Escribe José Castillo

En medio de la pandemia del coronavirus el capitalismo imperialista ha mostrado, una vez más, su verdadera cara: la búsqueda insaciable de ganancias a costa, en este caso, de la vida de millones de personas en el planeta. Los que más lo sufren una vez más, son los trabajadores y los pueblos sometidos del planeta.

Las principales empresas transnacionales farmacéuticas del mundo, las mismas que son responsables de innumerables casos de depredación ambiental, monopolizan las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Esos pulpos internacionales, compitiendo entre ellos, han generado un verdadero colapso: el acceso a la vacunación, vital en estos momentos, es un problema en prácticamente todos los países de todos los continentes. Se han firmado contratos por miles de millones de dólares, con cláusulas leoninas a favor de las farmacéuticas (como la que se acaba de conocer entre Pfizer y el gobierno de Brasil) y aún así estas multinacionales, abusando de su poder monopólico, no entregan las dosis en tiempo y forma, generando colapsos sanitarios en muchísimos países.

Muchos países, a partir de su tecnología propia, hoy están en condiciones de producir sus propias vacunas. Pero no pueden hacerlo, ya que las multinacionales farmacéuticas tienen la “propiedad privada” sobre las patentes y no lo permiten. La Organización Mundial de la Salud, países como Sudáfrica e India e innumerables personalidades se han pronunciado por la suspensión de las patentes sobre vacunas y otros medicamentos vitales para el tratamiento del Covid 19. Incluso se ha llevado el caso ante la Organización Mundial de Comercio. Por supuesto, el imperialismo yanqui, junto con los propios pulpos transnacionales, son los primeros en oponerse.

El caso argentino: las vacunas están en Garín

En nuestro país, el empresario Hugo Sigman, amigo del presidente Alberto Fernández, con su empresa mAbxience, está produciendo vacunas en la ciudad de Garín. Ya se han producido millones de dosis, lo que demuestra que nuestro país forma parte de aquellos que tiene el conocimiento y la tecnología para hacerlo. Pero las vacunas son “propiedad” de la multinacional AstraZeneca, y enviadas a los Estados Unidos. Con la excusa de que el proceso final, que incluye el envasado en vidrio, se hace en ese país. ¡Cómo si nuestro país no contara con varias empresas y laboratorios que pueden realizar y supervisar ese paso!

No hay excusas: el único motivo por el que las vacunas no quedan en el país, donde podrían haber solucionado ya la crisis vacunatoria, es la defensa de la “propiedad privada” de la patente de AstraZeneca.
¡No a las patentes! ¡Que las vacunas queden en el país!

Desde Ambiente en Lucha nos sumamos a la campaña internacional por la suspensión de las patentes que viene llevando adelante la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI). Y también a la exigencia que,lanzada desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, plantea la incautación de las vacunas producidas en Garín y la intervención de la empresa para que sean utilizadas en inmunizar ya mismo a toda la población de riesgo de nuestro país. Por eso el 14 de abril, día en que la Organización Mundial de Comercio se reúne para debatir el tema, nos sumamos a la Jornada Internacional por No a las patentes y vacunas para todas y todos.

La lucha contra las patentes y las transnacionales involucradas (y sus socios locales) es estratégica en pelea por la defensa del ambiente. Son los mismos que, con sus fórmulas secretas, envenenan poblaciones, cursos de agua, liquidan biodiversidad, contribuyen al calentamiento global, todo bajo el altar de la sacrosanta propiedad privada capitalista y sus ganancias. Desde Ambiente en Lucha sostenemos que la defensa del ambiente, de nuestra casa común, está estrecha e íntimamente asociada a la pelea contra el capitalismo imperialista, por otro sistema, sin explotación ni opresión y que plantee una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza: el socialismo.

Escribe José Castillo

Desde 1993, se celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Sin embargo, pese a que hace ya casi treinta años que existe ese día “de concientización”, 2.200 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, no tienen acceso a este recurso vital y otras 4.200 millones viven sin servicios sanitarios adecuados.

El agua se va transformando, cada día más, en una mercancía que hay que comprar en el mercado. Llegó al extremo de que, el año pasado, empezó a cotizar en las Bolsas de valores mundiales, como el oro, la soja o el trigo. Una expresión de a dónde nos está llevando el capitalismo imperialista en su crisis y su sed de superganancias.

Nuestro país no es ajeno a esta apropiación del agua por parte de las transnacionales y también de los empresarios locales. Todo con la vista gorda y en muchos casos la anuencia y complicidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales de cualquier signo político. Poblaciones enteras ven la contaminación de sus ríos, lagos y lagunas, producto del uso que hacen la megaminería y el fracking. Rios fundamentales como el Paraná son de hecho privatizados y saqueados como es el caso de la hidrovía del Paraná. Una enorme cantidad de humedales están en riesgo, con la consiguiente pérdida de la biodiversidad que contienen. Y el pueblo trabajador ve cómo se privatiza y cierra incluso el mínimo acceso al río para esparcimiento, como sucede en la ciudad de Buenos Aires con el proyecto de Costa Salguero, o las poblaciones de Santa Fé con los puertos privados al servicio de las exportaciones de las pulpos transnacionales.

El año pasado, ya en plena pandemia del Covid 19, se llegó al extremo de contagiados en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires por el no acceso a la red de agua, lo que hizo difícil incluso el elemental cuidado de lavarse constantemente las manos.
Concientizar y salir a pelear por el acceso al agua potable para todas y todos, por el derecho al disfrute de nuestros ríos, lagos y lagunas, por el cuidado de nuestros humedales es estratégico en un país como el nuestro, asentado en medio del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo.  

Por eso, el pasado 22, miles participamos en distintos actos y movilizaciones en nuestro país. Desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones se organizaron acciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, La Rioja y Neuquén. En la convocatoria se planteaba: “Las mega corporaciones, el Estado y los gobiernos son responsables, y el reclamo hacia estos actores es cada vez más fuerte, inocultable por los medios hegemónicos. Repudiamos la represión a los pueblos, a les activistas y el racismo que acompaña su accionar persecutorio. La megaminería, el fracking, el agronegocio, la industrializacion animal,  la exploración sísmica, el embalse de ríos y tantas otras actividades, las que desprecian la naturaleza utilizando el agua como un material de descarte, son las diferentes caras del extractivismo que destruyen los ecosistemas y la biodiversidad, poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia. En Argentina, 6.000.000 de personas carecen de acceso al agua potable ¡Reclamamos agua de red para todes! ¡Basta de quemas! Desde la Coordinadora Basta De Falsas Soluciones, todo el apoyo al pueblo de Chubut que lucha contra los intereses corporativos y gubernamentales que prenden fuego los bosques provocando incendios. El colapso por la crisis climática y ecológica es inminente si no cambiamos de rumbo. [...] Por la naturaleza, por cada ser vivo que habita el planeta, este lunes 22 de marzo decimos ¡El agua vale más que todo! y ¡basta de extractivismo! El agua no se negocia. ¡Ley de humedales ya! ¡No al fracking en Vaca Muerta! Nahueve sin represas y ríos libres. No a la mina, No Es No. No al acuerdo porcino con China.”

En la ciudad de Buenos Aires se realizó una importante manifestación unitaria a la Plaza de Mayo de la que participamos con la coordinadora BFS y con Ambiente en Lucha, y en la que también logramos que se hagan presentes organizaciones que, por su cercanía con el gobierno nacional, usualmente no se movilizan, como Jóvenes por el Clima y Ecohouse, parte de la Alianza con el Clima.

El día 21 también hubo una importante movilización en Paraná, Entre Ríos. César Baudino, del Colectivo de Trabajadores por la Ventana y de la multisectorial por los Humedales escribió al respecto: “Porque el tiempo de marchar es ahora. ¿Desde cuando marchamos? Desde siempre, desde la historia misma de la la humanidad, desde que existen los explotados y los oprimidos por expoliación. Quizás marchar por el agua sea más reciente pero aquí me detengo a reivindicar a los pueblos ancestrales, al No es No a la mina de Esquel, a las asambleas antimineras de Andalgalá y Jachal, la lucha de los pescadores y las puebladas de Cerri e Ingeniero White, enfrentado a las empresas del Polo Petroquímico y en defensa del estuario, al no a las papeleras de Gualeguaychú, a las asambleas por los humedales y un gran etcétera”.
La lucha por el agua continúa, porque se trata de un derecho humano, no de una mercancía.

Escribe César Baudino, Paraná, Entre Ríos.

En el marco de la pandemia de Covid-19 el Gobierno de Alberto Fernández ha acelerado su proyecto dependiente neocolonial con varias medidas que acentúan el perfil primario extractivista. Tras llegar a acuerdos con los bonistas para el pago de la fraudulenta ilegal y usurera deuda externa ya tiene definido de dónde sacar los dólares al precio de la catástrofe ambiental vía agricultura transgénica, ganado vacuno, porcino, megaminería, fracking y la ampliación de las plantas químicas y petroquímicas. La producción no está pensada para el desarrollo del país sino para satisfacer las demandas del mercado mundial especialmente Chino (una entrega total de la seguridad ambiental y sanitaria del país, ya en serio riesgo de daño grave e irreparable por el modelo agroindustrial).

Las exportaciones agropecuarias -manejadas y sin control por multinacionales- crecieron un 9% en el primer cuatrimestre frente al desplome industrial. El campo considerado servicio esencial es el único superviviente al derrumbe económico de Argentina, agravado ahora por la pandemia de covid-19.

Días pasados los representantes del Agronegocio enrolados en el Consejo Agroindustrial Argentino entregaron al presidente un documento elaborado por el sector que plantea la posibilidad aumentar las exportaciones totales argentinas a 100.000 millones de dólares en 2030, junto con la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Dijo Alberto Fernández  que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.

El Documento Programático habla de las comunicaciones como el ferrocarril y el transporte fluvial-marítimo que evitaría en gran parte la mayor causa  de muertes en Argentina por accidentes viales. Y se nos viene a la mente el modelo agro-exportador de la oligarquía de 1880 con los ferrocarriles y puertos vinculados al mercado mundial capitalista, especialmente Inglaterra, que si bien tenía por objeto la salida de los productos –especialmente carnes y cereales-  por el puerto de Buenos Aires, sirvió como colonizador, fundador de pueblos e integración social.
 El proyecto macro actual de las burguesías sudamericanas, en especial la paulista, es el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica), que tiene por fin las comunicaciones entre Brasil y el Pacífico (Chile) y desde el Pantanal hasta Nueva Palmira (Uruguay).
“El IIRSA tiene como objetivo promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones bajo una visión regional”, se dice. Un ejemplo concreto a lo que nosotros respecta es el Puente Rosario-Victoria. Entonces la pregunta es: ¿Las conexiones son para la integración de los pueblos o para los negocios capitalistas?

La Hidrovía Paraná-Paraguay

Ante un nuevo proceso de licitación y propuesta de obras de la Hidrovía Paraná-Paraguay para principios de 2021, se involucrará en el nuevo contrato a las provincias litoraleñas. Por qué el gobernador Bordet festeja esta iniciativa, tendrá algo que ver la quema de los humedales, el acuerdo con China por los cerdos, o qué negocios estará pergeñando. Su inacción respecto a las quemas en las islas habla por sí solo

¿Cómo se interviene el Río?
Señalización, ensanchamiento, balizado, profundización y rectificaciones con el fin de dotar una mayor profundidad el río para que puedan transitar barcos de mayor calado es decir mayor carga que favorezca los el negocio fluvial.

¿Cuál es la empresa que tiene la concesión?
El día 20 de febrero de 1995, el Gobierno Nacional suscribió con la empresa oligopólica belga Jan de Nul N.V. y la argentina Emepa S.A., entre otros actores menores, el contrato de adjudicación de las obras por concesión (aprobado al día siguiente por Decreto Nacional Nº 253/95). Con ello, se otorgaba la concesión del tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay  a las empresas mencionadas, actualmente comprometidas en una “unión empresarial” llamada Hidrovía S.A., por un período de 10 años. Y con ello el manejo del transporte fluvio-marítimo del país.

¿Qué objetivos persigue?
El transporte fluvial de mercancía es el más barato existente visto desde la lógica comercial. Sin embargo, en ese cálculo no son tenidos en cuenta los daños que se le provocan al río, sus ecosistemas y comunidades que de él dependen, al intervenirlo y modificarlo en pos de las demandas mercantiles de la región.

La Hidrovía Paraná-Paraguay uno de los mayores sistemas navegables, éste se ha constituido en el mayor factor de cohesión histórica, humana y económica de los países sudamericanos que la conforman Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Es importante señalar que la Hodrovía Paraná-Paraguay tiene una influencia particular en la expansión de la frontera agrícola y en lo que de ella deriva: deforestación y deterioro de los suelos en contrapartida de mayores superficies sembradas con monocultivos.
El principal objetivo es el de aumentar especialmente los volúmenes de granos transportados para poder competir en el mercado internacional. Según cifras del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante el primer semestre del año 2019 las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representaron el 37,1% de las exportaciones argentinas, conformadas en un 62% por los granos y sus derivados.

¿Cuál es la zona estratégica de este proyecto?
Existe una zona muy particular, de tan sólo 70 kilómetros de extensión, ubicada entre Timbúes-Santa Fe (a 7 kilómetros de Puerto General San Martín) y Villa Constitución-Santa Fe (a 17 kilómetros de San Nicolás – Buenos Aires), donde se encuentran instaladas 29 terminales portuarias privadas. Del total, diecinueve se dedican al procesamiento de granos y derivados, y doce de ellas tienen fábricas aceiteras propias. Es decir, en este pequeño tramo de costa se halla instalado el mayor conglomerado agroexportador del país y de la región, representando el 80% de la capacidad nacional de molienda de granos.

En el Gran Rosario, en los últimos 20 años (2000-2019) han ingresado anualmente un promedio de 2.093 buques provenientes de ultramar; siendo récord el año 2019 con 2.632 buques, y un promedio de ingreso de 7 buques por día. En la campaña 2018/2019, la argentina produjo 142 millones de toneladas de granos y sub-productos, y de tal producción el 75% se comercializó a partir de estos puertos mediante la navegabilidad facilitada por la hidrovía.

¿Quién lo administra?
El Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH). 27 años después de la promulgación de este Decreto Nacional, y con una empresa al mando de la concesión por 25 años consecutivos, siendo de público conocimiento la investigación penal por presunta corrupción que aconteció en la última renovación de plazo -sobornos por 600.000 dólares al gobierno nacional, develados en la causa de los cuadernos-, todavía el gobierno no ha creado órgano de control alguno que ejerza la función de vigilancia del comportamiento de dicha empresa y vele por los intereses de la región.

Las críticas se centran, por un lado, en el elevado costo del peaje en relación a los servicios prestados; y, por otro, en que los estudios de impacto ambiental y social son llevados a cabo por la misma empresa, lo que implica que son sesgados, no reflejan el daño que se causa al río, a la flora y la fauna, y no abordan las consecuencias desde una mirada integral.

¿Qué consecuencias?
Intensificación de la explotación de los suelos y corrimiento de la frontera agrícola, principalmente dirigida hacia el monocultivo de la soja, trayendo aparejada su degradación y la eliminación de bosques nativos, de ecosistemas acuáticos, humedales y biodiversidad.
Comunidades aledañas a la hidrovía han ido perdiendo sus tierras, por el avance de la explotación agraria, la instalación de industrias dedicadas al procesamiento de granos y la instalación de terminales portuarias. Esto, implica para los habitantes, contaminación por el uso de agrotóxicos y en el aire por el gran movimiento vehicular en las cercanías de los puertos.

Los trabajos de dragado han influido notoriamente en el proceso de erosión costera y junto al gran tráfico fluvial, han afectado negativamente el desarrollo de la fauna ictícola del río y la flora que acompaña estos ecosistemas. Los hábitats acuáticos donde subsisten y se reproducen, han sido modificados, causando el desplazamiento de especies.

La economía informal, generada y conformada por las comunidades pesqueras, se ha deteriorado, perdiendo sus integrantes el único medio que tienen para subsistir.
A lo largo de la vida del proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay la información pública ambiental fue y continúa siendo negada e incompleta.

¿Cuáles son las conclusiones políticas que debemos sacar?
*Rechazar el proyecto neocolonial extractivista del Gobierno.
*Necesidad de la creación de la Junta Nacional de Granos para que lleve el control de lo que se produce,  cómo y para quién, la diversificación productiva y los precios máximos y mínimos. Además tiene como principal tarea la soberanía alimentaria es decir erradicar el hambre del país con alimentos orgánicos sanos, sin venenos.
*Nacionalizar el comercio exterior para que evite las fugas de divisas, las facturaciones apócrifas y el contrabando.
*Las vías de comunicación tienen que ser accesibles, para acercar, integrar y estar al servicio de los pueblos y no de los negocios. No tienen que afectar la biodiversidad y el hábitat porque los humanos somos parte de la naturaleza y no ajenos a ella. Tenemos que ir a otra forma de vivir más planificada desde el interés comunitario en convivencia con los otros seres vivos en complementariedad y reciprocidad.

Escribe Ambiente en Lucha Santa Fe

Así como en los ‘90 el gobierno peronista de Menem, junto con el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá, entregó el control de la hidrovía a manos privadas, hoy el gobierno de Alberto busca su reprivatización. Para eso creó el Consejo Federal Hidrovía (CFH), un espacio que asesoraría al ministerio de Transporte en todo lo relativo a la nueva concesión de la vía navegable y desde el cual se busca coordinar entre las provincias involucradas y el Estado nacional. El 22 de febrero se realizó la primera reunión del CFH en Rosario con la participación de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

En el discurso de apertura, el gobernador Perotti destacó el rol de quienes impulsaron el proyecto de la hidrovía en la provincia: los gobernadores Reutemann y Obeid. También hizo una mención especial para la Bolsa de Comercio, un emblema de la concentración y el lucro a través del cual operan los pooles sojeros. Con estas declaraciones refleja que existe una clara continuidad en la política de entrega de nuestros recursos a las multinacionales, que durante estos 25 años trasladaron millones de toneladas de granos usando nuestro río Paraná como una “autopista”, sin rendir cuentas a ningún organismo de control, evadiendo impuestos al fisco, contaminando las aguas y dañando severamente el ecosistema de humedales. Un modelo que no podría existir sin la privatización de los puertos a lo largo del cordón industrial en el sur de Santa Fe y el gran Rosario, realizada y perpetuada por los distintos gobiernos peronistas que con esta medida favorecieron el contrabando y la fuga de exportaciones.

En el mismo sentido, Perotti sostuvo la necesidad de promover el desarrollo a través de la hidrovía y de “salir al mundo”. Una idea en total consonancia con los economistas de Juntos por el Cambio, quienes también encubren mediante este eufemismo la subordinación de nuestro país como productor de materias primas para satisfacer la demanda del mundo desarrollado a costa de más saqueo y depredación ambiental.

Por su parte, el ministro Meoni señaló que la concesión anterior cumplió su cometido y que a partir de ahora se debe crecer en calados, es decir, seguir ensanchando el río, para soportar las embarcaciones que serán cada vez más grandes en el futuro. Según el funcionario, las cuestiones ambientales son un “tema sensible” cuya responsabilidad continuará recayendo en las provincias. También admitió que nunca hubo organismo de control y que ya se contaría con un proyecto redactado al respecto, sin embargo, resulta difícil confiar en el mismo partido que en todos estos años no pudo o no quiso garantizarlo.

Por eso desde Ambiente en Lucha participamos de una concentración frente a la gobernación, junto a decenas de organizaciones y activistas independientes, en rechazo a este nuevo intento de privatización de la Hidrovía, reclamando la reestatización de los puertos y denunciando el daño ambiental producido en los humedales. Exigimos además el cese inmediato de las  quemas de pastizales que continúan produciéndose en toda la región del litoral, otra de las consecuencias que trae aparejadas este modelo de entrega.
 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Desde hace meses jóvenes, ambientalistas, organizaciones sociales y políticas, enfrentan el proyecto del gobierno de Horacio Larreta y el PRO que busca privatizar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, para construir torres de lujo y comercios en las costas del Río de la Plata. Estamos en la recta final de una pulseada para recuperar el derecho al espacio público ribereño.

La Ciudad de Buenos Aires vive una verdadera emergencia climática, que se profundiza día a día con la constante desaparición de espacios verdes en pos de la especulación inmobiliaria. En 14 años de gobierno del PRO, se ha profundizado el proceso de privatización de tierras públicas, lo que trae como resultado la pérdida de más de 400 hectáreas para el negocio privado. El proyecto de Ciudad del PRO no respeta ni siquiera, los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud que indica que en los espacios urbanos se debería destinar 10 metros cuadrados por habitante tanto desde el punto de vista ambiental como por la salud de quienes habitan en él. Este modelo de ciudad al servicio del negocio de los especuladores inmobiliarios,  profundiza los problemas ambientales, en detrimento de la calidad de las y los trabajadores y sectores populares.
Ahora estamos enfrentando uno de los proyectos más ambiciosos que significarán una clara obstrucción del derecho al acceso al río. Luego de 30 años de concesión y negocio privado de las tierras públicas de Costanera Norte, se busca reprivatizar las codiciadas tierras junto al Río de la Plata, que debían constituir un espacio vegetado en una ciudad cada vez más gris.

Estamos atravesando una profunda crisis climática, con incendios y sequías, disminución de la biodiversidad que ponen en discusión la necesidad de medidas de fondo contra el sistema capitalista imperialista. Por eso, más que nunca, es necesario reducir los impactos de la crisis climática aumentando los espacios verdes, que absorben los gases contaminantes y son reguladores térmicos. Se trata de poner en discusión la necesidad de que estas tierras públicas generen un verdadero derecho al horizonte y al acceso al río para constituir un borde costero, que al mismo tiempo que reduzca el impacto ambiental, permita el disfrute de las y los trabajadores y sectores populares. Con la privatización se produce un verdadero bloqueo a una costa pública.  

Destacamos que este proyecto tiene su origen en la votación en 2018 del “Distrito Joven”, que legalizó la privatización precaria realizada en los años noventa para boliches y clubes deportivos. En este ocasión, el PRO no sólo contó con los votos de sus aliados del GEN, Coalición Cívica y el PS sino también con todos los votos del Bloque Peronista (hoy parte del Frente de Todxs).
 
¡Más espacios verdes, menos especulación inmobiliaria!

El proyecto se rezonificación del gobierno de la Ciudad es un negocio redondo para los especuladores inmobiliarios, se trata de la posibilidad de construir edificios de entre 18 y 29 metros de altura a orillas del río, donde el metro cuadrado podría valer hasta 9.000 dólares.  En los últimos 14 años de gobierno del PRO, se construyeron 20 millones de metros cuadrados, para una población que no crece desde hace más de 70 años y se mantiene en 3 millones de habitantes. Lo que sí aumenta es el déficit habitacional y se verifica un incremento del 50% de la población de los barrios pobres y populares de la Ciudad en los últimos años. Millones de trabajadoras y trabajadoras se ven expulsados de la ciudad porque no pueden ni siquiera pagar los irrisorios precios de los alquileres. El resultado queda a la vista: entre 250.000 y 350.000 viviendas ociosas en la Ciudad, que representa el 24% del total.

Impulsemos la organización en las calles para la recuperación ribereña

Desde hace meses ambientalistas, organizaciones sociales y políticas venimos siendo parte de un movimiento de rechazo a la privatización del predio, con bicicleteadas, concentraciones y acciones de concientización para frenar el proyecto de Larreta. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y nuestra agrupación Ambiente en Lucha somos parte de este movimiento que lucha por la recuperación del espacio ribereño. Estamos en la pulseada final, tenemos que profundizar la organización para recuperar estas tierras públicas al servicio de espacios verdes que disminuyan los impactos de la crisis ambiental que estamos atravesando.

Planteamos la creación de un parque público  que permita incluir flora nativa para que convoque fauna silvestre, porque es la que requiere menos mantenimiento y aporta a recuperar la biodiversidad perdida en la ciudad.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y  nuestra banca en la legislatura y en las calles rechazamos la reprivatización del predio de Costanero Norte al servicio del negocio inmobiliario y peleamos porque estas tierras sean utilizadas para espacios públicos verdes y un verdadero acceso al rio  para las y los trabajadoras, jóvenes y sectores populares al río.