La diputada Graciela Calderón de Izquierda Socialista, y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentamos un proyecto de Ley para la reestatización de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

En estos ultimos dias se han sufrido enormes cortes de luz  que afectaron a gran parte del AMBA, siendo el acceso a electricidad un derecho basico que debe ser garantizado,  porque es un servicio público elemental.  No podemos dejar que el sistema de electricidad quede en manos de empresarios vaciadores que reciben millones de subsidios y tarifazos, como sucede con las empresas Edenor, Edesur, Edelap, entre otras.

Necesitamos que se anulen los contratos de concesion y se reestatice el servicio de energía eléctrica bajo el control de las y los trabajadores y sus usuarios, esta es la única manera de mejorar el servicio.

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

Estatización con control de trabajadores y usurarios de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

Artículo 1 - Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 - En los términos de la emergencia establecida, disponer la compra inmediata de los materiales y equipos (p.e., generadores eléctricos) necesarios, y la contratación en planta permanente de personal idóneo para realizar de manera perentoria la reconexión de los usuarios que se encuentran sufriendo cortes en el suministro de electricidad.

Artículo 3 – Otorgar un resarcimiento económico de pago inmediato para aquellos hogares y pequeños comercios, equivalente a las pérdidas materiales y económicas sufridas como consecuencia de los cortes del servicio. Los recursos necesarios para el pago de dicho resarcimiento deberán obtenerse de las ganancias de las actuales empresas privadas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.   

Artículo 4 - Declarar la nulidad absoluta de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos -leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones provinciales- que motivaron la transferencia a empresas privadas de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 5 - La anulación de dichos contratos se realiza sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido al momento de las concesiones.

Artículo 6 - A partir de la presente ley se estipula la estatización del servicio de electricidad. A tal fin se crea la empresa "Energía Eléctrica del Estado", 100% estatal, cuya participación nacional y provincial deberá ser establecida por ley nacional. El Estado reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de todo el sistema de energía eléctrica -incluida la generación, el transporte y la distribución-.

Artículo 7 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores/as y organizaciones de usuarios/as, elegidos democráticamente.

Artículo 8 - La empresa "Energía Eléctrica del Estado" reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones y al que fuera despedido a causa de planes de racionalización o achicamiento. 

Artículo 9 - Se incorporará con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente a los/as trabajadores/as que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el servicio de energía eléctrica.

Artículo 10 - Se crea una Comisión Investigadora especial compuesta por trabajadores/as del sector, elegidos/as democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema de energía eléctrica del ámbito concesionado al sistema estatal, facultada además con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos penales y civiles de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.

Artículo 11 - Comuníquese al P.E.

Artículo 12 - De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El martes 11 de enero un corte de luz masivo afectó a gran parte del AMBA, dejando a 700 mil usuarios sin servicio eléctrico. Familias y pequeños comercios quedaron sin luz y, como consecuencia, también sin agua. Los vecinos de los barrios afectados recuerdan que es algo repetido en cada verano. Incluso, el año comenzó con otro apagón masivo, desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero, que dejó a 190 mil usuarios sin luz.

Las empresas distribuidoras responsables de los cortes no son otras que Edenor, Edesur, Edelap y demás privatizadas, que vienen ganando millones hace años, ya sea con subsidios o tarifazos, a costa del pueblo trabajador. Debe recordarse que el gobierno de Mauricio Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, “dolarizando las tarifas”, afirmando que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una enorme mentira. Por su parte, el gobierno del Frente de Todos no retrotrajo ninguno de esos aumentos, manteniendo la estafa al pueblo trabajador e, incluso, habilitando aumentos del 20% para enero y febrero, que se verán reflejados en las boletas de marzo y abril. Sólo en 2021 las empresas privatizadas de la energía recibieron subsidios por más de 9.000 millones de dólares, según el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. Pero durante estos años las empresas utilizaron los subsidios para enriquecerse y no para mejorar el servicio. Así, por citar un ejemplo, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata ya en 2017 denunciaba que “Edea S.A. recauda millonarias sumas anuales que gira fronteras afuera a final de cada ejercicio. Sin inversión en el servicio, sin contratar el personal necesario, con un solo Centro de Atención en Mar del Plata para 500 mil usuarios” (18/01/2017).

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que se debe declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, tomando todas las urgentes medidas necesarias para reestablecer el suministro eléctrico a hogares y pequeños comercios. Asimismo, se deben anular los contratos de concesión y estatizar el servicio de energía eléctrica, bajo control de los/as trabajadores/as y usuarios/as, única manera de mejorar el servicio y terminar con la usura de las empresas capitalistas que hacen negocios con la necesidad del pueblo trabajador.

El actual sistema eléctrico es la consecuencia de las privatizaciones de SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, las tres empresas estatales que proveían electricidad hasta 1992. El gobierno de Carlos Menem, con el apoyo de todos los partidos patronales, privatizó el sistema de energía eléctrica, amparándose en la ley 24.065 y de esta manera desintegró el sistema, dividiéndolo en varias empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras, mismo esquema que existe hoy en la provincia de Buenos Aires. Esta reforma habilitó a que grupos de empresarios extranjeros y nacionales, lucren con un servicio público esencial como es la electricidad.

Desde entonces, las empresas privatizadas recibieron abultados subsidios que solo sirvieron para aumentar sus propias ganancias, ya que no hubo ninguna mejora en el servicio. Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no controla la falta de inversión de las empresas, ni el acceso de los usuarios, ni la calidad del servicio. Es un organismo que le garantiza las ganancias a los capitalistas, siendo cómplice de esta estafa al pueblo trabajador. El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) establece mínimos requisitos que deben cumplir las empresas concesionadas (calidad de servicio, sistema de telegestión para trámites, cantidad de oficinas de atención al público, etc.), sin embargo, no los hace cumplir y las sanciones monetarias que reciben las empresas rara vez son pagadas.

Tanto en los gobiernos kirchneristas, durante doce años, como en los cuatro años del gobierno macrista, se mantuvo la misma política de financiar las ganancias de los grupos empresarios, sin invertir un solo peso en mejorar la calidad del servicio. Los subsidios millonarios a las generadoras, transportadoras y distribuidoras eléctricas, como la la central Térmica de Ezeiza, Solalban Energía, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Eden, Edes y otras, sirvieron para aumentar las ganancias de los capitalistas, sin ningún tipo de control sobre la calidad de un servicio que, luego de años de privatización, se demostró que fue un robo y saqueo al pueblo trabajador. Ahora con el gobierno de Alberto Fernández, el sistema de subsidios a las empresas se profundizó. Desde enero de 2020, crecieron un 113% en el acumulado de 12 meses. Pasaron de US$ 4.400 millones a US$ 9.488 millones a septiembre de 2021. Esto demuestra que los subsidios que durante estos años lleva pagando el Estado no fueron para mejorar el servicio, sino para enriquecer los propios negocios de sus dueños. 

Estas empresas, que llevan años brindando pésimos servicios y burlándose de los usuarios, son premiadas con tarifazos astronómicos y con el perdón de sus millonarias deudas. Entre las 70 empresas de distribución eléctrica que abastecen a los usuarios de todo el país acumulan deudas por $142.887 millones. Las principales empresas endeudadas son las que mayores ganancias registran: Edenor con $18.000 millones (Manzano-Vila), Edesur $20.800 millones (Enel de capitales italianos), Edemsa $9.813 millones (Manzano-Vila). En contrapartida, los usuarios que deben el pago de boletas de electricidad nunca son beneficiados.

Las empresas privatizadas ya demostraron que lo único que les interesa es llevarse sus superganancias. El acceso a la electricidad es un servicio público básico, un derecho humano que no puede ser tratado como una mercancía ni en función del lucro privado. Por eso, la única salida para garantizar realmente tarifas accesibles para todos y servicios de calidad pasa por la rescisión de todos los contratos de concesión y la estatización de todo el servicio, gestionado por quienes realmente saben del tema, sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Ley.