El jueves 8 de octubre se realizarán dos marchas por la defensa de Guernica y todas las tomas de la provincia y en contra de la represión. La primera tendrá lugar a las 11 hs en la Estación de La Plata para luego marchar a la Gobernación, es convocada por la Multisectorial de derechos humanos de La Plata, Berisso y Ensenada. La segunda será a las 16 hs de Congreso a Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Izquierda Socialista FIT-Unidad (MC), que estará en La Plata, señaló: "Nos movilizamos junto a delegadas y delegados de la toma de Guernica, con quienes estuvimos hoy, familiares de víctimas de Gatillo Fácil y organizaciones de DDHH para marchar a la Gobernación y exigirle a Kicillof tierras para vivir y basta de represión."

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista FIT-Unidad, quien participará de la marcha a Plaza de Mayo señaló: “Nos volvemos a movilizar en apoyo a las familias de Guernica, el gobierno en lugar de recibir al FMI y pagar la deuda debería garantizar viviendas dignas y construir las que hagan falta. No al Desalojo, todo el apoyo a las familias de Guernica, plan de viviendas ya.”

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Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

En su cuenta de Twitter, Alberto Fernández escribió el 28S: “La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI”. Una vez más, el presidente apela a su doble discurso, esta vez con un nivel de hipocresía y cinismo nunca antes visto. Parece olvidarse que él es el presidente y es el responsable número uno de que, a casi diez meses del inicio de su mandato, el aborto siga siendo ilegal en nuestro país. 

Lo que omite en su tuit el presidente, y no creemos que sea por falta de caracteres, es que en el Congreso ya está presentado el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene estado parlamentario y que lleva la firma de legisladorxs de todos los bloques políticos. Si de verdad le preocupara al presidente la salud y la vida de las mujeres, debería acompañar ese proyecto y, a la vez, hacer que se apruebe ya mismo. Pero no, él decidió ir por otro camino, el mismo que ya transitaron los gobiernos anteriores, la postergación del debate y la dilación del derecho al aborto.

Se cumplieron treinta años de aquella histórica Declaración de San Bernardo, en la que feministas de la región propusieron que el 28 de septiembre sea el día de lucha por la legalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. Desde 1990, el 28S se transformó en una fecha muy importante dentro del calendario feminista, en la que salimos a reclamar por nuestro derecho a decidir. Este año, con una particularidad, ya que por la pandemia se recrudecieron las restricciones en el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, lo que hace que nuestro reclamo por la legalización sea más urgente que nunca. Así es que se convocaron acciones callejeras y virtuales en todo el país para exigir que se apruebe el proyecto de la Campaña y el #AbortoLegal2020.

No es un dilema, es un derecho

En una nota publicada el 24/9/2020 en Página/12, la periodista Mariana Carvajal entrevistó a la dirigenta de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña, Marta Alanis. En el reportaje, que se titula “El conteo de los votos en el horizonte del proyecto por el aborto”, se advierte que si no se aprueba en 2020 no saldría por años. En la nota aparecen dos argumentos que no compartimos para nada. Uno sostiene que el año próximo, al ser electoral, no es conveniente que se debata en el Congreso el derecho al aborto porque divide a los frentes electorales de los partidos patronales. Y el otro afirma que se debe acompañar el proyecto del Ejecutivo, aunque nadie lo conozca hasta ahora, porque supuestamente atraería los votos del bloque oficialista en ambas Cámaras.

Desde Isadora e Izquierda Socialista nos parecen equivocados ambos argumentos porque apuntan a la desmovilización. Es decir, da la idea de que está todo cocinado, que solo es una cuestión de poroteo y que no nos quedaría más nada por hacer. Salvo esperar a que pase la pandemia, a que se pongan todxs de acuerdo y acompañen el proyecto de Alberto Fernández, a que no sea un año electoral, etcétera. Para nosotras es lo opuesto, porque jamás la conquista de un derecho se logró esperando, sino al revés, empujando desde abajo y presionando con la movilización. 

Por eso insistimos en que el derecho al aborto lo vamos a conquistar con la movilización feminista, independiente de los gobiernos de turno. Impulsamos el proyecto de la Campaña, que es el de la #MareaVerde, el que ganó el debate y las calles en 2018. No vamos a permitir que negocien con nuestros derechos. Y menos que se interpongan las iglesias, enemigas declaradas de las mujeres. Así como lo hicimos el pasado 28S  vamos a seguir movilizadas hasta que el aborto #SeaLey.

Este lunes 28 de septiembre se movilizarán en varias ciudades del país, por el día latinoamericano y del caribe por el derecho al aborto. En Buenos Aires la concentración será frente al Congreso a las 16HS. De la misma participarán distintas referentes del movimiento de mujeres, entre ellas la dirigenta de Isadora e Izquierda Socialista y parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Mercedes Trimarchi.

Trimarchi señaló: “Nos movilizamos para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que tiene estado parlamentario, que fue elaborado por el movimiento feminista y que recupera el debate de 2018.”

Trimarchi finalizó: “Mientras el presidente Alberto Fernández dice que el aborto no es prioridad, la pandemia del COVID 19 y las medidas de aislamiento social obligatorio profundizan los problemas de las mujeres y disidencias. No hay tiempos para dilaciones, Nuestras vidas no pueden esperar.”

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Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva décadas en nuestro país y tuvo un gran impulso durante 2018, cuando miles de jóvenes la tomaron en sus manos junto con el reclamo por la educación sexual. Con esa poderosa #MareaVerde se ganaron el debate y las calles. Pero el Congreso y sus legisladorxs radicales, peronistas, kirchneristas y de PRO, sin grieta que los separe, se encargaron de que la ley no salga, tal como querían las iglesias. Así se perdió la oportunidad histórica de adecuar nuestra legislación a lo que pasa en la mayoría de los países del mundo donde las mujeres sí pueden elegir sobre su cuerpo, su futuro y su vida.

Si miramos el mapa de la región, actualmente el aborto voluntario es legal solamente en Cuba, Uruguay, Guayana, Puerto Rico y en dos estados mexicanos (CDMX y Oaxaca). En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Surinam está prohibido totalmente. En el resto de los países está permitido por causales. Como en el caso de la Argentina que, desde 1921, es legal el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando afecta la salud o vida de la persona gestante. Por esta situación es que las feministas reunidas en San Bernardo declararon al 28 de septiembre como el día de lucha por el derecho al aborto, mientras se realizaba el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990.

Que se sienta nuestro reclamo

Alberto Fernández, que fue el primer presidente en reconocer en una asamblea legislativa de inicio de sesiones que el aborto debía dejar de ser clandestino, hasta ahora no hizo nada para legalizarlo en sus casi diez meses de gestión. Primero dijo que tenía el proyecto de ley listo, del cual solo sabemos que no es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y que estaría para ser presentado, pero del que hasta ahora nunca se lo vio. 

La realidad es que el presidente Alberto Fernández sigue negando el derecho al aborto y ahora quiere esperar a que pase la pandemia para, recién ahí, debatirlo en el Congreso. Sin embargo, mientras más se demore, las consecuencias de la clandestinidad siguen siendo muy graves para la salud y la vida de las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Es más, en lo que va de la cuarentena solo en la provincia de Buenos Aires murieron tres mujeres en los hospitales públicos por abortos inseguros y cientos de niñas violadas fueron obligadas a parir.

Un reciente informe de la ONG Human Rights Watch fue contundente al decir que en la Argentina se violan los derechos humanos de las personas gestantes a causa de la clandestinidad del aborto e instó al gobierno a que presente un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el informe, titulado “Es hora de saldar una deuda”, se recogen datos que surgen al entrevistar a personas que vieron en el modelo de causales del artículo 86 del Código Penal un verdadero obstáculo para acceder al aborto legal en la Argentina. La falta de protocolos para la interrupción legal de los embarazos (ILE) provinciales y municipales y la intervención de los agentes antiderechos que ponen trabas para que no se garanticen los abortos legales que ya existen desde hace casi cien años, son responsabilidad de los gobiernos de turno. Como también lo es el hecho de que, en nuestro país, las niñas violadas sean obligadas a parir. Por esta alarmante situación es que el próximo 28S, desde el Frente de Izquierda-Unidad, convocamos a una gran jornada de lucha por el derecho al aborto.  

La lucha por nuestros derechos es esencial

El 28S nos movilizamos en varias ciudades del país. En Buenos Aires vamos a concentrarnos frente al Congreso para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que tiene estado parlamentario, con firmas de más de setenta legisladorxs de todos los bloques políticos, que fue elaborado por el movimiento feminista y que recupera el debate de 2018. Ese es nuestro proyecto, el de la #MareaVerde, el que tiene que ser ley. El próximo 28S te invitamos a participar junto con Isadora de las actividades en todo el país y frente al Congreso. Vamos a conquistar el aborto y todos nuestros derechos.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Son más de 2.500 familias las que están sobreviviendo en Guernica, en la zona sur del conurbano bonaerense. El predio tiene unas 100 hectáreas aproximadamente y está abandonado. Es allí donde, con chapas, bolsas de nailon y algunas maderas, se armaron unas casillas precarias con las que vienen resistiendo el frío y las lluvias desde hace meses. La mayoría de las personas asentadas allí son las más afectadas por la crisis social y económica que deja la pandemia. Son personas que trabajan de changas, feriantes, o en casas particulares que en los últimos meses, por la falta de trabajo, han sido desalojadas de las piezas que alquilaban por no poder pagarlas.

Las mujeres que están allí con sus hijxs a cargo le enviaron una carta a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, titulares de los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Buenos Aires, respectivamente. Les piden que intercedan frente al desalojo inminente, pero por ahora las flamantes ministras no han dicho una sola palabra. Tampoco respondieron la carta. En el final del texto agregan que tienen miedo al desalojo y que esa decisión las arrojará nuevamente a la calle de donde vienen, y lo que están defendiendo es el derecho a la vivienda también de lxs tres mil niñxs que se encuentran allí.

El silencio de las funcionarias avala la postura de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes sí tienen una respuesta al problema de la vivienda, desalojo y represión. Es lo que pasó el viernes pasado en la toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza, municipio gobernado desde hace casi cuarenta años por el peronismo. Esto se suma al discurso de Berni, quien a través de un video publicado en las redes los primeros días de septiembre hizo propaganda de su política represiva. Se lo ve orgulloso, mostrando que desalojó 868 tomas de terrenos y que, producto de ello, encarcelaron a 524 personas.

Desalojo inminente

La orden de desalojo está en marcha y se espera que se ejecute entre el 23 y el 25 de septiembre. De concretarse, será una muestra más de cómo a este gobierno, por más que diga lo contrario, en realidad no le importan los derechos de las personas más humildes. Por eso, desde las organizaciones feministas y de izquierda estamos acompañando las tomas y su justo reclamo, el derecho a la vivienda. Sabemos que las tomas de tierras y el drama de la falta de viviendas no es una problemática nueva, sino todo lo contrario, lleva décadas por la falta de políticas públicas que resuelvan el grave déficit habitacional que hay en el país. Son 3,5 millones de familias las que no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en 4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país, según los datos del Observatorio Social de la UCA. Por eso insistimos en que la represión y el desalojo ejecutados por el gobierno no son una solución.

La pandemia está profundizando la miseria y la pobreza, en especial entre mujeres y niñxs. Ejemplo de ello es lo que se ve en la toma de Guernica, que muestra el crecimiento de la feminización de la pobreza. Las mujeres somos las primeras despedidas en épocas de crisis por tener los trabajos más precarios. Esta situación desigual es la que combatimos desde Isadora y te invitamos a organizarte con nosotras para transformarla juntas. Para ello es necesario pelear contra este gobierno que profundiza el ajuste contra la clase trabajadora con la excusa de la pandemia, mientras les garantiza ganancias millonarias a los poderosos de siempre.

Exigimos una solución inmediata al problema habitacional actual con la implementación de un plan de emergencia basado, en primer lugar, en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie, en una casilla, y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios. A la vez, peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de millones de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.