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Incendios en Corrientes / Crónica de un infierno anunciado

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La décima parte de Corrientes fue arrasada por el fuego. La prolongada sequía en la zona tiene origen en el calentamiento global, pero la violencia de los incendios sólo se explica por las políticas provinciales y nacionales que la hicieron posible.

Dos tipos de imágenes inundaron los medios de comunicación y las redes sociales en estos días: por un lado, las de llamas, los carpinchos y yacarés buscando refugio, bomberos y voluntarios exhaustos, una catástrofe de proporciones históricas; por otro, las de la solidaridad popular, familias acercando insumos, colectas millonarias en redes sociales, lágrimas desde cuarteles de bomberos como los de Berón de Astrada que jamás habían contado con un móvil autobomba para sus tareas. En el medio, Alberto Fernández atajando penales en la playa, Gustavo Valdés, el gobernador correntino de Juntos por el Cambio, en el Corsódromo, y años y años de políticas que fueron las brasas de este desastre.

Sequía y agronegocio, cóctel incendiario

Según señalan especialistas, la sequía más intensa desde el 2002 a la fecha que padece la zona es fruto del fenómeno climático “La Niña”. Un evento que tenderá a hacerse más habitual a medida que avance el calentamiento global, en el que una variación anómala de la temperatura del mar termina generando en la zona centro-oeste de Argentina vientos del norte más cálidos y altas temperaturas, como las que atravesamos en enero con cifras récord. Sus consecuencias ya habían quedado claras con la bajante histórica del río Paraná. Pero por sí solo esto no explica los incendios: al menos tres intervenciones de las patronales del agronegocio fueron necesarias.

Primero, la multiplicación de la superficie forestal a base de introducción de especies exóticas (pinos, eucaliptos) que pasó de 142 mil hectáreas en 1994 a 516 mil en 2019. Se trata de una práctica que inserta en humedales especies cuyo monocultivo desertifica su entorno, al servicio de las ganancias de empresarios como Hugo Sigman a través de Pomera Maderas, o por caso de la Universidad de Harvard, que es propietaria de 87 mil hectáreas, parte de ellas incluso dentro del territorio “protegido” de la Reserva Provincial Iberá. La velocidad del fuego en estas plantaciones es 30 veces superior a su capacidad de despliegue en bosques nativos.

Segundo, la archiconocida práctica de eliminar humedales y bosques nativos para cambiar el uso del suelo, a pesar de estar esto prohibido por la Ley de Manejo del Fuego. A lo ya dicho de la industria maderera, se suma la búsqueda de extensión de la frontera ganadera. Digamos de paso, que el gobierno anunció que giraría unos 500 millones de pesos a los productores afectados, sin que nada impida que esos fondos no sean puestos al servicio de cerrar este círculo y fomentar las mismas actividades que abrieron paso a los incendios.

Tercero, el lobby. Cuando en el Congreso Nacional empezó a avanzar el debate de la Ley de Humedales en 2020, en el Senado Provincial, peronistas y radicales, votaron una declaración en rechazo. Lo hicieron a coro de la declaración de la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, entre otras) que se pronunciaba en contra a partir de afirmar que respecto de sus explotaciones “no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales”. ¿El 10% de la provincia reducido a cenizas será ahora suficiente evidencia empírica?
Así las cosas, el fuego dibuja dramáticamente con sombras una realidad: cajonear la Ley de Humedales fue un crimen ambiental. El gobierno del Frente de Todos es el principal responsable.

Solidaridad y movilización popular

En este contexto, la militancia peronista en redes sociales se lanzó a atacar al influencer, Santi Maratea, por la enorme colecta que organizó desde su cuenta de Instagram. Les molestó que Maratea visibilizara departamentos de bomberos de la provincia a los que les faltaba de todo para hacer frente a los incendios. Y es que éste era el elemento que faltaba para que el infierno se desatara: el desfinanciamiento permanente de los sistemas de combate del fuego, el incumplimiento universal por parte de todos los gobiernos de la Ley de Bosques, un Estado nacional que todos los meses tiene un incendio devastador en alguna provincia y sigue sin contar con una flota de aviones hidrantes que dé una respuesta inmediata.

Es clave que la solidaridad masiva de estos días se combine también con la movilización. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) se va a acompañar las convocatorias de la Asamblea Provincial Basta de Quemas de Corrientes que está impulsando acciones exigiendo una respuesta presupuestaria a la altura de la situación desatada y denunciando las políticas que nos trajeron hasta acá. Ambiente en Lucha, como parte de la coordinadora BFS, llamamos a participar y reclamamos un vuelco masivo de recursos urgente para que el freno a los incendios no dependa en un 100% de la llegada de la lluvia.

Los medios oficialistas culpan al gobierno provincial, los medios opositores macristas al gobierno nacional. Lo cierto es que ambos son responsables. La catástrofe correntina demuestra que los partidos patronales hablan mucho del cambio climático, pero lejos de estar tomando medidas para hacer frente a esa realidad, están generando todas las condiciones para que sus consecuencias sean aún más devastadoras. Con esa conclusión política mediante, se impone también seguir peleando por una alternativa de fondo, que proponga romper con el FMI, y dejar de tener una economía atada al dólar del agronegocio para pagar la deuda, para pasar a planificar una transición económica y productiva al servicio de las mayorías populares y en armonía con la naturaleza.