Print this page

Soterramiento del Sarmiento / Un monumento a la corrupción

Publicado en El Socialista N° 543
Tags

Escribe Claudio Funes

Cristina Kirchner entregó la faraónica y cuestionada tarea de soterrar el Sarmiento a un consorcio de empresas privadas, con su decreto 151 del 23 de enero de 2008. La Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por: la brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa (de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la italiana Ghella (socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS -Obras, Desarrollos y Servicios-) y la española Comsa; recibieron millones, también del macrismo, por un trabajo nunca concluído.

El 16 de junio de 2016, mediante un decreto firmado por Gabriela Michetti, el gobierno de Mauricio Macri ordena reanudar las obras, entonces paralizadas. Rápidamente asignó fondos a ser pagados a la UTE Iecsa-Odebrecht-Ghella-Comsa. A esa altura, Marcelo Odebrecht, CEO del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la causa por coimas en su país (Lava Jato) y en varios de América Latina, entre ellos la Argentina. Eran los mismos tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos frente a las cámaras de televisión. Para colmo ejecutivos de Odebrecht confesaron pagos de coimas por al menos 3,3 millones de dólares para ganar la obra del ferrocarril Sarmiento. La tarea la llevó adelante Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en Iecsa.
Recordemos que Odebrecht también financió la campaña electoral de Mauricio Macri, así como la de Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Las grandes empresas ponen plata en todos los canastos para continuar haciendo negocios con los gobernantes de turno que la aceptan.

Si bien la UTE se fue transformando según las conveniencias de los grandes capitalistas, lo cierto es que, a la fecha de la suspensión de las obras en diciembre de 2018, el gobierno de Macri gastó más de 747 millones de dólares.

Los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, estuvieron en la primera fila de la denuncia técnica, por lo perjudicial del proyecto al servicio de pasajeros, y política, por la corrupción que caracterizó este proyecto. Las obras de soterramiento tuvieron como fin ser un gran negociado, no un más rápido y seguro transporte para el pueblo trabajador.