Aug 09, 2022 Last Updated 9:16 PM, Aug 8, 2022

Izquierda Socialista


Escribe José Castillo

Casi la mitad de los trabajadores privados (el 41,6%) están en negro. Son 5.100.000 personas. Pero lo peor es que 567.000 de ellos son nuevos puestos de trabajo, post-pandemia. Siendo claros: los puestos de trabajo en blanco que se perdieron durante 2020 nunca se recuperaron. Fueron reemplazados por trabajadores precarizados, sin derechos, ni obra social, ni cobertura por accidentes de trabajo, ni aportes jubilatorios. Trabajadores descartables que pueden ser echados en cualquier momento sin pagarles un peso de indemnización.

Hay tres actividades donde el trabajo informal es mayoritario: personal doméstico (1.072.000 puestos de trabajo), la construcción (537.000) y los trabajadores del campo (513.000). Pero también existen 880.000 puestos en negro en el comercio y 615.000 en la industria.

El trabajo precarizado, en negro o informal es, a la vez, el que más sufre el deterioro salarial. Viene perdiendo más del 30% del poder de compra desde 2017 y este año, según todos los registros, ya estaba muy por debajo de la suba de precios en la primera mitad del año. Mucho peor ahora, con los nuevos saltos inflacionarios de la semana pasada. De hecho, una parte importante de los millones de puestos de trabajo que apenas reciben el salario mínimo de 45.540 pesos (o incluso menos, pese a su “ilegalidad”) son trabajadores informales. ¡Cobran la mitad del salario necesario para llegar a salir de la línea de pobreza!

Las patronales en todas sus expresiones, el establishment económico y el FMI insisten en que, para resolver el problema de los puestos de trabajo en negro, hay que avanzar con la flexibilización laboral. Argumentan que las patronales contratan en negro porque les resultan muy caros los aportes jubilatorios, de obras sociales o los pagos de indemnizaciones por despido. En sus propios argumentos se ve a que apuntan: a un país donde el conjunto de los trabajadores puedan ser superexplotados sin ningún derecho, ni siquiera el de jubilarse al terminar su vida laboral.

Lo peor es que el modelo al que apuntan ya existe: se aplica en la industria de la construcción, donde los trabajadores despedidos no cobran la indemnización establecida por ley para el resto de las actividades, sino un seguro de desempleo que surge de una “libreta” de aportes que se le hace al trabajador mientras está ocupado. Como termina todo esto está a la vista: el obrero de la construcción es uno de los más pobres y explotados y lo que percibe si es despedido es una miseria. Pero eso no impide que, como vimos antes, la construcción sea una de las actividades que registra más trabajo informal. ¿Por qué? Porque así el empleador se “ahorra” gastos de elementos de seguridad, paga por debajo de los valores de convenio y ni siquiera aporta para ese miserable fondo de desempleo del que hablamos más arriba.

La salida es justamente la opuesta. Hay que exigir el blanqueamiento de todos los trabajadores, pagándoles lo que les corresponde según el convenio respectivo, y con todos los beneficios correspondientes. Es obligación del Ministerio de Trabajo inspeccionar y sancionar severamente (con fuertes multas, clausuras y expropiaciones) a quienes tienen trabajadores en negro. Se debe invertir la carga de la prueba: que cualquier trabajador pueda denunciar su situación de precariedad y no pueda ser echado por ello, sino inmediatamente blanqueado.

Por supuesto, poco podemos esperar de un Ministerio de Trabajo que, siendo el encargado de inspeccionar todo esto, tiene en su propio seno trabajadores precarizados, bajo el formato de “monotributistas”. El pase a planta de todos los trabajadores del Estado en esas condiciones también es parte de la lucha contra la precarización laboral.

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Escribe Claudio Funes

Cristina Kirchner y Sergio Massa acordaron con los empleados parlamentarios un aumento salarial. Gracias a la “ley de enganche” las y los diputados y senadores tendrán un incremento de 69% en sus dietas.

Semejante aumento en medio de la profundización de la pobreza debido a la inflación sin control, lo recibirán en dos tramos, el primero en julio y el segundo en octubre, con cláusula de revisión en noviembre. Todo en este año, no en cómodas cuotas como acuerda la burocracia sindical peronista para las y los trabajadores. 

Desde el gobierno intentan justificar el aumento diciendo que las dietas están “atrasadas”. En la actualidad un legislador cobra 359.000 pesos de bolsillo promedio y a partir de julio llegará a 466.700 pesos, mientras que en octubre alcanzará los 606.710 pesos. A estos importes se agregan otros ítems como gastos de representación y desarraigo, si residen a más de 100 kilómetros del Congreso.

El Frente de Izquierda propone que cada diputado o legislador gane lo mismo que una directora de escuela, y lo llevan adelante.

                                                    

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Escribe Claudio Funes

La ex presidenta cobra actualmente más de cuatro millones de pesos por la doble pensión vitalicia con la que cuenta. Una por su cargo de primera mandataria y la segunda derivada de la misma pensión otorgada a Néstor Kirchner.

Esta vez la Anses a cargo de la kirchnerista Fernanda Raverta decidió no oponerse al doble beneficio, cuando siempre apelan las resoluciones judiciales que favorecen al jubilado común ante sus haberes mal liquidados, ex profeso, por esa administración.Mientras la mayoría de jubiladas y jubilados cobran la mínima (o un poco más) de 37.525 pesos, Cristina Kirchner recibe mes a mes el equivalente a 110 veces esos ingresos. Un insulto a millones de jubilados y pensionados bajo la línea de pobreza.

Cristina, que cobra una jubilación de privilegio, apoyó la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que condena a la mayoría a ingresos de indigencia. Para ella no hay Tope de Acumulación de Haberes, esto es solo para el pueblo trabajador. Billetera mata doble discurso.

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Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Para escribir esta nota consultamos a Javier, que trabaja con su flete haciendo mudanzas. Él nos cuenta que actualmente los traslados que hace, por ejemplo, son para achicar los gastos: personas o familias que pasan de un tres ambientes a un monoambiente. Nos dice que aproximadamente el cincuenta por ciento de los viajes que realiza son jóvenes que vuelven a la casa de sus padres porque, aunque tengan un trabajo, con su sueldo no les alcanza para pagar el alquiler.

Este relato ilustra los números publicados recientemente por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) que en el último informe (julio 2022) estableció que el costo de un monoambiente subió un 75% en los últimos doce meses y el de un tres ambientes, un 70%. Ningún salario aumentó en la misma proporción en el último año. De acuerdo al relevamiento de CESO, en la ciudad de Buenos Aires el precio promedio de un monoambiente es de 49.000 pesos, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 45.540. Por lo tanto, alcanza para cubrir solo el 92,9% del alquiler de un monoambiente. El precio promedio de un dos ambientes en CABA es de 60.000 pesos y de un tres ambientes 85.000 pesos. Estos valores no tienen en cuenta las expensas que en promedio llegan al 15% del costo de alquiler (Informe CESO, julio 2022).

La Ley de Alquileres no resuelve el problema

En junio del 2020 se sancionó la Ley de Alquileres, que regula los contratos por tres años con aumentos anuales de acuerdo al promedio que surge entre la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicada por el Ripte del Ministerio de Trabajo. Cuando se termina el contrato no hay ningún tipo de regulación y nuevamente quienes alquilamos quedamos a merced de las inmobiliarias y rentistas.
Pero para darle mayores beneficios a los propietarios (como si no los tuvieran) en el Congreso se está discutiendo modificar la normativa actual. Por un lado, el Frente de Todos propone sumar mayores beneficios  fiscales para los dueños, y por el otro, Juntos por el Cambio plantea volver a los contratos de dos años y con aumentos semestrales. Queda en evidencia que ni al gobierno ni a la oposición patronal le interesa dar una verdadera solución al déficit habitacional.

Por un plan de viviendas populares

Mientras persiste el abuso por parte de las inmobiliarias y rentistas, los requisitos para poder alquilar se vuelven inalcanzables para cualquier familia trabajadora. Ya no solo quedó lejos el sueño de la casa propia sino también la posibilidad de alquilarla. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que se debe imponer un verdadero impuesto a las viviendas ociosas, terminar con la especulación inmobiliaria y los requisitos que piden de “ciencia ficción”, como lo catalogó en Twitter el jóven al que le pedían ingresos de 225.000 pesos para ingresar a un dos ambientes. Junto con ello, impulsar un plan de viviendas populares para terminar con el déficit habitacional y generar empleo genuino sobre la base del no pago de la deuda externa.

Entrevistamos a Carolina Goycochea, Javier Flores y Ariel Mendoza, docentes riojanos que viajaron a Buenos Aires a buscar solidaridad con la rebelión que lleva ocho semanas de paro autoconvocado, y a tratar de que todo el país se entere de esta heroica lucha. Ellos son de la asamblea de autoconvocados de la capital riojana y coordinadores del nuevo Sindicato de Autoconvocados de la Educación, SAE.
 
El Socialista- ¿Qué están reclamando?
Javier Flores: Estamos luchando por un salario digno. Reclamamos 20 mil pesos en el básico en una sola cuota. Nuestro salario básico es de 23 mil pesos y el salario de bolsillo para quienes se inician está entre 50 y 55 mil pesos. Este salario de pobreza golpea a toda la provincia y sectores. ¡Los maestros rurales cobran 80 mil, pero pagan 50 mil pesos de transporte! Esta lucha la inició la docencia, pero se van sumando otros sectores estatales, sobre todo residentes médicos.
 
ES- ¿Por qué se autoconvocaron?
Ariel Mendoza: El movimiento autoconvocado surge de la crisis de representación de los gremios mayoritarios burocráticos que vienen negociando paritarias a la baja. Frente a esto la docencia se organiza a través de asambleas autoconvocadas, departamentales y provinciales. Llevamos ocho semanas de paro, sin “cobertura” gremial, pero sostenidos por la masividad del paro que ha superado el 90% en toda la provincia.
 
JF: Hay tres sindicatos legales que no nos representan: AMP (gremio de base de Ctera) UDA y Selar. A raíz de que son sindicatos totalmente burocratizados y que no representan a la docencia, decidimos construir un sindicato de los autoconvocados. De esa manera, también, le cerramos una ventana más por donde quiere escapar el gobierno de Quintela, que dice que solo puede sentarse a negociar con sindicatos. Así pedimos la inscripción legal del Sindicato de Autoconvocados de la Educación (SAE), así lo llamamos. Un sindicato que represente democráticamente a todos los trabajadores de la educación de la provincia.
 
ES- ¿Qué medidas de lucha realizan?
AM: Sostenemos el paro con cortes de ruta, marchas de antorchas en todos los departamentos, carpas, radios abiertas, movilizaciones y ya llevamos ocho marchas provinciales que van a la ciudad de La Rioja.
 
Carolina Goycochea: Este fin de semana entramos al acto de apertura de la Feria del Libro en La Rioja, cuando hablaba Quintela. Fuimos con carteles y le planteamos delante de todos nuestros reclamos y que queríamos que nos reciba para resolver el conflicto. Todos los presentes (menos los funcionarios) nos aplaudieron.
 
ES- ¿Y qué dice el gobierno?
CG: El gobierno no da respuestas. Dice que solo puede sentarse con los gremios legalizados. Pero, como el reclamo sigue siendo masivo, hace una semana debió dirigirse a los autoconvocados pidiéndonos que levantemos el paro. Y si no nos gusta nuestro salario, que busquemos otro trabajo. Tremendo. Esto fue tratar de apagar el fuego con nafta, porque generó el repudio de la docencia y de toda la población, que se sumó a la solidaridad.
 
JA: Si el gobierno sigue sin recibirnos ni responder seguiremos la lucha y una de las decisiones que se está analizando en asambleas es venir fuerte a Buenos Aires, instalarnos en carpas representantes de autoconvocados de los diferentes departamentos de la provincia frente al ministerio de Educación, para que el gobierno nacional se involucre y garantice la plata necesaria para el salario docente y terminar con el conflicto.
 
CG: Es que el gobierno nacional también es responsable. Lo que debe hacer es agarrar la plata que va para el FMI y la deuda externa y con eso otorgar el aumento salarial para nosotros y para todos los trabajadores y jubilados del país.
 
ES- ¿Un sector del radicalismo presentó también su propio sindicato?
 CG: Si, el “DUAR”. Pero no solo radicales, también de PRO, de Juntos por el Cambio y de Avanza Libertad de Milei. Nada bueno puede venir para la docencia de estos sectores, como lo demuestran en CABA y en las provincias que gobiernan. Hace tiempo que nosotros venimos proponiendo formar un sindicato con los autoconvocados, que funcione como funcionamos en esta lucha, con asambleas democráticas para decidir todo, no como AMP, UDA o Selar. Pero estos sectores lo armaron burocráticamente, de un día al otro, sin debatir nada con nadie, para fortalecerse en su pelea entre los intendentes del Juntos por el Cambio contra el gobernador peronista Quintela. Y para evitar que surgiera un sindicato verdaderamente democrático, para la lucha e independiente de todos los gobiernos. Fue lamentable porque generaron mucha confusión y división dentro del movimiento de autoconvocados. Incluso llegaron a echar de la asamblea provincial a los docentes de Capital o de Vinchina y otros departamentos, dividiendo la organización democrática de autoconvocados, porque no estábamos de acuerdo con el DUAR. Estamos logrando que no se rompa la organización de lucha, más allá de a qué sindicato se esté afiliado o a ninguno.
 
JA: Nosotros entregamos a toda la docencia provincial un proyecto de Estatuto del SAE una semana antes de la presentación. Se hicieron correcciones y agregados. Adaptamos a la provincia de La Rioja el Estatuto de Ademys de CABA, un sindicato de irreprochable funcionamiento democrático, que está al servicio de la defensa de la docencia y la escuela pública e independiente de todos los gobiernos de turno, para la lucha, que garantiza en su conducción la integración proporcional de todas las agrupaciones que quieran participar.
 
CG: El de Ademys es un Estatuto ejemplar, que fue aprobado por todos los que integran el sindicalismo combativo y que es opuesto a los estatutos gremiales del ministerio de trabajo y de la burocracia sindical de todos los colores. A este sindicato lo vamos a ir fortaleciendo eligiendo los delegados en cada escuela hasta que finalice el conflicto, que es lo central ahora. Exigirle al gobernador que reciba a los que estamos luchando, a los representantes de cada asamblea de autoconvocados, sean del sindicato que sean o no sean de ninguno, pero que sean electos por las asambleas de cada departamento. Mientras tanto, en el SAE funcionamos con coordinadores de cada departamento que se sume y después habrá tiempo para afiliar masivamente y hacer elecciones.
 
ES- ¿Qué conclusiones sacan de este viaje a Buenos Aires?
AM: El viaje a Buenos Aires fue de gran ayuda porque en La Rioja hay un fuerte cerco mediático de la mayoría de los medios de prensa. Pudimos ir a muchas radios y programas de televisión a hacer conocer lo que está pasando la docencia riojana. Cuando Alberto Fernández llegó a La Rioja, con una multitudinaria movilización demostramos de qué lado está el pueblo riojano, apoyando nuestro reclamo. Y por primera vez pudimos salir en medios nacionales.
 
CG: Es muy importante el apoyo y la solidaridad, el vínculo que hemos logrado con sindicatos docentes como Ademys, Suteba Tigre, Municipales de Vicente López o la Unión Ferroviaria Oeste y de partidos como Izquierda Socialista, que están al servicio de las luchas. Estamos juntando apoyo para que el gobernador Quintela reciba a los autoconvocados. También estamos haciendo un fondo de huelga para sostener nuestra lucha, ante los descuentos que el gobierno aplica para quebrarnos. Nos vamos muy fortalecidos y con el compromiso de apoyarnos si decidimos venir a instalar las carpas en Buenos Aires.
 
JF: Agradecemos el enorme apoyo que nos están brindando y esperamos que esta solidaridad se pueda repetir en otras partes del país. Nos llevamos el respaldo de centenares de trabajadores, con aportes para el fondo de huelga, apoyo a nuestro sindicato SAE y la participación de muchísimos medios. Y el compromiso a seguir con la solidaridad.

 



Algunas de las actividades que realizó la delegación de docentes autoconvocados en Buenos Aires


Con el Cuerpo de Delegados de Suteba Tigre

 

Con directivos de Ademys CABA y docentes del conurbano

 

Directivos ferroviarios de Haedo, del Suteba La Matanza y docentes de la zona

Salió la revista dedicada al tema ambiente
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