Jan 26, 2022 Last Updated 5:35 PM, Jan 26, 2022

Prensa Izquierda Socialista

En la sesión maratónica del 5 de diciembre, donde se tratarían 29 proyectos de ley entre los cuales se autorizaría el remate de más de 100 inmuebles públicos, el PRO metió el martes 3 por la ventana otro, por el cual se venderían tres inmuebles dependientes del Consejo de Derechos de Niñas, niños y adolescentes, donde funcionan unidades penales de régimen cerrado para niños, niñas y adolescentes para la construcción de un nueva unidad de detención en el Barrio Ricciardelli (ex Villa 1-11-14).

Se trata del edificio y predio que corresponde al Centro de Régimen cerrado " Gral. San Martín" en calle Baldomero Fernández Moreno 1783 y Curapaligüe 727, valuado en 14,5 millones de dólares, del Centro de Régimen cerrado "Manuel Rocca" en calle Segurola 1651, en desuso desde 2014 a causa de un incendio, valuado en  10,8 millones de dólares y del Centro de Admisión y Derivación, C.A.D., ex- Instituto Inchausti, en calle Perón 2048, valuados en 1,2 millones. Con el cierre de estos tres predios el gobierno de Larreta garantiza un negocio que rondaría los 26,5 millones.

La venta de estos terrenos, situados en barrios y zona céntrica codiciados por los especuladores inmobiliarios, se argumenta que serviría para solventar la construcción de un nuevo Centro de detención para niñas, niños y adolescentes en la manzana 38 Sección 44, Circunscripción 1, frente a la Villa 1-11-14, cuya construcción se estima en un costo de 18 millones de dólares. No casualmente, pasando los centros en frente de un barrio de emergencia, una población totalmente despreciada por el gobierno del PRO. ¿A dónde van a parar los 8,5 millones de diferencia entre la venta de estas tierras y la construcción del nuevo centro de detención? Una posibilidad es que vaya al 20% establecido por norma que permite sobreprecios en cualquier licitación sin ningún control del estado, para enriquecer los bolsillos de las empresas privadas

El negocio cierra redondo. Mientras el Gobierno nacional presenta el proyecto de ley de baja de la edad de punibilidad y la oposición apoya discutiendo la edad precisa de esa baja, el Gobierno de la Ciudad se prepara para ampliar la cantidad de alojamientos  al previsible aumento de la población de niños y adolescentes presos y  trasladando su asentamiento al lado de la villa, al tiempo que ofrece un fabuloso negocio inmobiliario.

Sin duda, los actuales edificios que alojan a niños y adolescentes bajo custodia penal, son tortuosos, vetustos e inadecuados. Sin embargo de lo que se trata no es de pensar cómo hacer nuevos y más concentrados, sino más bien de revisar toda la política hacia los adolescentes en situación de riesgo, las políticas de empobrecimiento y marginalidad creciente de nuestra niñez y adolescencia para prevenir situaciones delictivas, y para que puedan ser recuperados para una vida social plena en lugares de resocialización.

Pero además, la manzana pensada para la construcción del nuevo centro de detención fue propuesta por un proyecto de ley Expediente 2832-2019 del FIT para destinarse a  la construcción de una plaza, una escuela primaria y una nueva sede de la Escuela superior de Enfermería Cecilia Grierson.

En el Barrio Ricciardelli habitan   53.000  personas, según estimaciones del IVC en 2018. La Villa, que tiene ley de urbanización no cumplida desde el año 2000  no poseen espacio de recreación pública. Según la Organización Mundial de la salud le corresponderían  Un barrio carente de servicios públicos, con crisis de vacantes en educación y de urbanización, y es justamente uno de los barrios que más precisan un espacio público y verde para niñas, niños y adolescentes.

En la Comuna 8 a la que pertenece este barrio faltan más de 300 vacantes solo para primer grado del nivel primario cada año, faltan vacantes en el nivel medio e incial, falta un Centro educativo para niños con tiempos y espacios singulares, CENTES. Y es necesario una nueva sede de la escuela de enfermería Grierson ya que faltan casi 5.000 vacantes por año para esta especialidad en nuestra ciudad.

En cambio, el PRO quiere construir una cárcel frente a la villa. No olvidamos que está pendiente el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso. Para esta niñez y adolescencia, que no tiene vacantes, con padres sin trabajo, en un barrio sin urbanizar, el PRO le facilita su pase a la cárcel con solo cruzar la calle...una verdadera crueldad.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda rechazamos el proyecto del PRO que busca nuevos negocios inmobiliarios para los especuladores inmobiliarios. Asimismo, nos oponemos a todo intento de bajar la edad de imputabilidad y crear nuevas cárceles para niños, niñas y adolescentes. No es con mas mano dura que terminaremos con la inseguridad. Hay que partir de un Plan económico alternativo que comience por el no pago de la deuda externa y que destine ese dinero a salud, educación y vivienda y a un plan de obras públicas para dar trabajo. De esa manera podremos empezar a combatir la pobreza en el país.

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El Observatorio de la Deuda Social (UCA) acaba de señalar que la pobreza creció al 40,8% de la población urbana (16 millones de pobres) y llega a 18 millones de pobres si se incluye a la población rural. Y casi el 60% de los chicos menores de 17 años viven en hogares pobres. 

 
Juan Carlos Giordano, diputado electo por Izquierda  Socialista en el FIT Unidad, señaló: “La pobreza crece culpa de un plan económico al servicio de cumplir con los pagos de una deuda usurera y fraudulenta en vez de combatir este tremendo flagelo social. La pérdida salarial, jubilatoria y de los planes sociales es lo que explica que la pobreza aumente, mientras los grandes empresarios, multinacionales, privatizadas y usureros internacionales se llevan la plata en pala”. 
 
 
Giordano agregó: “El propio informe de la UCA señala que “las reiteradas devaluaciones, el aumento de la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo y las medidas de ajustes acordadas con el FMI explican el deterioro. ¿Qué hacer entonces? ¡Lo opuesto! Aumentar los salarios y jubilaciones, anular los tarifazos, prohibir los despidos y suspensiones y suspender ya todos los pagos de la deuda para poner esos fondos a combatir de manera urgente el hambre y la pobreza estructural como proponemos desde el Frente de Izquierda.”
 
 
Giordano finalizó: “Este índice salió después de que Macri y el peronismo votaran la ley de emergencia alimentaria disponiendo $150 para los comedores diciendo que de esta forma combatían el hambre. Una farsa total. El propio Alberto Fernández dijo que su prioridad va a ser “combatir la pobreza” pero a la vez dice que va a pagar una deuda que el pueblo no contrajo. Un doble discurso total. O se paga la deuda o se combate la pobreza, todo lo demás es una gran mentira”.
 
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El presidente ajustador y asesino de Chile, Sebastián Piñera, fue invitado a la jura del presidente electo Alberto Fernández para este martes 10 de diciembre. 

El diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT unidad, Juan Carlos Giordano, señaló: “Piñera es repudiado masivamente en Chile. Movilizaciones multitudinarias condenan a diario su “modelo” capitalista de saqueo y las tremendas violaciones a los derechos humanos. Es un presidente que tiene las manos manchadas de sangre. Piñera tiene un índice de popularidad del 4% en su país. Por todo esto repudiamos que sea recibido con todos los honores en Argentina”.
 
Giordano finalizó: “Desde Argentina venimos apoyando la heroica lucha del pueblo chileno por ¡Fuera Piñera! y desde Izquierda Socialista en particular exigimos que se rompa relaciones diplomáticas con Chile para aislarlo internacionalmente como contribución a la lucha de ese pueblo para que se vaya. Alberto Fernández objetó la venida del gobierno golpista de Bolivia, pero invitó al asesino Piñera, algo que repudiamos.”
 
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Este lunes 16 de diciembre hubo un paro en varias líneas de colectivos de la línea que controla la patronal DOTA. Se esgrimió que el detonante fue el despido de un delegado con fueros gremiales y la bronca ante las negociaciones salariales por parte de la repudiable burocracia sindical de la UTA al mando de Roberto Fernández. 

 
Los hechos desencadenaron que en el transcurso del día sectores opositores a Fernández que responden al dirigente sindical Bustinduy, ligado a Hugo Moyano y a la patronal de DOTA, ocuparan la sede central de la UTA desalojando por la fuerza a la burocracia de Fernández. Fernández se resguardó en el techo del sindicato y la justicia por estas horas lo estaba sacando de la sede sindical con un enorme operativo policial.
 
Fernández viene siendo repudiado desde hace tiempo por ser funcional a las patronales y a los gobiernos de turno, siendo cómplice de cada ataque a los derechos laborales de los choferes, los salarios a la baja, despidos, suspensiones y superexplotación laboral. Pero como dicen los delegados antiburocráticos del gremio, el sector que responde a Bustinduy no es ninguna salida. Viene dejando pasar los despidos y muchos dicen que es la “fuerza de choque de DOTA”, empresa que, como el resto de las patronales del transporte, provocan vaciamientos empresariales y viven de los fuertes subsidios estatales, atacando a los trabajadores.
 
Repudiamos a Fernández y desde el sindicalismo combativo venimos diciendo que hay que echar a estos burócratas, pero no confiamos en la oposición que responde a Bustinduy en la UTA.
Exigimos a Bustinduy y a quienes se postulan en reemplazo de Fernández a que llamen a asambleas y cuerpo de delegados para implementar un verdadero plan de lucha en todo el gremio de la UTA para frenar los despidos, reincorporar a los trabajadores cesanteados en el último tiempo, reclamar un salario igual a la canasta familiar y por el desprocesamiento de compañeros por luchar. En el marco de pelear por un sindicato independiente de las patronales y del gobierno, para lo cual necesitamos nuevos dirigentes que no tengan compromisos con ninguna patronal ni gobierno de turno.
 
Fernández se tiene que ir y rechazamos cualquier intervención del Ministerio de Trabajo. Una comisión de delegados de diferentes líneas debe hacerse cargo del sindicato para organizar la inmediata convocatoria a elecciones sin proscripciones, terminando con el estatuto proscriptivo y antidemocrático de la UTA, para que sean los trabajadores los que definan la conducción y los destinos del sindicato.
 
 
16/12/2019, Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.
 
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El gobierno está enviando una ley ómnibus al Congreso denominada “ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Una ley de emergencia con plenos poderes para afrontar, dicen, la delicada situación social. Dicha ley contaría con el aval de los gobernadores de Cambiemos y de sus diputados y senadores, salvo en cuestiones parciales como los plenos poderes para el Poder Ejecutivo. También la apoyarían los parlamentarios de Lavagna y tendría un tratamiento ultra exprés para aprobarlo esta semana.

La ley está presentada por el gobierno como que va a combatir los graves problemas sociales dejados por Macri.
Muchas de las medidas previstas causan simpatía entre el pueblo trabajador (bono a jubilados, tarjeta alimentaria a madres con hijos, rebaja parcial de los medicamentos, etcétera). ¿Pero qué esconde la ley? ¿Va a solucionar los graves males sociales? Opinamos que no. Porque mientras dispone paliativos parciales como son los bonos o plus para jubilados que cobran la mínima o a beneficiarios de la asignación por hijo, o va a restituir los medicamentos gratis a los abuelos que cobran la mínima, la ley tiene como centro el reconocimiento del endeudamiento de Macri (disponiendo la renegociación y pago de la usurera y fraudulenta deuda externa) y el mantenimiento del robo de las privatizaciones, entre otras disposiciones.

La ley dispone autorizar al Ejecutivo a “renegociar” la deuda externa con el objetivo de “tener un programa de deuda a 20 años con sustentabilidad en los vencimientos”. Con esto le quieren hacer pagar al pueblo trabajador por décadas una deuda que no contrajo, algo que el Frente de Izquierda Unidad siempre se opuso. Como dijimos en la campaña electoral, hay que hacer lo opuesto, desconocer el pacto con el FMI y que Argentina deje de pagar esa deuda usurera e ilegítima para que la plata vaya a salario y trabajo, no a los usureros internacionales.

La ley toca aspectos muy sentidos (jubilaciones, emergencia en salud, impuestos, etcétera), pero en muchos casos son medias tintas que no resuelven ningún problema de fondo. Los bonos de $5.000 para los jubilados que cobran la mínima para diciembre y enero y el cambio en la fórmula para indexar sus ingresos (para no dar el aumento por inflación del año pasado que llegó al 55%) implica que no se les está dando a los jubilados un aumento sustancial hasta cubrir por lo menos la pérdida del 20% que se produjo en la era Macri y recuperar lo perdido ante la inflación. Tampoco se reestablece el 82% móvil.
En relación a los salarios se habla de que se podría otorgar una suma fija de entre 6.000 y 8.000 pesos a cuenta de futuros aumentos y con paritarias que se suspenderían por 6 meses (como anunció la CGT), lo cual está lejos de recuperar lo perdido.

Sobre las tarifas de los servicios públicos la ley dispondría congelarlas hasta junio, pero no retrotrae los tarifazos siderales que impuso Macri de la mano de las patronales del sector, generándoles siderales ganancias. Y mantiene el robo de las privatizaciones, es decir, el saqueo privado de nuestros servicios públicos esenciales por parte de multinacionales saqueadoras. Al contrario, consideramos que lo que hace falta es anular los tarifazos y recuperar las empresas privatizadas para que pasen a manos del Estado, quien brinde un servicio eficiente y accesible para millones bajo control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios.
Lo mismo pasa con los medicamentos. Si bien se rebajarían los mismos en un 8% (cuando en muchos casos aumentaron hasta un 5.000 por ciento), lo que hace falta es retrotraerlos al valor de 2015, castigar a los remarcadores (laboratorios y grandes farmacias) y disponer que el Estado empiece a fabricar medicamentos gratuitos para millones.

La emergencia económica dispondría una fuerte suba de impuestos, ¿A quién y a qué sectores? ¿Qué se dice de los tremendos impuestos que paga el pueblo? No solo se van a mantener, sino que se van a eliminar hasta la rebaja del IVA de la canasta familiar y/u otros que el gobierno de Macri estuvo obligado a dar ante la extrema gravedad social y su crisis política. Se habla de una moratoria impositiva para las medianas y pequeñas empresas; "Bienes Personales" (el llamado “impuesto a la riqueza”) volvería a las alícuotas de 2015 (que eran mínimas comparadas con otros países) y las retenciones al campo no significaron un mayor impuesto, sino una actualización, ni se dispone diferenciarlas, según se trate de grandes terratenientes (para que paguen más) y pequeños productores (paguen menos). Lo que hace falta son impuestos progresivos a multinacionales, terratenientes y grandes empresarios que se la llevaron en pala en todos estos años.

A esto hay que agregar que el gobierno implementó un decreto que no prohíbe los despidos y suspensiones sino que fija una doble indemnización, permitiendo que siga la desocupación.

Sobre los “poderes especiales” para uso discrecional del gobierno, si bien dicen que sería para eliminar trabas que permitan implementar “medidas sociales”, sabemos que siempre terminan en contra del pueblo trabajador.

Además de los términos de la presente ley, el gobierno prepara una ley especial para beneficiar a las multinacionales expoliadoras de nuestro petróleo y el gas en Vaca Muerta y la burocracia del Smata acaba de anunciar el impulso de una ley para la industria automotriz que, seguramente, brindará nuevas disposiciones beneficiosas para las multinacionales del sector y más sacrificios para sus trabajadores. Asimismo, el gobierno ya manifestó que la flexibilización laboral va a avanzar por gremio.

Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un pacto social de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, mientras las ganancias capitalistas siguen su curso.

En definitiva, si se va a pagar la deuda, mantener las privatizaciones, nada se dice de cómo frenar la fuga de capitales y se exime de impuestos a los empresarios, entre otras medidas, mientras se disponen solo paliativos para los que menos tienen, no habrá solución a los males sociales. Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llama a luchar por una salida de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, 17/12/2019.



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