se destine el presupuesto necesario para prevenir y atacar la violencia machista.

Desde hace años, el movimiento feminista viene luchando en las calles contra la violencia de género. La enorme movilización del 3 de Junio de 2015, a través de la consigna NiUnaMenos, permitió visibilizar la violencia machista, que se manifiesta de diversas maneras y toma su forma más bestial con los femicidios y crímenes de odio contra las personas trans, travestis, lesbianas y no binaries.

Lamentablemente, si bien la violencia de género se ha vuelto una problemática social fuertemente discutida gracias a la movilización del movimiento de mujeres, todos los días nos enfrentamos ante la triste noticia de otra mujer asesinada, en general, en manos de su pareja, ex pareja o del círculo cercano. La mayoría de los casos de femicidios son la culminación fatal de una larga lista de denuncias realizadas por esas mujeres que fueran completamente desoídas por los diferentes organismos del Estado –comisarías, fiscalías, etc—

El hecho de que estos números se mantengan en cifras similares a lo largo de los años muestra la responsabilidad de los gobiernos que no destinan el presupuesto necesario para la ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres y el acompañamiento a las víctimas denunciantes. Más aún, el gobierno provincial de Axel Kicillof en complicidad con los partidos patronales han votado un presupuesto 2022 dónde reducen un 8% el fondo para la lucha contra la violencia de género, mientras destinan millones a pagar la deuda fraudulenta deuda externa. El gobierno nacional y los provinciales, que desmantelan los programas de atención de las violencias de género y despiden a sus trabajadoras, son los responsables de estas muertes.

La reducción presupuestaria para la protección e igualdad de las mujeres tienen una explicación. El gobierno provincial y la “oposición” en el congreso tienen otras prioridades: el pago de los intereses de la estafa de la deuda que este año será de 88.916 millones de pesos. Esta suma es mucho que el ínfimo número destinado al ministerio de mujeres: solo 1.500 millones de pesos. Es decir, se destina casi 60 veces más dinero a la deuda que al ministerio de mujeres.

La brecha salarial  de género alcanza el 27% para los empleos formales y supera el 35% para la informalidad. El crecimiento de la desocupación de la mano de la recesión golpea especialmente a las mujeres, quiénes son las primeras despedidas y las que tienen los trabajos más precarios y las jefas de hogar más pobres. 

La agudización de la violencia contra las mujeres requiere un plan de emergencia. Por eso presentamos este proyecto para declarar en la Provincia de Buenos Aires la Emergencia en Violencia de género para atacar la violencia machista y que se destine presupuesto necesario para este fin.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda planteamos esta medida urgente en el camino de erradicar la violencia de género del sistema capitalista y patriarcal, que nos mata, nos somete a la violencia sexual, nos obliga a los salarios más bajos y los trabajos más precarizados. Por eso decimos que la tarea del movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis es movilizarnos en las calles en alianza con la clase trabajadora para terminar con este sistema y construir una sociedad socialista que termine con toda forma de opresión y explotación.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de este proyecto

El miércoles 2 de marzo se inauguró el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense. En dicho acto, el gobernador Kicillof (FdT) realizó un extenso discurso. La diputada Graciela Calderón de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad presente en el recinto, expresó su opinión sobre los dichos del gobernador bonaerense.

Calderón comentó: “En su discurso, Kicillof reconoció que la deuda externa es ´impagable´, al mismo tiempo que denunció que la deuda con el FMI es una ´trampa´. Pero acto seguido expresó su apoyo al gobierno nacional de Alberto Fernandez que está embarcado en pagarla a costa de más penurias para los trabajadores y el pueblo.”

Calderón sostuvo: "El doble de discurso de Kicillof es escandaloso. Dijo que pagar la deuda no implicará más ajuste, cuando el Presupuesto 2022 ya recortó la partida extraordinaria por COVID, prevee que el salario de estatales aumente muy por debajo de la inflación (un 39%), y en infraestructura proyecta la construcción de sólo 2 mil viviendas, cuando el déficit habitacional golpea a 2 millones de bonaerenses."

Calderón agregó: "Kicillof se refirió extensamente a la seguridad y la reforma de la policía bonaerense. Para la maldita bonaerense de Berni habrá más recursos y pase a planta permanente. Kicillof busca reforzar a la policía responsable de la desaparición y muerte de Facundo Castro, la que desalojó violentamente a las familias de Guernica y está implicada con grupos narcos, como el que hace semanas mató a más de veinte personas con su cocaína adulterada. Hay que desmantelar el aparato represivo y las cúpulas policiales implicadas en todo tipo se delitos.”

Graciela Calderón finalizó: “Mientras el gobernador hace promesas que no va a cumplir, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad planteamos que la salida a la crisis social y económica que viven las y los bonaerenses comienza por desconocer la deuda ilegítima y fraudulenta, para volcar esos recursos en forma urgente a salud, trabajo, vivienda y educación.”

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Desde el 24 de febrero Vladimir Putin ordenó invadir Ucrania, una operación militar que lleva varios muertos, entre ellos muchos civiles. Putin encabeza en Rusia un régimen capitalista imperialista, que se sostiene por la represión y una mafia de oligarcas del petróleo y el gas. Sobre el tema, la diputada bonaerense Graciela Calderón de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad expuso su postura.

Graciela Calderón dijo: “Después de más de un mes de idas y venidas, con  declaraciones y amenazas mutuas entre Putin y Biden, la Unión Europea (UE) y la OTAN, finalmente, Rusia decidió bombardear e invadir Ucrania. Como socialistas revolucionarios repudiamos la invasión rusa y apoyamos la resistencia del pueblo ucraniano.”

Calderón agregó: “Desde Izquierda Socialista en el FITU sostenemos que la invasión rusa se realiza bajo un supuesto antiimperialismo, pero desde los años 90, cuando se disolvió la ex URSS, allí se restauró el capitalismo y es la burguesía imperialista rusa la ahora que cuestiona la independencia de Ucrania y su autodeterminación nacional.”

Calderón finalizó: “Las consecuencias de la invasión en Ucrania las pagarán los trabajadores y pueblos ucraniano y ruso con más miseria, muertes y crisis social. Es necesario defender la autodeterminación nacional del pueblo de Ucrania, que solo vendrá de la mano de un gobierno de trabajadoras y trabajadores. Por eso decimos abajo la invasión de Putin y Rusia, apoyemos la resistencia del pueblo ucraniano, basta de injerencia imperialista rusa, de la OTAN y la UE en la región en Ucrania y la región.”

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