Escribe Claudio Funes

En su estrategia para llevar adelante la denominada “guerra contra la inflación”, el gobierno de Alberto Fernández continúa con su mesa de diálogo con grandes empresarios y burócratas sindicales.  

Por ello el pasado jueves 31 de abril hubo una reunión de la que participaron el ministro Martín Guzmán, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; los burócratas sindicales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; y el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, entre otros.

Al finalizar solo se firmó un acta que puso muy feliz al presidente. En ella se reivindicó el acuerdo con el FMI y se consideró positivo el “programa macroeconómico”, es decir al ajuste. No se anunció ninguna medida concreta a favor de los trabajadores.

Lo cierto es que, para pulverizar los salarios, es el propio gobierno el que impulsa la inflación. Muchos economistas la ubican cercana al 60% para el 2022. Es el ajuste en marcha. Como contracara nos vende la concertación como un mecanismo de diálogo efectivo para combatir el alza de precios y mejorar los ingresos del pueblo trabajador.

Este “diálogo” por fuera de las paritarias a muchos les puede parecer extraño, y sí, lo es. Si la verdadera preocupación de Alberto Fernández fuese la inflación y su correlato con la pérdida del poder adquisitivo ¿Por qué no discutirlo con negociaciones paritarias sin techo?

La explicación es sencilla: el verdadero objetivo de la mesa de concertación es alinear los precios y los salarios, es decir, que los salarios corran por detrás de la remarcación de precios para que los grandes empresarios incrementen sus ganancias.
Es por estas razones que la mesa de concertación no evitará que los precios vuelen, pero sí anclará a los salarios, con la ayuda de los burócratas sindicales.

Según el Centro de Investigaciones y Formación Argentina (Cifra) perteneciente a la CTA, en el segundo semestre de 2021 el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó 4,2% respecto a igual período de 2020 y 20,1% en relación al cuarto trimestre de 2015.

¡El salario promedio es de 40.000 pesos! Una miseria. Hace décadas atrás la pobreza se asociaba a la falta de trabajo, a la desocupación. Actualmente, es pobre el que trabaja.

Si el presidente está tan preocupado por la inflación ¿Por qué no impone precios máximos a todos los productos de la canasta familiar? ¿Por qué no aplica la Ley de Abastecimiento?

Alberto Fernández ejecuta el ajuste exigido por el FMI, pero les solicita a los empresarios que otorguen, voluntariamente, un bono extra a sus empleados para compensar el desborde inflacionario. Este pedido de “refuerzo adicional” a las paritarias a la baja y en cuotas, es la confirmación del valor miserable de los salarios pactados por la burocracia sindical peronista.

Aunque lo paguen (y ya sabemos que muchas patronales después no lo hacen), el bono no será ninguna solución, es un parche que rápidamente se comerá la inflación. Expresa la práctica del doble discurso del gobierno peronista.

Lo que se necesita es un aumento general de emergencia para que ningún trabajador y jubilado gane menos que el valor de su respectiva canasta, calculada por los trabajadores del Indec en 136.104 pesos. A estas direcciones burocráticas debemos exigirles que rompan con la política de ajuste del gobierno y llamen a plenarios de delegados y asambleas, para preparar un plan de lucha que imponga esta exigencia. Mientras, continuamos fortaleciendo al sindicalismo combativo por nuevas direcciones combativas y democráticas.