El Senado y Cámara de Diputados...

Proyecto de ley de emergencia de Salud Pública

ARTÍCULO 1º: Creación del Sistema Nacional Único de Salud. Por la presente se crea el Sistema Nacional Único de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que reunirá la totalidad de los establecimientos sanitarios estatales, incluyendo los provinciales y municipales, los cuales pasarán a la órbita del estado nacional. Esta medida incluye las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos. Lo mismo será para todo el personal que presta servicios en estas dependencias que pasarán a ser empleados de planta permanente del Estado Nacional. Quedan derogadas la Ley de la Dictadura 17.102 que instituye los Servicios de Atención Médica Integrada para la Comunidad (SAMIC) y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 2º: Financiamiento. Se unificarán los presupuestos actuales de las distintas jurisdicciones en un fondo único. El mismo será inmediatamente duplicado proviniendo tal financiamiento de rentas generales y el no pago de la fraudulenta deuda externa.

ARTÍCULO 3º: Garantía de acceso y derecho a la salud para toda la población. Para garantizar el derecho a la salud a toda la población se establecerá la gratuidad absoluta de todas las prestaciones quedando abolidos los bonos de cooperadora y toda otra forma de “recupero” y copago. Se instaurará el boleto sanitario gratuito para ir y volver del establecimiento. Se extenderá el horario de atención desde las 7 a las 21 horas con la adecuada dotación de personal.

ARTÍCULO 4º: Distribución y organización del sistema. Los establecimientos, los recursos tecnológicos y los recursos humanos se distribuirán en base a criterios sanitarios y de complejidad creciente jerarquizando el primer nivel de atención como puerta de entrada y acceso al sistema. Los trabajadores de la salud participarán de la conducción de los establecimientos siendo elegidos por voto universal del personal.

ARTÍCULO 5º: Atención primaria de la salud. Se priorizará la Atención Primaria de la Salud (APS) a partir de los actuales Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) a los que se les dotarán los recursos físicos y humanos necesarios para su operación. Se adoptará el enfoque interdisciplinario para el funcionamiento de estos establecimientos como así también de las acciones territoriales del área programática.

ARTÍCULO 6º: Atención en Salud Mental con eje en la externación y recuperación social de los pacientes. La atención de la salud mental estará centrada en la externación y recuperación individual y social de los pacientes. A tal efecto se crearán bajo la jurisdicción del Estado nacional los dispositivos intermedios, como casas de medio camino y hospitales de día, que serán dotados del personal correspondiente a las distintas disciplinas que concurran a su funcionamiento. Los consumos problemáticos y/o abusivos de substancias y las adicciones, quedan en la órbita del Ministerio de Salud y no en la esfera de la Seguridad.

ARTÍCULO 7º: Medicamentos gratuitos para toda la población. La provisión de medicamentos a partir de la presente ley será de carácter gratuito y universal a cargo del Estado nacional. A tal efecto se implementará la producción estatal de medicamentos a partir de las instalaciones ya existentes en el ámbito estatal.

ARTÍCULO 8º: De la política de contratación de los trabajadores de la salud. Se procederá a cubrir las vacantes existentes a la fecha en todos los establecimientos. La plantilla de personal será determinada en base a criterios de necesidades sanitarias y no según la estadística de prestaciones. Quedan abolidas todas las formas de designación precaria de personal como becas, locaciones de servicios y otras. El personal que se hallare en esa situación pasará en forma inmediata a la planta permanente del Estado nacional. Se buscará la constitución de equipos estables que garanticen la continuidad y el mejoramiento de las prestaciones.

ARTÍCULO 9º: Condiciones laborales. Se implementará una política salarial que revierta el éxodo del Sistema Público y el pluriempleo de los trabajadores de salud. Una carga horaria de 36 horas semanales debe bastar para que puedan vivir dignamente. Para lograrlo se duplicará el salario actual de todos los trabajadores del Sistema Nacional Único de Salud. Se establece el 82% móvil para todos los trabajadores de salud jubilados.

ARTÍCULO 10º: Abolición de la tercerización. Queda abolida la tercerización de las prestaciones tanto de la atención sanitaria como de los servicios generales (limpieza, cocina, lavaderos, mantenimiento, administrativos, entre otros). Quedan disueltas las cooperadoras, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que actúen al interior de los establecimientos o que lo hagan en nombre de estos para recibir donaciones, ya que representan una forma encubierta de tercerización o de direccionamiento de la actividad sanitaria. En todos los casos mencionados el personal afectado pasará a la planta permanente. Se prohíbe el uso del nombre de los establecimientos públicos por parte de instituciones privadas para recibir donaciones.

ARTÍCULO 11º: De la educación permanente en salud. Se duplicarán las vacantes para residencias con igual salario que los trabajadores de planta permanente. Será obligatoria la capacitación del recurso humano dentro del horario laboral a tal efecto el Sistema Nacional proveerá la formación continua y la actualización de todos los trabajadores en forma gratuita.

ARTÍCULO 12º: De las Obras Sociales sindicales, estatales y el PAMI. Se establece el control por parte de trabajadores y afiliados de todas las Obras Sociales sindicales, de las estatales y del PAMI. Se procederá a la apertura inmediata de sus libros contables. Está prohibido a los dirigentes gremiales ser directivos de las obras sociales sindicales. Éstos últimos serán elegidos por voto universal de afiliados y trabajadores. La contabilidad será pública y de libre acceso.

ARTÍCULO 13º: Nacionalización del sistema. A partir de la sanción de la presente ley el sector privado de salud será nacionalizado (clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico y tratamiento, y la industria farmacéutica), sin indemnización alguna, incorporándose al Sistema Nacional Único de Salud, de propiedad estatal, gratuito y de excelencia para todos, con todo su personal, reconociéndose todos sus derechos laborales. Lo mismo valdrá para las Obras Sociales sindicales y el PAMI.

ARTÍCULO 14º: De forma.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que el sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes y legítimos reclamos de la población y los trabajadores del sector. Está claro que el gobierno de Macri (Cambiemos-PRO-UCR-CC) y los anteriores (el peronismo kirchnerista y otros) han tenido el objetivo de desentenderse del sistema de salud estatal, con el objetivo de fomentar el negocio privado capitalista de la salud.

Para revertir esto es que presentamos este proyecto de ley, que busca, por un lado, preservar el derecho del pueblo a tener una atención sanitaria universal, gratuita y de excelencia para todos mediante un sistema nacional de salud igualitario, con consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector. Y, por otro, terminar con el negocio capitalista privado de los mercaderes de la salud, de los cuales son cómplices los gobiernos de turno.

En todos estos años de gobiernos patronales y pro empresarios se ha generado un doble estándar de salud. Por un lado, un hospital público cada vez más desmantelado y deficitario para atender a millones (a pesar de que debería ser garantizado por los impuestos que paga el pueblo, y no lo es), donde los fondos públicos se usan para pagar deuda externa y no para invertir en la salud de los más desprotegidos. Por eso es que vienen decayendo los presupuestos de salud (nacionales y provinciales) mientras crecen los compromisos para pagar deuda externa. A tal punto que en 2017 el presupuesto nacional destina el 10% para pagar deuda externa, cinco veces más de lo que se destina al ministerio de Salud. Y, por otro, existe una medicina privada (prepagas y obras sociales, por la cuales hay que pagar), donde se atienden desde sectores pudientes hasta aquellos que fueron empujados a hacerlo, entre ellos importantes franjas de trabajadores y de sectores medios. Una política consciente para financiar y fomentar con recursos de la población el negocio capitalista de clínicas, sanatorios y laboratorios privados.

El sector público-estatal cubre a quienes carecen de obra social o prepaga (34% de la población). También lo hace con una gran parte de la población que por distintas razones no llega a utilizar su cobertura. Este es el sector que está en continua decadencia, la cual se manifiesta en el deterioro de la infraestructura, la carencia de tecnologías modernas y el éxodo de recursos humanos en busca de mejores retribuciones.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se redujo el presupuesto provincial (del 6,3% en 2016 al 5,5% en 2017), hay falta de medicamentos oncológicos, servicios cerrados, fuga de profesionales, falta de nombramiento de 1500 de ellos, 1500 becarios precarizados (5.000 en total en el sector) y graves problemas edilicios que ponen en riesgo a pacientes y trabajadores. La crónica diaria habla del calvario que deben padecer miles y miles de pacientes para lograr su atención. Guardias de fines de semana vaciadas de profesionales, interminables listas de espera para cirugía, falta de insumos, inseguridad de pacientes y trabajadores, son solo una parte de los problemas que derrumban al sistema público. Esto se suma al aumento de la pobreza, desigualdad y marginalidad social, haciendo cada vez más fuerte la demanda en los hospitales públicos que los gobiernos desatienden.

A su vez, los profesionales nucleados en la Cicop reclaman un aumento salarial del 40% contra el miserable 18% y en cuotas que les otorgó la gobernadora María Eugenia Vidal. Siendo una vergüenza que un profesional que recién ingresa perciba $17.000 por 36 horas semanales, o $20.000 el de guardia. Queda claro que lejos de “combatir los males del kirchnerismo”, como dice el actual gobierno, los ha profundizado.

Por otra parte, se extiende una forma de privatización encubierta a través de la derivación cada vez mayor al sector privado de prácticas que el estado paga con fondos que son restados al equipamiento y sostenimiento del sistema público. Completando este cuadro de extinción progresiva de la gratuidad de la salud, las cooperadoras y fundaciones obligan al usuario a pagar de su bolsillo las prestaciones e insumos que el sistema público debiera proveer y no lo hace. Sin descuidar que numerosas fundaciones y ONGs reciben donaciones en nombre de establecimientos públicos, sin que estos puedan ejercer el mínimo control sobre los mismos.

Completa el cuadro la enorme fragmentación del sector público en tres jurisdicciones (nacional, provincial y municipal), contribuyendo no solo a la anarquía organizativa y despilfarro de recursos sino al desentendimiento del gobierno nacional al no destinar los fondos suficientes para una correcta y suficiente cobertura, dejando en muchos casos a las provincias o municipios asfixiados económicamente, a que lo hagan de manera aún más deficitaria, agravando la desprotección.

Una propaganda oficial falaz intenta responsabilizar de esta decadencia a los trabajadores y profesionales del sistema, cuando la realidad es a la inversa: son ellos quienes sostienen con su esfuerzo cotidiano el funcionamiento del mismo. La causa hay que buscarla en la escandalosa penuria presupuestaria en la que los sucesivos gobiernos han dejado y siguen dejando a la salud pública.

El sector privado de salud está constituido por las empresas de prepago, un subsector de la seguridad social integrado por las llamadas obras sociales y un subsector público estatal. A su vez, las obras sociales pueden ser sindicales, estatales y el PAMI, reconociendo de esta manera distintos criterios de funcionamiento.

El subsector que comprende a las llamadas prepagas constituye un sector privilegiado, creando una gran desigualdad. Cubre a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud. Este porcentaje del gasto total es el mismo que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población. No acaba aquí la participación de la empresa privada en la salud.

Se calcula que la tercera parte del gasto en salud lo absorbe la industria farmacéutica y si a eso le sumamos los prestadores privados de la seguridad social nos encontramos que cerca del 70% de este gasto va a parar a la industria privada.

En cuanto al subsector de la seguridad social abarca a los afiliados a las obras sociales (56%). Éstas se financian enteramente con dos aportes que pone el trabajador. Uno, descontado del salario. El otro, aportado en forma indirecta también por el trabajador, pero bajo la forma de aporte patronal. Es decir que casi 26 millones de empleados y jubilados pagan de sus sueldos su propia atención. Esta enorme masa de dinero -administrada por los dirigentes sindicales y el gobierno nacional y los provinciales- va a parar a las empresas privadas de atención médica y a la industria farmacéutica, ya que la inmensa mayoría de las prestaciones se realizan a través de contratos entre los gremios, las obras sociales estatales (y el PAMI) con las clínicas privadas y no desde instalaciones propias. Se facilitan así negocios en perjuicio de la atención de la salud de los afiliados, generando corrupción y el “retorno”.

El deterioro del sector salud afecta también al recurso humano. Quienes trabajan para el estado padecen salarios ínfimos que los obligan al empleo múltiple y, de acuerdo a las jurisdicciones, sufren extremas desigualdades en su régimen de trabajo. En el ámbito privado los profesionales carecen de derechos laborales y el resto del personal está, en su mayoría, en relación de dependencia precaria mediante los llamados “contratos basura”.

Tanto en el ámbito privado como estatal no está prevista la formación de equipos permanentes y la capacitación continua, que es lo que corresponde para mantener una alta calidad de las prestaciones. Esta última carencia es compensada con el sobre esfuerzo de los trabajadores que, además de su pluriempleo, sostienen su actualización extendiendo la duración de su jornada laboral. El desgaste profesional prematuro de los trabajadores de la salud encuentra parte de su causa en esta sobre exigencia laboral inhumana.

El alto costo de los remedios, su uso irracional y el monopolio que ejerce la industria farmacéutica privada hace casi imposible el acceso a los mismos, sobre todo por parte de los jubilados. Se han dejado caer las instalaciones estatales aptas para la producción a bajo costo.

El concepto de Atención Primaria de la Salud nunca logró instalarse efectivamente en nuestro anárquico sistema de salud. La concepción abiertamente mercantil que promueve el gobierno actual (como parte de un gran negocio capitalista) lleva al abandono definitivo de este enfoque. En cuanto a la atención en Salud Mental no se han dado los pasos que permitan concretar los objetivos señalados para el tratamiento humanitario y digno de los pacientes.

El Decreto 908/2016 del presidente Macri, que instaura la pomposamente llamada Cobertura Universal de Salud, consolida la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente con el estigmatizante “carnet de pobre” y habilitar el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios. Este decreto presidencial, inscripto en las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, es por ahora el último de una larga serie de leyes, decretos y resoluciones de distintas jurisdicciones que a lo largo de décadas han tratado de imponer que, la atención en salud, sea pagada por los propios usuarios de los servicios, los cuales han contado con la resistencia de los trabajadores del sistema y la comunidad. Durante el gobierno peronista de Carlos Menem se hicieron los intentos más severos en este sentido. La movilización de los trabajadores junto a la comunidad derrotó estas políticas. Así sucedió con el intento de privatización del Instituto Nacional de Microbiología Malbrán, los Hospitales de Morón y San Miguel, y muchos más.

La Ley N° 17.102/66 llamada Ley SAMIC promulgada por el Dictador Onganía en 1966, sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, es la que pretende aplicarse ahora como panacea para la crisis actual en combinación con el Decreto 908. Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó y planificó, se cuentan por millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

Por todo lo expuesto consideramos que es necesario un instrumento legal radicalmente distinto al plan del Poder Ejecutivo Nacional, que no es más que una réplica de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales que dependen del imperialismo. Necesitamos la presente ley que fomente el hospital público, facilite la reorganización y centralización de los recursos y esfuerzos en un sistema nacional de salud único para garantizar al pueblo el disfrute de una salud pública universal, gratuita y de excelencia para todos en base a los fondos que se destinan a los pagos de la deuda externa. Y para que se termine con el negocio privado de la salud, que ha llevado a que pululen grandes empresarios ligados en muchos casos a multinacionales imperialistas, con ganancias siderales a costa de la salud de millones.

Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su apoyo al reclamo de libertad para Santiago Seillant, Secretario de Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) quien se encuentra detenido en la localidad jujeña de San Pedro desde el viernes 11 de agosto por luchar contra la precarización laboral que padecen miles de trabajadores municipales en la provincia.

Señor presidente:

Desde la banca de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda nos sumamos a la campaña nacional que distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas están llevando adelante, exigiendo la inmediata libertad de Santiago Seillant, Secretario de Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) quien se encuentra detenido en la localidad jujeña de San Pedro desde el 11 de agosto. Denunciamos el accionar violento de las fuerzas represivas, ordenadas por el gobierno de Gerardo Morales y Mauricio Macri (UCR-Cambiemos) que en vez de dar respuesta al reclamo de los trabajadores, reprime, criminaliza y apresa a los que salen a luchar por sus derechos.

Los trabajadores municipales de Jujuy vienen movilizándose por tres puntos: terminar con la precarización de más de 2.000 municipales en toda la provincia, jóvenes de entre 18 y 30 años que prestan servicio bajo la modalidad de contratos precarios jubilación con el 82% móvil y la unificación de los sueldos de todos los municipales, discutidos en paritarias y no impuestos por el gobierno. Estos tres puntos son las exigencias prioritarias de los trabajadores municipales y a los que el gobierno de Gerardo Morales desconoce.

El pasado 10 de agosto, en el municipio de Vinalito, ante la falta de respuesta por parte del gobierno los trabajadores salieron a la ruta a movilizarse y reclamar por estos tres puntos. El operativo policial impidió que se cortara la ruta y los trabajadores realizaron una manifestación hasta Libertador General San Martín. Allí, se produjo una feroz represión y detuvieron a diez trabajadores.

Al otro día en un inusitado operativo con treinta efectivos de la infantería, Santiago Seillant fue detenido en la calle, con total impunidad. Repudiamos este accionar represivo contra un trabajador que pelea contra la precarización laboral y exigimos su inmediata libertad. Y denunciamos este nuevo hecho de persecución y criminalización de la protesta por parte del gobierno provincial, sus fuerzas de “inseguridad” y la justicia al servicio de hacer pasar un brutal ajuste contra el pueblo trabajador mientras se destinan millones para beneficiar a los grandes empresarios, multinacionales y usureros internacionales vía los pagos de la fraudulenta deuda externa.

Por estos motivos, solicito a los diputados y diputadas que acompañen este proyecto de declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar los once allanamientos que se produjeron en la provincia de Córdoba en locales de organizaciones populares y de izquierda que participaron de la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil realizada el lunes 28 de agosto, entre ellos la sede central del Partido Obrero, el local del FOL del barrio Müller, el Ateneo Social Anarquista (barrio Güemes también), el Espacio Cultural San Martín, el Espacio Cultural Bataclana, del PTS, el local del Partido de la Victoria, la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad y Kasa Karacol, del FOB, donde funciona la radio Zumba La Turba.

Señor presidente:

El día jueves 31 de agosto se ha producido un hecho muy grave que atenta contra las libertades públicas y democráticas. La policía de Córdoba allanó locales de organizaciones populares y de izquierda que participaron de la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil realizada el lunes 28 de agosto del corriente.

Por la mañana de dicho día, la policía ingresó al local del FOL del barrio Müller, donde hubo tres personas demoradas. Según testimonios, la policía secuestró afiches y banderas. Luego, más tarde, fueron allanados el local central del Partido Obrero de la provincia, la Casa 1234 (barrio Güemes), el Ateneo Social Anarquista (barrio Güemes también), el Espacio Cultural San Martín, el Espacio Cultural Bataclana, impulsado por el PTS, el local del Partido de la Victoria, la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad y Kasa Karacol, del FOB, donde funciona la radio Zumba La Turba. Fuentes informadas desde la Fiscalía confirmaron once allanamientos en total. Además hubo tres detenidos.

Los allanamientos se produjeron invocando un hecho que se produjo luego de la movilización contra el gatillo fácil, por lo tanto ajenos a la marcha, transformando este hecho, por parte del gobierno, en un escándalo mediático, con vistas a armar una provocación contra las organizaciones populares. La orden fue dictada por el fiscal Gustavo Dalma por supuesta "intimidación pública". Las organizaciones denuncian que se intentó secuestrar material como pancartas, banderas y elementos de percusión.

El mismo día que se produjeron los allanamientos, se realizó en Córdoba y Buenos Aires una contundente respuesta del movimiento popular. Centenares de militantes de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, nucleadas muchas de ellas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, se autoconvocaron frente a la Casa de la Provincia de Córdoba, ubicada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar este atropello.

No podemos dejar de señalar que estos allanamientos se producen veinticuatro horas antes de la jornada nacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Consideramos que este ataque forma parte de una escalada política represiva contra las libertades públicas, al mismo tiempo que busca crear un clima de intimidación y provocación desde el mismo gobierno, intentando correr el foco de atención de la desaparición de Santiago Maldonado. El gobierno, que es incapaz de dar con Santiago Maldonado, y busca encubrir su propia responsabilidad, arma esta persecución contra quienes están luchando por su aparición con vida. En ese sentido, la intimidación que denunciamos busca dar un golpe a la convocatoria masiva que se está preparando para el 1 de septiembre a la Plaza de Mayo por la aparición con vida de Maldonado.

Llamamos a los/as diputados/as a repudiar estos hechos, que violentan las libertades democráticas, y a apoyar este proyecto de resolución como una expresión política de ello.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Repudio a la visita a nuestro país del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en nombre del estado genocida de Israel. La visita a Argentina tiene el objetivo de profundizar las relaciones políticas y comerciales entre Israel y el gobierno de Cambiemos encabezado por Mauricio Macri, que va a contramano del repudio mundial y del pueblo palestino a este representante del sionismo internacional.

Netanyahu resume el accionar terrorista y colonialista del estado sionista de Israel contra el pueblo palestino desde hace casi 70 años.

Asimismo, expresa su solidaridad y apoyo incondicional con la lucha del pueblo palestino, invadido y expulsado por imposición de un “estado” artificial, el de Israel, asentado en el genocidio y la ocupación racista y militar de su territorio.

 

Señor presidente:

Desde nuestra banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda (FIT) repudiamos la visita a Buenos Aires del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La misma fue anunciada desde el próximo 11 de septiembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos (Macri) como un hecho “histórico”, ya que sería la primera vez que un primer ministro israelí viene a Argentina desde la ilegítima fundación del estado israelí en 1948. La repudiable visita se plantea como continuidad de la política trazada en la reunión que tuvieron ambos mandatarios en Davos, en la que firmaron acuerdos de cooperación tecnológica, de aviación civil y de agroindustria.

Somos categóricos: estamos en contra de mantener relaciones políticas, comerciales, culturales, académicas, deportivas, sindicales o de cualquier otro tipo con el estado genocida de Israel.

Consideramos que esta vista no es solo un insulto al pueblo palestino, sino también al pueblo argentino, que cuenta con 2.000 detenidos-desaparecidos judíos en nuestro país como parte de los 30.000, a manos de la última dictadura militar, que recibió apoyo armamentístico, por supuesto, del estado de Israel.

Netanyahu cuenta con un largo prontuario de crímenes que reflejan la trayectoria del Estado de Israel. Participó en la guerra de los Seis Días en 1967 donde fueron anexionados Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Netanyahu es parte del partido de extrema derecha Likud, ejerciendo el gobierno israelí en cuatro mandatos, durante los cuales ha ordenado todo tipo de bombardeos y ataques indiscriminados contra la población palestina en Gaza. Es un aliado directo del presidente de Estados Unidos, el derechista, millonario, xenófobo y racista Donald Trump.

Viene el representante de un estado colonial considerado genocida por sus prácticas de limpieza étnica durante más de medio siglo, que han forzado a la mayoría del pueblo palestino a vivir en campamentos de refugiados y a estar disperso por el mundo. Se trata de un estado genocida desde el punto de vista de la definición vigente en la legalidad internacional.

Organizaciones de derechos humanos estiman que alrededor del 40% de los hombres palestinos que viven en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania pasarán en algún momento de sus vidas por las cárceles sionistas. Como ha resaltado el historiador israelí Ilan Pappé en una reciente visita a Buenos Aires: “Israel es un proceso en desarrollo permanente al cual es más apropiado referirse como de colonización que de ocupación, pues su objetivo final no es ocupar Palestina sino extinguirla”.

Bajo el actual gobierno de Cambiemos, Argentina e Israel firmaron un acuerdo sobre servicios aéreos lo que permitirá un “alto nivel de seguridad” en el transporte aeronáutico (Infobae, 15/03/ 2017). Nos preguntamos: ¿Cómo se van a hablar de “seguridad” al pactar con un estado terrorista? La renunciante canciller Susana Malcorra llegó a decir: "Vamos a profundizar la conexión de culturas afines. Esto es parte de nuestra estrategia de vincularnos con el mundo" (Idem). Nos preguntamos: ¿Cómo puede haber “culturas afines” entre nuestro pueblo -que viene luchando contra el genocidio de 1976/1983- con el sionismo de Israel, que masacra al pueblo palestino?

A tal punto es la complicidad por parte de los políticos patronales argentinos con Israel, que se ha conformado el Grupo de Amistad Argentina e Israel con diputados y senadores de nuestro país. Y los legisladores del PRO recientemente aprobaron nombrar a Netanyahu “huésped de honor” de la Ciudad de Buenos Aires, con la abstención del kirchnerismo y el voto negativo, por supuesto, de los legisladores del FIT.

Los medios informan: “Netanyahu vendrá con empresarios israelíes, esto se enmarca en los acuerdos de compra de armas por más de 200 millones de dólares de Argentina a Israel. Patricia Bullrich también confirmó la compra de 4 lanchas equipadas con armas de guerra por 50 millones de dólares y sistemas de vigilancia por 34 millones de dólares, en forma directa y sin licitación” (Resumen Medio Oriente, 5/9/2017). También se reveló que “Mauricio Macri, mientras era Jefe de Gobierno de Buenos Aires, visitó Jerusalén en 2014 para entrevistarse con Netanyahu. Allí expresó su “compromiso en la lucha contra el terrorismo”. Este hecho inédito convierte al representante de Argentina en el primer presidente del mundo en reconocer Jerusalén como capital del estado israelí, algo que siquiera Donald Trump, presidente de EE.UU. realizó” (Idem).

Denunciamos que Macri ha invitado a Netanyahu para seguir pactando con este verdugo del pueblo palestino. Su viaje y los acuerdos que se firmen van a contramano de la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel (BDS), que crece en el mundo. Más de 700 artistas de distintas latitudes anunciaron su apoyo al BDS en una carta abierta publicada en The Guardian ya desde febrero de 2015. Roger Waters, vocalista y bajista de Pink Floyd, dijo: “Me dirijo a ustedes hermanos y hermanas de la familia del rock and roll para pedirles que se unan a mí y a miles de otros artistas de todo el mundo para declarar un boicot cultural a Israel”.

Hasta la propia ONU emitió una Resolución (N° 2.334) el año pasado en la que se le exige a Israel poner fin a los asentamientos judíos en territorios palestinos, ya que los mismos violan los tratados internacionales.

Mientras Israel invadía El Líbano en 2006, los gobiernos del “falso progresismo” de Brasil, Argentina y Uruguay lo premiaban con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) Mercosur-Israel. Tratado que entró en vigencia en el 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (peronismo kirchnerista). Bajo el gobierno kirchnerista, a su vez, el ex jefe del Ejército, César Milani, según Adelanto 24, efectuó “una importante compra de elementos de control de comunicaciones y espionaje electrónico” a Israel (11/8/2016). La operación costó “más de 350 millones de dólares” autorizada por Oscar Parrilli y Carlos Zannini. Los mismos permiten “controlar y manejar” los contenidos de correos electrónicos, SMS, mensajes de voz y WhastApp, compra que se habría hecho por medio de la firma israelí TraceSpan Communications y triangulado vía París “para que no quedaran rastros”. Además, el gobierno kirchnerista había firmado un acuerdo de cooperación por parte de Israel en la modernización de 74 unidades del llamado Tanque Argentino Mediano (TAM), que tienen una antigüedad de casi 40 años, firmada por el ex ministro Agustín Rossi.

Con nuestra declaración no solo queremos repudiar la visita de Netanyahu, sino también denunciar la política de exterminio que lleva adelante el estado de Israel contra el pueblo palestino. Pueblo heroico que resiste desde hace 69 años la imposición de un estado artificial, asentado en la ocupación racista y militar sobre el territorio de Palestina. Actualmente, los palestinos constituyen una de las naciones con más refugiados en el mundo. Se estima que 5 millones, más de la mitad de su pueblo, están bajo esa condición.

Desde 1967 han sido detenidos 800 mil, el 40% de la población masculina, y más de 200 presos políticos fueron asesinados en las cárceles por parte del régimen fascista israelí.

Antes de la creación del Estado de Israel, en Palestina, durante muchos siglos, convivieron pacíficamente una mayoría de población árabe con una pequeña minoría judía. El sionismo hizo trizas esa situación desde que comenzó a poner en práctica su plan de “colonización” y ocupación militar de ese territorio. Con la ayuda directa del imperialismo británico, amo y señor de la región, difundió la falsa “historia” de tierras vacías que debían retornar a manos de sus legítimos pobladores desde los tiempos bíblicos (“una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”).

En 1947, y utilizando los justos sentimientos de solidaridad por la persecución a los judíos por parte del nazismo, lograron “legalizar” en las Naciones Unidas la ocupación de una parte del territorio (con la complicidad del stalinismo soviético). Hubo grandes protestas entre los palestinos, masivamente obligados a emigrar a los países árabes vecinos.

El 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel, fecha en la que culminaba la invasión de Palestina por parte del movimiento sionista, apoyada por los distintos imperialismos. Desde ese día comienza un plan sistemático de limpieza étnica, expulsando a 750 mil palestinos, destruyendo poblados para que no puedan regresar y asesinando a más de 15 mil palestinos.

Israel se desarrolló y siguió expandiendo con el apoyo económico y militar directo del imperialismo yanqui, sirviéndole como una especie de “portaaviones” terrestre enclavado en el mundo árabe, un gendarme de la contrarrevolución imperialista en Medio Oriente, como lo fue el Estado del apartheid sudafricano para África. Su propia economía es artificial, basada por un lado en el despojo permanente a los árabes y en la enorme ayuda económica y militar norteamericana. Israel se desmoronaría en meses sin el sostén de los yanquis.

Los fracasos de los “dos estados” provienen de las raíces irreconciliables del conflicto. Hay un pueblo, el palestino, invadido, expulsado y empobrecido. Y existe un “estado” artificial, Israel, asentado en el genocidio, la ocupación racista y militar de un territorio ajeno.

Aunque los sionistas se retiraron de la Franja de Gaza en 2005, mantienen desde entonces al territorio sitiado por tierra y mar: Gaza se ha convertido en la mayor prisión al aire libre del mundo. Un muro impide a su población circular libremente por tierra a otras áreas geográficas y tienen prohibido el paso al resto de Palestina. En Cisjordania, el sionismo expande cada día más sus enclaves: actualmente 600 mil colonos israelíes ocupan tierras palestinas, resguardados por el régimen de ocupación militar de 1967.

El historiador israelí Ilan Pappé, un referente que cuestiona la historia oficial sionista, señaló: “Soy judío y no entiendo el judaísmo como el derecho a ejercer la limpieza étnica”. Y afirma: “La solución de los dos Estados lleva muerta más de veinte años, las opciones son una solución de un Estado con igualdad de derechos o un Estado de apartheid, no hay tercera opción (...) Una solución justa debe contemplar los derechos de los palestinos que viven dentro del actual estado israelí, los derechos de los palestinos en Gaza y Cisjordania, y los derechos de los palestinos en los campamentos de refugiados en otros países”. Solo puede haber paz en la región con un estado único, laico, democrático y no racista en Palestina -lo que incluye al territorio que Israel actual considera suyo más Gaza, Cisjordania y Jerusalén-, con derecho al retorno de millones de refugiados y la devolución de sus tierras históricas. Esto significa un estado en el que no exista supremacía racial ni religiosa, donde ateos, judíos, cristianos, islámicos y otros credos convivan en igualdad de derechos culturales y políticos, y sean castigados los militares y políticos genocidas de Israel.

La reciente visita del presidente yanqui Donald Trump a Israel ha envalentonado al sionismo. Pero el triunfo en mayo de 2017 de la huelga de hambre de los presos políticos palestinos, acompañada de huelgas generales y grandes movilizaciones, demuestra que la causa palestina está más viva que nunca. “Los palestinos siguen rechazando la idea básica de la existencia de un Estado judío”, reconoció recientemente la vicecanciller israelí Tzipi Hotovely (El País, 1/6/ 2017). Ese es el fracaso fundamental del sionismo y la base de su futura derrota.

A los trabajadores, jóvenes, mujeres, organizaciones sindicales, sociales y políticas nos toca repudiar la visita de Netanyahu. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino llama a marchar el próximo 12 de septiembre. Allí estaremos.

Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su rechazo a las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, quien en el marco de las jornadas de reflexión por la desaparición de Santiago Maldonado y el Día del Detenido Desaparecido, realizadas en las escuelas de todo el país durante la última semana del mes de agosto, sostuvo entre otras cosas que los maestros y maestras “usan a los chicos” para “hacer política” con la desaparición forzada del joven, ocurrida en el marco de la represión a la comunidad Pu Lof Cushamen de la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut, a manos de la Gendarmería Nacional.

Rechazar asimismo cualquier intento de censura, amenaza y violentamiento de la libertad de cátedra y de opinión en las escuelas y manifestar su apoyo a la docencia, que asumió el compromiso de debatir sobre estos gravísimos hechos junto a los estudiantes y sus familias, tal como lo indican los contenidos y lineamientos curriculares elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación, que orientan en Argentina la labor de la docencia.

Señor presidente:

Atendiendo a que los derechos humanos constituyen lineamientos curriculares para la docencia en Argentina, durante la última semana del mes de agosto, en el marco de la desaparición del joven Santiago Maldonado y del Día Internacional del Detenido Desaparecido, los maestros y maestras del país impulsaron, junto a la comunidad educativa, jornadas de reflexión.

Las actividades que contemplaron dichas jornadas, que fueron promovidas por la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA), sus sindicatos de base y delegados que la integran, fueron impulsadas en todas las escuelas y como es habitual, contaron con un cuadernillo dirigido a la docencia, con propuestas didácticas para el trabajo en el aula, que surgen de los diseños curriculares que elabora el propio Estado, a través del Ministerio de Educación.

Partiendo de la enorme tradición de lucha que existe en Argentina contra la impunidad a los genocidas y por los derechos y las libertades democráticas, y a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida en el marco de la brutal represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad Pu Lof Cushamen de la provincia de Chubut, la docencia propuso debatir en las aulas sobre su desaparición forzosa, tal como la considera la fiscal Silvina Avila.

Cabe destacar al respecto que, en el marco de la enorme crisis política que abrió su desaparición, estas jornadas recibieron también un amplio apoyo de toda la comunidad educativa. Sin embargo, a pesar de este masivo apoyo, distintos funcionarios del gobierno de Cambiemos condenaron la práctica de la docencia y la acusaron de “hacer política” con la desaparición del joven, hecho que ocurre días antes de la movilización convocada para por un amplísimo arco de organizaciones de todo el país para exigir al Estado Nacional por su inmediata aparición con vida.

En este sentido fueron, por ejemplo, las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que los maestros y maestras “usan a los chicos” para “hacer política” de manera “canallesca”, afirmó que los cuadernillos “banalizan la tragedia más grande de nuestro país, que fue la dictadura” y sugirió que los docentes que se “excedan” podrían ser sancionados por los directores de las escuelas donde trabajan, buscando generar así un clima de amenaza, persecución y condena, tanto a su labor educativa como de la lucha por su aparición con vida, por la que también reclaman innumerables organismos y personalidades en todo el país y en el mundo.

Las preocupantes declaraciones de Finocchiaro, a las que se sumaron las de el titular del Sistema Federal de Medios Público Hernán Lombardi y las de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, no tardaron en alentar este procedimiento, y aunque las jornadas contaron con un contundente apoyo de la comunidad educativa, fueron denunciados casos puntuales de sanción a la docencia por parte de autoridades escolares, como sucedió en la Escuela N°6 de San Isidro, donde una profesora fue apercibida con un acta por la Dirección de la Escuela.

Señalamos por ello con preocupación que las declaraciones del funcionario atentan contra el pleno ejercicio de la libertad de cátedra y de opinión así como del derecho a enseñar y aprender sobre los derechos humanos y las libertades democráticas, que protegen -entre otras- la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que desde 1990 tiene fuerza de Ley en nuestro país y fue incluida en la Constitución Nacional en 1994, y la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Con la misma preocupación, destacamos que, como indica esta norma en su artículo 92, forman “parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones”, entre otros, “el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.633”.

Finalmente, advertimos que la desaparición de Santiago Maldonado preocupa a toda la comunidad educativa, y defendemos por ello que las escuelas asuman el compromiso de debatir junto a los estudiantes y sus familias, tal como lo indican nuestros contenidos curriculares, sobre este gravísimo hecho que atenta contra los derechos humanos más elementales.

Es por ello que rechazamos las mencionadas declaraciones y manifestamos nuestro repudio a todo intento de censura, amenaza y violentamiento a la libertad de cátedra y de opinión, de las que depende en que las escuelas sean verdaderos ámbitos de conocimiento.

Por los motivos expuestos, y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.