Escribe Atilio Salusso

La ley 26.160 data desde 2006. Obliga a realizar un relevamiento de tierras indígenas mientras se prohíben los desalojos de las comunidades. Pero pasaron quince años (once bajo gobiernos peronistas y cuatro del macrismo) y solo se hizo el 42% de esos relevamientos. Esto obedece a que se oponen los Benetton, las mineras, petroleras y el negocio inmobiliario, intereses para quienes responden los distintos gobiernos y las y los diputados y senadores de los partidos patronales. Dicha ley se venía prorrogando antes de que caiga, pero esta vez no ocurrió. Vencía el pasado 23 de noviembre y no se prorrogó a pesar de que se aprobó en comisiones. El Frente de Todos se negó y el gobierno tuvo que apelar a un decreto. Pero las comunidades que acampan frente al Congreso desde hace semanas reclaman la prórroga por ley ya que el decreto puede ser cuestionado. “Las topadoras están esperando”, dicen.

Con ese reclamo, el 23 se hizo una gran marcha rodeando al Congreso, siendo nuestros diputados de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer los únicos de los 257 de la Cámara que apoyaron y hablaron en el acto y radio abierta.

Giordano y Schlotthauer vienen acompañando el acampe desde el primer día, pidieron por varias notas una sesión (incluso antes de las elecciones del 14N) para votar la prórroga y se comprometieron a seguir defendiendo todos sus reclamos.

Además de la prórroga, las comunidades pelean también para que se les entregue la propiedad comunitaria de la tierra en virtud del reconocimiento constitucional a ese derecho y que cesen las muertes como ocurrió con el pueblo mapuche en el sur y los distintos avasallamientos.
Tanto el Frente de Todos como el macrismo les dan la espalda a los pueblos originarios. Solo la izquierda apoya decididamente sus demandas y lucha por una salida de fondo para resolverlas.