Escribe José Castillo

El PTS, lamentablemente, decidió colocar prácticamente en un pie de igualdad la histórica movilización popular contra Insfrán y la represión del gobernador peronista por la utilización que intenta hacer de ella la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Cediendo al argumento típico del peronismo kirchnerista de que, de otra forma, “se le hace el juego a la derecha”.

De hecho, en sus notas comienza restándole carácter popular a la movilización formoseña limitándola a un malestar de “comerciantes” y al “reclamo esencial de que abran los comercios”. Se hace caso omiso de que la movilización expresó el estallido y hartazgo ante las innumerables medidas represivas y antipopulares de Insfrán. 

Pero lo más grave es que el PTS dedica largos párrafos en sus notas de La Izquierda Diario, casi tanto como los que les lleva la propia crónica de la represión, al intento de utilización mediática que busca realizar la oposición patronal de Cambiemos, con el objetivo, dicen, de “demonizar al gobernador peronista”. Incluso pone énfasis en que en la concentración se “mezclaron” sectores opositores de Juntos por el Cambio. ¿Qué se quiere decir con todo esto?   

Seamos claros. Comencemos deslindando lo que no tiene nada que ver con Formosa. Por supuesto que sabemos que Juntos por el Cambio, cuando era gobierno nacional, como en las distintas provincias donde gobernó antes y lo sigue haciendo actualmente, lleva adelante violentas represiones. Basta con citar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y obvio que son demagógicas las lágrimas de cocodrilo que derraman Bullrich y compañía ante la represión buscando llevar agua para su propio molino electoral. 

Pero vamos a lo central. ¿Fue la derecha la que “demonizó” a Insfrán? La realidad es que se trata de un gobernador peronista que actúa como un patrón de estancia, que tiene sumida a la provincia en la pobreza más extrema y posee un larguísimo historial de represiones, asesinatos de pueblos originarios Qom incluidos. Eso fue lo que lo “demonizó” ante cada vez más sectores populares de su propia provincia ¿Qué fue lo que pasó? Que, independientemente del hecho anecdótico que detonó todo, estalló una auténtica rebelión popular, histórica en la provincia, que el gobierno reprimió con ferocidad, con heridos y detenidos, entre ellos miembros del Partido Obrero, integrante del FIT Unidad.

 Estos son los hechos. La izquierda tiene que ponerse sin dudas del lado del pueblo movilizado, denunciando a Insfrán, sus políticas y su represión. Y también deslindado del macrismo.Todo lo otro es secundario. 

Lamentablemente, el PTS termina dándole tanta entidad a la posible utilización de los hechos por la oposición patronal de Cambiemos que diluye lo central: un gobernador peronista que ajusta y reprime, que tiene en las calles enormes movilizaciones en su contra y, escandalosamente, sigue siendo sostenido por el gobierno nacional. Lo que plantea el PTS es, en última instancia, la misma argumentación del peronismo kirchnerista: no “hacerle el juego a la derecha”, que busca golpear a Insfrán para pegarle a Alberto y Cristina. Termina abonando a la concepción de que habría un gobierno “popular” cercado y presionado por una “derecha” que trata de debilitarlo.

Una argumentación similar expresó el PTS la semana pasada con la condena a Lázaro Báez, donde culminó concediendo al gobierno que todo es parte de un lawfare con el objetivo de encarcelar a Cristina. Ahora vuelve a poner como hecho central la utilización que puede hacer la oposición de Juntos por el Cambio de la rebelión popular en Formosa.

Llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS. La izquierda debe tener una posición independiente, de denuncia sin concesiones a todos los gobiernos patronales, sea el “nacional y popular” de Alberto Fernández y Cristina, los provinciales de su mismo signo y también los opositores. Apoyando incondicionalmente todas las movilizaciones populares contra los ajustes y, mucho más aún, denunciando la represión. Caer en el razonamiento de que hay que perdonar o al menos “igualar” a cualquiera de estos gobiernos con represiones de otros porque si no se le hace “el juego a la derecha” es, justamente, entrar en la trampa del doble discurso del peronismo kirchnerista. El Frente de Izquierda se hizo fuerte y ganó personalidad, justamente, con posiciones inclaudicables frente a ambos bloques patronales. Ese es el camino en el que tenemos que perseverar.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

En esta nota analizamos qué esconde el gobierno tras el anuncio de la “querella” a quienes nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional

Alberto Fernández dijo en el Congreso sobre el endeudamiento de Macri con el FMI: “Instruí el inicio formal de una querella criminal a fin de determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria registra”. El anuncio ha sido aplaudido por sus seguidores. Un discurso “picante”, tituló Página/12. Esto ya venía precedido por la campaña del Frente de Todos sobre “la pesada herencia que dejó Macri”, que el endeudamiento con el FMI fue para apoyar al ex presidente en las elecciones y, fundamentalmente, que los 44.000 millones de dólares que ingresaron fueron a financiar la fuga de capitales. ¿Qué hay detrás de la “querella”?

Detrás de este anuncio altisonante está la política del gobierno de reconocer esa deuda mafiosa y pagarla para encarar una nueva negociación con el FMI firmando otro pacto que traerá más ajuste, dependencia y sometimiento. Si la deuda es todo lo que denuncia el gobierno, que hubo responsabilidades delictivas de Macri, Dujovne, Caputo y los CEOs que participaron de ese endeudamiento sideral, la pregunta obligada y sencilla es ¿por qué el gobierno “nacional y popular” no usa todo eso para desconocer los pagos y volcar esos fondos a combatir la pandemia? Todo lo contrario. La querella es una cortina de humo para encubrir esa política de reconocimiento y pago que está llevando adelante el gobierno nacional, sin “fisuras”, entre Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, el ministro Guzmán, Kicillof y el aval de todo el establishment que apoya, desde los empresarios de la UIA y la Sociedad Rural hasta la burocracia sindical de la CGT y las CTA.

El gobierno sigue con su doble discurso. Mientras denuncia la deuda y ordena una querella criminal, la reconoce y paga. La “querella” sería para determinar responsabilidades. ¿Pero acaso no se sabe quiénes fueron los responsables? Todos los funcionarios de Macri, clarito. Es como si se pidiera una “querella” contra los que nos endeudaron en la dictadura cuando está claro que fue un genocidio y ya se sabe quiénes fueron los responsables. Pero cuando se dictó el fallo del juez Ballestero en el año 2000 condenando el endeudamiento ocurrido en la dictadura militar, el peronismo kirchnerista de entonces hizo oídos sordos, el Congreso no hizo nada, y a pesar de que el Argentinazo en 2001 impuso el no pago, el gobierno de Néstor Kirchner desde 2003 pagó dólar sobre dólar, canceló la deuda de contado con el FMI y después Cristina hasta pagó deuda externa con fondos de la Anses.

Desde el gobierno dicen que la querella nos va a ayudar en la negociación con el FMI. “Debemos completar la histórica decisión presidencial llevando el caso argentino a la ONU para forzar una negociación que permita quita de capital y plena autonomía en la política económica”, declaró Claudio Lozano, el centroizquierdista devenido en peronista y funcionario del Banco Nación. Está clara la maniobra, una querella … ¡para pedirle una migaja al FMI bajo la mentira de que podría haber una negociación favorable!  “Los lobos de Manhattan consideran que la denuncia ‘es humo’ de Alberto para construir un relato electoral” (Clarín, 5/8).

“Hay que negociar con firmeza”, escribió el columnista económico Alfredo Zaiat (Página/12, 28/2). Esto sería para conseguir “una tasa más baja, un extenso cronograma de pago y flexibilidad en las condicionalidades del acuerdo”. O sea que todo se resolvería con una buena muñeca negociadora. Algo ridículo. 

El mismo Zaiat dice cuáles serían los posibles escenarios mencionando al economista Emmanuel Alvarez Agis, según se llegue a un acuerdo para pagar la deuda con el FMI en diez o veinte años. En el primero de los casos, entre 2026 y 2031 la Argentina debería pagar 16.500 millones de dólares promedio por año, y si fuera a veinte años los pagos serían de 12.500 millones de dólares por año. ¡En cualquier escenario las cifras son siderales y millonarias! Si en 2020 se pagaron 6.000 millones de dólares y ya voló el IFE, imaginémonos cuando Argentina tenga que pagar dos o tres veces más en los próximos años. Una locura.

Zaiat también dice para justificar el millonario pago al FMI que como Estados Unidos es el “dueño del Fondo monetario” porque tiene el poder de veto en el organismo y desobedecerlo con un default no sería conveniente porque “el contexto internacional no se presenta para nada amigable lo que llevaría a un callejón sin salida”. Olvida que en Estados Unidos hubo una rebelión antirracista contra Trump; hay más de 200 antecedentes de no pago en el mundo; hubo y hay luchas contra el FMI -como la reciente en Ecuador- y crece en el mundo el repudio a un capitalismo depredador y a sus organismos financieros como el FMI. Nada de eso vale para encarar un no pago soberano. Porque como decía Cristina Kirchner, “somos pagadores seriales”, encubierto ahora bajo la famosa querella.

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Cristina Fernández hizo su alegato por la causa conocida como “dólar futuro”. Allí se despachó contra la Justicia, a la que acusó de ser servil al poder económico, de no actuar frente a los femicidios y de gozar de privilegios aristocráticos a los que acceden al perpetuarse en sus cargos. Además de esto criticó duramente a Macri y a su entorno, a quienes acusó de hacer negociados usufructuando su antigua condición de funcionarios a costa del esfuerzo de los trabajadores.

Entendemos la simpatía que estos dichos pueden haber causado en sectores de trabajadores que con toda justeza sienten odio por una Justicia que protege a los ricos y poderosos y persigue y criminaliza a los pobres, así como también tienen un fuerte rechazo por Macri y Cambiemos. Compartimos con estos compañeros estos sentimientos de rechazo, pero queremos decirles que, pese a sus declaraciones, Cristina y el gobierno no van a impulsar ningún tipo de reforma progresiva en la Justicia. No lo hizo Cristina en los doce años en los que gobernó, ni lo pretende hacer ahora que se enfrenta a ella por estar acusada en distintos casos de corrupción y apela al doble discurso para salvarse.

En los doce años de gobierno de Néstor Kirchner, y luego de Cristina Fernández, el peronismo kirchnerista manejó la Justicia a su antojo criminalizando a los luchadores y defendiendo la impunidad de sus funcionarios corruptos a capa y espada. En el año 2011, el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández impulsó una campaña plagada de falsedades para encarcelar a nuestro compañero y dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Fue la Justicia K la que condenó a los petroleros de Las Heras por luchar contra el impuesto a las ganancias. La misma que garantizó la impunidad para los responsables políticos de las masacres de Cromañón y de Once, quienes fueron condenados, ya sin Cristina en el poder, después de años de lucha. Cuando el ex procurador general de la Nación Esteban Righi intervino en la causa Ciccone, por la que hoy está condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, fue echado de su cargo.

El actual aumento de la virulencia de los ataques discursivos de Cristina contra la Justicia no tiene que ver con que haya cambiado de parecer y ahora abogue por una justicia independiente, sino con que su situación judicial es cada vez más comprometida. En el mes de enero se confirmó la prisión efectiva para  Boudou y a fines de febrero fue condenado Lázaro Báez, quien está sospechado de ser el testaferro de la mismísima Cristina. La vicepresidenta se prepara para enfrentar a la Justicia ante un posible avance de las causas intentando ganar simpatía en un sector de la población con su doble discurso. Más comprometedora es su situación porque no logra avanzar con la mentada reforma judicial. Reforma que, lejos de implicar una democratización del Poder Judicial como sostiene el oficialismo, solo serviría  para que el gobierno tenga más jueces adeptos y controle la Justicia al servicio de sus intereses políticos y así pueda garantizar la impunidad para sus funcionarios y empresarios amigos.

 Así como ahora el gobierno, con Cristina a la cabeza, busca tener una justicia adepta, lo propio hizo Macri cuando gobernó. Al momento de asumir nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y puso magistrados afines en todos los fueros. Así logró la impunidad para él y todo su gobierno. No era fácil, Macri ya contaba con doscientas catorce causas en su contra.

Más allá del alineamiento individual de cada juez y de los roces circunstanciales que se generan como reflejo de peleas de poder en las alturas, de conjunto la Justicia responde a los intereses de los empresarios y del régimen político capitalista. La realidad demuestra que la división de poderes y la justicia independiente no existen.

¿Qué justicia necesitamos?

Mientras luchamos por una justicia que defienda los intereses de los trabajadores y no de los empresarios, en el marco de un gobierno de los trabajadores, peleamos por algunos cambios en la Justicia actual

No va más un Poder Judicial elegido a dedo. Queremos que todos los jueces se elijan por el voto popular y que sus mandatos no sean vitalicios, sino que puedan ser revocables.

Basta de privilegios para los jueces. No solo cobran sueldos siderales, sino que perciben jubilaciones de privilegio que oscilan entre los 300.000 y 700.000 pesos. Como si esto fuera poco, están exentos del pago del impuesto a las ganancias, que abonan, entre otros miles, los trabajadores de la salud en plena pandemia. Es una vergüenza absoluta que los jueces no lo paguen.

Otra medida que debería implementarse son los juicios por jurado, establecidos en la Constitución, pero que, salvo escasísimas excepciones, nunca se implementaron. Deben hacerse realidad con la participación de vecinos y vecinas designados por sorteo. Es un mecanismo que permite reducir las maniobras del Poder Judicial que, en todos los niveles, sistemáticamente falla contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y los jóvenes.

Escribe José Castillo

El discurso contra la Justicia de la vicepresidenta Cristina Fernández era, en realidad, su alegato ante la denominada “causa del dólar futuro”, en donde se encuentra imputada junto con otros ex funcionarios económicos de su gobierno. 

Comencemos explicando de qué se trata. En los últimos meses del gobierno de Cristina, en 2015, el Banco Central trató de evitar una devaluación del peso (que entonces cotizaba a 9 pesos por dólar, mientras el blue estaba a 15) ofreciendo vender dólares en el futuro (a 30, 60 o 90 días) al valor oficial de ese momento. El que los compraba pagaba el precio oficial, 9 pesos, y si luego había una devaluación y el dólar oficial se iba a 12 o 15 hacía un negocio redondo. Eso fue lo que terminó pasando. 

La acusación es que el gobierno de Cristina ofreció “dólar futuro” en cantidades millonarias cuando se sabía que se venía una devaluación en los próximos meses, lo que generó una enorme pérdida al Estado, que tuvo que hacerse cargo de esos pagos. Hasta acá, todo esto es cierto. Y los funcionarios kirchneristas son responsables. 

Pero lo interesante del caso es mirar quiénes fueron los grandes ganadores de la maniobra del dólar futuro. ¿Quiénes compraron a 9 pesos y luego, cuando el dólar valía 15, hicieron la gran diferencia? Los economistas y especuladores del establishment financiero, muchos de los cuales ya eran, a la hora de cobrar, funcionarios del nuevo gobierno de Macri. 

Conclusión: el peronismo kirchnerista habilitó una gran maniobra, y es responsable de ello. Luego el macrismo procedió a ejecutar la anunciada devaluación, permitiendo a sus amigos (y a ellos mismos, ya que había funcionarios de Macri involucrados) hacer una superganancia. Moraleja: unos y otros, peronistas kirchneristas y macristas, generaron, protagonizaron y, lo peor, cobraron un enorme desfalco al Estado. Millones de dólares que debían ir a trabajo, educación, salud y vivienda fueron a engrosar los bolsillos de los de siempre. Acá no hay uno más corrupto que el otro. ¡Los dos bandos son corruptos! ¡Que los responsables vayan presos y devuelvan lo robado!

Escribe José Castillo

Esta afirmación de Cristina en su discurso es una confesión en sí misma. De que, entonces, era mentira que se estaba “recomponiendo” el haber de los jubilados. No se hizo ni se hará, porque “no se puede” si se paga la deuda. Blanco sobre negro, la plata que debería ir para mejorar los haberes de los que trabajaron toda una vida y ahora reciben pensiones de pobreza no está porque se usa para engrosar los bolsillos de los pulpos acreedores. 

Solo una pequeña corrección a la afirmación de Cristina: es la deuda generada en la dictadura y agrandada por todos los gobiernos posteriores, incluyendo el de ella misma. Los Kirchner asumieron debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron 200.000 en efectivo y se fueron debiendo 240.000. Desde ahí, por supuesto, Macri pegó el salto y le agregó 150.000 millones. Pero la responsabilidad es de ambos. Y la actual le corresponde al que decide pagar una deuda que reconoce como fraudulenta y para eso posterga a nuestros jubilados.