Dec 08, 2021 Last Updated 2:00 AM, Dec 8, 2021

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys CABA

El Ministerio de Educación de CABA comunicó a nuestro sindicato ADEMYS, de manera informal, la decisión de abonar el aguinaldo de manera escalonada. Esto por un lado, demuestra la alineación política con el gobierno de Alberto Fernández y de Kicillof en provincia, para aplicar idénticas medidas que afectan nuevamente a los trabajadores y la profundización de esta política en CABA a partir de la sanción de la Ley de Emergencia sancionada el 7 de mayo. Con la excusa de la pandemia siguen aplicando recortes a los que viven de su salario, sin aplicar una mínima medida  de ajuste a los empresarios, las multinacionales y los banqueros.

En Ademys inmediatamente convocamos a un paro virtual de actividades para rechazar esta medida, pero no de manera simbólica, sino en el marco de una serie de acciones programadas, como asambleas por escuelas, caravanas  invitando a otros sectores y sindicatos, etc., para lo que resta del mes, fecha en que tendríamos que cobrar el aguinaldo de  manera completa. Es así como el pasado lunes realizamos una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de Gobierno para denunciar a Horacio Rodríguez Larreta.

Nuestra compañera Mariana Scayola, secretaria general de Ademys denunció además las nefastas condiciones en que tanto docentes como estudiantes estamos llevando adelante esta cuarentena con el trabajo virtual costeado por docentes y familias.

Lamentablemente el resto de los sindicatos de la CABA, que ya conocían esta resolución (que fuera informada por el Gobierno en una reunión “para algunos”), no se sumó al paro de actividades y la burocracia Celeste de UTE sólo rechazó el desdoblamiento porque se trata “de la jurisdicción más rica del país”, avalando de esta manera al gobierno de Kicillof, de Fernández y demás gobernadores, que estarían justificados al aplicar el ajuste sobre el aguinaldo “por falta de fondos”.

Es necesario sumar y coordinar acciones con el conjunto de los estatales de la CABA y con los Sutebas Multicolores por el pago del medio aguinaldo completo. El mismo lunes, los SUTEBA se sumaron a la jornada de lucha contra el pago desdoblado del aguinaldo y otros reclamos a Kicillof, con un paro del trabajo “virtual”, mientras que SUTEBA Provincial Celeste y demás dirigentes del FUDB bonaerense (FEB, UDOCBA) se negaron a tomar ninguna medida de fuerza. Y realizarán una reunión de las directivas Multicolores abierta a dirigentes opositores de los distritos que dirige la Celeste, para definir la continuidad del plan de acción.

Hay que seguir exigiendo que se aplique ya un impuesto a las riquezas y movilizar para ello. Los dirigentes de la Celeste, Yasky, Baradel, Alesso, lo dicen, pero no hacen nada para imponerlo y dejan pasar el ajuste. Con ese impuesto, más el no pago de la deuda, tendremos los fondos necesarios para los problemas salariales, de educación, salud y demás necesidades populares.



Escribe Mariano Barba

En 20 días más, el gobierno provincial tratará de concretar su robo de la actualización por IPC, la gran conquista lograda en la enorme rebelión docente del 2018. Además,  anunció que puede pagar el aguinaldo en cuotas. Encima lleva adelante el vaciamiento del ISSN, nuestra caja de jubilaciones y la obra social. De esta manera el gobierno provincial, al igual que el nacional, aplica un ajuste tremendo sobre las espaldas de las y los trabajadores de la educación y sobre los estudiantes y las familias, a las que no abastece con la ayuda social necesaria ante la enorme carestía de alimentos y el aumento de la desocupación.

Ante las “acciones silenciosas” de la conducción kirchnerista de Guagliardo y la TEP de ATEN Provincial, desde la Minoría Multicolor de la directiva de Aten Capital, junto a otras agrupaciones opositoras, venimos desarrollando acciones en las calles, con movilizaciones, ollas populares, además de los paros virtuales. Hemos demostrado que sólo las acciones virtuales de la TEP no sirven y han sido un verdadero fracaso.

El jueves 18, realizamos una caravana imponente, que contó con 110 autos y recorrió gran parte de la ciudad para exigir todos los reclamos educativos planteados. Además, pasamos y nos detuvimos en el acampe de los trabajadores del Expreso Argentino que reclaman el pago de tres meses de sueldo y la restitución en sus puestos de trabajo. El lunes 22 hicimos un plenario de trabajadores de la educación, delegados y activistas opositores, que contó con una importante participación de 75 compañeros y compañeras, que debatimos durante dos horas tras el informe de la mesa. Hicieron uso de la palabra una treintena de participantes que analizaron la situación en el marco de la cuarentena, el ajuste del gobierno, las complicidades de las burocracias sindicales y la necesidad de seguir organizándonos en la calle para que la crisis no la paguemos nosotros, que la paguen los capitalistas.

Este importante plenario ratificó el rumbo de las acciones convocadas por la minoría Multicolor y decidió convocar a una segunda caravana para el jueves 1º  de Julio, que terminará en la escuela 115, que ha sufrido cinco robos durante la cuarentena y es la muestra del abandono educativo del gobierno. También se votó la convocatoria junto a todas las comisiones directivas de las seccionales opositoras a la realización de un plenario provincial de delegados y activistas para debatir y confluir con medidas en toda la provincia.

Al cierre de esta edición le estamos informando al  conjunto de la docencia que le arrancamos al gobierno la convocatoria a la cobertura de las vacantes de horas y cargos. Exigimos  que sea inmediato el llamado, porque las y los compañeros llevan tres meses sin trabajo y sin salario. La lucha sirve y demostramos que no hay cuarentena sin trabajo.







Hace unos días, sin previo debate ni con la comunidad educativa, sindicatos ni comisiones del Congreso, el gobierno hizo aprobar un cambio en el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional. Peronistas de todos los colores, Cambiemos y radicales no tuvieron “grieta” para aprobarlo. Solo los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, lo rechazaron.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

¿En qué consiste la modificación del artículo 109? A partir de ahora, la llamada “educación virtual”, que estaba reglamentada para alumnos mayores de 18 años y de zonas rurales, se extiende a todos los niveles educativos y en todo el país. ¿Por qué modificar la Ley de Educación Nacional (LEN), aprobada durante el kirchnerismo, sin siquiera debatirlo? El gobierno dice que es para “momentos excepcionales” como la pandemia. Pero no sería necesario modificar la ley, simplemente bastaría con un decreto de emergencia, mientras dure la cuarentena, que “reglamente” lo que estamos haciendo hoy.

Detrás de la modificación del artículo 109 está la política de profundizar e institucionalizar el negocio de las plataformas virtuales, que hace años llevan adelante importantes multinacionales en todo el mundo.

Como explica Laura Marrone en su artículo “La educación en tiempos de pandemia, navegando en aguas turbias” (https://bit.ly/2MLL9s0), “Milton Friedman, el pope del neoliberalismo, propuso en la década del ´70 embestir al último bastión que sobrevivía fuera de la economía de mercado: la educación. En 2002 había ocho operadores en GEI. En 2011, 127”.  “La tecnología digital, la mayor estandarización de los currículos, de las evaluaciones y de las políticas educativas impuestas por los organismos internacionales favorecen la venta de servicios educativos sin fronteras. Las empresas han incursionado en las escuelas públicas y privadas vendiendo diversos servicios educativos (editoriales, evaluaciones, asesorías, cursos, plataformas digitales, etcétera) que les permiten fabulosas ganancias. Solo Gran Bretaña tuvo en 2003/2004 ingresos por 23 billones de libras por la venta de cursos, maestrías, doctorados a clientes en el extranjero, más que lo que obtuvo como ingresos por su industria de automóvil”.  “Clinton Global Iniciative (CGI) es la más grande fundación en Estados Unidos. La CGI opera como intermediario entre los gobiernos, las fundaciones y los proveedores. En 2006 logró juntar 63.000 millones de dólares, tiene filiales en 170 países.

Esta política mercantilista en la educación hace años se implementa en el mundo y la Argentina no es excepción. La LEN del kirchnerismo habilitó toda esta ofensiva contra la educación pública y los derechos docentes y con el gobierno de Cambiemos pegó un salto tremendo.

El gobierno de Fernández no rompió con esta política. Como escribe Laura Marrone: “El 5 de marzo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, acordó con la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundation, la realización de proyectos educativos en común. Esta fundación, creada en 1993 por George Soros, actúa en más de 37 países promoviendo proyectos educativos que, bajo el paraguas de la defensa de la libertad y los derechos humanos, pretende formar a estudiantes y profesionales en la ideología del neoliberalismo y el capitalismo financiero”.

Ahora el gobierno incorpora a la LEN la virtualidad en todos los niveles e indica que podrá utilizarse “en caso de existencia de situación excepcional que dificulte o impida la asistencia presencial ”. Esto, además, abre la puerta al sueño de todo gobierno patronal, de incluir a la educación en un mal llamado “servicio esencial”. No es para invertir todos los fondos necesarios a un sistema educativo público y estatal de calidad, sino para prohibir el derecho de la docencia a reclamar y hacer paros, tal como lo acaba de hacer votar Larreta en CABA. Insistimos, en estos temas no hay “grietas” entre peronistas, kirchneristas, Cambiemos y radicales.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad denunciamos que, mientras se amplía la ley para el negocio de las plataformas virtuales y para cercenar el derecho de huelga, hoy millones de estudiantes no pueden participar de clases virtuales por falta de conectividad y de computadoras, quedando más marginados  aún en plena pandemia. Y lo mismo ocurre con miles de docentes.

Apoyamos los reclamos de los sindicatos docentes combativos de la Multicolor, que los gobiernos garanticen ya conectividad gratuita y sin límite de datos, distribución de netbooks para todos, así como el respeto a la jornada laboral de la docencia. La ley que hace falta aprobar es la que declare la emergencia educativa para volcar los fondos necesarios para salarios dignos, infraestructura escolar y tecnológica, construcción de escuelas y aulas y nombramientos de los docentes, preceptores y auxiliares necesarios. Usando plata para educación, no para la deuda externa ni subsidios a la educación privada.

 

En estas semanas, justo cuando el frío empezó a pegar más fuerte, se empezaron a conocer datos de varios docentes que se contagiaron coronavirus, fundamentalmente en CABA y Buenos Aires. ¿Cómo es posible si las clases están suspendidas y los docentes estamos trabajando, de manera virtual, desde nuestras casas?

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La principal razón es que el gobierno nacional, el de Larreta, el de Kicillof y los intendentes municipales no están garantizando el reparto de comida a los sectores populares más necesitados (¡que son millones!), casa por casa, a través de sus organismos de Desarrollo Social destinados a esa tarea. Al declararse la cuarentena y suspenderse las clases, también la necesidad de garantizar la alimentación de los alumnos y sus familias, que en muchos casos no pueden salir a “buscar el mango”, se multiplicó. Pero los gobiernos no multiplicaron proporcionalmente los fondos para Desarrollo Social destinados a cubrir esas necesidades. 

En vez de nombrar a miles de personas, hoy sin trabajo, para que, con todas las medidas de seguridad necesarias, hagan el reparto de comida e insumos casa por casa en los barrios populares, decidieron utilizar a los docentes y auxiliares para ese trabajo en las escuelas. Además, a la mayoría no le garantizan todos los elementos de protección para evitar el contagio. 

Como alertamos desde Docentes en Marcha e Izquierda Socialista, esa metodología pone en riesgo la salud de docentes y de millones de familias pobres que deben hacer largas colas y retirar sus bolsones en las escuelas.

Ahora hay muchos casos de docentes contagiadas justamente en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires (Soldati, Lugano) y Gran Buenos Aires (La Matanza, Lomas de Zamora). La mayoría son compañeras que fueron voluntariamente a colaborar a sus escuelas. Automáticamente, ellas, sus familias y las demás compañeras que estuvieron en la tarea deben pasar a cuarentena, esperando no ser, también, portadoras del Covid-19. Y las familias que estuvieron en contacto con ellas también están con esa incertidumbre.

Todo esto, insistimos, podría haberse evitado. Pero los gobiernos no sólo no quisieron invertir en lo necesario para evitar estos riesgos, sino que inventan fundamentos para sostener esa política irresponsable. Por un lado dicen que en las escuelas se pueden centralizar los datos de las familias más necesitadas. ¡Pero justamente en las escuelas tenemos esos datos, con dirección de todos, y el gobierno podría organizar la entrega en las casas! 

Por otro lado, desde el gobierno aprietan a docentes para que vayan con nuevos “protocolos” diciendo que sería obligatorio asistir para no ser sancionado, como parte del “vínculo pedagógico con la comunidad”. ¡Una vergüenza! 

En realidad, ningún docente va porque tenga miedo a una sanción. Van voluntariamente porque prima la solidaridad con las familias pobres de sus alumnos y, al ver que el gobierno no lo garantiza, están dispuestos a arriesgar su salud. 

Si bien hay miles de docentes voluntarias, el propio gobierno reconoce que cada día se le hace más difícil conseguir la cantidad necesaria, porque hay razonable miedo a los contagios. Por eso los gobiernos están pensando en hacer un solo reparto por mes, de mayor cantidad de productos, y otras variantes. 

Pero la única solución para garantizar la comida e insumos para millones de familias pobres, o sin ingresos actuales por la cuarentena, sin que se expongan al contagio, es que los gobiernos inviertan el dinero para nombrar el personal de Desarrollo Social necesario para repartir, con todos los elementos de seguridad protocolares, casa por casa y con toda la comida e insumos que cada familia precise. 

Para hacer esto hay que tomar la decisión política de hacer un fondo de emergencia. Desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha seguiremos exigiendo al gobierno que se haga cargo y garantice sus obligaciones sin arriesgar la salud de los docentes y de las familias. 

 

El pasado jueves 7 de mayo, desde Ademys convocamos a una concentración en la Legislatura porteña a propósito del tratamiento del proyecto de ley de emergencia presentado por Rodríguez Larreta. Esta importante movilización se convirtió en la primera acción en las calles por parte de los trabajadores ante los ataques que venimos sufriendo con las distintas medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno de la Ciudad.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys y dirigente de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

La marcha fue propuesta por la comisión directiva de nuestro sindicato y puesta a consideración de la docencia en la primera y numerosa asamblea abierta virtual convocada en el período de cuarentena, de la que participaron más de 250 docentes, que resultó aprobada por amplísima mayoría. Esta movilización fue acompañada por un paro de actividades virtuales que expresó, no solo el contundente rechazo a este proyecto, sino al conjunto de medidas que vienen tomando Larreta y el Ministerio de Educación macrista, que transforman a la actividad docente en verdaderas jornadas de agobio laboral y sobreexplotación. Se han profundizado además los niveles de desocupación de los docentes por la falta de cobertura de todos los cargos de las plantas funcionales de las escuelas desde la implementación del aislamiento obligatorio a partir del 14 de marzo, ya que el gobierno no realiza los actos públicos que podrían ser virtuales, como reclamamos desde Ademys. También se pronunció la asamblea por hacer un llamado público a todos los sindicatos de trabajadores de la Ciudad a realizar la concentración de manera unitaria.

Esta ley de emergencia viene a colocar nuevamente todo el peso de la crisis fiscal, por la falta de recaudación, en los trabajadores estatales. Entre las medidas que establece se encuentran, por ejemplo: el congelamiento de las vacantes en el ámbito dependiente del Gobierno de la Ciudad, el recorte de bonos e incentivos y el congelamiento salarial. No hay una sola que afecte a los grandes contribuyentes ni que ponga en riesgo el pago de la deuda pública a los acreedores, que siguen garantizando enormes ganancias.

La burocracia sindical kirchnerista de la UTE-Ctera, ATE Capital y Agtsyp (Subte) no solo no  movilizaron, sino que tomaron el retiro de la posibilidad del pago en cuotas del salario como el fin de sus críticas al proyecto desalentando la movilización unitaria y boicoteando la medida entre los trabajadores. Nada dijeron ni dicen sobre el congelamiento salarial que garantiza la suspensión de las paritarias para la segunda etapa del año, asestando un duro golpe al bolsillo de los estatales. Hay un motivo de peso en esta vergonzosa decisión gremial: el congelamiento salarial será dispuesto más temprano que tarde por todos los gobernadores oficialistas en el marco de la "unidad nacional" para que la crisis la paguemos los trabajadores. Y esto es impulsado por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Esta complicidad quedó más en evidencia cuando, al otro día de aprobarse esta ley de ajuste, Fernández y Larreta brindaron una conferencia de prensa en común para seguir flexibilizando la cuarentena. Llamamos a los trabajadores a sacar conclusiones de estos hechos y a repudiar la falta de autonomía de sus organizaciones sindicales.

Sí estuvieron presentes y fueron parte de la concentración los sectores ligados al sindicalismo combativo como ATE-Ministerio de Economía, con su delegado general Pablo Almeida; Promoción Social, Ministerio de Trabajo, INTI, los trabajadores del hospital Garrahan, AGD-UBA, los enfermeros de la Interhospitalaria y los residentes y concurrentes médicos. Estas organizaciones sindicales, democráticamente, y enfrentando la decisión de las conducciones sindicales de la CGT y las CTA, se sumaron a la convocatoria de Ademys, confluyendo en las calles. También se contó con la presencia del Suteba La Matanza, diputados y legisladores del FIT Unidad y la adhesión de las seccionales Multicolor del Suteba, así como también de la junta interna del Indec, entre otros.

Desde Ademys y el sindicalismo combativo seguiremos impulsando la coordinación de las luchas y la organización de los trabajadores por un aumento general de salarios, la exigencia de convocatoria a la Mesa Salarial, el llamado a actos públicos virtuales para la cobertura de los cargos vacantes en educación y por una verdadera ley de emergencia, pero para imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas y las multinacionales y por el no pago de la deuda externa para garantizar las medidas sanitarias necesarias para hacerle frente a la pandemia y también defender los derechos laborales y económicos de la clase trabajadora y los sectores populares. 



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