Apenas comenzó el mes de enero, junto con la oleada de despidos y represión a trabajadores de todo el país, comenzaron a surgir fuertes rumores sobre el desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (PSSyR). Pero ante la alarma del movimiento de mujeres, los funcionarios macristas "prometieron" que el programa no se tocaría. Sin embargo, en la primera semana de febrero se hicieron efectivos 20 despidos y se rumorea que vienen por más.

¿Por qué defendemos al PSSyR? El programa estipula que su objetivo es lograr el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable para la población con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados y promover la salud sexual de los adolescentes y sus trabajadoras vienen elaborando importantes materiales y capacitaciones al respecto. Sin embargo, los datos señalan lo contrario. Solo tomando la tasa de embarazos adolescentes en Argentina, las cifras indican que en mujeres menores de 20 años éstos han aumentado un 15,7% en 10 años (alcanzando el 12,3% de las mujeres de entre 15 y 19 años con un hijo o embarazadas, en 2012 según el CIPPEC, 2016).

Y estos números no son casualidad. A pesar de existir trabajadoras muy comprometidas, en los 12 años de gobierno K, reinó en el Ministerio de Salud la política anti derechos de la Iglesia Católica, encabezada por el Ministro Manzur quien hizo la vista gorda frente al cajoneo de materiales y negó sistemáticamente el acceso a los abortos no punibles. Y el actual ministro Lemus, quien ya fue ministro en la CABA, demuestra que va a dar continuidad y profundización a esas políticas.

Por eso, llamamos a juntar la más amplia solidaridad con las trabajadoras del PSSyR, contra los despidos y el desmantelamiento del programa, por el pase a planta de todas sus trabajadoras y el efectivo cumplimiento de la ley 25.673. Estemos en alerta y movilización contra el ataque del gobierno de Macri que quiere avanzar sobre nuestros derechos.

El 3 de junio de 2015 más de 500 mil personas nos movilizamos en todo el país para exigir el fin de los femicidios y de la violencia machista. A diario los medios masivos de comunicación revelan que éstos no pararon. Lo llamativo es que los mismos que en la campaña #NiUnaMenos se hicieron eco del reclamo, ponen estas noticias en las secciones menos visibles, llegando al colmo de ubicarlas en "Vida Cotidiana", como lo hizo el diario Clarín del 4/2/2016 con el caso de Mariana Colman quien fue asesinada por su jefe, con la justificación de que: "la maté porque me ignoraba". Esta es una muestra más de la violencia mediática.

Recordemos que "femicidio" es una categoría política que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: el femicidio es el asesinato de un hombre a una mujer a quien considera su propiedad y es resultado de la cultura patriarcal. Los femicidios, entonces, no son cualquier crimen, no son problemas de seguridad, ni deben ser considerados como normales o cotidianos.

Es repudiable que quienes dicen rechazar la violencia hacia las mujeres perpetúen su cosificación, realicen un tratamiento aislado de la problemática, y naturalicen y banalicen estos hechos aberrantes. Por eso, en las calles y a los medios exigimos ¡Basta de violencia machista!

"Durante los años 2016 y 2017 llevaremos adelante desde Izquierda Socialista en el FIT nuestra tarea legislativa y lo haremos en consonancia con los puntos más urgentes de la agenda de las luchas de las mujeres, que en particular sufren en Santiago una de las situaciones más preocupantes del país y donde también crecen las movilizaciones exigiendo al gobierno provincial las urgentes medidas pertinentes".

"En una de las provincias que encabeza los índices de femicidios, violaciones y muertes por abortos clandestinos, donde los casos de abortos no punibles carecen de un protocolo para ser llevados a cabo y en el marco del empobrecimiento y la precarización de la vida de las mujeres, consideramos de gran importancia impulsar la movilización y llevar a la legislatura los proyectos de ley que continúen poniendo en debate nuestras reales necesidades y denuncien la inexistencia en la provincia de políticas públicas que den una respuesta a los reclamos que desde hace tanto tiempo venimos acompañando y expresando en las calles".

Durante el 2015, las ferroviarias del Sarmiento, llevamos adelante una intensa campaña para lograr la incorporación de mujeres a los puestos para conducir trenes, tarea históricamente reservada a los varones.

Hicimos reuniones, volantes, marchas, actividades y reclamos de todo tipo ante la empresa Trenes Argentinos, el gremio de La Fraternidad que maneja la bolsa de trabajo e incluso el INADI.

Fruto de esta lucha por la igualdad laboral, conseguimos que se abriera la convocatoria para el ingreso, por primera vez en la historia, también para mujeres.
Con mucho entusiasmo y con el apoyo de todas las ferroviarias y de la Lista Bordó Nacional, 8 compañeras se prepararon para rendir el primer examen. Lamentablemente, La Fraternidad dictaminó que sólo uno estaba aprobado y nos negó la posibilidad de ver las correcciones. Reclamamos la revisión, pero nos fue negada. La única compañera que aprobó, aún no fue convocada.

Sabemos que nos enfrentamos a muchos años de discriminación y a conducciones gremiales arrastradas a los gobiernos de turno. Sabemos que nuestra lucha no es fácil. Pero estamos dispuestas a seguir adelante, y por eso en este 2016 seguiremos la pelea por el acceso a todas las categorías, por el salario, las condiciones de trabajo y contra el convenio de los '90 que firmó la burocracia de Pedraza por orden de Cristina y que Macri quiere aplicar. Ya nos estamos organizando para preparar un 8 de marzo de lucha.

En Córdoba, como en el resto del país, miles se movilizaron exigiendo al gobierno nacional y de la provincia, que se hagan responsables de la atención, asistencia y acompañamiento de las víctimas de violencia, que destine presupuesto y políticas públicsa contra la violencia machista. Pero el cambio de gobierno en la provincia no solo no respondió ni se responsabilizó de esto, sino que contestó con despidos a las y los profesionales en áreas tan sensibles como es la Dirección de Violencia Familiar y la Secretaría de Trata.

Ya veníamos denunciando la escasa política pública respecto a los temas de violencia que se sufren en nuestra provincia y la complicidad de la justicia patriarcal que deja sueltos a femicidas, violadores y violentos. Parte de esto siempre fue la precarización laboral de las y los profesionales. De las aproximadamente 70 personas que trabajan en la Dirección de Violencia provincial, solo 5 son personal de planta permanente. El resto tienen contratos basuras o becas con salarios insuficientes por lo que, al desgate laboral producto de trabajar con casos extremos de vulnerabilidad social, hay que sumarle la violencia de la precarización laboral del propio Estado. Por ejemplo, nos encontramos con el absurdo de 900 mujeres víctimas de violencia con botones antipático y 2 profesionales para atenderlas con contratos precarios. De más está recordar que en la mayoría de los casos, las personas que trabajan en estas condiciones son mujeres.

En Córdoba como en todo el país seguimos reclamando basta de despidos. No al desmantelamiento de los programas dirigidos a las mujeres. Basta de precarización laboral y por aumento de presupuesto para el cumplimiento de la ley nacional 26.845 de erradicación de las violencias contra las mujeres.