Escribe Claudio Funes
A pesar del dramático contexto en el que viven el pueblo trabajador y los sectores populares, de profundización de la pobreza, desocupación, precarización laboral, bajos salarios e inflación galopante, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner buscan colocar como prioridad el juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En pleno año electoral, Alberto Fernández quiere mostrar alguna iniciativa ante su base de votantes y aglutinar la tropa a su alrededor. Es un circo al que con gusto se suma la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Ambos son “los socios de la grieta”. Y obviamente, un show mediático alrededor de si “juicio político sí o juicio político no” a la Corte Suprema le cae como anillo al dedo.
Por ello, el pasado miércoles 11 de enero el gobierno llamó a sesiones extraordinarias en Diputados para que comience a funcionar la Comisión de Juicio Político a partir del 23 del mismo mes. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade estima que el proceso durará unos seis meses, con lo cual durante buena parte del año electoral habrá circo garantizado. Mientras se tapa por supuesto, la entrega al FMI, el mayor ajuste, la pulverización de salarios y jubilaciones y el incremento de la pobreza y la marginación social.
¿Democratizar la justicia?
Algunos compañeros podrán preguntarse si, al menos e independientemente de la utilización electoral, este juicio político servirá para democratizar la justicia oligárquica y corrupta que siempre falla a favor de los poderosos. Lamentablemente, nada de esto sucederá.
Está claro que esta justicia es repugnante. Se mostró una vez más con la filtración de los chats donde jueces compartieron un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis con políticos patronales, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín. Los cuatro actuales miembros de la Corte son corruptos, han fallado siempre sistemáticamente a favor de los ricos y contra el pueblo trabajador y hasta tienen el antecedente de haber intentado liberar a genocidas, como en el famoso fallo “dos por uno”, ante el que tuvieron que retroceder frente a la indignación popular y una marcha multitudinaria en contra. Pero aunque los echen o renuncien, ¿qué pasará?
Veamos. Hasta la reforma constitucional de 1994 el Presidente ponía a dedo a los jueces de la Corte, luego validados por el oligárquico Senado (donde siempre tuvo mayoría el peronismo desde 1983). No había concurso, ni examen. Después del ‘94 a los jueces de la Corte los sigue eligiendo el Presidente con el voto de dos tercios del Senado. O sea, continúa el dedazo.
Para elegir a los jueces federales (la instancia inferior) apareció el engendro del Consejo de la Magistratura. Este organismo de veinte personas encargado de elegir, controlar y remover a los magistrados está integrado por el presidente de la Corte (Horacio Rosatti), un miembro del Poder Ejecutivo (el actual es Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro), cuatro senadoras y senadores y cuatro diputadas y diputados, o sea diez “de la política tradicional”. Alguien podrá decir que los otros diez integrantes son “independientes”. Claro que no. De los cuatro representantes de Jueces, cuatro de abogados y dos de la Academia, todos están ligados al PJ, a la UCR o al PRO. El abogado Héctor Recalde, por ejemplo, fue presidente del Bloque del Frente para la Victoria en Diputados, la actual consejera y abogada Jimena de la Torre es del PRO, y el juez y actual consejero Alberto Lugones lo es por la Lista Celeste, ligada al peronismo kirchnerista.
Como vemos, todo el aparato de la cúpula del Poder Judicial, incluyendo su sistema de selección, está podrido y es absolutamente funcional a los poderosos, los ricos, las patronales y los políticos corruptos.
Estamos de acuerdo con que hay que terminar con esta justicia patronal, elitista, patriarcal y acomodaticia de jueces y fiscales ante los gobiernos que los designan (muestra de ello fue la pelea escandalosa en la sesión de Diputados entre el peronismo y Juntos por el manejo de los jueces). Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, a la vez que denunciamos el circo mediático electoral que se intenta montar en estos días, planteamos que si queremos transformar de verdad a la Justicia, además de echar a todos los jueces corruptos (de la Corte y de los niveles inferiores), hay que ir a cambios de fondo: que los jueces sean electos por el voto popular, con cargos revocables (no vitalicios); deben ganar lo mismo que un director o directora de escuela, y se tiene que implementar masivamente el sistema de juicios por jurados. Solo así la tan remanida “democratización de la justicia” dejaría de ser un slogan para pasar al terreno de la realidad.