-          Martha Rosenberg, feminista, psicoanalista, fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

-          Graciela Zaldúa, psicóloga, profesora titular consulta e investigadora UBA.

-          Elsa Schwartzman. Socióloga y docente e investigadora Universidad de Buenos Aires (UBA) fundadora de la Campaña nacional por el derecho al aborto

-          Hugo Leale. Psicólogo, profesor adjunto e investigador Universidad de Buenos Aires (UBA)

-          Patricia Pines. Docente de CABA. Integrante del colectivo familias Vacantes para todos en las escuelas públicas

-          Gustavo Alonso. Integrante del colectivo Familias por retorno seguro a las escuelas CABA

-          Eduardo Jofré. Profesor y consejero directivo del ISEF Dr. Enrique Romero Brest.  

-          Soledad Devalle. Tocoginecóloga del Hospital Pirovano

-          Clara Bibiloni. Enfermera Hospital Fernández.

-          Dra. Claudia Figari. Investigadora principal de Conicet y Directora del CEIL-Conicet. Profesora titular en Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Universidad Nacional de Luján (UNLu)

-          Edith Bello. Supervisora  (jubilada) de educación media CABA

-          Mónica Insaurralde. Prof. Adjunta ordinaria, Área Didáctica, Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján (UNLu) Prof. Adjunta regular, Problemáticas didácticas de la Educación Secundaria y Residencia, Escuela de Educación, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UACO

-          Marcelo Hernández. Sec de Derechos Humanos de ADUNLu.  Dr. Profesor Adjunto en el Dpto de Educación.

-          Pablo Bergel. Sociólogo, diputado (mc: 2011-2015) Legislatura CABA Bloque Verde al Sur

-          Natalia Piñon. Psiquiatra. Guardia del Hospital Penna.

-          Eduardo Joly. Presidente de la Fundación Rumbos. En defensa de la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.

-          Medardo Ávila Vázquez. Medico pediatra, docente cátedra de pediatría de la Universidad nacional de Córdoba (UNC) y coordinador de la red de pueblos fumigados

-          Flavia Di Filippo. Médica pediatra, coordinadora de la red de pueblos fumigados

-          Fernando Barri. Biólogo, investigador de Conicet.

Ver petitorio y firmas completas nacionales e internacionales en:

uit-ci.org 

izquierdasocialista.org.ar 

Camilo García. Médico en la sala Covid-19, Centro Hospitalario Epicura, ciudad de Ath, Bélgica.

“Hoy la humanidad está frente a una pandemia que ha provocado la muerte de cientos de miles de personas. En una proeza técnica se produjeron vacunas en solo unos meses. Sin embargo, en este mundo neoliberal se puso el beneficio económico delante de la vida de las personas. Liberar las patentes de las vacunas permitiría que rápidamente las capacidades ociosas de decenas de laboratorios puedan ponerse a producir vacunas para prevenir enfermedades que ponen en riesgo a la humanidad. Es indispensable y urgente que los seres humanos vuelvan a ser más importantes que los beneficios económicos”.

Sasha Avila Levandosky. Estudiante que perdió a su mamá, su papá, su abuela y su tío en 2020 por el coronavirus.

“Firmé el petitorio porque no puede ser que exista una brecha entre el rico y el pobre por la vacuna. Eso debe culminar porque no pueden existir negociados fraudulentos. La salud no se negocia, las vacunas deben estar libres de patentes ya que sería lo ideal para la población”.

Estamos asistiendo a una inequidad en el acceso a las vacunas: quienes tienen más recursos las acaparan. El mundo está en espera de la finalización de la vacunación en los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, a la que accedieron agotando la cantidad de vacunas disponibles para el resto del mundo, sin posibilidad de que algunos países puedan producir su propio stock debido a la existencia de las patentes. De ese modo no se puede concretar la vacunación.

Liberar las patentes de las vacunas permitiría que países como la Argentina, que tiene capacidad para producirlas, lo hagan y no tengan que depender de las fábricas centralizadas para completar esquemas de vacunación. Mientras se espera, aumenta en miles la cantidad de enfermos y fallecidos, la pandemia sigue en aumento y las posibilidades de mutaciones más severas amenazan con invalidar parcial o totalmente las actuales vacunas.

El negocio de las vacunas a nivel mundial produce muertes en pos de un aumento de precios y una presión social sobre los gobiernos, obligados a comprarlas casi a niveles de extorsión. Si se liberan las patentes los precios caerían de modo que no sería un negocio, y eso es lo que en momentos de pandemia debe hacerse, ya que la vida es el derecho principal a defender.

Según Médicos Sin Fronteras, nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de Covid-19 en 2021. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de una mayor solidaridad por parte de los países: “El ‘nacionalismo de las vacunas’ nos perjudica a todos”, dijo a principios de enero. Debemos apelar a la liberación de las patentes y a la transferencia de tecnología que logre una autonomía plena en pos de salvar vidas. En este marco es correcto encarar una campaña internacional con todos los que coincidan con estos objetivos.

*Oscar Atienza es Médico cirujano, Docente universitario en Medicina, Doctor en Medicina y Cirugía, Magister en Salud Pública

Con este título, los partidos integrantes del Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, Izquierda Socialista y MST) divulgaron una extensa nota sobre los problemas causados por la pandemia y denunciaron el negocio promovido alrededor de la vacuna, “[…] el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta”, y agrega: “Esto sucede mientras el Ministerio de Salud procedía a una ‘vacunación vip’ a sus amigos y allegados […] al igual que en Perú, Chile y otros países, mientras la población trabajadora sufre las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo”.

En el texto, el FIT Unidad convoca a impulsar una campaña de lucha “en consonancia con la campaña mundial impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19” […] En ese marco, llama “a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones”.

Finalmente, el comunicado convoca a “lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de derechos humanos, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin”.

Ver la declaración completa 

Escribe José Castillo

Hace ya varios meses que la inflación se desbocó. La aceleración que se dio en el último trimestre del año pasado, con un diciembre en que llegó a 4%, continuó en el comienzo de 2021. El número de enero volvió a ser altísimo, otro 4%, y mayor aún en muchísimos productos de la canasta familiar. Febrero ya viene también con nuevas subas, proyectándose una inflación promedio anual de entre 45% y 50 por ciento.

Cuando se habla de por qué se da esta escalada de precios, el gobierno de Fernández, en esto también, hace gala de su doble discurso. El ministro Guzmán coquetea con la respuesta del establishment: “Para atacar la inflación hay que equilibrar las variables macroeconómicas”, un eufemismo utilizado para referirse al ajuste, aplaudido a rabiar por los empresarios presentes en la reunión por el acuerdo de precios y salarios.

Pero, y al mismo tiempo, el gobierno no tiene otra que reconocer los “abusos” de los empresarios formadores de precios. En las diversas reuniones con las patronales siempre surge la promesa de limitar los aumentos o “estudiar” cómo evitar que mayores costos se trasladen a los precios. Meras palabras, apenas terminado el encuentro los mismos empresarios presentes envían listas con aumentos a las cadenas de hipermercados, que también agregan “su” propia porción de superganancia. Todo con la vista gorda del gobierno.

Los pulpos monopólicos de los productos de consumo masivo suben los precios y provocan desabastecimiento, escondiendo aquellos que figuran bajo las categorías de “precios máximos” y “precios cuidados”. Por citar un ejemplo, todos los medios difundieron los cortes de carne de Coto a precios populares, que consistían en pura grasa, una vergüenza.

El gobierno del Frente de Todos sigue hablando para la tribuna. También dijo que había que “desacoplar” los precios de los alimentos de los valores internacionales. Para eso amenazó primero con suspender las exportaciones de maíz y luego con incrementar las retenciones. Pero bastó una reunión con la Mesa de Enlace de las organizaciones agropecuarias para que “salieran todos contentos”, sin ninguna medida en su contra. Se repitió, corregido y aumentado, lo que había sucedido meses atrás con la amenaza de la expropiación de Vicentin, con la correspondiente marcha atrás.

La semana pasada, desde la Secretaría de Comercio se “intimó” a once grandes grupos económicos (Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter&Gamble, Paladini y Potigian) por desabastecimiento. Se trató de una mera maniobra. En los hechos, fue apenas una mención administrativa y no está en juego ninguna sanción real ante estos abusos.

Al mismo tiempo, varios de los aumentos están siendo generados por el propio gobierno. Tal el caso de las subas de los combustibles, lideradas por YPF y luego seguidas por el resto de las transnacionales del sector. O la autorización a los incrementos en la medicina prepaga. Y ni qué hablar del tarifazo del gas, que se vendrá en breve, ya que está convocada para el 15 de marzo la audiencia pública.

Todo esto tiene, obviamente, sus consecuencias directas sobre el bolsillo popular. Gran parte de los trabajadores han quedado con ingresos debajo de la línea de pobreza, cuya canasta, según el relevamiento de la  junta interna de ATE-Indec, ya llega a 82.000 pesos. Más aún, un reciente informe reveló que esa cifra asciende a 120.000 pesos para quienes residen en la ciudad de Buenos Aires. Por eso no resulta extraño que una nueva medición de pobreza, considerando ingresos y condiciones de precariedad, alcance al 47% de la población, con 21 millones de personas (datos del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, organismo que depende de la Presidencia de la Nación).

Mientras todo esto sucede, el gobierno de Alberto Fernández habla de que los salarios pueden recuperar este año “3 o 4 puntos” por sobre la inflación. Claro que supone una inflación para todo 2021 de… 29%, ¡una auténtica mentira!, que se utiliza en las reuniones de acuerdos de precios y salarios para que finalmente la variable de ajuste, una vez más, sean los ingresos de los trabajadores.

La salida de fondo contra esta inflación que pulveriza salarios y jubilaciones requiere terminar con la impunidad de los grandes empresarios remarcadores, imponiendo verdaderos precios máximos, que se hagan respetar, sin excepciones, con aplicaciones reales de las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a quien lleva adelante estos abusos. Atacando a los reales formadores de precios a lo largo de toda la cadena productiva.

Al mismo tiempo, hay que parar el deterioro del salario y recomponer lo perdido. Por eso hay que reclamar aumentos de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, y la reapertura de todas las paritarias, sin techo, con incrementos reajustables mensualmente de acuerdo con la inflación. Para lograrlo hay que exigir a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua y llamen a un auténtico plan de lucha, tal como lo venimos reclamando desde la izquierda y el sindicalismo combativo.