Escribe Elisa Rodríguez

Se están llevando adelante las audiencias del juicio por corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en la que aparece involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández. Los testimonios son abrumadores acerca de la connivencia de la familia Kirchner (Néstor, Cristina y Máximo) con Lázaro Báez, al que se le otorgaban innumerables contratos por obras que, mayoritariamente, nunca se terminaban. La contrapartida era el pasaje de parte de ese dinero a la ex familia presidencial.

El peronismo kirchnerista sostiene que todo se trata de una maniobra de “lawfare”, denuncias falsas con las que se quiere atacar y proscribir a la actual vicepresidente. Sin embargo, las pruebas y testimonios son innumerables y concluyentes.

Cristina Kirchner y los medios de comunicación que la apoyan contraatacaron recusando jueces y fiscales, mostrando fotos donde se los ve a todos juntos formando parte de equipos de fútbol que jugaban campeonatos en la quinta de Mauricio Macri.

¿Qué pensamos frente a todo esto? Se trata del más absoluto y completo muestrario de corrupción en el que hace décadas se mueven todos los políticos patronales y también los jueces y fiscales.
El kirchnerismo, ya lo dijimos varias veces, tiene decenas de pruebas en su contra, en la figura de la ex presidenta, de sus ministros y secretarios, de hechos de corrupción, con millones de dólares para el enriquecimiento no sólo de funcionarios, sino también de empresarios amigos. Lázaro Báez y Cristóbal López son solo los más destacados y conocidos.

Pero Juntos por el Cambio también está absolutamente salpicado por sus propios casos de corrupción. Ni hablar del monumento a la corrupción que es la propia fortuna de la familia Macri, hecha al calor de la dictadura militar y la estatización de la deuda externa y con los grandes negociados de la obra pública con distintos gobiernos. Pero más cerca en el tiempo, durante su gobierno también hubo contratos de obra pública no cumplidos para empresarios amigos, tal el caso de Calcaterra. La propia Elisa Carrió, en estos días, se refirió a “los negociados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. También nos podemos referir al escandaloso préstamo con el FMI, para financiar la fuga de capitales de sus amigos especuladores financieros.

Por último, hablemos de “la justicia”. Es un hecho comprobado que jueces y fiscales de todos los niveles, hasta llegar a la Corte Suprema, componen una corporación al servicio de los negocios de las grandes patronales. Todo el tiempo, en las mansiones de los empresarios, en las canchas de golf, en los countries o en los clubes exclusivos, se juntan y resuelven sus asuntos con jueces y fiscales. Así se conforma una justicia siempre lista para fallar contra los trabajadores o los sectores populares y rápida para encubrir y absolver a los ricos. Por supuesto, esta justicia elitista tiene sus internas, y funcionarios que aprovechan para “tirarse carpetazos” que sirven a uno u otro sector político patronal.

Frente a este barrial de corrupción, en el que están metidos todos, desde Izquierda Socialista volvemos a afirmar: que se condene a quien haya que condenar por todas y cada una de las causas de corrupción; que los corruptos vayan presos y tengan que devolver lo robado. Todos, sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. A la vez insistimos, ante el espectáculo que se ha destapado de una justicia corrupta y al servicio del poder político y empresarial de turno, que hay terminar con esto. Los jueces deben ser electos por voto popular y ser revocables. Y las causas deben resolverse por medio de juicios por jurado.