Por Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

08/04/2024. Tropas de Ecuador ingresaron violentamente en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, un ex vicepresidente ecuatoriano en el gobierno de Rafaél Correa, hasta el 2017. Esta intervención a la embajada mexicana absolutamente ilegal y violatoria de derechos básicos y normas internacionales, fue ordenada en forma directa por el ultraderechista presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Este hecho es tan brutal e ilegal que fue repudiado internacionalmente por casi todos los países. Y hasta Estados Unidos, principal aliado económico y militar de Noboa dijo no estar de acuerdo, también la Unión Europea, casi todos los países latinoamericanos y hasta Milei en Argentina.

El argumento de Noboa fue que Glas estaba perseguido por delitos de coimas a empresas por la justicia. Sin embargo esto no le quita a México el derecho de darle asilo. Ni le da a Ecuador el derecho a ingresar por la fuerza a la embajada a detenerlo.

Noboa, de 36 años, hijo de un empresario terrateniente exportador de banana, el capitalista más rico de Ecuador, llegó al poder en noviembre después de que el presidente Guillermo Lasso, fue destituido por el Congreso por acusaciones de malversación de fondos. Y se convocó elecciones anticipadas. Noboa ganó las elecciones en medio de esa crisis política y ocupará el cargo hasta mayo de 2025, fecha en la que debe haber un nuevo presidente electo. Noboa puede y planifica presentarse a esas elecciones.

Ecuador está además en medio de grave una crisis por el crecimiento del narcotráfico con una ola de violencia, sin precedentes en su historia. A finales de 2023, Ecuador tuvo miles de homicidios, con 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a países como México y Colombia. Pero además ecuador sufre una crisis económica, con su economía dolarizada donde los trabajadores ganan cada vez menos y áreas rurales son invadidas por transnacionales mineras que estás devastando.

Noboa en dos semanas, el próximo 21 de abril convocó a un referéndum, con una serie de cambios legales, entre ellos darle grandes poderes a las Fuerzas Armadas, con el argumento de combatir el narcotráfico, eliminar leyes laborales, y también artículos para proteger inversiones imperialistas que podrán apelar a arbitrajes internacionales.

Todo indica que Noboa, con su asalto a la embajada mexicana intenta internamente demostrar “mano dura” y ganar popularidad ante la población preocupada por el avance narco, y así tratar de ganar el referéndum y también las próximas elecciones.

Por eso hay que mostrar a Noboa, con su ataque a la embajada mexicana, como un fraude al pueblo. No es eso, ni la militarización, ni ponerse al servicio de Estados Unidos y su supuesta represión anti narco, como estuvo tantos años Colombia, lo que pueda derrotar a las mafias narcos. Lo que puede terminar las mafias es terminar con la ilegalidad de la cocaína, que solo beneficia a las mafias, y dar a los jóvenes empleos dignos.

Hoy hay que llamar en Ecuador al voto en contra en el referéndum, a la lucha contra el aumento del IVA, los combustibles y el gas, que va a tener un grave efecto en los precios de la canasta básico, por defender su tierra, por expulsar a las transnacionales mineras depredadoras, por defender y recuperar derechos laborales, por sostener la salud y educación públicas, cada vez más deterioradas, por una alternativa política del pueblo trabajador urbano, campesino e indígena, que enfrente tanto a la derecha de Noboa, como al correísmo que llevó a profundizar la crisis para el pueblo de Ecuador.

El gobierno ultraderechista de Milei está inmerso en medio de una profunda crisis política. No logró, hasta ahora, articular coherentemente ni siquiera con la oposición patronal “dialoguista” en el Congreso. Va y viene en peleas con los gobernadores, incluso con los más cercanos. Se le cayó la Ley Ómnibus y tiene capítulos enteros del DNU paralizados por la justicia.

El protocolo antipiquete de Bullrich fue desafiado varias veces por masivas movilizaciones, la más grande, sin duda, la del paro general del 24 de enero.

Sin embargo, y a pesar de estas debilidades el gobierno de La Libertad Avanza sigue adelante con su plan de guerra contra el pueblo trabajador, con el apoyo del FMI y de las grandes patronales. La inflación, que desde diciembre ya acumula más del 60% está pulverizando como nunca las jubilaciones y los salarios. El cierre de organismos públicos y la recesión va generando un crecimiento acelerado de la desocupación. La pobreza y la indigencia se multiplican. Los planes sociales también están congelados, la comida no llega a los comedores populares y se dan tarifazos en los servicios públicos. Prácticamente en forma diaria, el gobierno anuncia una nueva medida antipopular.  

La contrapartida a todo esto es que también crecen las luchas y la organización para enfrentar al plan motosierra. Es algo que viene sucediendo prácticamente desde el primer día de este gobierno ultraderechista. Trabajadoras y trabajadores de diversos gremios salen a la pelea por su salario (docentes, sanidad, aeronáuticos, metalúrgicos, estatales, entre otros). Otros pelean por evitar cierres o privatizaciones, como las y los trabajadores de Télam, o los ferroviarios del Sarmiento junto a la Comisión Salvemos al Tren. La juventud se organiza contra el aumento del transporte y protagoniza “Molinetazos”. Sigue la lucha del movimiento en defensa del ambiente. Unidxs por la Cultura continúa movilizándose y se hace presente en cada lucha. En varias localidades nacen y crecen las asambleas barriales,  El movimiento de mujeres se apresta a protagonizar un masivo 8M. Y seguramente tendremos una enorme movilización el próximo 24 de marzo, en otro aniversario del golpe genocida.

Sin duda, una gran tarea es coordinar todas estas peleas, para ayudar a que ganen. Salir a luchar unitariamente, sin sectarismo, con todo aquel que se oponga al plan motosierra. En este marco, es muy importante seguir exigiendo a la CGT y las CTA que llamen ya mismo a un nuevo paro general y a un plan de lucha. Cosa que lamentablemente, no es lo que está sucediendo, ya que dicen que “esto no se resuelve contestando con un paro general” y apela a tener confianza en que los gobernadores frenarán el plan de La Libertad Avanza. Y esto a pesar de que Milei insiste, como hizo en su discurso del 1° de marzo, no sólo con el ajuste en curso, sino en anunciar avanzar en la flexibilización laboral, la reforma jubilatoria, los cierres de organismos públicos y las privatizaciones.

La bronca y los conflictos crecientes hacen que muchos, hasta el FMI, se pregunten si este ajuste es “viable” o si todo terminará estallando. El resultado dependerá de lo que sucede en las calles, en las luchas, en los paros y movilizaciones, que hay que hacerlas cada vez más masivas y coordinarlas.

Pero también es fundamental dar respuestas políticas. Porque Milei dice que su plan motosierra es la única salida. Miles que ya no soportan el ajuste y salen a luchar contra él se preguntan cuál es la opción a todo esto. Respondemos que, sin duda, no es volver al peronismo, cuyo gobierno nos llevó a este desastre, y terminó generando que, equivocadamente, millones por bronca votaran al ultraderechista de Milei. La alternativa, en cambio, es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: que gobiernen los que nunca lo han hecho y no tienen complicidades con el ajuste, las y los trabajadores y la izquierda. Para poner en marcha un programa diferente, opuesto por el vértice al actual, obrero y popular, que priorice las más urgentes necesidades populares y no a los buitres acreedores. Por eso decimos que ese plan alternativo debe comenzar por suspender inmediatamente todos los pagos de la deuda externa y romper con el FMI. En vez de darle más privilegios a las grandes empresas, tiene que ponerle fuertes impuestos. Se debe plantear terminar con la especulación y la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Hay que reestatizar las privatizadas para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Y, por supuesto, empezar por otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Todas estas medidas, como un primer paso para avanzar hacia una Argentina socialista, donde impere la más plena democracia para el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El ajuste salvaje de Milei llegó a las provincias, generando roces con los gobernadores. Estos, amagaron rebelarse, pero salieron a negociar. Milei les ofrece ahora un “pacto” para mayo, a costa de profundizar el plan de guerra contra las y los trabajadores.  Pero la crisis política sigue su curso.

Hace un par de semanas, Milei salió derrotado con la Ley Ómnibus. Una demostración de que, pese a que es un gobierno con menos de tres meses, del apoyo del FMI, del imperialismo yanqui y de los grandes empresarios, tiene un fuerte y creciente repudio popular, y una debilidad que le señalan los mismos que lo aplauden: ¿lograrán hacer pasar este ajuste? ¿serán capaces de hacer pasar la reforma laboral, la jubilatoria, las privatizaciones? La segunda del FMI, Gita Gopinath, vino especialmente a nuestro país para plantearle al gobierno que tienen que “ampliar su base política de sustentación”.

La crisis con los gobernadores

Milei se jacta de haber logrado en enero, el mayor recorte de gasto público de la historia. Es cierto: lo hicieron centralmente hambreando a las y los jubilados, recortando salarios estatales. Una parte importante de ese ajuste se plasmó no enviando fondos a las provincias. Que, precisemos, no es para “las provincias” en general, sino bien en concreto, para los docentes, tal el caso del Fonid, o para políticas sociales específicas.

¿Cómo reaccionaron los gobernadores? Estos, de distinto signo político (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) tuvieron una reacción que, más allá de los matices, fue similar. Por un lado, comenzaron a implementar el ajuste en sus propias provincias (notable, por ejemplo, en la forma en que se están dando las discusiones sobre los salarios docentes). Por el otro, salieron a protestar contra el gobierno nacional, buscando desviar hacia allí la presión por la bronca popular y también de sectores patronales de sus propias economías regionales afectados por el ajuste.

El caso que ganó más notoriedad fue el de Ignacio Torres, de Chubut. Asfixiado por el recorte del gobierno de Milei, llegó a amenazar con cortar el suministro de gas y petróleo al resto del país si no se le giraba los fondos. Llamó la atención por la radicalidad del planteo, y más aún por tratarse de un gobernador del PRO, alineado hasta días antes con el sector más cercano al gobierno. Recibió el apoyo de 22 de los 23 gobernadores e incluso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (sólo mantuvo silencio el gobernador peronista tucumano Osvaldo Jaldo), desnudando la debilidad del gobierno de Milei. Claro que, como era de esperar, bastó un simple fallo de la justicia local obligando a volver a enviar esos fondos a Chubut para que se terminara la “combatividad” del gobernador chubutense, y todo volviera a su cauce.

El “pacto de Mayo”

El presidente Milei, en su discurso del 1° de marzo, llamó a firmar un pacto con los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba. A cambio de la promesa de algunos fondos para las provincias (que provendrían, luego se supo, de volver a imponer el impuesto a las ganancias sobre los salarios), los gobernadores deberían apoyar el reenvío al Congreso de la Ley Ómnibus. Y un paquete de 10 puntos que contiene, entre otros, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, privatizaciones, terminar con los convenios colectivos por rama, pasando a “por empresa” y la vuelta de un sistema de jubilación privada. Ya la mitad de los gobernadores corrieron a decir que estaban de acuerdo con este auténtico pacto contra el pueblo trabajador.

Pero, ni de lejos, esto quiere decir que se haya cerrado la crisis política. El gobierno sigue teniendo una relación con la oposición patronal muy complicada, producto de su propia debilidad (no tiene un solo gobernador propio y sus bancadas legislativas son muy minoritarias), de la propia crisis de los partidos patronales y, sobre todo, de la bronca popular creciente que presiona por todos lados.

¿Cuál es la salida?

Obviamente que no podemos tener ninguna confianza en los gobernadores ni en los bloques legislativos de los partidos patronales opositores. Tampoco en el accionar de la Corte Suprema y los jueces. La pelea contra el plan de ultraderecha de Milei se definirá con la lucha obrera y popular.

Se puede ganar. Es posible derrotar este plan de guerra contra el pueblo trabajador. Lo demostró la caída de la Ley Ómnibus, tras el paro del 24 de enero y las movilizaciones que se dieron. Pero, así como Milei pega fuerte en lo que se propone, la respuesta debe ser del mismo tenor. Es más necesario que nunca que la CGT y las CTA llamen a un nuevo paro nacional y a un plan de lucha que permita unificar todas las luchas sectoriales hoy dispersas. A la vez, frente a gobernadores que negocian y llevan adelante su propio ajuste en las provincias y a un peronismo que viene de gobernar y llevarnos al desastre, tenemos que reafirmar que la única salida es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: un plan económico distinto, opuesto por el vértice al actual, que arranque de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que, en vez de otorgar más privilegios a las grandes empresas, les ponga fuertes impuestos. Con el objetivo de poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.

Un auténtico manifiesto contra el pueblo trabajador. Aquí lo “traducimos”:

“1. La inviolabilidad de la propiedad privada”
 Prohibición a reestatizar. Vía libre para que las patronales hagan lo que quieran, fijen precios abusivos y obtengan super-ganancias.

“2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.”
Seguir el ajuste del gasto a costa del hambre de las y los jubilados, salarios a la baja y destrucción de la salud y la educación públicas.

“4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
 5. La re discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.”
Menos impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Ajustar el gasto provincial, en particular salud y educación.

“6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.”
Más saqueo y destrucción ambiental.

“9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.”
Reducir la representación de las minorías y en particular de la izquierda.

“10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.”
Liquidar la industria nacional, cerrar miles de empresas y aumentar el desempleo.

El punto 7, liquidar las conquistas de la clase trabajadora

La propuesta dice textualmente:
“7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.”

Se trata de la más absoluta flexibilización laboral y la derogación de todas las conquistas que logró la clase trabajadora en 100 años de lucha. Y una en particular: el convenio colectivo por rama de producción. Milei en su discurso dijo expresamente que va a reemplazarlo por otro “por empresa”, un viejo deseo patronal para atomizar a la clase trabajadora y quitarle poder de negociación.

El punto 8: vuelve la jubilación privada

Dice el texto:
“8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.”

Detrás de la palabra “sustentable” está seguir hambreando a jubiladas y jubilados, aumentar la edad de retiro, liquidar los regímenes especiales (empezando por el docente) e impedir que se jubilen aquellos que no tengan los años de aporte.

Pero también aparece el planteo de volver a la jubilación privada, como en los ‘90 con las trístemente célebres AFJP, y aún peor, ya que ahora se habla de un sistema de seguros privados que no garantizarán ni siquiera un haber mínimo.